gobierno; negociacion política

 

 

NUEVOS FORMATOS DE LA

NEGOCIACION PARTIDARIA

Constanza Moreira |*|

Una de las novedades más importantes que instala el actual gobierno, desde la perspectiva de las formas de hacer política, es la negociación entre gobierno y oposición para la integración de representantes de estos partidos en los directorios de organismos y empresas públicas. Claro está que el gobierno mantendría la mayoría en la dirección de estas instituciones, pero comprometiendo la participación de uno o dos miembros de la oposición, dependiendo de la composición de cada organismo.

Es importante entender que este formato no es de «coparticipación» en la gestión de gobierno (algo que la teoría del equilibrio que fuera el slogan del Partido Nacional en la anterior campaña reclamaba), sino que expresa la búsqueda de nuevas formas del diálogo político. Para ello vale la pena hacer un poco de historia.

A lo largo del siglo XX, el Uruguay se vio como un ejemplo de «consensualidad» entre ganadores y perdedores. Así, se consagró un «sistema de compromiso» entre la colectividad colorada y blanca (la izquierda fue por décadas tres veces más grande de lo que hoy es el PI sin que jamás se la integrara siquiera a conversar). Ese acuerdo dio lugar a fórmulas como las del gobierno bicéfalo (1918 y 1933, con presidente y Consejo de Administración), y Colegiado (entre 1952 y 1966; con un Consejo Nacional de Gobierno, con representantes en mayoría del partido ganador y en minoría del partido perdedor). Después de la transición democrática, el sistema se volvió a reeditar, bajo el formato de coaliciones más o menos duraderas entre partidos, e incluso a institucionalizar, al consagrar el balotaje.

La integración de los entes autónomos y servicios descentralizados bajo régimen de coparticipación no es ajena a este sistema, ya que fue instalada con la Constitución de 1952 bajo el régimen colegiado. Según esta fórmula, en los directorios de cinco miembros la mayoría estaba representada por tres miembros y la minoría por dos, y en las de tres, por dos y uno. Era un sistema que reflejaba a las claras el bipartidismo imperante. Estos formatos fueron con el tiempo asociados a prácticas clientelísticas de reproducción del poder y de reparto de cargos, y el desgaste del sistema llevó a su eliminación de la Constitución en 1967, que estableció la designación discrecional de los miembros de los directorios por parte del Poder Ejecutivo, con la venia del senado otorgada, en los hechos, por mayoría absoluta del cuerpo. La reforma constitucional de 1996 no alteró el régimen prevaleciente de la de 1967. Bajo la presidencia de Gestido y de Pacheco Areco, los directorios se integraron sin participación de la minoría.

A la salida de la dictadura, la propia Concertación Nacional Programática constituyó el primer germen de concertación entre partidos en torno a una idea o proyecto (en este caso: la transición democrática). Es así que para apoyar la transición se integraron los cuatro partidos en los entes autónomos, y el FA tuvo en total solo seis directores y en algunos en los entes. Era la idea de una «oposición responsable», como la llamó en su momento Wilson, destinada a garantizar también la gobernabilidad, aunque tanto el FA como el PN rehusaron de conformar un gabinete multipartidario en el gobierno de Sanguinetti.

Con la presidencia de Lacalle, y su idea de formar una coalición para lograr mayorías legislativas, se instó a una negociación con el Partido Colorado con el fin de integrarlo al gabinete, esta vez sí en forma orgánica. El FA no estuvo en las negociaciones en ese momento. En este marco, Lacalle condicionó la participación en los entes autónomos a un acuerdo programático con el gobierno. Esto era imposible para el FA, en parte dada la pretensión de Lacalle de impulsar renovadamente la reforma económica estructural, por lo cual se empantanó la negociación. En el gobierno de Sanguinetti no hubo clima para integrar los entes autónomos, y en la administración Batlle primó el criterio de excluir a la izquierda de cualquier incorporación a los organismos públicos. Claro está que debe tomarse en cuenta que para armar los gobiernos de coalición, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado debían repartir cargos en el gabinete, y por consiguiente, el incentivo para darle responsabilidades al «intruso» era considerablemente menor.

El primer gobierno del FA revirtió estas prácticas al invitar a integrantes de todos los partidos a integrarse a los directorios de los entes y servicios del Estado. Sin embargo, primaron desacuerdos en la integración de los bancos y de la enseñanza. Aunque el gobierno retrasó la integración definitiva de los entes a la espera de una «reflexión», el acuerdo no se concretó y en agosto de 2005 se dio a conocer un documento con la decisión de no participar.

El segundo gobierno del FA, de la mano de Mujica, dio a conocer con antelación su propuesta de la integración de los entes y servicios descentralizados. Sin embargo, antecedió a esta propuesta, la idea de tener unas mesas de negociación multipartidaria en torno a algunos temas que podían ameritar políticas «de Estado», entendiendo como tales aquellas que atienden a un proyecto nacional de sustentabilidad en el largo plazo como la de la energía, el medio ambiente, o la educación.

Entre las razones que guían al FA para la búsqueda de estos acuerdos, y al gobierno de Mujica en particular, se cuenta la intención auténtica de generar un estilo de gobierno que supere, de algún modo, la lógica del «dos contra uno». La propia creación e historia del Frente Amplio da cuenta de la voluntad de sumar a un proyecto nacional voluntades que provengan no sólo de dentro sino también de fuera de la estructura partidaria. Asimismo, y aunque el FA tenga las mayorías requeridas para gobernar, es bueno que en algunos temas se exprese algo más que la política posicional donde gobierno y oposición confrontan en forma automática.

Entre las razones que guían a los partidos tradicionales, se cuentan las relativas a la propia cultura de coparticipación del pasado que estos partidos construyeron. Asimismo, la existencia de un gobierno de un solo partido priva a los partidos tradicionales de incorporarse al aparato del Estado, y controlar desde allí, las lógicas de implementación y ejecución de las principales políticas públicas del país. Claro está que este control debe entenderse en el marco del necesario acceso que la misma debe tener a toda la información sobre estas políticas, pero no como forma de trabar la gestión efectiva de estrategias de desarrollo. Asimismo, esta forma de participación no obligaría a la oposición a convalidar políticas en las que no creen, ya que estando en minoría, pueden disentir.

Pero más allá de eso, es claro que la búsqueda de acuerdos no se hará en nombre del viejo sistema de compromiso que naufragó hacia fines de los sesenta, donde el reverso de la política de mantención del status quo político era la incapacidad de generar respuestas a los problemas del país. La forma en que se buscan hoy los acuerdos, por áreas y temas (educación, seguridad, energía, medio ambiente) evidencia la instalación de una nueva cultura política de la negociación.

Por otra parte, las percepciones de la población sobre la negociación multipartidaria y la integración de directores blancos y colorados en los organismos del Estado parecen haber cambiado desde el 2005 hasta ahora, según registra una encuesta de Cifra difundida recientemente. Mientras en 2005 las opiniones estaban divididas (51% pensaba que era bueno que se integraran blancos y colorados en entes y servicios del Estado contra 44% que pensaba que no lo era), una mayoría muy clara ahora apoya la idea (73%). Las interpretaciones que da Cifra sobre el tema es que el primer gobierno de izquierda fue una suerte de «ensayo», donde primó la idea, por un lado, de que era la hora de que los ganadores gobernaran por su cuenta, y por otro de «ya van a ver lo difícil que es gobernar». Blancos y colorados han visto que un segundo gobierno de izquierda fue posible, y que la evaluación de la población sobre la gestión del FA es ampliamente positiva. Eso termina de inaugurar un nuevo ciclo político, donde el triunfo de la izquierda no es meramente coyuntural. Nuevos incentivos para hacer parte de un sistema político en transformación se ponen en juego, y ello está estimulando a cambiar el comportamiento de todos los partidos.

|*| Senadora de la República, Espacio 609, FA

mides; qué es?

 

A CINCO AÑOS DE CREACIÓN DEL MIDES

 

cristhian mirza, profesor

El 21 de marzo de 2005 se promulgaba la Ley N° 17.866 de creación del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de instrumentar el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) y «sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general».

Por otra parte, la Ley de referencia también establecía entre otras competencias, que el Ministerio debía «coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación».

Así pues, la historia reciente dejó inaugurado con el Mides, un proceso de transformaciones en varias dimensiones; por un lado, se introdujeron innovaciones en la estructura institucional del Estado Social, tanto por la propia creación del ministerio como por la instauración del Gabinete Social y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales por mencionar las más destacables; también cambiaron de manera sustantiva las orientaciones programáticas y estratégicas de las políticas públicas sociales. Y eso es lo que ­más allá del relevo de los elencos de gobierno­ seguramente continúe con este segundo período de gobierno de izquierda.

Si durante décadas se desplegaron políticas sociales exclusivamente compensatorias y subsidiarias de las políticas económicas, fue a partir del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez que las políticas sociales se sustentaron en la concepción de los ciudadanos como portadores de derechos y ya no más como «objetos de la asistencia pública». Enfoque conceptual que se conjugó con una perspectiva integral del desarrollo humano, en donde políticas económicas y sociales resultaron imbricadas para garantizar niveles crecientes de bienestar, avanzando en el plano de la igualdad y de la equidad. Precisamente durante la segunda fase y concretamente a partir de 2008, se produjeron varias y significativas reformas sociales en el marco del Plan de Equidad, como eje articulador de las políticas sociales de largo aliento.

Ante opiniones de autoridades de gobierno divulgadas hace dos semanas atrás, es bueno recordar que ­habiendo aún una proporción importante de la población en situación de pobreza y en mucho menor medida en la indigencia­, el núcleo y corazón de las políticas sociales se concentra en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda y el hábitat, del trabajo y de la seguridad social, con marcada tendencia a su universalización.

Vale decir que, por un lado son absolutamente necesarios los programas sociales dirigidos a los sectores sociales más vulnerables en tanto se robustezcan y extiendan las estructuras de oportunidades muy especialmente para este sector; y por otro, también son imprescindibles aquellas políticas públicas estructurales destinadas a toda la población en su conjunto. Para ser más claros, la focalización se aplica con el criterio de favorecer el acceso de los sectores sociales vulnerables a las prestaciones, bienes y servicios sociales, asegurando así el pleno ejercicio de los derechos sociales.

Entiéndase bien, las políticas sociales universales suponen incluir a todas las clases y grupos sociales asumiendo que las asimetrías existentes exigen abordajes diferenciales, precisamente atendiendo a las dificultades que tienen miles de familias para subvenir a sus necesidades básicas. Pero hay que tener claro que las políticas sociales no se constriñen ni agotan en aquellos programas transitorios o de medio plazo dirigidos prioritariamente a la atención de la pobreza. Tal fue el origen y el propósito fundamental del Plan de Equidad; reconstruir una matriz de bienestar adecuada a las realidades diversas y complejas que presenta nuestra sociedad contemporánea.

Y la edificación y reconfiguración del sistema de protección social implica necesariamente combinar la dimensión asistencial (provisión de bienes y servicios) con la dimensión promocional (desarrollo de procesos socioeducativos) y el polo no contributivo (organizado en la red de asistencia social) con el polo contributivo (básicamente constituido por la seguridad social), a fin de lograr la integración, la equidad y la justicia social.

Políticas sociales hay en todo el mundo, malas, regulares o muy buenas, de las unas y de las otras, en Colombia, España o en Suecia, y las hubo desde hace más de un siglo y las seguirá habiendo. El diseño, formulación e implementación de políticas sociales es inherente a las funciones de un Estado moderno que tenga como finalidad asegurar a todos sus ciudadanos y ciudadanas un completo estado de bienestar y calidad de vida digna. De eso se trata el desarrollo, que es humano o no es desarrollo.

Por todo lo antedicho: políticas sociales siempre. Al Mides le correspondió y lo hizo bien, la difícil tarea de legitimarse como autoridad social en el marco de las diversas agencias públicas que comparten la misma finalidad. Es en su rol de articulador y coordinador del conjunto de las políticas públicas sociales que expresa su esencia y misión institucional.

uruguay democrático

 Aquel marzo de hace 25 años

Julio A. Louis – Analista

Los profesionales de la Historia sabemos que la historia (que es el pasado) no debe olvidarse, pero tampoco es válido estancarse en el ayer. Y debiéramos enseñar que si la experiencia subjetiva, individual vale, en tanto forma parte de la colectiva, conviene precavernos de «mirarnos el ombligo» y convertirla en el eje de análisis de cualquier situación.

Cuando Lucía tomó promesas a los senadores, hizo bien en recordar aquel 15 de febrero de hace 25 años. De aquel 10 de marzo permítasenos repetir: «No sé de dónde, tal vez de alguna narración o impresión infantil. Lo cierto es que siempre me impactó la marabunta, esa enorme hormiga que avanza sin que nada la detenga. De allí que, cuando desde la ventana que daba sobre la ruta, muy temprano vi apostarse una multitud que silenciosa, expectante y desafiante, empezó a arrimarse al penal, frente a las alambradas y torretas con milicos armados a guerra, tremolando banderas queridas que hacía una década no veía, rojas y del Frente, y las uruguayas y de Artigas, me surgió el recuerdo de la marabunta, la marabunta de pueblo que venía a rescatarnos. Era el fin de la pesadilla.» («La amnistía vista desde la cárcel». Julio A. Louis. Brecha 10/3/1985).

Apenas publicado el artículo, el gran Héctor Rodríguez me telefoneó para expresar que compartía lo escrito, especialmente lo expuesto en el párrafo siguiente: «Durante el calvario arrastramos la pesada carga de múltiples errores colectivos e individuales. Entre los primeros el más nefasto se produjo por el uso desacertado de un clásico de la resistencia antinazi: ‘Reportaje al pie del patíbulo’ de Fucik, héroe y mártir checo. Fucik es un paradigma, un modelo, pues resistió hasta la muerte la tortura. Uruguay también tuvo sus Fuciks. Pero los Fuciks son las excepciones. Y la izquierda legó la creencia de que bastaba haber recibido como vacuna el marxismo-leninismo para convertir a cada compañero en un nuevo Fucik (los ‘niños cantores’ se ironizó respecto a los primeros caídos por parte de los ‘vacunados’, hasta que comprobaron por sí mismos que el virus podía más que la vacuna). De allí a los reproches, a las acusaciones, medió un paso. Y a la atroz tortura moral sufrida por la inmensa mayoría por haber sido débiles en la desigual lucha contra los torturadores, agregamos el condimento del rechazo a otros que traspusieron la raya difusa, convirtiéndose en ‘batidores'».

Pese a todo, los centros de tortura y la cárcel obraron como escuelas de respeto a la diversidad y de unidad popular. Los debates entre quienes discrepábamos fueron la demostración inequívoca que no siempre por pensar distinto se es enemigo. Si el Frente Amplio se fortaleció en la resistencia, parte de esa resistencia fueron esos establecimientos militares de reclusión.

Han pasado décadas. A esta altura lo más constructivo es analizar qué fuimos, qué mundo y país nos tocó vivir, y qué mundo y país nos encuentra a cada uno con su ‘mochila a cuestas’ de aciertos y desaciertos 25 años después.

En aquel 1985 acababa de ser reelecto Ronald Reagan y la ofensiva neoliberal arrasaba al mundo. Contaba a su favor con la superioridad técnica y científica del capitalismo, que en sí misma era un cuestionamiento profundo a la construcción burocrática del ‘socialismo real’. Los países del Este acrecían su endeudamiento con occidente, pero el retroceso tecnológico estimado en más de 15 años hizo que en ese 1985 la crisis rebrotase con fuerza, creciera la deuda externa y comenzara a mandar el FMI. Al año (1986) Gorbachov apelaría a la Perestroika sin éxito. A su vez, las profundas transformaciones del capitalismo debilitaban al proletariado, al conjunto de la clase trabajadora en el mundo y en Uruguay (desmantelamiento industrial, degradación de la inversión industrial frente a la especulativa, corte generacional, desarraigo y desconocimiento de la tradición obrera). Y como frutilla de la torta, se extiende un profundo desconcierto ideológico: las ‘seguridades’ caían. En el Penal se me llegó a fundamentar la legitimidad de que se encerrase a los discrepantes en manicomios, porque sólo los locos podían oponerse en la URSS.

En América Latina el imperialismo norteamericano mantenía su estrategia de dominación, pero con su rico bagaje represivo y de gendarme del capitalismo mundial, no ponía todos los huevos en la misma canasta y abría una multiplicidad de tácticas. Su estrategia se adaptó a varias soluciones. Y ante la crisis del régimen de la Seguridad Nacional y la creciente resistencia popular, acicateada con el ejemplo de la Revolución Sandinista, modificó su política de sostener a los regímenes fascistas dependientes, abriendo paso a formas menos peligrosas, a cierta apertura democrática pero firmemente tutelada por las Fuerzas Armadas, el mayor reducto de su penetración ideológica. Por eso hubo elecciones con proscriptos, amnistía e indultos para los presos políticos. Por eso, la izquierda y las clases populares tuvieron necesidad de repensar su accionar. Hoy ­más que nunca­ tenemos la obligación de valorar estos 25 años para profundizar las transformaciones.