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El mito de la calidad de la educación privada

escribe: Hugo Acevedo

En el marco de un pico de conflictividad que se origina en las tensas negociaciones que se dirimen en los Consejos de Salarios y en el análisis del proyecto de presupuesto que se procesa en el ámbito parlamentario, afloran realidades poco conocidas pero no menos contundentes.

Uno de los epicentros del debate es la educación, protagonista de recurrentes desencuentros entre el gobierno y los sindicatos que aglutinan a funcionarios docentes y no docentes del área estatal.

En ese contexto, se suele afirmar –con razón- que las retribuciones que perciben los educadores son aún insuficientes y no tienen correspondencia con el importante rol social que desempeñan.

Obviamente, esta controversia es a menudo capitalizada por la derecha, que fustiga permanentemente la calidad de la educación que se imparte y las medidas gremiales.

Esa prédica -que encubre realmente espurios intereses clasistas- es parte de una recurrente apología de la enseñanza que se imparte en los colegios privados.

Sin embargo, en esas reflexiones subyace una grosera falacia que se desmorona como un castillo de naipes, cuando afloran algunas verdades incontrastables.

Desde el punto de vista académico y más allá de meros resultados estadísticos, la formación que reciben los estudiantes del sector privado no es de mejor calidad.

La radical diferencia reside en la población objetiva a la cual va dirigida, que, en la mayoría de los casos, procede de la elite de nuestra sociedad.

No en vano, cuando se ensaya una lectura fina de los resultados de las cuestionadas pruebas PISA, se percibe claramente que los estudiantes de contextos sociales muy favorables del área estatal empardan y aún superan el puntaje de quienes estudian en el sector privado.

Por lo pronto, los docentes que se desempeñan en centros estatales y privados son los mismos. La única diferencia son las retribuciones que perciben.

En una entrevista concedida al canal digital de El Observador, la secretaria general de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, Liliana Gilardoni, reveló los paupérrimos salarios que se pagan en colegios que cobran costosas matrículas a sus clientes.

En efecto, mientras un docente del grado más bajo del escalafón de la educación pública percibe un sueldo base de $ 20.851, el laudo en el sector privado es de $ 12.000 y la retribución promedio es de apenas $ 15.000.

Como si no fuera suficiente, son reiteradas las denuncias de persecución sindical o presiones para que los trabajadores no ejerzan su legítimo derecho a adoptar medidas de lucha, en flagrante violación al artículo 57 de la Constitución de la República que consagra – a texto expreso- el derecho de huelga y el de agremiación.

Por supuesto, en algunos casos también suelen ser frecuentes los despidos arbitrarios y otras medidas intimidatorios tendientes a sembrar el temor en el colectivo trabajador.

Si no nos traiciona la memoria, jamás los partidos de derecha que tanto lisonjean a la educación privada fustigaron esas actitudes de neto cuño autoritario ni cuestionaron los sueldos de hambre que se pagan, acordes con la lógica de mercado y la acumulación capitalista.

No olvidemos que esas instituciones gozan de exoneraciones tributarias, porque supuestamente son sin fines de lucro y cumplen una función social. Esa renuncia fiscal del Estado -que está consagrada por ley- es financiada por toda la sociedad.