Archivo para 31 octubre 2017

31
Oct
17

Lacalle pou, amén a la oligarquía criolla

Caducas recetas del bloque neoliberal

escribe: Hugo Acevedo

 

En un reciente almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, referentes de las cámaras empresariales y de las organizaciones rurales que detentan la propiedad privada de los medios de producción, volvieron a la ofensiva reclamando mayor flexibilidad laboral, la rebaja de la carga impositiva y el abatimiento del gasto público.

Fiel a su histórica consigna de acumular capital sin reparar en los intereses de la sociedad, la elite del aparato productivo volvió a exhibir y sostener consignas neoliberales ya fracasadas.

Si se atendieran los reclamos de los “dueños del Uruguay”, el país se hundiría en una crisis tan vez igual o peor que la de 2002, por la reiteración de los flagrantes desaguisados perpetrados por los gobiernos conservadores.

En efecto, las caducas recetas que proponen estos ricachones fueron realmente la génesis de colapso económico, financiero y social que, hace 15 años aniquiló al sistema financiero, descalabró la producción, elevó el índice de desocupación al 20%, disparó la pobreza a casi un 40% y rebajó los salarios y las pasividades en casi un tercio de su valor.

Parece insólito que reclamen volver al paradigma de desregulación que rigió en el pasado, que precarizó el mercado de empleo y empobreció a la mayoría de la masa trabajadora.

Ante el conocimiento que la tasa estadística de desempleo se situó en agosto pasado en un 7,8%, la oligarquía volvió a reflexionar sobre el tan manido tema de la competitividad, que parece ser su única preocupación.

Por supuesto, esta estrategia -que es un subterfugio y un atajo para no debatir los problemas de fondo- es un mero pretexto para seguir eliminando puestos de empleo y afectando al mercado de trabajo.

Con ese perverso mecanismo de presión, los empresarios apuestan a inducir al gobierno a bajar la guardia y a eliminar las sustantivas herramientas de la negociación colectiva, que permitieron, en los últimos doce años, un aumento salarial del 55% en términos reales y una mejora real de las jubilaciones y pensiones que alcanzó, en idéntico período, un 58%.

Aunque nadie explícitamente demanda aplicar la regresiva reforma laboral brasileña a nuestro país, es evidente que ese antecedente opera como un acicate para el conglomerado empresarial.

Durante el encuentro, hicieron uso de la palabra el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Corallo, el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino.

En la oportunidad, todos coincidieron en plantear un panorama sombrío en materia laboral, aduciendo -cuándo no- problemas de competitividad derivados de la supuesta falta de flexibilidad de las normas que regulan dicha actividad.

Obviamente, también alzaron sus voces clamando para que se corrija el supuesto atraso cambiario, se rebajen las tarifas y los impuestos y se encare un abatimiento del gasto estatal.

Una de las declaraciones más inverosímiles fue la del presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, quien afirmó que con el costo energético con el que en Paraguay se pueden regar 7.500 hectáreas, en Uruguay sólo se pueden regar unas 300.

No parece muy atinado poner a Paraguay como ejemplo, en tanto se trata de un país históricamente gobernado por sangrientas dictaduras como la de Alfredo Stroessner y su camarilla, con asesinatos políticos incluidos.

Por supuesto, también se ha destacado por sus altos índices de corrupción institucionalizada, con el ex presidente Juan Carlos Wasmosy -que fue procesado por la Justicia de su país- como uno de los peores ejemplos.

Incluso, el actual mandatario y poderoso empresario Horacio Cartes -quien accedió al gobierno luego de la inmoral conspiración que derrocó a Fernando Lugo- es investigado por la propia DEA (agencia antidroga de los Estados Unidos) por cargos de narcotráfico y de lavado de activos. Al respecto, en un reciente informe, dicha organización acusa al gobernante de “comandar una gran lavandería para mafias de varios países”.

Esas circunstancias no parecen molestar en modo alguno a los empresarios uruguayos, mucho de los cuales incluso se han radicado con sus inversiones en ese auténtico paraíso de corrupción e impunidad.

Para nada sorprende que los dueños de los medios de producción se sientan cómodos en naciones con casi nula tradición democrática, si se recuerda que las cámaras empresariales tuvieron empatía con la dictadura liberticida que gobernó nuestro país durante casi doce años.

Por supuesto, uno de los más enérgicos reclamos de los participantes en la cumbre empresarial fue el abatimiento de los costos salariales, que constituye una poco subliminal crítica a los mecanismos de negociación colectiva que han permitido la sustantiva recuperación del poder de compra de los trabajadores.

Parece insólito que los empresarios se sigan quejando por el peso de las retribuciones en los costos de producción, teniendo en cuenta que aun hay 370.000 trabajadores que cobran emolumentos de 15.000 pesos mensuales.

Esos empleados sumergidos -que suman casi el 23% del total de personal ocupado que cotiza a la seguridad social- perciben sueldos que apenas alcanzan para financiar el arrendamiento de una vivienda.

Nadie en su sano juicio puede concebir que una persona pueda sostenerse dignamente con ese ingreso y menos aun una familia tipo, teniendo en cuenta que la canasta familiar está calculada actualmente en casi 70.000 pesos.

La plataforma empresarial tampoco soslaya su reiterado reclamo de rebaja de la carga impositiva aunque nuestro sistema tributario siga siendo funcional al sector productivo, pese a los avances logrados en materia de equidad en la última década.

Asimismo, es insostenible que demanden una rebaja o la eliminación del aporte patronal al Banco de la Previsión Social, que es la mitad del aporte de los trabajadores cotizantes.

Incluso, el año pasado, la tasa de informalidad, que es el eufemismo del trabajador “en negro”, se situó en un 23%. Pese a que este indicador descendió doce puntos porcentuales respecto al casi 35% de 2006 y es uno de los más bajos de la región, sigue siendo significativo.

Tanto los bajos salarios como el no vertimiento de los aportes patronales a la seguridad social, constituyen una suerte de apropiación indebida de la plusvalía por parte de los empleadores.

Evidentemente, el gran capital, que tiene fuertes afinidades ideológicas con los partidos de derecha, sueña con un paraíso de libertinaje de mercado que sea un traje a la medida para sus rancios privilegios de clase.

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28
Oct
17

latifundio expoliador

Acerca del suelo urbano

escribe: Gustavo González, Analista

 

Los uruguayos, al igual que todos los habitantes del Planeta, siempre que quieran resolver el problema de la vivienda se encuentran frente al problema de la propiedad y la acumulación de capital que la tierra y el suelo urbano generan.

Por tanto, para resolver el problema de la vivienda jamás lo podemos ver separado del acceso al suelo. Y de igual forma tampoco se puede separar del problema de la propiedad individual de la tierra, en su condición de privada. De allí que las organizaciones populares han reivindicado el problema de la vivienda junto a la necesaria implementación de instrumentos políticos que hagan posible el acceso a la misma. Uno de esos instrumentos fundamentales es la constitución de las llamadas Carteras de Tierras.

Aunque eso solo tampoco alcanza, es por ello que el gobierno debería pensar en salidas al tema si es que efectivamente existe voluntad política para resolverlo, de lo contrario la ciudad seguirá siendo no democrática y el acceso a la vivienda cada día más tortuoso para los sectores populares. Muchas organizaciones del campo de la vivienda al igual que técnicos comprometidos con el tema se han preocupado por el mismo y han planteado algunas sugerencias que se deben de tomar.

Establecer nuevas formas de legalización de la tenencia del suelo, más adecuadas, que no se limiten a la propiedad individual, respetando las arrendaticias, propiedad colectiva, o los derechos de superficie uso o posesión.

Construir carteras de tierras edificadas o no, adecuadas a las necesidades habitacionales, con participación y control social, para facilitar el acceso al suelo urbanizado de los sectores populares. En ningún caso los inmuebles públicos deben de ser objeto de especulación.

El suelo es un bien inelástico que no crece, es el que hay y si no se toman medidas sobre el tema, limitando que la propiedad privada sea la dueña y señora del mercado, nuestras ciudades seguirán expulsando a los pobres a la periferia de la ciudad.

La ciudad crea guetos de pobreza con todas las limitaciones y barrios privados con todos los servicios a su alcance, pero no alcanzarán las murallas para seguir privatizando las ciudades.

El suelo urbano se capitaliza cada día más producto del trabajo del conjunto de la sociedad llevando los servicios y el latifundista urbano solo espera el trabajo ajeno para que su tierra se valorice cada día más y más.

27
Oct
17

Venezuela y el triunfo de maduro

Venezuela habla claro y fuerte

 

escribe: Ugo Codevilla / analista

 

¿Dónde está el inquilino del Palacio Santos abrazado a su amigo el sanducero Almagro? Vaya que trabajaron duro para agredir a Venezuela uno y para atacarla, el otro! Sin embargo, los votos en los últimos ejercicios comiciales indican que la “heroica” MUD es un montón de piratas desesperados por resolver la presidencia a cascotazos, suceso que deberá dilucidarse en las urnas el próximo año.

De 23 estados, el chavismo ganó 17, entre ellos, Miranda donde dice que gobernaba Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia y el más ilustre opositor acunado por Washington y toda la gusanería de Miami, trasladada momentáneamente a Ciudad de México.

Esto no significa que el conflicto de Venezuela esté terminado, EEUU insiste en agenciarse el petróleo y no descarta resolver el dividendo por la vía militar. Lo relevante, es que el revés recibido por los antagónicos al chavismo nos permite estimar que, las elecciones presidenciales a realizarse en 2018, no la tienen asegurada ni mucho menos.

Y el revés no es solamente para la MUD sino para todos aquellos que la apoyaron; en especial, los que integran el grupo de Lima (hoy insistente en auditar los comicios próximos pasados) donde se escucharon palabras atroces en contra de Maduro, demostrando su espíritu injerencista. Ni que decir de Almagro, quien gritaba desaforado la necesidad de hacer valer la carta democrática de la OEA y con ello, entregarlos en bandeja a las fuerzas armadas norteamericanas interesadas en poner orden en su patio trasero.

Ante tal descalabro, los defensores de la libertad insisten en el fraude (hasta la UE, la que hoy apoya las medidas represivas en contra de los catalanes a quienes no le conceden el derecho que merecieron los escoceses), en tanto, otros buscan razones para entender por qué el chavismo se recuperó tras permanecer hostilizados por meses.

Es notorio que el chavismo venía ganando todas las elecciones antes del deceso de Hugo Chávez Frías, también, que la MUD consiguió un excelente resultado en los comicios en que Maduro triunfó por escaso margen y a propósito de ese salto electoral, comienzan una actividad febril en contra del chavismo sembrando dudas, creando conflictos, apretando el mercado interno ya que seguían teniendo los hilos de la economía nacional. Asimismo, pesó la caída de los precios del petróleo sumado a un valle político provocado por la muerte del líder natural.

La avanzada opositora se transformó en cruzada. Con la imposición de un clima de inestabilidadconquistaron la mayoría del Parlamento y desde ese momento, se dedicaron -respaldado por Washington y sus acólitos, Uruguay incluido- a voltear a Maduro. Meses anegados en violencia, restricción económica, acusaciones diarias por falta de democracia en voz de polémicos ex mandatarios, y tres países con pocos méritos para hablar del tema: EEUU, España y México. Meses de campaña nacional e internacional afanados en obligar a renunciar al presidente constitucional, donde descolló la tristemente célebre CNN.

No obstante, Maduro se mantuvo firme, hasta que lo peor de la intentona pasó y los venezolanos entendieron algo básico; si apoyaban a la oposición sería peor el remedio que la enfermedad. El primer resultado de esa reflexión se apreció en los 8 millones de votos que decidieron el establecimiento de la Asamblea Constituyente, el segundo, 6 millones de sufragios con los cuales consiguieron 17 gubernaturas de 23 posibles.

Como empezamos este artículo: ¿qué dirá Nin? Mejor dicho, ¿qué dirá Tabaré Vázquez luego de retirarle el apoyo en momentos graves a un país amigo? Las encuestas señalan que si hoy fueran las elecciones en Uruguay: 31% votaría por el FA, 26% apoyaría al PN, más un 32% sin opinión registrable. En pocas palabras, el voto tapado constituye el mayoritario y por lo mismo, entraña una queja implícita al gobierno en funciones difícil de soslayar. En pocas palabras, la esperanza del FA en cuanto a volver ganar la presidencia en 2019, depende de su candidato y no de lo realizado por el gobierno del doctor.

26
Oct
17

la corrupción se combate !!

Uruguay

Decreto superador

escribe: Emilio Cafassi /Rebelión

Las crisis de todo orden -y las de tipo políticas en particular- además de padecerse permiten, al menos potencialmente, extraer conclusiones y pergeñar estrategias de superación. La renuncia del vicepresidente uruguayo resulta un indubitable ejemplo de tal crisis política. Sin negar particularidades y responsabilidades puntuales que el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) señaló con particular detalle y contundencia, considero que se trata de una crisis heredada de lo que podríamos llamar la “vieja política”. En los procesos de transición entre las experiencias de gobiernos conservadores y los progresistas, las herencias recibidas no son sólo económicas, sociales y culturales. Se recogen también estilos de dirección, ritos, franquicias varias, hábitos, opacidades, procedimientos burocráticos e inercias amparadas jurídica o simbólicamente, entre tantos núcleos duros anquilosados en los cimientos institucionales. En términos algo más abstractos, la transición es de gobierno, pero no de régimen, salvo que se revolucione significativamente este último.
Intentaré ceñirme aquí a la herencia de privilegios materiales y simbólicos que inevitablemente reciben los gobiernos progresistas en los tres poderes, con que genéricamente el régimen de los Estados-nación capitalistas premia y reconoce a los principales administradores de la reproducción -y consecuente perpetuación- del conjunto de las esferas de la vida social: los jerarcas. En muchos casos -particularmente en el vértice del poder ejecutivo o en el mundo diplomático- tales privilegios tienen reminiscencias hasta monárquicas, como habitar mansiones pobladas de servidumbre, contar con toda clase de cuidados y dispensas de sus gastos, además de los correspondientes honores y reverencias.

Sin duda estas prerrogativas coliden con los principios frenteamplistas de austeridad, pudor y servicio público en detrimento del usufructo privado. Pero además, si fueran asumidos y aprovechados por los representantes, ensancharán la brecha estructural entre la militancia frenteamplista de a pie -como se le suele llamar en Uruguay- y los dirigentes, desestimulando y desmoralizando a la primera. La militancia de base, lejos de percibir emolumentos los aporta, tanto como su tiempo adicionado a la jornada laboral y el trabajo personal para el colectivo, sin otra gratificación que la de contribuir a él. La declinación del caudal militante, la desmovilización o ausencia de participación, son síntomas inequívocos de crisis política en las izquierdas y progresismos. Y una de las posibles causas proviene del incremento de la distancia (real o percibida) entre dirigentes y dirigidos, particularmente cuando se accede al poder político. Problema inverso al que tienen las derechas, cuyos dirigentes carecen de escrúpulo alguno para recibir los provechos que el régimen les reserva, porque tanto ellos como buena parte de su electorado lo consideran justo y acorde a las tareas reproductoras que le encomiendan. Se autoperciben desarrollando una carrera “profesional” con exitosas retribuciones, aún sin corrupción mediante. Concepción que se sitúa en la huella de la antigua tradición liberal que asigna la actividad política con exclusividad a las elites, pues éstas presuntamente poseen la capacidad racional para juzgar el “interés general”, virtud contrapuesta a la “pasión irracional” de las masas, aunque el desprecio por ellas y sus propios electores se disimule en parte con la seducción con que se corteja y atrae a sus votantes, para aprovecharse luego del poder conferido. No es que no exista militancia en las derechas, sino que las conciben ajena a la esfera de las decisiones, en una relación de subalternidad donde sólo se les permite refrendar a las oligarquías partidarias.

Por esta razón creo de importancia cardinal el reciente decreto 537 del Presidente Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros (cuya intención había anunciado en conferencia de prensa el lunes posterior a la renuncia del Vicepresidente) en tanto da un primer paso para morigerar en parte alguno de los privilegios, aunque acotados a los viajes al exterior de jerarcas del poder ejecutivo. Sin embargo, aún conciso, exhorta a la vez a los Entes Autónomos, Servicios descentralizados y hasta a personas públicas no estatales a adoptar las mismas disposiciones. En sus vistos sostiene enfáticamente que no se encuentra regulada la rendición de cuentas de gastos del Estado en misiones oficiales, y establece la obligación de hacerlo y de devolver los viáticos sobrantes. El poder legislativo no debería ser indiferente a esta exhortación, ya que las excusiones al exterior son profusas, y la apropiación de excedentes, la norma. Si los viajes al exterior ya resultan una prebenda a la que no accede ni la mayoría de la ciudadanía ni la de la masa militante (menos aún con los gastos pagos) es evidente la necesidad de regularla y acotarla evitando la apropiación privada, si no se quiere socavar aún más las mediaciones entre representantes y representados, cosa que para el FA es decisiva y hasta aquí parecieran libradas a una suerte de autorregulación mediada por el compromiso, sin superar sustantivamente la concepción weberiana del político tradicional.

En la militancia frentista, es particularmente conocida la experiencia del ex ministro de Agricultura y ex senador Ernesto Agazzi, cuando quiso devolver el sobrante en un viaje, recibiendo por respuesta de los funcionarios administrativos que no existía mecanismo formal para aceptar la devolución, ya que no estaba previsto el ingreso de fondos de “particulares”. He intercambiado mails personales con él, que no sólo revelan este ya difundido absurdo, sino infinidad de detalles de la desigual percepción de la ética en diferentes niveles del Estado y de las normativas para su control. Por ejemplo, en su propio ministerio, su antecesor (no casualmente el ex presidente Pepe Mujica), dictó una resolución (que Agazzi continuó al sucederlo) impulsando la austeridad y exigiendo la rendición de cuentas de lo gastado y la devolución de excedentes, lo que generó malestar entre el personal del ministerio, y una primera resistencia de la asesoría jurídica argumentando que decretos anteriores lo impedían, aunque finalmente se impusiera la resolución última del jerarca. Pero a la vez, por tratarse de un ministerio que debe enviar personal técnico a territorios rurales con economías muy informales, encontraron dificultades para poder corroborar con boletas las rendiciones que, no obstante, se mantuvieron. Para ponerlo en sus propios términos -ya que estoy autorizado a difundirlo- se transformó el “concepto de viático” en “partida a rendir”, porque jurídicamente un viático se presenta como asignación previa tomando alguna referencia (como las tablas de la ONU para el exterior) sin control alguno quedando en la práctica cualquier excedente en el bolsillo del asignado, incluso bajo el argumento de simplificarle la tarea de reunir comprobantes. Es sin duda un antecedente del decreto que ahora se generaliza a todo el poder ejecutivo y se estimula extender.

Un ejemplo más de los muchos que pueden encontrarse, en ocasiones institucionalizadas y en otras más personales, de la participación y la ética de los dirigentes frenteamplistas en el Estado, aunque con desigualdades en cada segmento institucional. También una prueba de la hipocresía de los partidos tradicionales que pontifican la reducción de los gastos estatales, cuando en sus gestiones no han hecho más que despilfarrarlos en su propio provecho y los de su entorno. La gestión del FA no impuso el uso de tarjetas corporativas ni abolió reglamentaciones sobre su uso. Contrariamente las creó. Tampoco creó el concepto jurídico de viáticos sino que viene intentando sustituirlo por el de partida, a fin de someterlo a rendición de cuenta, como lo hace el decreto aludido. Por eso enfatizo que la crisis política que disparó la renuncia vicepresidencial, resulta heredada. En todo caso, podrá sostenerse que no fue suficientemente prevista y que una fuerza política puede explicitar normas de conducta y valores, ejercer controles y auscultar información sobre las gestiones de sus representantes en el Estado con mucha más libertad y pragmatismo que la pesada maquinaria estatal.

En cualquier caso, la magnitud de los montos potencialmente apropiables es irrisoria respecto al descontrol y la corrupción reinante en buena parte de los países latinoamericanos, incluyendo varios del giro progresista. Pero no puede soslayarse que las derechas intentarán escandalizar con cualquier desprolijidad, que lejos de escandalizarlos en el pasado, alentaron. Tampoco que lograron cierto éxito restaurador con ello. La honestidad e inclusive la austeridad, constituyen no valores apreciables exclusivamente para las izquierdas, sino también para una amplia mayoría ciudadana que a su vez la practica. No sólo debe cultivarse e instucionalizarse por principios. También por razones tácticas. No encuentro contradicción entre ética y eficacia política.

Contrariamente, las concibo hermanadas.

25
Oct
17

afro uruguayos

Afroportunistas

escribe: Esther Pineda G.
Doctora en Ciencias Sociales, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Socióloga UCV. Escritora y Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad.

La experiencia de ser un sujeto racializado y experimentar la discriminación racial, ya sea en el espacio público o privado, en las instituciones sociales formales o informales, por parte de personas conocidas o desconocidas, va a tener consecuencias y va a generar reacciones en el sujeto estigmatizado por su racialidad; en el caso que nos ocupa, en la persona afrodescendiente y su grupo étnico.

“…muchos ni siquiera se han leído alguna vez la Declaración Universal de Derechos Humanos”

Una de estas reacciones puede ser la aceptación del estigma, es decir, la conciencia de ser un sujeto estigmatizado y discriminado. Según Erving Goffman (1963) esto supone la conciencia de que los “otros” no lo aceptan realmente, ni están dispuestos a establecer un contacto con él en igualdad de condiciones. Pero esta aceptación del estigma favorece el autorreconocimiento étnico pues, se presenta para gran parte de los afrodescendientes como un medio para la construcción y afirmación de la identidad; el rescate de su historia, la vindicación de su herencia africana, y como mecanismo de resistencia frente al racismo.

Otra de las principales y más frecuentes respuestas del afrodescendiente discriminado es el endorracismo; este puede definirse como el racismo desde adentro, donde el sujeto racializado internaliza como propia la discriminación que se le ha impuesto y la reproduce sobre sí, como también sobre aquellos pertenecientes a su grupo étnico y racial. Una práctica común del endorracista es el intento de corregir lo que considera el motivo de discriminación, o en todo caso, que este no se destaque demasiado, por ejemplo, aclarar la piel, someterse a cirugías estéticas para modificar los rasgos físicos que visibilizan su herencia étnica, la realización de tratamientos capilares como el desriz de cabello, la ocultación de familiares con características y fenotipos racializados en el relato de su biografía, el rechazo al autorreconocimiento étnico, entre otras.

El afrodescendiente también puede reaccionar al racismo incorporándose a los movimientos sociales, esto le permite relacionarse con aquellas personas que comparten su estigma, crear comunidad e integrarse a ella como mecanismo de resistencia ante el racismo. Así mismo, la experiencia de discriminación racial también puede ser asumida por quien la ha vivido como un medio para la transformación social, orientándose a la profesionalización del estigma. En este caso el afrodescendiente puede colocar su profesión al servicio del grupo étnico, es decir, hacer uso de sus conocimientos, formación y experiencia para contribuir a desarticular, erradicar o al menos minimizar el racismo.

No obstante, existe un quinto grupo de afrodescendientes, y que resultan más preocupantes y peligrosos que los endorracistas, estos son los afroportunistas. Algunos de ellos se hacen llamar activistas por los derechos humanos de los afrodescendientes, pero muchos ni siquiera se han leído alguna vez la Declaración Universal de Derechos Humanos. Otros afirman que son investigadores sobre afrodescendencia, racismo, derechos y cultura afrodescendiente, pero de ellos no se conoce ningún producto académico de investigación o divulgación, ninguna experiencia de aproximación cualitativa, cuantitativa o documental que les hayan permitido obtener hallazgos sobre la situación social de los afrodescendientes y la discriminación racial, es decir, no cuentan con ninguna contribución que pueda calificarse como producción de conocimiento.

Otros más arriesgados, -sin ningún tipo de credenciales- se atreven a autocalificarse como especialistas y expertos en la materia, aunque su “experticia” consista en abultar con su presencia actos políticos, dar declaraciones sin fundamentos ni argumentos en los medios de comunicación, o balbucear en distintas tribunas sin la menor vergüenza lo que han podido plagiar de la producción intelectual de otros, que si se han dedicado a estudiar y realizar aportes en este ámbito. Aunado a ello, en este contexto hay quienes adoptan la estética africana con el objetivo de dar más credibilidad a sus desvaríos y de encubrir su ignorancia sobre el tema.

Estas personas no buscan contribuir a la erradicación del racismo y la discriminación, por el contrario, buscan sin ningún esfuerzo escalar socialmente, obtener prebendas del Estado, así como, recaudar fondos por parte de empresas y organizaciones bajo la figura de fundaciones y asociaciones fantasmas. Algunos además son endorracistas, desprecian su herencia étnica, han intentado borrarla con cirugías estéticas que perfilen sus rasgos y aplacar su cabello con alisados, sin embargo, encontraron en el “afroactivismo” la posibilidad de sacar provecho de esa herencia que tanto desprecian; es decir, de hacer “afroturismo”, “afrogiras”, convertirse en “afromediáticos” y conseguir “afrocontratos”. Por ello, estos personajes no son activistas, no son investigadores, no son especialistas, las cosas deben llamarse por su nombre, son afroportunistas.

24
Oct
17

uruguay … el herrerismos burgués opresor

Explotación laboral en el medio rural

Por: Hugo Acevedo, Analista

 

La denuncia de explotación laboral de un peón rural contra la senadora nacionalista Carol Aviaga, que pertenece a “Todos”, el sector que lidera el también senador Luis Lacalle Pou, confirma el recurrente abuso patronal al cual son sometidos algunos trabajadores de la desolada campaña uruguaya.

Si bien el reclamo del trabajador está ahora en la órbita de la Justicia, la acusación desnuda flagrantes inequidades en las relaciones de dependencia en el campo, ahora, coincidentemente, con participación de dirigentes políticos de derecha.

Como se recordará, ante la brutal agresión perpetrada contra un trabajador en la estancia Flor del Ceibo de Salto, el secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Nelson Villarreal Durán, afirmó que “el Uruguay profundo tiene sistemas serviles, casi feudales que emergen esporádicamente”.

Esta reflexión, que fue enérgicamente cuestionada por la Federación Rural del Uruguay, abrió un nuevo ángulo del debate sobre la situación y las condiciones de trabajo de los asalariados rurales y el maltrato al cual son frecuentemente sometidos por parte de los latifundistas.

Si bien la legisladora afirmó que regularizó la situación con el peón reclamante en el pasado mes de julio con retroactividad a enero de este año, el empleado aduce que trabajó desde diciembre de 2015 sin aportes al Banco de Previsión Social hasta el momento de su renuncia.

Empero, el trabajador, que oficiaba de casero en el establecimiento rural ubicado en el departamento de Lavalleja, denunció que cobraba 10.000 pesos por mes, por “trabajar todo el día”, lo cual constituye una violación al laudo establecido en el Consejo de Salarios del sector.

Sin embargo, cuando se presentó al BPS, figuraba con un salario de 16.000 pesos por cuarenta horas de trabajo a partir de enero de 2017, pese a que, según explicó, no tenía descansos semanales, no cobraba salario vacacional y percibía como aguinaldo entre 2.000 y 3.000 pesos.

Incluso, según el denunciante, Aviaga le ofreció pagarle $ 28.000 en seis cuotas para dar por cerrado el tema, lo cual constituye una suerte de despido simbólico que no se ajustaría a la realidad del vínculo laboral.

En función de las versiones contrapuestas entre demandada y demandante, la Justicia deberá dilucidar si existió o no ilegalidad, si hay un período de trabajos sin aportes y si la declaración ante el BPS se ajusta a derecho.

Si se lograra probar fehacientemente la veracidad del testimonio del denunciante, la legisladora, en su calidad de contratante, habría incurrido en el delito de apropiación indebida previsto por el artículo 351 del Código Penal y, eventualmente, también en la figura de defraudación al Estado.

Aunque esta hipótesis no ha sido corroborada y resulta temerario afirmar que hubo ilicitud, es evidente que la relación entre la propietaria y su subordinado no era la mejor. No en vano el vínculo se rompió tan abruptamente y terminó en los estrados judiciales, luego del fracaso de la instancia de conciliación en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Este nuevo episodio, que se suma al de Salto, involucra directamente en este caso a una legisladora del Partido Nacional, quien paradójicamente es integrante de la comisión parlamentaria especial que investiga la trata de personas en Uruguay.

“La esclavitud del siglo XXI existe. Hablar hoy de trata de personas es como hablar hace 20 años de violencia doméstica. Se sabe que está pero de eso no se habla. La fortaleza de tratar de dar herramientas para enfrentar este flagelo es que se hable del tema”, señaló Carol Aviaga sobre el particular.

Si bien el tema de la trata de personas no es totalmente asimilable a la explotación laboral, es evidente que esta es una declaración para la tribuna, que para nada es compatible con las conductas de la parlamentaria en el ámbito privado.

Más allá de eventuales marcos legales -que obviamente deberían ser respetados- se trata de un tópico que tiene que ser ponderado en el subjetivo terreno de la ética.

Realmente, no le falta razón al secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Nelson Villarreal Durán, cuando denuncia la persistencia de situaciones aberrantes en la campaña.

Ese cuadro de abierta violación de derechos humanos de los trabajadores del campo rigió con absoluta impunidad hasta la sanción de la norma que reguló hace nueve años el trabajo rural, pese a que la denominada “ley de las ocho horas” se remonta a 1915, durante la segunda presidencia del caudillo reformista colorado José Batlle y Ordóñez.

En efecto, pasaron 97 años antes que los obreros que se desempeñan en el campo tuvieran los mismos derechos que sus demás colegas, por la actitud cómplice y prescindente de los gobiernos conservadores que toleraron los abusos patronales.

También se violó inmoralmente la ley 10.449, del 12 de noviembre de 1943, que creó los Consejos de Salarios, la cual no fue aplicada para la actividad rural remunerada hasta 2008.

No sorprende que la senadora Carol Aviaga enfrente un conflicto de esta naturaleza, porque pertenece a un sector del nacionalismo que se opone abiertamente a la limitación de la jornada laboral en la campaña.

No en vano, durante la campaña electoral de 2014, el por entonces candidato a la Presidencia por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou rechazó la limitación de la jornada laboral en el agro, afirmando que “las ocho horas no se adecuan al medio rural, porque se debe considerar la estacionalidad del trabajo”. Por supuesto, siendo diputado no la votó, porque, coincidentemente, ese día estaba de licencia.

En esa oportunidad, el parlamentario blanco Jaime Trobo explicó que su colectividad política no acompañó la ley por “diferencias en la aplicación”, lo cual constituye un burdo pretexto.

Los blancos no comparten el espíritu de la ley que regula el trabajo rural, porque están históricamente comprometidos con los intereses de la oligarquía terrateniente a la cual pertenecen.

Asimismo, por creerse depositarios de una rancia estirpe burguesa que los diferenciaría del resto de la sociedad, suelen despreciar a las personas que no ostentan su estatus social de privilegio.

Durante la campaña electoral de 2009, el líder herrerista Luis Alberto Lacalle Herrera denostó a los beneficiarios del Plan Nacional de Asistencia a la Emergencia Social, afirmando que “le damos dinero a 80.000 atorrantes para que no hagan nada”.

Más allá de eventuales inflexiones demagógicas y oportunistas, con esos genes no podemos esperar una actitud diferente de su hijo Luis Lacalle Pou y de los dirigentes del sector “Todos”, que pertenecen a su misma casta.

21
Oct
17

Palestina e israel

Estado homicida

escribe:_Marzuq Al-Halabi

 

A medida que la derecha consolida su poder en casi todas las esferas de la política israelí, la ciudadanía se transforma en una cuestión de ideología. Los ciudadanos no judíos no son los únicos que sufrirán.

Miles de judíos israelíes enarbolan banderas conmemorando el Día de Jerusalén en la Puerta de Damasco en su camino hacia el Muro Occidental, Jerusalén Oriental, 24 de mayo de 2017. (Yonatan Sindel / Flash90)

El concepto de ciudadanía en Israel siempre ha sufrido insuficiencias significativas, ya sea debido a la Ley de Retorno o a las políticas estatales que hacen que el otorgamiento de ciudadanía sea una hazaña extremadamente difícil. La situación actual, por ejemplo, permite al Estado afirmar que los ciudadanos beduinos en el Negev no son ciudadanos en absoluto y que sus tarjetas de identificación azules se les enviaron por error, incluso si ellos y su tribu estuvieron aquí mucho antes de que se estableciera el Estado. Además la situación permite al Estado convencer a su Alto Tribunal de Justicia de defender, una y otra vez, una ley que impide a los cónyuges palestinos, en ambos lados de la Línea Verde. la reunificación familiar.

Lo mismo ocurre con los trabajadores extranjeros y los solicitantes de asilo: son buenos para hacer el trabajo que los israelíes no están dispuestos a hacer, sin embargo se debe evitar a toda costa que obtengan la ciudadanía, al tiempo que les niegan los derechos humanos. Además el Estado ha logrado hasta el momento convencer a la Corte Suprema de que no existe una “nación israelí”.

Analizar el estado actual de la ciudadanía israelí no es menos problemático. La ciudadanía, después de todo, no es una cuestión formal limitada a las tarjetas de identificación y documentos. Hay varios estratos de ciudadanía israelí: una para judíos y otra para árabes, una para ciudadanos veteranos y otra para inmigrantes, una para los que viven en el centro del país y otra para los de la periferia, para los que son ricos y para los que no lo son. Los ciudadanos árabes en Israel afirmarán justificadamente que el principio de igualdad -un principio fundamental en cualquier democracia- no se aplica a ellos en muchos aspectos de la vida, lo que infringe sus derechos.

De hecho la “igualdad” no aparece en la legislación ni en ninguna de las leyes básicas de Israel, solo existe en varias decisiones históricas de la Corte Suprema. Además la discriminación de los árabes y otros grupos existe bajo el pretexto de eludir la ciudadanía a través de instituciones nacionales que privilegian a los ciudadanos judíos. Incluso la Ley del Retorno da preferencia a una persona judía que vive en el extranjero sobre al árabe en Israel.

Ciudadanos palestinos participan en una huelga general en solidaridad con los palestinos de Jerusalén, Cisjordania y Gaza, en la ciudad norteña de Sakhnin el 13 de octubre de 2015. (foto: Omar Sameer)

Si observamos el concepto fundamental de ciudadanía en lo que respecta a la asignación de recursos -material, simbólico y de espacio- comprenderemos la profundidad de la desigualdad que sufren los ciudadanos árabes. La población originaria, que constituye aproximadamente el 20 % de los ciudadanos de Israel, vive y reside en el 3 % de la tierra israelí. Toda comunidad árabe ha perdido aproximadamente el 7 % de la tierra propiedad de sus residentes antes de la Nakba en 1948, a través de expropiaciones de tierras para “beneficio público”, consagradas en leyes y reglamentos aprobados con este mismo propósito.

El Estado ha logrado construir 700 nuevas ciudades desde su fundación, pero no se ha construido ni una sola ciudad árabe. La población árabe de Israel lleva años sufriendo la falta de desarrollo de su infraestructura, servicios y presupuestos. Una nueva ley permitiría la demolición de viviendas árabes a la vez que restringiría la autoridad de los tribunales para interferir. Israel se define como un país judío sujeto a la judaización continua, en el que el árabe se ve como una molestia, un invasor, incluso un extranjero. El ciudadano árabe está totalmente excluido de los símbolos del Estado, a pesar de que se le utiliza como una hoja de parra en sus ceremonias o como una forma de legitimar el Estado a los ojos de sus víctimas.

No solo los árabes

El espacio político es un ámbito adicional en el que podemos analizar la esencia de la ciudadanía frente a los ciudadanos árabes. Los árabes siempre han sido excluidos de los puestos de toma de decisiones. En la política y en la economía han dependido de los judíos israelíes como consumidores de la política, en lugar de productores.

Esta tendencia no ha hecho más que empeorar bajo las políticas formales del Gobierno de derecha de Israel durante la última década. La democracia étnica crea al menos dos tipos de ciudadanía: la del grupo étnico preferido y la de quienes no pertenecen a él. Pero eso no termina con los ciudadanos árabes de Israel. La reducción de la ciudadanía amenaza a todos los que se oponen a las políticas del Gobierno, incluso si constituyen la “crema” del grupo étnico preferido del país.

El ministro de Educación Naftali Bennett, el diputado David Bitan, la ministra de Cultura Miri Regev y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu asisten a una sesión plenaria de la Knéset, el 5 de diciembre de 2016. (Yonatan Sindel / Flash90)

Hoy es mucho más fácil torpedear las actividades políticas básicas mediante la división y el uso de tácticas, la deslegitimación y posicionando a ciudadanos afines contra las personas consideradas traidores israelíes. Eso se hizo con Breaking the Silence y otras organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de los derechos humanos. Los ataques a las instituciones culturales que no están dispuestas a renunciar al papel del arte -criticar a cualquier poder, representar la voz de los silenciados, hablar en contra del régimen y la corrupción- es un testimonio del intento de silenciar la libertad de expresión.

Muerte al ciudadano, viva el régimen

Lenta pero segura, la ciudadanía israelí está disminuyendo ante la cruzada de la derecha. La ciudadanía ha sido dañada por un régimen que intenta trazar sus límites de acuerdo con una ideología específica. Y todos aquellos que se desvíen de esa ideología o se opongan a ella tendrán sus derechos comprometidos. ¿Cuál es el significado de restringir el derecho de los ciudadanos israelíes de manifestarse frente a la casa del fiscal general sino un intento de reprimir los derechos políticos que forman parte de nuestra participación cívica?

Después de décadas de “ciudadanía étnica”, parece que Israel se dirige hacia la “ciudadanía ideológica”. En los regímenes comunistas totalitarios del pasado este tipo de ciudadanía se caracterizó por acabar con la sociedad en beneficio del Estado y el Estado en beneficio del partido. Por lo tanto la ciudadanía se niega por completo con el propósito de enaltecer el régimen y sus símbolos.

Díganme que esto está lejos de suceder en Israel por alguna razón u otra y les diré: ninguna otra situación puede surgir de las políticas de la derecha, solo la ciudadanía ideológica en la que el régimen vivirá y el ciudadano perecerá. La ley del Estado-nación será solo el primer paso constitucional hacia este tipo de ciudadanía. Porque todo nacionalismo ciego que se santifique a sí mismo enseguida oprimirá a todos aquellos que se atrevan a ponerlo en tela de juicio, especialmente desde dentro. Los judíos ya han estado en esta situación, como víctimas.

 




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