La magnitud de análisis y comentarios que puede suscitar el discurso de asunción del presidente Mujica ante la Asamblea Legislativa nunca será suficiente. Hay razones genéricas y particulares en este aserto, comenzado, por un lado, por la importancia de las líneas directrices de todo discurso de asunción.
Por otro, por el hecho de que se trata del segundo gobierno de izquierda en la historia del país, cuyos lineamientos esta gestión se propone continuar y profundizar; por el hecho, además, de que el investido es un ex guerrillero execrado por el poder que hasta hace apenas 25 años estaba siendo brutalmente torturado, cuya supervivencia física es casi milagrosa. Pero muy particularmente, por la extraordinaria riqueza conceptual de los fragmentos que nos ocuparán hoy aquí.
Como toda pieza oratoria, contiene afirmaciones, dubitaciones y, por oposición, omisiones que hacen de la disertación una totalidad. Algo de dos olvidos temáticos o directamente programáticos, significativos en mi opinión, tuve ocasión de señalar el pasado domingo. Me propongo hoy ceñir las referencias al sistema político, la actitud personal ante él y la cuestión constitucional, particularmente en su polisémica contradictoriedad.
Casi comenzando la alocución, el Presidente, a quién de aquí en adelante llamaré electo en cada ocasión que se me presente, ironiza con fino humor respecto a la adjetivación de su cargo. Con la excusa retórica de autoatribuirse ignorancia, se pregunta cuál es el momento exacto en que deja de ser, o llamársele, «presidente electo» para convertirse en «presidente a secas». Y responde: «por mi parte, desearía que el título de electo no desapareciera de mi vida de un día para otro. Tiene la virtud de recordarme a cada rato que soy presidente sólo por la voluntad de los electores». Una lectura literal y desavisada de la oración no aportaría nada ya que es una obviedad aplicable a todo ganador para cualquier cargo electivo en cualquier comicio. Sin embargo, constituye un preludio agudo a la posterior referencia a la noción política de mandato, aunque se cierne sobre él la incertidumbre posterior respecto a si es una conquista del elector o una concesión particular del favorecido. Esto no le resta potencia en materia de crítica de la autonomía personal y potestad del representante. «Electo (continúa Mujica) me advierte que no me distraiga y recuerde que estoy mandatado para la tarea. No en vano el otro sobrenombre de los presidentes es mandatario. Primer mandatario si se quiere, pero mandado por otros, no por sí mismo».
El ser «mandado por otros», hasta para el sentido común, alude a un encargo específico y puntual, una tarea particular a desarrollar sin la cual no existiría lazo mandante. En el uso coloquial del español del Río de la Plata «hacer un mandado» significa ejecutar un pedido explícito del mandante, que habitualmente consiste en hacer las compras cotidianas. Delimita la libertad del mandatario en función de los deseos o proposiciones del mandante, en el sentido, ahora jurídico, del contrato. Sin tareas, y por tanto lazo mandante, sólo existe lo que llamaré liberalismo fiduciario, que constituye la concentración de la libertad absoluta del mandatario, separado de los mandantes por el abismo del descontrol y la impotencia de los últimos. En una acepción más estrechamente politológica, mandato supone la ejecución de un programa, una secuencia de tareas y propósitos ejecutivos con mecanismos de control y eventual penalización por incumplimiento.
Comenzar un discurso de asunción frente a los representantes populares (y a través de los medios de comunicación audiovisuales frente a toda la sociedad) con la referencia señalada, resulta un hecho político inédito y un potencial embrión de reflexión crítica sobre los límites de la arquitectura institucional vigente. Cierto es que puede leérselo inscripto en la huella aforística de Artigas, tan cara y arraigada en la cultura popular uruguaya, para quien, por caso, su autoridad cesaba ante la presencia soberana del pueblo. Pero esta influencia no significó en casos pretéritos, ni siquiera en el del antecesor frenteamplista del actual Presidente electo, otra cosa que la reafirmación personalista de la autoridad liberal fiduciaria a la que aludí anteriormente, al menos por omisión.
El interés y profundidad del debate que abre este tramo del discurso es enorme. Personalmente creo que hoy el Uruguay es el único país en el mundo, al menos occidental, que pudo construir pacientemente a lo largo de casi cuatro décadas, la más diversificada y plural herramienta política de izquierda. Por ello está en condiciones de comenzar a construir experiencias institucionales superadoras de este liberalismo fiduciario y de experimentar algunos institutos distributivos del poder decisional y de control mandante de la representación, proporcionales a la magnitud inédita de esta conquista política que es el Frente Amplio. Por cierto, objetivos mucho más factibles aún que el «país agrointeligente» o la supuesta prosperidad a través de la inversión de capital. De lo contrario estaríamos lamentablemente ante una nueva y dolorosa frustración histórica.
En esta dirección, sería deseable que la conclusión retórica del orador no clausure el debate al sostener seguidamente que su concepción de mandato es «con mejores palabras y más solemnidad» lo que establece la Constitución. No sólo porque es falso (ya que si algo no obliga la Constitución vigente es a establecer lazo mandante alguno) sino porque podría interpretarse en un sentido estrechamente laudatorio de la carta magna vigente, aunque es obvio que se trata de un pasaje de un discurso político introductorio y panorámico y no de una disertación académica sobre este problema específico. No creo que haya que poner en discusión la centralmente correcta apelación a la deuda política con la Constitución y su permanente desobediencia práctica. Es cierto que varios aspectos de la vida social e inclusive económica estarían mucho mejor con un mayor apego a su letra y espíritu. Pero no es la cuestión cardinal.
En el dualismo entre sociedad civil (representados) y sociedad política (representantes), la participación del individuo se reduce al momento electoral, prescindiendo de los demás momentos en que se despliega y concreta la vida de los sujetos. En la realidad de la izquierda uruguaya se compensa parcialmente con caudal militante y cercanía con las direcciones por una razón de reducida escala, pero siempre depende de la voluntad y de las coyunturas, particularmente de las electorales. El ciudadano moldeado en esta cultura liberal fiduciaria es activo sólo cuando vota, por lo tanto, es pasivo en el momento realmente decisional en el que delega a los elegidos que actuarán en su nombre. En otras palabras, los ciudadanos con su voto se limitan a designar a los representantes que ejercerán el poder, esto es, a los sujetos que en adelante tomarán las decisiones políticas. Una vez transferido el poder por delegación se produce la escisión entre representantes y representados: ya no existirá vínculo, garantías o controles, el sistema escinde la relación. En definitiva, autonomiza a los representantes. Y de este modo pasiviza, expulsa y desalienta a los representados. Es un problema de todo el mundo burgués, pero en el Uruguay actual, ¿cómo apelar luego a la participación solidaria y activa de la sociedad civil en la construcción de alternativas para los postergados?
La Constitución vigente no prohíbe cumplir con promesas electorales. Tampoco impide el apego al programa elaborado por el partido gobernante, ni se preocupa por los modos participativos o no de su elaboración. Menos aún limita a los representantes y mandatarios para donar todo o parte de su salario para causas solidarias como lo hace en este caso el Presidente electo. Como la última versión de la Constitución uruguaya se reformó con el propósito, a la sazón inefectivo, de bloquear el acceso de la izquierda al poder, seguramente sus redactores concibieron que sólo algún que otro loco podría proponerse cumplir con lazos mandantes o programas, renunciar a emolumentos o gratificaciones, prebendas y privilegios. Y que, aún habiéndolos, durarían poco en sus propósitos, vencidos por la seducción del poder liberado de controles y cumplimientos y el pragmatismo de la avaricia. En suma, la Constitución ratifica la autonomía plena de la sociedad política sobre la civil mediante el sistema representativo que consagra el liberalismo fiduciario.
Ahora bien, ante este síntoma, la actitud del Presidente electo resulta inmejorable. Es un punto de partida decisivo para un debate que toda la izquierda debe darse, teniendo en cuenta además que dentro del programa del FA se contempla, en algún momento, la convocatoria a una convención constituyente. La lucha por la distribución del poder (en este caso político, pero en otros lo será de la riqueza) contiene necesariamente la lucha contra el personalismo y la potestad fiduciaria. No es necesariamente contradictorio que una palanca en esta lucha sea la iniciativa de una gran personalidad, si luego los gestos solidarios, distributivos y desprendidos como los del Presidente electo (si son política y socialmente valorados) pueden ser institucionalizados. Las constituciones no son perfectas ni mucho menos concebidas para emancipación humana alguna. Por eso, si existen relaciones de fuerza suficientes, pueden ser modificadas (salvo que sean hondureñas). Claro que mientras están en vigencia deben ser respetadas y defendida su vigencia y cumplimiento.
Por lo general las personalidades han contaminado la historia con sus narcisismos. Pero hubo y habrá excepciones que puedan contribuir a reducir su peso, o al decir de Mujica, a construir sociedades con «poca épica, pocos héroes y pocos villanos». Sociedades donde el representante sea siempre electo.
|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@mail.fsoc.uba.ar
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