OLOR NAUSEABUNDO ALREDEDOR del oligarca

CASO ASTESIANO

Caiga quien caiga

Esta causa se puede llevar puesto a cualquier gobierno, pero, pese a eso, hay que alcanzar la verdad

Caras y Caretas Diario

escribe: Leandro Grille

La fiscal Gabriela Fossati quiso dejar el caso Astesiano porque no quería inmolarse en una causa escandalosa, donde aparecen mencionadas autoridades de diversas dependencias del Estado, incluyendo jerarcas de los ministerios que deben asistirla en la investigación y pesos pesados de la propia de presidencia de la República. Con 31 años de ejercicio de magistrada, una causa de esta naturaleza era mucho más de lo que quería, antes de dejar la Fiscalía de Flagrancia para recalar en una fiscalía especializada de delitos económicos y complejos adonde esperaba ser trasladada en noviembre.

Por esos motivos y porque, aparentemente, no se sentía respaldada por el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, es que hizo trascender su deseo de apartarse de la causa, como si apartarse de una causa de este tamaño que se ha atendido durante meses fuese una opción legal y legítima. Finalmente, no lo solicitó y el fiscal de Corte, en conferencia de prensa, dejó claro que Fossati seguirá al frente de esta investigación y cuenta, ha contado y seguirá contando con el apoyo y los recursos del ministerio público.

En el medio de la polémica sobre el posible apartamiento, el presidente de la República hizo público su deseo de que la fiscal se quedara, cual si fuera un ciudadano más y no el titular del Poder Ejecutivo, hablando de la continuidad o no de la responsable de la investigación de uno de los casos más pesados que se han tramitado en décadas en este país donde se investiga a su jefe de seguridad -cuando menos-; han sido citados a declarar como testigos -por ahora- el secretario y el prosecretario de la Presidencia y, probablemente, lo tengan que llamar a declarar a él.

A juzgar por los chats que se han filtrado de entre las 1.300 comunicaciones que habrían sido recuperadas de Astesiano, salvo que todo sea alarde, simulacros y delirios del señor Fibra, hay una cantidad de irregularidades, delitos o actos de corrupción que involucran a un número indeterminado de funcionarios, jerarcas y autoridades políticas, incluyendo al presidente, que más temprano que tarde tendrá que explicar de qué tipo era ese “pescado congelado” que recibió de los desiertos de Emiratos Árabes y cuán habitual era que Astesiano figurara como destinatario de cosas que eran para él, o que arreglara reuniones e hiciera gestiones para acercarlo a negocios donde había mucha plata, y hasta se comunicara con autoridades de otros países como un canciller en las sombras, de un Uruguay en las sombras para un mundo en las sombras, donde se ve que se movía como pez en el agua.

 

Hace rato que la teoría del perejil o el fantoche que se aprovechaba de la confianza de presidente confianzudo y naíf, pero incapaz de decir una mentira, no se sostiene más. Primero porque el presidente no es incapaz de mentir, sino un hombre que ha mentido y ha mentido mucho. Segundo, porque Astesiano desplegaba un poder real, mucho más allá del alcance de ningún perejil o funcionario de menor jerarquía: ordenaba operaciones seudo policiales, hacía gestiones internacionales, emitía pasaportes a discreción, incluso diplomáticos y, según sus comunicaciones, tenía acceso a las cámaras del Ministerio del Interior, autos oficiales y tecnologías supersofisticadas y de acceso restringido para vigilancia, espionaje, seguimientos, entre todas las que no sabemos porque de los 1.300 chats, se ha filtrado un puñado.

 

Astesiano no era un perejil, eso está claro, pero la pregunta central es si era el capo de esta organización para delinquir que se comandaba desde la Torre Ejecutiva o, lamentablemente para la salud institucional de este país, el capo estaba arriba de él. Y esa es la investigación más importante para la Justicia y para el Uruguay hoy: es absolutamente indispensable determinar si el presidente u otras autoridades de Presidencia o de otros organismos del Poder Ejecutivo eran piezas de este esquema de corrupción.

 

Por lo que ya ha trascendido de las comunicaciones de Astesiano, si algo de lo mucho que hablaba era cierto, la situación es gravísima, pero si, además, sucediese que todo o una gran parte de lo que se jactaba o decía tuviese contacto con la realidad, estamos ante el caso más grave de corrupción institucional en muchos años. Esta causa se puede llevar puesto a cualquier gobierno, pero, pese a eso, hay que alcanzar la verdad, cueste lo que cueste, duela a quien le duela y caiga quien caiga.

Lacalle Pou debe renunciar o ser llevado a juicio político

El caso Astesiano y los desesperados intentos del oficialismo para quitarle importancia

La hipocresía nos mata. El caso del jefe de seguridad del presidente de la República, el señor Alejandro Astesiano, es realmente preocupante a tal punto que lo que originó la investigación, esto es la entrega de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos ya es algo nimio.

Es que Astesiano se valía de todas las posibilidades que tenía para acceder a recursos que excedían las vinculadas con la custodia personal de Luis Lacalle Pou y su familia.
En su celular quedaron explicitadas sus gestiones, su forma de actuar y aquel momento en que se dijo que solo se accedía al 2% del contenido del celular le dio una suerte de respiro a quienes se saben involucrados. Porque no olvidemos que desde un principio el Poder Ejecutivo intentó minimizar el rol de Astesiano en la estructura de la seguridad presidencial, incluso recordemos que, en una intervención, más de bufón que de prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés atinó a decir que no era el jefe de custodia del presidente.
Nadie le creyó, ni los propios correligionarios.

Pero tenía razón Ferrés, Astesiano no era el jefe de custodia del presidente. Era mucho más. Astesiano arreglaba reuniones. Astesiano conseguía pescado fresco, quien sabe que quiere decir eso. Astesiano actuaba impunemente desde su escritorio, en el piso cuatro de la Torre Ejecutiva, a pocos metros del despacho del presidente. Astesiano actuaba como lo que alguien definió, también para quitarle fuelle a las denuncias: un facilitador, alguien que hacía gauchadas, tanto que usó todos los recursos humanos y tecnológicos que estaban a su alcance para realizar actividades delictivas en provecho propio y de su banda, que vaya uno a saber quién más la componía.

Cuando la fiscal indagó en su despacho de la Torre Ejecutiva había, por ejemplo, registros de cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior y copias de legajos policiales, o sea, era más que un facilitador.

En cualquier país republicanamente desarrollado este escándalo hubiera provocado la caída del presidente o de un primer ministro y de todos cuantos están al tanto de las actividades de quien creímos que era un simple patovica.

El propio presidente y gran parte de la prensa, donde me incluyo, hemos dicho que con el caso ha quedado demostrado que nuestro sistema funciona bien y que el país es fuerte institucionalmente. Lo hemos dicho porque Astesiano fue detenido en la propia casa presidencial tras un pedido realizado por la fiscal actuante en el caso, la doctora Gabriela Fossati.

Pero hoy debo decir, dado el volumen y la entidad de lo que se viene descubriendo día a día que hemos sido muy hipócritas. Nuestro sistema no es fuerte institucionalmente, nuestro sistema parece ser más bien cómplice. Es increíble que en la Torre Ejecutiva no se les mueva un pelo, y lo que buscan es desmentir a los periodistas que investigan el caso, atacarlos, menospreciarlos y acusarlos de ser operadores políticos.

Claro, es muy difícil para ellos entender que lo que hacen los verdaderos periodistas es hacer periodismo, ni más ni menos.

Y son tan verborrágicos y están tan listos para hacer conferencias de prensa que no se les ocurre defender la institucionalidad, ni por asomo. No piensan que este es un caso delicado. Solo piensan en cuidar sus sillones y sus posaderas. El nerviosismo que hay en la torre ejecutiva por esta caja de pandora es mayúsculo toda vez que se abre la canilla de la información sobre los chats del patovica del presidente. Y en las redes sociales la disputa por el relato entre oficialistas y oposición, acerca de lo que representa la indagatoria, cobra ribetes de escándalo.

Mientras tanto, el presidente y sus asesores rezan para que Uruguay siga en Catar por aquello de pan y circo, al tiempo que miran con tranquilidad que el caso Astesiano no los afecta: las encuestas le siguen dando bien.

REFORMA ANTI OBRERA, SORPRENDE del herrerismo ?

SOLIDARIDAD SOCIAL

Pit-Cnt propone revisar inequidades para llegar a un sistema justo y solidario

La central sindical propone revisar las exoneraciones de aporte patronal, modificar los beneficios del régimen de aporte patronal rural e incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio.

Caras y Caretas Diario

Estas propuestas se realizan en medio de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de reforma jubilatoria que impulsa el gobierno. Lejos de ir por ese camino, la coalición oficialista propone mantener las inequidades del sistema y profundizar la carga que actualmente existe sobre los trabajadores, que trabajarán más años para cobrar menos jubilación.

Con respecto a la reforma jubilatoria, en el que se destacan los siguientes puntos:

La reforma jubilatoria que impulsa el gobierno no estuvo acompañada y mucho menos respaldada por un diálogo social. Se rechazan los aspectos principales de esta propuesta, como ser el aumento de la edad mínima jubilatoria en las condiciones planteadas, la exigencia de mayor cantidad de años de aporte, la rebaja de las jubilaciones para amplios sectores de la sociedad, los recortes de las pensiones para las viudas, los perjuicios relacionados con las prestaciones por discapacidad y la extensión del sistema AFAP.

Las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen.

 

Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años de edad y 30 de aporte, se observa que a 2043, el régimen propuesto otorga jubilaciones inferiores para todos los niveles salariales.

 

El proyecto del gobierno no incluye soluciones para eliminar las inequidades en la aportación y no toca los privilegios de algunos sectores empresariales. Se desestimaron diversas propuestas formuladas por el Pit-Cnt como revisar diversas exoneraciones de aporte patronal, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, reequilibrar las mucho mayores contribuciones del trabajo y, en relación a los aportes del capital, incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio.

 

La central sindical propone eliminar las AFAP y transformar el actual régimen en un pilar de ahorro, administrado profesionalmente por una agencia estatal especializada sin fines de lucro.

 

Respecto a la caja militar, el subsistema más deficitario e inequitativo de todos, la reforma planteada propone que los militares continúen retirándose a edades bajísimas y en algunos casos con el doble del salario, durante los próximos 10 años. Para dar verdadera legitimidad social al proceso, este subsistema requiere cambios más urgentes y profundos, en relación a los previstos para el resto de la población.

 

No se atienden los cambios del mundo del trabajo y sus efectos sobre el empleo. El proyecto de reforma no prevé los problemas de la desocupación en edades avanzadas, el empleo juvenil o el desarrollo de tareas de alto nivel de exigencia física o psicológica.

 

Finalmente, el Pit-Cnt señala que esta reforma no es integral. Con una visión estrecha de lo que es la seguridad social, el gobierno busca reducir el gasto en jubilaciones y pensiones dejando de lado importantes aspectos de la matriz de protección social como la infancia, los cuidados y la discapacidad.

CORRUPCIÓN en el GOBIERNO NUNCA VISTO !!

EL CAPO de la BANDA, ESTÁ ENCIMA de ASTEGIANO:

Caso Astesiano: Corrupción en el Gobierno

A esta altura, el caso del exjefe de Seguridad Presidencial parece ir mucho más allá de una red para la falsificación de pasaportes.

escribe: abogado Charles Carrera senador de la República

El caso del exjefe de Seguridad Presidencial viene dando que hablar y, a esta altura, parece ir mucho más allá de la existencia de una red criminal dedicada a la falsificación de pasaportes.

El contenido de los mensajes de whatsapp recuperados de su teléfono, deja en evidencia la existencia de sobornos, favores indebidos, acceso ilegal al sistema de interceptación de comunicaciones electrónicas y a las cámaras de videovigilancia y da la pauta de que estamos ante un problema enquistado dentro del Estado y, en particular, del Ministerio del Interior.

Creer que todo esto es resultado de las acciones aisladas del exjefe de la Seguridad Presidencial parecería ser de una ingenuidad mayúscula o el razonamiento de alguien que, sabiendo la verdad, prefiere tapar el sol con un dedo.

Desde hace casi dos meses el gobierno está metido en el laberinto de Astesiano y no logra salir. Todo este episodio resulta lamentable pero no le quita responsabilidad a las altas jerarquías del Gobierno. Empezar reconociendo las responsabilidades es lo que nos merecemos los uruguayos, que observan cómo este asunto salpica y afecta el prestigio del país, a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, la autocrítica y la acción proactiva tendiente a aclarar todo esto no parecería ser virtud del Gobierno. Han optado por la estrategia de negar la realidad y de no aclarar nada, cuando ante sus propios ojos emergen noticias que dan cuenta, no solo de la existencia de una red que operaba falsificando pasaportes, sino también de sobornos, tráfico de influencias, uso indebido de los sistemas de videovigilancia del Ministerio del Interior para fines particulares, aprovechamiento indebido del sistema de interceptaciones electrónicas (El Guardián), entre otras acciones ilegales.  

Por tanto, es imposible negar la realidad o quitarle magnitud al problema, porque la realidad es tozuda y, más allá del silencio de algunos medios o de la vista gorda del oficialismo, en la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República se instaló una organización criminal, debajo de las narices del director de Inteligencia y del propio presidente Lacalle Pou.

Ya quedó demostrado que esto no es un caso aislado y que existe una organización criminal que, al menos, toca las altas esferas policiales dentro del Ministerio del Interior. Toda la información que ha surgido en los últimos tiempos demuestra que Astesiano se respaldaba en una red corrupta de colaboradores que ocupaban puestos claves dentro de dicho ministerio. Porque para acceder a los sistemas de videovigilancia, a El Guardián y por supuesto, a la obtención de pasaportes falsos, requería de dicha colaboración, la que efectivamente tuvo a disposición.

Nada de esto debería sorprender, porque Astesiano contaba con profusas anotaciones policiales y judiciales. Pero, desde el Gobierno se mostraron sorprendidos y luego, en el Parlamento, trataron de negarlo todo, incluso la evidencia de que Astesiano fuera el jefe de la Seguridad Presidencial.

En fin, desde que se sucedieron los hechos y fue quedando en evidencia la verdadera magnitud del problema, el Gobierno se ha dedicado a negarlo todo.

WhatsApp delator…

Pero, ante las negaciones, aparecieron miles de chats de WhatsApp. En un acto casi novelesco -y antes de entregarse a la Policía-, el exjefe de la Seguridad Presidencial borró la mayoría de los mensajes que tenía registrados en su celular. Creyó, tal vez, que así eliminaba la prueba de las decenas de delitos que había cometido, donde la red de falsificación de pasaportes fue apenas un pequeño ítem de su extenso derrotero criminal. Mensajes que, además, no solo lo comprometían a él sino también a otros funcionarios públicos que, desde su posición de poder, le facilitaron la concreción de los actos criminales.

En extraña paradoja (para quienes denostaron su gestión), una herramienta tecnológica del Ministerio del Interior, adquirida durante la administración de Eduardo Bonomi, permitió la recuperación de la información del celular de Astesiano, abriendo una verdadera caja de Pandora.

El tenor de los mensajes es por demás elocuente. En uno de ellos, el exjefe de la Seguridad Presidencial afirma que llegó desde España un proveedor con velocímetros, radares, controles de alcoholemia y pistolas paralizantes, que pretendía concretar una reunión. Allí aclara que “se lleva comisión”, dando a entender que, a cambio de la concreción del negocio, existía la posibilidad de acceder a un soborno o coima.

A esto se le suma el hecho de que Astesiano tenía acceso y hacía uso particular del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior. Tanto en la Torre Ejecutiva, como en la residencia de Suárez y Reyes y en la casa comando del Ministerio del Interior en el Prado, existen terminales; lo preocupante es que se encontraron imágenes del sistema en el despacho del propio Astesiano, incluso, en sus mensajes, reconoce que puede hacer uso de ese instrumento para fines particulares.

Otros mensajes refieren a que Astesiano podía acceder al Sistema de Interceptaciones Electrónicas de la Policía Nacional, conocido como El Guardián. A través de otras comunicaciones vía WhatsApp quedó claro que ofrecía dichos servicios con fines particulares. La gravedad de esto no requiere más comentarios valorativos.

Por si no fuera lo suficientemente escandaloso, existe además una comunicación del Sr. Astesiano con un allegado del sindicalista y empresario argentino Marcelo Balsedo -acusado por la Justicia- con la finalidad de concretar una reunión con el presidente Lacalle Pou. Incluso, el allegado le ofertó dinero (“Dale, movete que hay mucha guita”).

Parecería que Astesiano ocupaba un lugar bastante privilegiado como para ser considerado un segundón o un personaje secundario (perejil) dentro del gobierno.

A la luz de los hechos, cualquier intento por minimizar su nivel de incidencia, parecería ser la reacción de quien pretende quitarse responsabilidad.

La corrupción en el Ministerio del Interior

Finalmente, cabe destacar otro aspecto que debería preocupar al Gobierno. Todo indica que Alejandro Astesiano perpetró sus acciones criminales en connivencia y complicidad con varios funcionarios del Estado, principalmente de la Policía Nacional.

Astesiano, ofrecía El Guardián, las cámaras de videovigilancia y contactos, para concretar la falsificación de pasaportes, entre otros ilícitos.  No es descabellado pensar que en este momento la tecnología del Estado, adquirida para utilizarse al servicio de la seguridad de los habitantes, está manejada por una cadena de gente corrupta que hacía -o hace- negocios personales.

Entre los altos funcionarios citados en la causa, se hallan el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Alberto Ferreira, el subdirector ejecutivo, Jorge Alejandro Berriel, y el director general de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. Estas citaciones sin duda son un problema, pero se torna más grave si se considera que dentro del Ministerio del Interior no existirían, al momento, investigaciones internas tendientes a aclarar los hechos que los involucran; y lo que es peor aún, ni siquiera se los separó de sus cargos.

¿Qué pasa con la Dirección de Asuntos Internos? ¿Está investigando? ¿Está averiguando como pudo haber sucedido que dichos recursos tecnológicos terminaran al servicio del crimen organizado? Por los dichos del ministro Heber -y la forma en como viene tomándose el caso- parecería que no.

Pero, además, esta misma Policía es la que está brindando la asistencia a la fiscal Fossati para la investigación del caso. ¿Es capaz, la Policía, ¿de cumplir con sus funciones de manera independiente cuando existen altos mandos que podrían haber colaborado con las acciones delictivas?

Sinceramente, el Ministerio del Interior está en problemas, y sus máximas jerarquías no están en condiciones de cumplir con sus cometidos.

En las últimas horas se conoció otro de los tantos chats recuperados en los que se hace una extraña referencia de un envío de «pescado congelado» dirigido al propio presidente de la República. Si el envío resulta extraño, más extraño aún resulta el origen de dicho envío (Emiratos Árabes Unidos) y la extraña forma de diligenciarlo a través de su jefe de Seguridad. Todos elementos que urgen que se aclaren para disipar cualquier conjetura que se pueda imaginar sobre un hecho que involucra al propio Luis Lacalle Pou.

De todo esto, podemos sacar varias cosas en limpio. La primera y más obvia es que existen serias posibilidades de que se haya desarrollado una fuerte red de corrupción, que parte desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio del Interior. La segunda, que hay jerarcas policiales sospechados de delitos que debieran ser separados preventivamente del cargo. La tercera, que el gobierno todavía está a tiempo de revertir el rumbo y asumir las responsabilidades para que el daño al país no termine siendo peor aún, porque no podemos permitir tener una banda corrupta manejando el Estado y poniendo los recursos tecnológicos en materia de seguridad pública al servicio de fines particulares.

Pero el gobierno no reacciona y sigue atajándose al ritmo de revelaciones que surgen cada día sobre el caso y que lo ponen bajo sospecha.

En algo coincidimos con el presidente Lacalle Pou, nosotros también queremos “ir hasta el hueso”. Claro, que a las intenciones hay que ponerle voluntad y acción, y, especialmente en este caso, mucha, pero mucha transparencia.

DAÑINO como el cáncer . . .

Corrupción, un cáncer que debemos extirpar de raíz

Uruguay es un país en el que nos hemos acostumbrado a escuchar un día sí y otro también de novedades en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que está involucrando a las más altas esferas de gobierno.

escribe: Andres Lima Intendente de Salto

Ante estas noticias que nos preocupan a todos no queda otra que mirar con atención el trabajo que realicen los órganos de control que rigen en toda sociedad democrática. Por un lado, respetar el trabajo independiente de la Fiscalía. Hoy en día son múltiples los testimonios que dan cuenta no solo de amenazas al trabajo de fiscales, sino también ocultamiento de información de carácter clave, o como por ejemplo que se haya manipulado la cantidad de información a la que se puede acceder por parte de fiscales a cargo de proyectos.

La independencia de la justicia es una garantía que debemos mantener si queremos seguir preciándonos de ser un Estado de Derecho y el país con menos niveles de corrupción en América Latina. 

Pero, por otro lado, para ello también hay que dejar hacer el trabajo de otros actores sociales de contralor, como la prensa y la oposición política. En el caso del periodismo, desde algunos legisladores oficialistas se han incrementado los ataques a profesionales de la comunicación que han realizado un seguimiento cercano a los casos de corrupción. No debemos tolerar de ninguna manera que se persiga al periodismo independiente cuando es una de las garantías necesarias que se requiere para alcanzar el conocimiento de la verdad. 

Y a su vez, desde la oposición política se nos debe habilitar con total libertad el acceso a toda la información que esté relacionada con este y otros casos. Se debe garantizar que los ministros implicados rindan cuentas ante el Parlamento las veces que sea necesario y habilitar todas las comisiones que sean necesarias para que los representantes de la ciudadanía tengan la verdad. 

Y ahí, permítanme realizar un llamado también a todo el sistema político. Tanto a dirigentes políticos del oficialismo como de la oposición. Es momento de elevar la mirada. Por un lado, la ciudadanía espera de nosotros, dirigentes políticos de la oposición, que supervisemos, que exijamos que se rindan cuentas seriamente y que se paguen las responsabilidades políticas necesarias. Lo que no está esperando de nosotros es que hagamos de esto un circo político, ni cobremos revanchas por dirigentes políticos que en el pasado no supieron estar a la altura en temas mucho menos graves. Y del oficialismo, se espera que entienda la gravedad de este asunto, que no lo minimice y que adopte el único discurso que la ciudadanía quiere escuchar: que se llegue hasta las últimas consecuencias, las de la verdad. 

Bertolt Brecht (filósofo alemán) decía que la humanidad se descubre a si misma cuando se mide con un obstáculo. De cómo procesemos los escándalos de corrupción que azotan al gobierno nacional, dice mucho respecto a cuán cerca o cuan lejos estamos de ese proyecto de país modelo llamado Uruguay. Espero que todos, pero literalmente todos, estemos a la altura de las circunstancias y atendiendo a la gravedad de los hechos. 

Familia CORRUPTA y el «fibra», su personero confiable

¿COMEDIA O TRAGEDIA?

Desinteligencia y «traición a la patria»

La actitud del presidente y el cuarto piso de su torre resultan lamentables para un país que hasta hace poco se sentía orgulloso de sus instituciones y tradición cívica.

Caras y Caretas 

escribe: Juan Raúl Ferreira

Acto 1

“Traidores a la patria que arriesgan la seguridad de los uruguayos”. Yo, desde que de niño pedía a mi madre me llevara a las barras del Parlamento, pasando por los años que fui legislador, hasta la fecha, no había escuchado una acusación igual. Ni siquiera en las duras interpelaciones de mi padre, que solían tirar abajo ministros (a veces gabinetes) por fundadas denuncias de corrupción. Aún entonces se guardaba respeto institucional. En boca del presidente es más grave. Pero dijo que podía ser “tan severo por no saber quién lo hizo”.

Acto II

 El jefe de Estado, que cuando habla compromete su opinión y la de su investidura, agregó algo por lo que debe responder. Dijo que estaba convencido de que “se había filtrado desde el Parlamento”. ¿No acababa de decir que podía ser duro (insultante) en sus expresiones por no saber quién era? Y en el mismo acto dice que no sospecha, sino que no tiene duda. ¿Cómo el presidente, si no sabe, puede no tener duda de quién fue?

 

 Acto III

 El director de Inteligencia denuncia a los parlamentarios por filtrar el documento. ¿Los parlamentarios? ¿Cuáles, de qué sector? ¿No parece una operación de enchastre? A mí me suena cada vez más que nos gobierno el marketing político y no un gobierno. ¿No saben quién es, pero denuncian a los legisladores? ¿Quién es el traidor que pone en riesgo el prestigio de las instituciones?

 Acto IV

 Una vez iniciadas las indagatorias surge que el documento que se dio a conocer a la prensa no es el mismo que se llevó y entregó al Parlamento. Ni el director de Inteligencia ha renunciado ni el presidente ha pedido perdón por permitir que, a pesar de su investidura, se le fuera la moto. La que lleva la tabla de surf.

 Estos cuatro actos caricaturizan una obra mal puesta en escena y cuyo final trasciende la caída del telón. Les digo traidores porque no sé quiénes son. No dudo que fueron parlamentarios. El director de Inteligencia dice que sabía que fueron legisladores (¿no le dijo al presidente? ¿Otra vez? Ya había pasado con los antecedentes de Astesiano). Denuncia penal contra la comisión parlamentaria. Se descubre que el documento que filtró la prensa no lo tuvieron los legisladores.

 Patético.

 Paso un chivo: en el último programa de Legítima defensa, segunda dosis, el director de esta revista, Alberto Grille, puso muchos puntos sobre las íes. “¿Quién gana?”, planteó, con este desprestigio a la única comisión que puede controlar a Inteligencia. No sé, pero como dijo con sabiduría Grille, la que pierde es la gente.

 Estamos ante un operativo de desprestigio burdo contra la única instancia de contralor de la Inteligencia del Estado. ¿Se busca que la gente le pierda la confianza? ¿No suena muy “durambarbista”? Pongamos a la gente contra la comisión, aunque sea la propia gente la que pierde si no hay contralor y límites a la Inteligencia.

 Telón I

 ¿Qué decía el documento? Nada que ponga en riesgo la seguridad del Estado. Es un documento marco casi idéntico al de todos los países vecinos. No tiene información. Describe mecanismos institucionales de consulta para obtenerla. ¿Tenía algún secreto? No.

 Telón II

 ¿Mintió el presidente cuando dijo que no sabía, pero no tenía dudas de quién había sido? Cuando el director de Inteligencia dice que sabe que fue el Parlamento, ¿sabe o sospecha? ¿Denuncia penal a legisladores por sospecha? ¿O quiere hacer creer que sabe y no sabe? Y si sabía, ¿no le había dicho al presidente? ¿Otra vez?

 Telón III

 ¿Se tomó alguna medida por parte de la “Inteligencia del Estado” para garantizar la trazabilidad de las copias del documento entregado? No faltaron fotocopias y se mandaron fotocopias.

 Parecería que las preguntas no las tienen que hacer el presidente y la Dirección de Inteligencia. Más bien deben ser formuladas a ellos y ellos son los que deben contestar. Sería bueno que Garcé responda como exdirector para que todos vivamos tranquilos en un país seguro, donde se defienda la privacidad de los ciudadanos y las protecciones que les dé la ley.

 De una sola cosa hay seguridad por ahora. La actitud del presidente y el cuarto piso de su torre resultan lamentables para un país que hasta hace poco se sentía orgulloso de sus instituciones y tradición cívica.

De cantinero a ministro . . .

EL ENANO FASCISTA DEL HERRERIMO

De GORILAS Y CHORROS

Les chorrea por las mangas

El Mides entregó en forma directa 50.000 tickets a personas no registradas y 260 canastas a personas fallecidas, ¡y ahora fiscaliza una coordinadora voluntaria de vecinos en respuesta al hambre que genera su gobierno

Caras y Caretas Diario

escribe: Enrique Ortega Salinas

“Si no te gustan mis principios, tengo otros”

Groucho Marx

Durante el Encuentro Nacional de Jóvenes de Cabildo Abierto, el líder del partido militar, Guido Manini Ríos, dijo que hay que frenar “a jueces y fiscales que hacen lo que se les antoja”. Una frase semejante, dirigida a un público que añora la dictadura, es extremadamente peligrosa para las instituciones democráticas.

 

El senador (que sigue rehuyendo presentarse en un juzgado, amparado en sus fueros) criticó el “funcionamiento sesgado y a veces escandaloso de nuestra justicia”. Como es público y notorio, los dirigentes de Cabildo Abierto han criticado las condenas a los militares violadores de derechos humanos.

 

Guido Manini Ríos le haría un gran favor a la patria si enseñara, a los jóvenes que le siguen, a defender a los buenos militares y no a los otros.

 

Desde la dictadura blanqui-colorada-militar (1973/1985) no veíamos a un gobierno tan encarnizado contra el Poder Judicial y los representantes de los trabajadores.

 

A esto se suma que el Codicen sustituyó la referencias a los “derechos humanos” y eliminó la expresión “terrorismo de Estado” en el programa de estudio del pasado reciente. Por si fuera poco, el libro de referencia sobre lo sucedido en los años del terror será uno escrito por Julio María Sanguinetti.

 

¿Contará en alguna página que los militares le impidieron a Liber Seregni y a Wilson Ferreira Aldunate hacerle competencia en las elecciones de noviembre de 1984? Sin las figuras más fuertes de los demás partidos pudiendo participar, con el apoyo de los militares golpistas, los grandes medios de comunicación y la oligarquía criolla a su favor, era imposible perder. Sanguinetti era el candidato de los militares, ya que Jorge Pacheco Areco ya estaba senil, aunque arrimó una cantidad de votos que también ayudaron a Sanguinetti.

 

¿Qué objetividad puede tener un libro escrito por alguien que fue el elegido de los dictadores?

 

Lo de Wilson fue aberrante, ya que luego de haberle acusado de múltiples y graves delitos (inventados por los militares) lo soltaron el 30 de noviembre de 1984. ¡5 días después del triunfo de Sanguinetti! Para la historia del ridículo quedará la factura que le enviaron por el gasto de agua y luz de su lugar de cautiverio. Así de mediocres eran los criminales que hoy defiende a viva voz Cabildo Abierto y, entre bambalinas, el herrerismo.

 

De todas maneras, los estudiantes pueden optar por no leer a Sanguinetti y ni siquiera asistir a las clases de deformación histórica, ya que igual pasarán de año gracias a la reforma.

 

En cuanto a los gorilas, antes (por las redes sociales) nos decían que nos fuéramos a vivir a China, Venezuela o Cuba; pero desde hace unos días (y tras avances en las negociaciones con el gigante asiático y el envío de un político fracasado como embajador a Venezuela) han reducido su oferta turística para los zurdos a la isla rebelde. Todo, claro está, con el permiso del patrón, porque no se puede ser más papista que el papa, en este caso, Estados Unidos. La farsa del autoproclamado Juan Guaidó se cae a pedazos.

 

Por otra parte, no veo ningún programa de los medios hegemónicos de desinformación tratando las terribles violaciones a los derechos humanos por parte de la tiranía de Catar. La FIFA avaló a ese régimen al elegirle como sede del mundial y Lacalle le envió una yegua de regalo al emir.

 

Dinero, petróleo, gas… Los derechos humanos están mucho más abajo en la lista de intereses que mueven las acciones de la derecha nacional e internacional.

 Nos chorrean

Martín Lema, que pretende usar al Mides como trampolín para una cada vez más lejana candidatura presidencial, en lugar de luchar contra la pobreza, lucha contra los pobres.

 

Lo que pretenden hacer, usando las ollas populares, es de manual:

 

1-Convencer a la ciudadanía de que cada olla popular es un comité de base.

 

2-Hacer que quienes las dirigen se organicen bajo una coordinadora.

 

3-Denunciar irregularidades en el control y distribución.

 

4-Al descubrir a un “vivo”, de esos que no faltan en ninguna parte (ni siquiera en la Torre Ejecutiva), inundar las redes sociales con el mensaje de que todos son delincuentes dirigidos por el Frente Amplio.

 

Con esto intentan negar que haya gente con hambre en Uruguay por culpa de la nefasta gestión de Lacalle Pou. El problema es que es el propio INE el que informa que el 16,5% de nuestros compatriotas vive en hogares que sufren inseguridad alimentaria. Es un dato oficial, no una invención de los zurdos, como tratan de establecer.

 

“El Mides entregó en forma directa 50.000 tickets a personas no registradas y 260 canastas a personas fallecidas, ¡y ahora fiscaliza una coordinadora voluntaria de vecinos en respuesta al hambre que genera su gobierno!, ha escrito Diego Fau en Twitter con sobrada razón.

 

Esa tarea era del Mides y de quienes cobran muy buenos sueldos por cumplir con su función y no de gente modesta que intenta ayudar a sus compatriotas como pueden. Sin embargo, los jerarcas fueron bien rápidos para detectar supuestas irregularidades; pero lentos para descubrir una banda criminal que tenía su despacho a pocos metros del despacho del presidente de la República y del zar de los servicios de inteligencia de Uruguay.

 

Cada vez logran engañar a menos gente, y prueba de ello es lo publicado por Agustín Henderson, también en Twitter: “Una investigación que insumió varios meses, que su expediente cuenta con 800 folios, que se interrogó a 53 testigos y se allanaron 253 lugares. No, no es la de Astesiano, es la de las ollas populares”.

 

En tanto, la motosierra continúa. Hay que recortar abajo para que los de arriba continúen disfrutando sus privilegios. El gobierno ha realizado un recorte del 50% en la compra de medicamentos para ASSE. Donde más recorte hubo fue en el presupuesto para adquirir medicamentos utilizados en el tratamiento de patologías crónicas.

 

La información la dio a conocer la bancada del Frente Amplio tras un pedido de acceso a la información pública; o sea, es un dato oficial y no una acusación temeraria o inconsistente. “Se observa una reducción en 50% de las compras, es decir, 5 de cada 10 fármacos analizados fueron comprados en menor cantidad en promedio en los dos últimos años respecto del promedio 2018-2019”.

 

Eso sí; para beneficiar a los amigos del presidente la plata sobra; por ejemplo, a José Ramiro Reyes Segade, encargado de comercio en la Embajada de Argentina, pese a no haber terminado la secundaria, haber sido condenado como contrabandista en 2002 y estar involucrado en los Panama Papers.

 

Claro, de “comercio” sabe. Pues bien, a él, aparte de un muy buen sueldo, le pagamos una partida de ayuda de vivienda de US$ 2.240, más US$ 390 por gastos de representación, más US$ 500 por beneficios sociales, más US$ 650 de asignación familiar. Ahora, él vive en Argentina desde 2006. ¿Tiene autos de alta gama y no tiene casa propia?

 

¿Quiénes son los chorros?

Educación en reforma por las manos que la ATACAN . . .

La reforma apurada y en solitario

escribe: Maestro Pablo Caggiani

De a poco se van develando las dudas acerca de qué es la reforma educativa que el gobierno viene imponiendo a capa y espada contra todas las opiniones de los actores que tienen que ver con lo educativo.

En los últimos días se han conocido los nuevos programas para la Educación Básica y para las carreras de Formación en Educación, nuevas propuestas para el pasaje de grado para los nuevos programas e inclusive modificaciones a esta altura del año del pasaje de grado del año que estamos terminando. Todo un par de días antes que se reunirán las Asambleas Técnico Docentes que deberían considerar esos documentos. Estos son los últimos documentos que restaban presentar para ver los cambios efectivamente propuestos. 

Los cambios en materia de educación han sido bastante estudiados y alguna pista ofrecen los estudios respecto a qué cosas al menos ya se sabe que no funcionan. 

Las formas

La administración continúa una práctica que no parece muy saludable que es que 48hs o 72hs antes de una Asamblea Técnico Docente publicar los documentos que esas instancias deben considerar. En el caso de los documentos que tienen que ver con los cambios en la formación en educación estos ni siquiera fueron considerados por el Consejo. Este procedimiento no ofrece tiempos para considerar adecuadamente qué es lo que se propone cambiar. Esta situación no es un episodio aislado sino que fue la misma que se produjo cuando se presentó el Marco Curricular Nacional a comienzos de este año. 

Esta forma se suma a la no participación de actores que tienen que ver con lo educativo como estudiantes, docentes y familias, entre otros, que dan cuenta de la soledad del gobierno en los cambios y de que la consulta es meramente formal para cumplir con la norma que establece que así se debe proceder.

Muchos de los nuevos programas no se sabe ni siquiera quién los elaboró, quien y sobre qué bases o evidencias propuso los cambios algo que es de orden en los cambios curriculares. 

Los tiempos

Otro aspecto relevante en los cambios en la educación son los tiempos que permiten apropiarse y construir esos cambios. En Uruguay, cada gobierno que asumió tenía un acumulado de los gobiernos anteriores sobre los cuales se apoyaba para impulsar la impronta propia. Esto hablaba de las políticas educativas como políticas de luces largas, que miraban el mediano plazo. La actual administración optó por considerar las políticas educativas como políticas del gobierno y por lo tanto los tiempos no son los de la educación sino los de la política entendida de forma electoral.

Esta parece ser la única razón para la implementación de los cambios para marzo de 2023 y de forma bastante vertical y con visos de autoritarismo.

La implementación de los cambios es si o si para marzo de 2023 y esto tiene que ver con la necesidad de mostrar que algo cambió, no hay posibilidades de que se muestren mejoras en varios aspectos que son relevantes para nuestros gurises, ni las situaciones que eran previas a la pandemia, ni las nuevas que la misma produjo.

Es muy difícil que cambios que se hacen en solitario y contra la opinión de diversos actores efectivamente ingresen al aula. 

Los cambios

Este proceso de reforma es además un tanto vidrioso, apela constantemente a cambiar de nombre a cosas que ya existían, no es que se vayan a construir los 136 liceos modelos, sino que se cambia el nombre de aquellas instituciones de educación media que ya eran liceos de tiempo completo y extendido o centros educativos asociados en el caso de Utu que ya venían funcionando.

Sucede lo mismo con 1ero, 2do y 3ro de ciclo básico que ahora se llamará 7mo, 8vo y 9no y se cursará en liceos y escuelas técnicas con los mismos docentes.

Los cambios en los programas traen algunas cuestiones que claramente significan un retroceso en la construcción de una sociedad más libre e igualitaria, el tratamiento de la historia reciente con una mirada muy sesgada políticamente, o lo que sucederá con educación sexual claramente son cambios negativos.

La del estribo: cambio de último momento en las reglas del juego. 

Junto a estos documentos aparecen cambios de último momento en el pasaje de grado y cierre del año. Los estudiantes, las familias y los docentes se enteraron la semana pasada de varios cambios en esta materia. A tres semanas de terminar las clases y luego del trabajo en todo el año se cambian las notas de promoción y se dejan de contar las faltas. Más allá de lo que se pueda pensar sobre estas medidas claramente no son acciones para comunicar a fin de año. Es más, hay dos resoluciones en pocos días que tienen que ver con este tema que se contradicen entre ellas. Claramente no parece la mejor forma de terminar el año más allá de la preocupación por las estadísticas.

Parafraseando al Profesor Martín Pasturino es un conjunto de cambios que tienen una restricción presupuestal, una restricción temporal y una restricción política que comprometen de forma importante su viabilidad y legitimidad.

PRIMÓ la TEORÍA de los dos DEMONIOS . . .

MAQUILLANDO REPRESORES

La historia a medida

La reforma busca imponer una interpretación de la realidad, y en este caso, de la historia reciente, funcional al proyecto ideológico de la derecha

Caras y Caretas Diario

escribe: Leandro Grille

Los cambios en la bilbiografía del programa de Historia de Uruguay definidos en la reforma que impulsa el gobierno dan cuenta de un objetivo político concreto que se persigue. La mentada transformación curricular ya no tiene que ver con “modernizar” la currícula para adaptarla a los tiempos que corren, hacerla más pertinente y llevadera para los estudiantes ni toda la parafernalia de fundamentos místicos que se ventilan: la reforma busca imponer una interpretación de la realidad, y en este caso, de la historia reciente, funcional al proyecto ideológico de la derecha.

Es tan grotesco el empeño que ni siquiera la dibujan: sacan, por ejemplo, de la bibliografía la obra del mayor historiador del país, Carlos Demasi, y la sustituyen por una obra del secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, principal promotor de la teoría de los dos demonios, político en actividad y ministro del pachecato.

Lo que señala la asociación de profesores de Historia del Uruguay abunda en otras consideraciones de idéntica gravedad: se elimina el concepto de “terrorismo de Estado” y se promueve la teoría de una “guerra civil” que nunca existió, que no tiene ningún respaldo en la investigación académica y que, por lo pronto, exime de responsabilidades a los represores toda vez que en la lógica de la guerra, se mata y se muere sin espacio a la reprobación penal o moral de las conductas que hasta pueden llegar a justificarse o convertir actos miserables en acciones heroicas revestidas de gloria.

Este adefesio de reforma en los programas de historia que busca introducir en las clases un conjunto de patrañas políticamente funcionales a los golpistas y a la derecha, constituyen más que una violación puntual de la laicidad, un verdadero escándalo comparable a la sustitución de la teoría de la evolución por el creacionismo o la sustitución de la ciencia por la verdad revelada de alguna confesión.

 

La derecha uruguaya, que ya consagró la impunidad, ahora quiere institucionalizar la amnesia o, lo que es peor, la ficción histórica que transforma a los victimarios en héroes y a las víctimas en victimarios. Y lo quiere hacer con los adolescentes, con los más jóvenes, para ir moldeando a las nuevas generaciones en una realidad paralela que les favorece a sus cometidos y a esa indispensable distribución de culpas que los deja a ellos como santos y, especialmente, a la izquierda social y política, como responsables de la tragedia.

 

Ahora bien, el cometido es un espanto, pero la estrategia que eligieron es tan obtusa, que tiene la doble virtud de dejarlos pegados y ser, básicamente, inaplicable e insostenible. Casi no hay docentes para esos planes. Lo que se puede esperar es una reacción masiva del cuerpo docente ignorando esta bestialidad, rebelándose contra ella y, finalmente, en no mucho tiempo, el retorno de la rigurosidad académica a las aulas.

 

Hace tiempo que tenemos que tener claro que no gobierna simplemente un gobierno, sino un rencor. Una voluntad de restauración y venganza, que considera que la izquierda es más que adversario político, es una desviación inaceptable de las lógicas de conducción de la sociedad que imaginan. Todo este gobierno ha sido un espectáculo de revanchas, un gobierno vacío de ideas y proyectos construido en una suma de auditorías y persecuciones, y el único propósito que ha tenido ha sido favorecer a las clases altas y destruir cultural, política y materialmente el legado de la izquierda.

 

Salvo juntar plata para los ricos, todo le ha salido mal. El legado de la izquierda está muy vigente. Este período, que se revelará como un paréntesis ingrato de un tiempo de progreso innegable, ha servido para ver en acción la profundidad conservadora y hasta reaccionaria de la derecha uruguaya. La gente los ve actuar, los ve perseguir, negar lo evidente, hacer negocios raros, manejarse como una caterva de imprecadores, insultantes, cínicos, y producir a cada paso más pobreza, más desigualdad, más injusticia. Y esta experiencia amarga, finalmente es algo que produce una conciencia que se extiende, como un aprendizaje con base en el dolor.

 

Es probable que ya no importe lo que hagan en términos trascendentes. Han hecho daño y seguirán haciéndolo un tiempo más, pero la mayoría de la gente ya abrió los ojos y los que todavía no quieren abrirlos ya lo harán. Están derrotados históricamente, aunque todavía gobiernen por dos años más.

PREDECIBLES . . .

MODUS OPERANDI

La máquina de humo

Para recuperar la iniciativa en varios casos donde quedó en evidencia, el gobierno, en lugar de aclarar, responde con otras denuncias para intentar desprestigiar a los denunciantes.

Caras y Caretas Diario

escribe: Carlos Peláez

Los casos Marset y Astesiano fueron un golpe en la línea de flotación del gobierno. Un gobierno que sustentó su prestigio en la gestión de la pandemia. Pero luego todo se transformó en ausencia de transparencia, enfrentamiento a organizaciones sociales y sindicatos y defensa de dos dudosas reformas. Pero en medio buscaron expedientes viejos o inventaron historias para intentar recuperar la iniciativa. Así el gobierno se transformó en una máquina de fabricar humo.

En el pasado los políticos solían tomar a bebés en sus brazos como forma de granjearse la simpatía de sus electores. Luis Lacalle Pou adoptó las selfies para lograr el mismo objetivo.

A los uruguayos nos gusta un presidente amable, simpático, que camina solo en medio de la gente. Nos gusta compararnos con otros países.

Muy flojo intelectualmente, basta compararlo con sus antecesores colorados y frentistas e incluso su propio padre, su juventud y facilidades expresivas le granjearon adhesiones. Experto en selfis, es él quién las registra siempre, nunca vaciló en fotografiarse con quien fuera.

 

Pero gobernar es otra cosa y hacerlo con transparencia, como él mismo se jacta, es otra cosa. Y fue en Este aspecto, tan esencial para la democracia, donde patinó desde el principio.

 

Para recuperar la iniciativa en varios casos donde quedó en evidencia, el gobierno, en lugar de aclarar, responde con otras denuncias para intentar desprestigiar a los denunciantes.

 

Y en ese camino avasalla instituciones, violenta normas legales y afecta libertades.

 

Humo sobre el puerto

 

La extensión de la concesión por 60 años de la operativa portuaria a la empresa belga Kotoen Natie, otorgándole casi el total control de las actividades en el Puerto de Montevideo, fue firmada entre gallos y medianoches.

 

El gobierno ignoró a la ANP y el caso está bajo investigación fiscal. Vale preguntarse a qué caos nos enfrentaríamos si la Justicia diera razón a los denunciantes. ¿Qué pasaría con la inversión que ya realizó la empresa? ¿Habrá otro juicio internacional con la posibilidad cierta de perderlo? ¿Qué pasaría en el Puerto de Montevideo?

 

El principal denunciante fue el senador frenteamplista Charles Carrera. Pues para intentar descalificar al legislador, el Ministerio del Interior hizo casi una pesquisa secreta y terminó desempolvado un expediente de 10 años atrás, cuando Carrera se desempeñaba como director general en el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo Bonomi.

 

Un residente en La Paloma, que quedó inválido después de recibir un disparo, casi con certeza de un policía, fue atendido en el hospital Policial, a la vez que se le otorgaron tickets alimentación mientras se recuperaba.

 

Curiosamente, y Heber nunca lo mencionó, quienes autorizaron la internación del ciudadano y su hermano en dicho hospital, fueron el comisario mayor Dr. Anzalone y el comisario mayor Dr. William Martínez. Es decir, el director y el subdirector del Policial.

 

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, tomó conocimiento del tema a principios de este año y ordenó una investigación interna, supuestamente al enterarse de una demanda contra el ministerio. Pero esa demanda se realizó en el año 2016

 

Luego el senador Jorge Gandini propuso la formación de una comisión investigadora en el Senado.

 

Tal vez Carrera en su intento de ser solidario con una víctima de la Policía se equivocó. Pero no surge un aprovechamiento personal de su decisión. Algo que sí tuvo el expresidente Luis Lacalle Herrera, quien durante su mandato fue intervenido quirúrgicamente en ese hospital.

 

Una víctima colateral fue Luis Calabria, director general del Ministerio del Interior, quien renunció a su cargo después de haber reconocido que realizó una consulta oftalmológica en el Policial.

 

Exjerarcas policiales y funcionarios del referido centro hospitalario reconocieron a Caras y Caretas que “a lo largo de su historia muchos políticos y civiles” usaron los servicios del centro de salud.

 

El caso que dio origen a la denuncia contra Carrera aún está en la órbita judicial. El argumento de Gandini para solicitar la formación de una investigadora fue que “en estos días se cumplirán diez años y la causa prescribirá, por lo que es necesario investigar”.

 

“Carrera dio órdenes y gastó recursos públicos dirigidos a personas que no tenían derecho a usufructuarlos en un momento posterior a su alta médica, que sí se le dio en el Hospital de Clínicas. Todo esto reviste muchas sospechas de la causa del por qué se decidió tomar ese camino, que por supuesto están absolutamente alejadas vinculadas a la solidaridad. No creemos que esa fuera la motivación, sí creemos que hubo desvíos de fondos públicos”, sostuvo Gandini.

 

Es decir, Gandini juzgó y adjudicó delitos por lo que si no tuviera fueros podría ser denunciado por difamación.

 

Pero lo que demuestra que la investigadora tiene un fin político menor es que antes el Ministerio del Interior ya había radicado la denuncia por el mismo asunto ante la Fiscalía de la nación.

 

Además, se desvirtúa el objetivo de una investigación parlamentaria sobre uno de sus integrantes ya que se pretende investigar a Carrera sobre hechos presuntamente cometidos años atrás en su condición de jerarca del Ministerio del Interior y no como senador.

 

El artículo 16 de la Ley 16.698 delimita claramente cuál puede ser el objeto de una investigación sobre un parlamentario. Y el caso que pretende entablar Gandini no está comprendido en los alcances de la referida ley.

 

Por si fuera poco, la lógica normativa de la Constitución es exacta y precisa: la acusación debe recaer sobre los sujetos previstos, es decir, senadores o diputados, por su actuación como tales y nunca más allá del límite de su mandato, con la única excepción, en este aspecto, del presidente de la República.

 

Carrera no violó la Constitución y hasta que no se expida la Fiscalía y exista sentencia firme, tampoco cometió delito, los dos asuntos imprescindibles para solicitar una investigación parlamentaria.

 

Por lo tanto, el único objetivo es crear un clima de desprestigio sobre el senador, uno de los principales denunciantes del contrato con Katoen Natie.

 

Se hizo humo

 

En mayo de este año se informó que el gobierno uruguayo le había entregado un pasaporte a Sebastián Marset, quien estaba preso en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

 

Pero Marset no era un perseguido político, sino un narcotraficante. Uno de los más importantes de Paraguay y con varios procesos en nuestro país.

 

La gestión del gobierno uruguayo en este caso es digna de una serie de ficción.

 

La esposa de Marset contactó al abogado Alejandro Balbi para que le he gestionara un pasaporte uruguayo. Este hizo gestiones ante la vicecanciller, Carolina Ache, a quien conocía por sus vínculos con el club Nacional y entonces mandaron a la cónsul uruguaya en Emiratos Árabes a la cárcel de Dubái para que tomara huellas dactilares, firma y foto de Marset. Este, además, proporcionó una dirección falsa que nadie verificó.

 

El pasaporte se confeccionó en la Dirección de Identificación Civil y luego fue entregado en mano propia a Balbi, quien lo envió a Dubái.

 

Con el pasaporte en la mano, logró ser liberado y desde entonces es buscado por Interpol a solicitud de la Fiscalía paraguaya.

 

Todo el proceso es un desatino sin igual. En principio porque a nadie despertó sospechas que Marset estuviera preso, aunque afirmara estar alojado en un hotel 5 estrellas. Tampoco a nadie se le ocurrió siquiera llamar al Ministerio del Interior paraguayo, donde le habrían informado que era investigado por sus vinculaciones con el cártel Insfrán.

 

Y no solo Paraguay, también lo investigaban Uruguay y la DEA. Pero el ministro del Interior, que ha firmado varios acuerdos de cooperación para compartir información, no se enteró. La cancillería fue más eficiente porque entregó un pasaporte con trámite urgente a pesar de que la Embajada uruguaya en Emiratos Árabes y la propia cónsul advirtieron sobre la “inconveniencia” de la gestión.

 

El pasado miércoles el juez Carlos Aguirre, de primera instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º turno, falló a favor de los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera y condenó al Poder Ejecutivo a proporcionarles todos los expedientes relacionados a Sebastián Marset.

 

En la sentencia judicial, difundida por Carrera en su cuenta de Twitter, Aguirre ordena al Poder Ejecutivo y a la cancillería proporcionar el “testimonio de expediente completo y cualquier actuación administrativa relativa a la gestión del pasaporte de Sebastián Marset”.

 

Eso incluye la investigación administrativa ordenada por el Canciller Francisco Bustillo.

 

Además, exige el testimonio “de todas las comunicaciones intercambiadas por cualquier vía entre los profesionales del servicio exterior acreditados en Qatar, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Paraguay y la cancillería, referidas a la tramitación del pasaporte (..) incluyendo informes, consultas, solicitud de instrucciones y todas las respuestas cursadas desde Cancillería”.

 

Por otra parte, ordena informar el contenido de “las comunicaciones mantenidas entre el Sr. Subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel y la Sub-Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Ache” los días 21 de septiembre y 3 de noviembre de 2021 “relativos a la situación del Sr. Sebastián Marset”, en un plazo máximo de 15 días.

 

Humo que revela incendio

 

El domingo 25 de setiembre a la noche estalló lo que sin dudas es el más grande escándalo de los últimos años.

 

Esa noche el presidente Luis Lacalle Pou regresaba de Costa Rica adonde había pasado unos días de vacaciones junto a sus hijos. Lo acompañó el jefe de su seguridad, Alejandro Astesiano.

 

Pero apenas desembarcó en Carrasco, Lacalle Pou fue informado que la fiscal Gabriela Fossati había ordenado la detención de Astesiano por saberlo vinculado a una red que vendía pasaportes falsificados.

 

Un jerarca policial los aguardaba en la residencia presidencial del Prado para detener a Astesiano.

 

A primera hora de la tarde del lunes 26 pocos vieron el rostro desencajado del presidente, reconociendo que el responsable de su seguridad había sido detenido el día anterior. No era la hora habitual de las conferencias de prensa.

 

El martes 27 nos enteramos de que, en la Torre Ejecutiva funcionaba una asociación para delinquir. Al despacho del jefe de la seguridad presidencial ingresaban el escribano Álvaro Fernández García y ciudadanos rusos.

 

Según probó la fiscal Fossati el escribano gestionaba las partidas de nacimiento falsas, los rusos oficiaban como gestores y traductores, conseguían los clientes y cobraban entre 10.000 y 50.000 dólares por cada documento. Por ahora hay un total de 147 pasaportes sospechados.

 

Astesiano, el escribano y un ciudadano ruso fueron formalizados con prisión.

 

Astesiano aportaba sus vínculos con la Dirección Nacional de Identificación Civil, donde se había desempeñado años atrás, con el Ministerio del Interior porque fue policía varios años, y con cancillería.

 

El jefe de su seguridad contaba con unas 35 anotaciones policiales por diferentes delitos entre 2002 y 2018 y además tenía dos antecedentes judiciales que ya había prescripto. En 2002 fue procesado sin prisión por estafa y el 2013 fue procesado con prisión por el mismo delito y estuvo preso en la cárcel de Las Rosas.

 

El lunes Lacalle dijo que no sabía que Astesiano tenía anotaciones policiales “porque no figuraban en su legajo”.

 

Sin embargo, el martes reconoció que varias personas le habían advertido sobre ese pasado de su funcionario. “No recuerdo si me lo dijo Larrañaga, pero sí otras personas”.

 

En agosto de 2020 Caras y Caretas había publicado el legajo con todas las anotaciones policiales de Astesiano y en 2021 lo había hecho el informativo de radio Sarandí.

 

No había forma de esgrimir desconocimiento.

 

La investigación de la fiscal Fossati reveló que además de desempeñarse como jefe de la seguridad presidencial, Astesiano operaba una agencia de seguridad, una whiskería nocturna, por lo menos una casa de salud y una inmobiliaria clandestina en el complejo de Millán y Lecoq.

 

Cuando la fiscal Fossati concurrió al despacho que tenía Astesiano en la Torre Ejecutiva, y que había sido lacrado por orden del presidente, encontró documentos y elementos que se llevó para incorporar a la investigación.

 

¿Qué había allí? Pues había una carpeta con documentos reservados del Ministerio del Interior, donde figuraban antecedentes y anotaciones policiales de distintas personas de nacionalidad uruguaya.

 

Además tenía capturas de videos de las cámaras de vigilancia montevideanas

 

También fotos de documentos de identidad, cartas de expolicías que le pedían trabajo para ser parte de la guardia presidencial. Y varias Partidas de nacimiento.

 

¿Quiénes fueron los policías que les entregaron las fichas de antecedentes de varios ciudadanos? ¿qué hacía Astesiano con eso? ¿Acaso también extorsionaba?

 

¿Qué uso les daba a las capturas de videovigilancia y quién le permitió el acceso?

 

Fossati tiene bajo investigación a seis altos jerarcas policiales, entre ellos el subdirector nacional de Policía.

 

Pero lejos de acercarnos al final de la historia, cada día surgen nuevas informaciones que complican todo aún más.

 

Ahora se supo que además de vender pasaportes a rusos, también lo hicieron con ucranianos.

 

Obviamente esta situación desprestigia al pasaporte uruguayo en el mundo. Pero tampoco sabemos en qué manos cayeron y con qué fines. Pudieron ser pacíficos ciudadanos que intentaban reconstruir su vida en Uruguay, pero también podrían ser miembros de la mafia rusa o de la Bratva ucraniana.

 

Como sea, esta asociación para delinquir, encabezada por el jefe de la seguridad presidencial, funcionaba en la Torre Ejecutiva.

 

Para intentar apagar este incendio, el gobierno necesitaba un golpe de impacto. Y lo encontró con Alvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

 

Hay humo en tus ojos

 

Diez días atrás Garcé concurrió a una comisión parlamentaria; en sesión secreta, recibió un informe sobre el Plan Estratégico de Inteligencia.

 

Dos horas después de culminada la reunión, el periodista Eduardo Preve, director del informativo de TV Ciudad, difundió los lineamientos generales del plan, pero sin datos específicos. No había nombres ni circunstancias.

 

Desde ese momento diferentes voces de gobierno se alzaron gritando “traición” o “se desnudó al país”. Garcé, el presidente, el ministro de Defensa, Javier García, apuntaron enseguida contra los 10 parlamentarios presentes. Algunos legisladores de la coalición, sin nombrarlos, insinuaron que el documento fue entregado a Preve por los legisladores frentistas.

 

Desde entonces suman un dislate atrás de otro. Por ejemplo, propusieron que los legisladores permitan que Policía Científica pericie los celulares de cada uno. Propuesta por demás curiosa sobre todo proviniendo de los mismos que meses atrás pusieron el grito en el cielo cuando una fiscal quiso hacer lo mismo con el celular del comunicador Ignacio Álvarez.

 

Garcé presentó la denuncia en fiscalía y el primer citado fue el periodista Preve, sabiendo que la ley lo ampara en la protección de sus fuentes y que era una señal impropia para la libertad de información.

 

¿Qué objetivo tenía esta citación? Sin dudas, echar más humo. O mejor dicho, ligar con la filtración al FA, con el canal de la Intendencia de Montevideo y su director de noticias, que es motivo de odio de varios dirigentes blancos.

 

Cualquiera que haya accedido a la publicación de Preve sabrá que no se revela ningún secreto de Estado. Pero más, los lineamientos de ese plan son tan obvios que cualquier pibe que haya visto tres series de espias podría escribir uno mejor.

 

El miércoles pasado, después de tomar declaraciones al senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto), el fiscal Gilberto Rodríguez dijo que “aún no tiene determinado de manera categórica que el documento filtrado sea el que fue entregado a la comisión parlamentaria”. O sea, más claro, pueden ser dos documentos diferentes.

 

¡Eureka!

 

Por tomar al pie de la letra las declaraciones de Garcé y García, nadie tomó en cuenta la posibilidad de que quienes filtraron el documento sean parte de los servicios de inteligencia.

 

El humo ya nubla la visión de muchos.