libertad, igualdad, fraternidad

escribe: Lic. Jorge Scuro / analista

 

Estas tres palabras son la expresión del programa político y social de la Revolución Francesa de 1789.

Para la humanidad se convirtió en la expresión de un ideal a realizar. Cada una de las tres propuestas recorrió distinto derrotero histórico.

La búsqueda militante de la libertad política había empezado años antes con la Revolución de los estados norteamericanos en 1766, para no ir más atrás, en una aspiración legítima y legendaria de la Humanidad.

La búsqueda de libertad y sus realizaciones concretas son muchas y variadas. La libertad como expresión primaria es la lucha para eliminar todo obstáculo que impida el desarrollo de la persona humana. Filosóficamente es centrarse en el individuo como referente y gestor de la acción social. Su impulso de realización lo lleva a cortar dependencias de opresiones personales, políticas y sociales. El siglo XIX será la época de su pleno desarrollo.

También se generan otros tipos de implementación de la libertad que llamamos liberalismo. Así surge el liberalismo económico, el dejar hacer y dejar pasar. Se busca reducir la presencia del Estado al mínimo posible: la seguridad y las relaciones exteriores; todo lo demás es cuestión de la iniciativa de los individuos y la regulación del mercado sin injerencia del Estado. Esta sencilla formulación y aspiración se va complejizando hasta evolucionar en el siglo XX con la incorporación de distintas y nuevas funciones del Estado en la vida política de las democracias liberales. Incluso la social democracia es una realización más elaborada de los ideales de libertad con la necesaria socialización que se incorporan a los programas políticos. También, desde la década de los 70, aparece usada la palabra “neoliberalismo” como la ideología que busca la intervención del estado para favorecer el desarrollo del capitalismo de mercado.

Las realizaciones de la búsqueda de libertad, del liberalismo y del ideal libertario han contribuido grandemente a la mejora de la calidad de vida humana en los últimos doscientos años. Y se plantea como una lucha que acompaña la aventura histórica humana.

El ideal de la igualdad recorrió otros caminos quizá más complejos. Es cierto que desde la Revolución Francesa hasta hoy la humanidad valoró e integró la igualdad en la condición humana a niveles desconocidos antes del siglo XVIII. Este cambio revolucionario se da más a nivel formal y jurídico, en las declaraciones públicas y el enunciado de programas aunque vemos con frecuencia el larguísimo camino que queda por recorrer en todas partes del mundo.

La búsqueda de igualdad llevó a realizaciones extremas que hirieron profundamente la libertad y así sucumbieron muchas “libertades” ya conquistas como las políticas, de opinión, de prensa, de circulación, etc. Ideales igualitarios generaron dictaduras y totalitarismos difíciles de olvidar que aún se anidan en proyectos inhumanos y regresivos.

El ideal de la fraternidad sigue vigente y seguramente es el más difícil de concretar y el que menos realizaciones políticas y sociales duraderas puede mostrar.

La realización efectiva de la fraternidad sigue demorada por la ambición desmedida de algunos, por el abuso de los poderosos, por el desarrollo de las mafias, por las guerras ideológicas, políticas y de ambiciones económicas.

La realización de la fraternidad está una y mil veces agredida por la corrupción de políticos y gente con diferentes grados de poder social o económico. Es la música que acompaña discursos huecos en ámbitos políticos nacionales e internacionales. Hace pocos días el secretario general de las Naciones Unidad, en su discurso de despedida, acusaba a sus escuchas diciendo que entre ellos estaban quienes fomentan la guerra, la tortura y las masacres de los pueblos inocentes.

Es patético comparar los discursos de los representantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a sus acciones cotidianas. EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia y China son los garantes de la paz mundial según el orden establecido después de la segunda guerra. Sin embargo, son los mayores productores de armas que hoy nutren los mercados bélicos de los pueblos subdesarrollados, los más necesitados de desarrollar la fraternidad que le permitan llegar a niveles mejores de existencia.

Las guerras se hacen con armas, que no producen los países pobres, y en este momento con armas muy sofisticadas, que arrasan poblaciones civiles, escuelas, hospitales y templos sin contemplación. Esas armas las producen estos cincos estados “garantes de la paz” y los de mayor cantidad de discursos y falsas promesas al mundo que sufre y espera. Es cierto que hay aprendices de brujos en otros estados en vías de desarrollo que contribuyen con sus aportes bélicos a la espera de ser tan poderosos como sus émulos. El dinero con que se compran esas armas es provisto por la compra de petróleo, cada vez más barato que luego retorna a las metrópolis para acceder a más armas que los empobrece cada vez más y así vender su petróleo más barato y seguir el circulo infernal deshumanizante y por lo tanto anti-fraterno.

Vivimos un mundo de fraternidad traicionada. La “fraternidad cristiana” y la “hermandad islámica” buscan la luz pero viven en tinieblas. El olvido de la fraternidad humana genera el autoritarismo, el totalitarismo y el fundamentalismo.

No seamos ingenuos. La guerra no es sólo “la continuidad de la política por otros medios”, como declaró Clausewitz. Hoy día es, sobre todo, un medio sórdido de obtener un lucro fácil a través de la industria bélica, que factura US$400 mil millones al año, y del contrabando de armas. Sólo las naciones ricas del hemisferio Norte, que tanto hablan de paz, son quienes fabrican artefactos de guerra y promueven intervenciones militares en naciones periféricas. Practican el precepto de “armaos los unos a los otros” (Lo que aparece en letra cursiva lo tomé de Frei Beto)

En estos días EEUU hizo un “préstamo blando” a uno de los beligerantes (gobierno de Netanyahu) por 40 mil millones de dólares para comprar armas exclusivamente en los EEUU. Nos cuesta decir espontáneamente cuantos ceros debemos agregar después del 40 para escribir esa cifra. No es para mentes uruguayas.

El 90% de los muertos en Siria son civiles sorprendidos en sus actividades cotidianas. La mayoría de esas muertes son provocadas por sus compatriotas apoyados por la aviación rusa. El Consejo de Seguridad no logra prohibir el cese de la utilización del espacio aéreo sirio para acciones bélicas pues el usufructo de la guerra y los muertos inocentes es cosa que les compete.

Hoy en día se registran 9 billones de dólares en comercio “legal” de armas.

Y la fraternidad ¿para cuando?

uruguay, delito de menores

Estudio sobre delincuencia juvenil en Uruguay

Mitos y falacias sobre los “pibes chorros”

escribe: Manuel González Ayestarán / Caras y Caretas

La tasa de menores privados de libertad en Uruguay es una de las más elevadas de la región, llegando a triplicar la de países como Colombia y Argentina. Esto, lejos de terminar con el problema lo acrecienta. Sin embargo, el discurso conservador continúa reclamando el endurecimiento de penas.
Es un lugar común en el imaginario colectivo considerar que Uruguay es un país demasiado benevolente con los jóvenes delincuentes. Los “pibes chorros”, que no tienen ganas de estudiar ni de trabajar, no son convenientemente castigados por el Estado hasta el punto de que la opción del delito les llega a beneficiar más que ponerse a laburar. Esta visión simplista de una realidad social compleja conlleva una solución: aumentar el costo punitivo que reciben los jóvenes delincuentes para que esta ecuación les deje de dar resultado. Sin embargo, esta sarta de tópicos se contradice diametralmente con los estudios sociológicos, así como con la experiencia empírica que evidencia un aumento de los hurtos y rapiñas a pesar del endurecimiento de penas. Aun así, los medios de comunicación de masas más poderosos del país, portadores del discurso más conservador, continúan reproduciendo esta cosmovisión en la cobertura que realizan del delito.

El doctor en Sociología y grado cinco de la Udelar, Luis Eduardo Morás, publicó este mes su último libro Los enemigos de la seguridad: Desigualdades y privación de libertad adolescente. En sus páginas, el experto desmonta los principales mitos creados sobre la delincuencia juvenil mediante un estudio realizado sobre los 530 jóvenes que en 2015 se encontraban privados de libertad en locales del Sirpa. En primer lugar, la falacia más evidente que predomina en el imaginario público es la concepción del supuesto carácter permisivo que manifiesta la Justicia uruguaya con los menores infractores. Según cifras de Unicef, Uruguay presenta una de las mayores tasas de privación de libertad de adolescentes de América Latina (16,06 cada 100.000 habitantes). En su dimensión represiva de la juventud, el Estado uruguayo supera a países con mayores índices delictivos como Brasil (10,35), Paraguay (5,62), Colombia (7,43), Ecuador (4,06) o Argentina (3,76), llegando incluso a triplicar la tasa de encarcelación de adolescentes de algunos de ellos. Esto se debe a una “excesiva utilización de la internación como medida cautelar, situación que podría llegar a considerarse ‘inconstitucional’”, según el autor.

El reclamo del endurecimiento de penas para frenar el crimen parte de la conocida como “teoría de la elección racional” del delito. Esta visión considera al sujeto infractor como un individuo que se involucra en la ilegalidad tras haber realizado un cálculo racional en clave economicista de los costos y beneficios que ello implica. Así, lo que el delincuente obtiene en el botín de sus acciones ilegales supera lo que podría recibir en el mercado de trabajo legal y llega a compensarle debido a la supuesta benevolencia que las instituciones judiciales y represivas tienen con él cuando es capturado. Esta benevolencia se manifiesta en las consideradas como penas suaves que son impuestas a los infractores y en la facilidad que brindan las instituciones penitenciarias para darse a la fuga. Para Morás, la promoción de esta cosmovisión obedece a “fines electorales del sistema político, influenciado por los medios de comunicación y por las encuestas de opinión pública. En lugar de guiar a la sociedad, este discurso lo que hace es recoger las demandas más primarias del ciudadano que se siente inseguro y que pide un conjunto de medidas de tipo represivo, que no son en absoluto efectivas”.

Esta concepción del delito continúa arraigada aun en un gobierno de tinte progresista como el uruguayo. En 2013, con la publicación de la ley 19.055, se impuso la sanción privativa de libertad, con un mínimo de un año, para castigar delitos graves entre los que se incluyó la rapiña, que ya entonces era la principal causa del ingreso de menores en el sistema penal. Desde esa fecha también se han fortalecido los sistemas de vigilancia de los centros de internación de adolescentes para dificultar las fugas, tratando así de incrementar el costo que el delito tiene para los adolescentes infractores. No obstante, Luis Morás denuncia que desde 2012 las rapiñas no han dejado de crecer. Así se evidencia que la represión por sí sola no hace sino recrudecer el problema en la medida en que aísla a los jóvenes de los ámbitos de socialización comunes, introduciéndoles en entornos conflictivos aislados de la sociedad, a la vez que les adjudica la etiqueta de “delincuentes”.

Y hablando de etiquetas aparece, cómo no, el tan pregonado concepto de ni-ni (joven que ni estudia ni trabaja). “El ni-ni es una visión adultocéntrica que responsabiliza al propio adolescente de la condición en la cual está”, explicó el autor en entrevista con Caras y Caretas. Por ello, puestos a categorizar, Morás prefiere referirse a jóvenes sin-sin, ya que “cuando hablaba con los gurises, aparecía mucho más la palabra sin que la palabra ni: ‘me quedé sin empleo’, “sin trabajo”, ‘ya no puede seguir en el liceo, no me daba la cabeza”. Esta sustitución de preposiciones en la expresión cambia radicalmente el contenido de esta etiqueta, aludiendo a los deficientes recursos laborales y educativos que la sociedad de mercado ofrece a los adolescentes procedentes de los sectores carenciados de la sociedad.

En este sentido, contrariamente a lo que se tiende a pensar, casi 60 por ciento de los jóvenes privados de libertad en el momento de la realización de esta investigación estudiaban o trabajaban bajo condiciones precarias e informales. La mayoría de internados estudiados tuvieron vínculos previos con el sistema educativo. Concretamente, en el momento de su detención, 60 por ciento de los jóvenes cursaba o recién había abandonado sus estudios en el nivel de secundaria. Asimismo cuestiones como el rezago en la educación y su posterior abandono afectan por igual a los adolescentes infractores que a la mayoría de adolescentes que se ubican en el quintil más pobre de la población. Estos niveles deficientes de avance en el sistema educativo coinciden con los que también presentan la mayoría de adultos que habitan en los mismos territorios que ellos (ocho años de educación formal de promedio). Esto nos habla de un factor estructural que echa por tierra los argumentos individualistas propios del discurso conservador. Ante la pregunta “¿Qué pensás que necesitás para seguir estudiando?”, la mayoría de entrevistados emitió respuestas como: “Necesito plata para los boletos”; “Que se pague por estudiar”; “Trabajo que me ayude a mí y a mi familia”; “Preciso las cosas para estudiar y alguien que me cuide a la bebé”.

Las causas del problema

“Las carencias económicas de los hogares implican un círculo vicioso en el que al abandono de los estudios le sigue una temprana inserción al mercado laboral de la precariedad y los bajos salarios, condición de la cual no es posible salir en el futuro por el escaso avance logrado en el ámbito educativo”, señala el autor. En este sentido, la primera conclusión de su estudio es que tres de cada cuatro menores privados de libertad provienen de barrios maltratados en los que se acumulan profundas carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas (NBI), vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos.

Muchos de estos barrios fueron afectados por los procesos de desindustrialización que se derivaron de la ola de reformas de corte neoliberal que se llevaron a cabo en los años 80 y 90, una vez que la dictadura militar había deshecho las fórmulas tradicionales de organización de los trabajadores. Hasta ese momento, Uruguay tuvo un sector industrial vinculado a la sustitución de importaciones muy fuerte, que contaba con subvenciones del Estado y garantizaba fuentes de trabajo estables. “Esto generaba una cultura obrera ligada a los sindicatos, que no eran simplemente un lugar de demanda salarial, sino que eran instituciones de las que se derivaba todo un mecanismo de sociabilidad e interrelacionamiento, toda una cultura del trabajo muy vinculada a la industria”, explicó el autor en diálogo con este medio.

Con la llegada de las reformas neoliberales y el desmantelamiento de este tejido industrial, llegaron trabajos cada vez más precarios, la acentuación de las desigualdades sociales y el pronunciamiento de los valores individualistas que rigen nuestra sociedad actual. “Hay lugares de Montevideo que han sido prácticamente abandonados, donde había una gran cantidad de fábricas textiles que ahora son depósitos de autos nuevos; Camino Maldonado, la Aguada, La Teja, los frigoríficos, la compañía Bão. Así, toda esa red de relaciones, de apoyos y de solidaridades gestada alrededor de las fábricas empezó a desfallecer”, señaló Morás.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define “trabajo decente” como “trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, así como en la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres”.

Los indicadores laborales actuales muestran la distancia abismal que existe entre la realidad del mercado de trabajo para los jóvenes y este ideal: precariedad, alto nivel de desempleo, bajos niveles de ingreso percibidos, trabajo informal.

El empleo en una sociedad basada en la sobreproducción y el consumismo no es únicamente un sustento; es también una identidad que forja la autopercepción y la autoestima de los individuos. La transición al mundo adulto culmina cuando el individuo consigue un mínimo de identidad y autonomía socioeconómica. Hoy el proceso de transición a la vida adulta se ve bloqueado en muchas de sus fases debido fundamentalmente a la precariedad laboral y la pérdida de derechos; esto se pronuncia especialmente en los segmentos sociales más desfavorecidos. Así, una educación pública deficiente, que hoy no garantiza una mejor integración en el mundo laboral, sumada a fuentes de trabajo informales y con bajos salarios, impiden que los jóvenes de bajos recursos puedan seguir trayectorias de transición a la vida adulta aceptables. “Antes, el sinsentido de la escuela llevaba al trabajo. Hoy el sinsentido del trabajo lleva a la migración, la evasión y la criminalidad. Todas ellas, formas diferentes de una situación común de exclusión”, expresa Morás.

Las cifras de organizaciones internacionales demuestran que los jóvenes latinoamericanos tienen serias dificultades para acceder a un “empleo decente” aun atravesando ciclos económicos expansivos en países gobernados por gobiernos progresistas. Eso influye de forma determinante en el desarrollo de la personalidad de los individuos en su transición a la vida adulta. Aquellos que experimentan un bloqueo en esta transición experimentan un proceso de degradación de su persona que va más allá de lo económico, manifestándose en descalificación personal e imposibilidad de construir una identidad.

Jóvenes, violencia y drogas

El trabajo de Morás matiza otro mito común que asocia a la delincuencia con el consumo excesivo de drogas. “No son todos consumidores de drogas y mucho menos en un grado problemático”, explica el sociólogo. Del total de individuos estudiados, 17 por ciento no consumía ningún tipo de sustancia, 31 por ciento consumía de forma ocasional o con frecuencia (pero no en un grado problemático) y 52 por ciento sí lo hacía en forma problemática. No obstante, Morás especifica que “siempre que había consumo problemático, existía antes una serie de situaciones familiares, de episodios de violencia y de instancias que habían llevado a ese consumo problemático”. Por ello, “muchas veces se ve la rapiña asociada al consumo de drogas, pero la línea causal de la problemática empieza bastante antes”, explicó.

Asimismo otro mito usualmente atribuido a la delincuencia juvenil es el crecimiento de la violencia en sus acciones delictivas: “Los ‘pibes chorros’ son cada vez más violentos”. Este tópico tampoco es avalado por los datos recabados por el autor, ya que 80 por ciento de intervenciones de la Justicia sobre menores se realiza por delitos contra la propiedad. Los delitos que manifiestan importantes grados de violencia, como el homicidio, el copamiento o la violación, son una pequeña proporción del total. Además, entre 2009 y 2013 los procesamientos de jóvenes por rapiña descendieron 15 por ciento y por homicidio, 12 por ciento. En el segundo caso, de 65 adolescentes internados por este delito, 46 involucran a mayores de 18 años, los cuales desde hace años se encontraban bajo medidas de privación de libertad.

Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/mitos-falacias-los-pibes-chorros/

latinoamerica …

El momento latinoamericano

escribe: José Bell Lara / Rebelión

Aunque no nos guste, parece que hay un péndulo en las tendencias políticas de América latina; a poco más de una década de un ciclo de gobiernos de corte popular, el imperio y la derecha han realizado un contraataque, que, hasta ahora, le ha resultado favorable.
Hay que tener claro que estos gobiernos no eran consecuentemente antineoliberales, significaron un retorno del Estado a la economía con medidas de beneficio popular. No tocaron el gran poder de la oligarquía, se apoyaron en un ciclo de altos precios de los productos primarios y limitaron la movilización popular, sus políticas sociales tuvieron tendencias clientelistas.

Cuando tocaron algún resorte del poder oligárquico imperial, retrocedieron o no pudieron avanzar (los impedimentos por parte del Poder Judicial para aplicar la Ley de Medios en Argentina y la movilización de los exportadores de soya que lograron incorporar a los trabajadores contra el impuesto a las exportaciones, son ejemplo de ello).

La ruptura de las mallas de la dependencia no pasó de la intención, hay que tener en cuenta que el sistema de relaciones económicas internacionales ha recibido modificaciones que benefician aún más a los países del centro capitalista.

Además el imperialismo ha perfeccionados métodos para cooptar – utilizar sectores de la sociedad que impidan el cambio, tal es el caso del Poder Judicial, mayoritariamente conservador.

No se puede obviar el papel de los grandes medios de difusión y de la industria del entretenimiento en crear matrices de opinión. Los primeros llegan a jugar el papel de partidos políticos en determinadas coyunturas.

Otro de los instrumentos es la mercantilización de la política, no solo el financiamiento por parte de grandes empresas de candidatos a cargos públicos, también la corrupción de funcionarios y políticos. El objetivo es el desencanto de la política que se expresa en la desmovilización social y el abstencionismo electoral.

Pienso que la corrupción es una piedra de toque. Cuando se descubre la corrupción de un personaje de la derecha, es apenas una noticia que no tarda en desaparecer, cuando es de un personaje de la izquierda se amplifica extraordinariamente. La resultante es que de forma larvada o abiertamente se va creando el fenómeno del desencanto de la política: ¿Para qué votar si todos son iguales? En la raíz del abstencionismo que presentan los procesos electorales en el continente se encuentra este elemento.

Personalmente creo que es la hora de que la lucha contra la corrupción sea una bandera de la izquierda, tanto al interior de sus integrantes, como de toda la sociedad. Hay muchas reservas morales en el pueblo que acompañarían esta campaña. Quizás sea hora de desenterrar la consigna: Vergüenza contra dinero.

Estas son algunas ideas sobre el momento continental.

José Bell Lara es doctor en Ciencias Filosóficas. Licenciado en Sociología. Máster en desarrollo social caribeño. Profesor titular y profesor consultante de la Universidad de la Habana.

uruguay; bonomi y la seguridad

La continuidad de Bonomi

escribe: Esteban Valenti / Bitacora

Hay episodios que resumen grandes temas políticos nacionales. El asesinato en Carrasco norte de un vecino que salió a defender a una amiga la que estaban rapiñando, desató reacciones políticas que sintetizan muchas cosas.

Primero sintetizan que el crimen y las muertes también dividen y diferencian a nuestra sociedad. En determinadas zonas, la gente, la prensa, las propias instituciones del Estado reaccionan de una determinada manera ante un asesinato de un ciudadano. Y eso es exactamente lo que debería pasar por igual en todo el país.

No sucede así, del otro lado de la fosa de la marginación, de la miseria y de las zonas críticas de nuestra capital y de varias ciudades, los muertos se han hecho frecuentes y hay un peligroso acostumbramiento. Basta decir que fue un ajuste de cuentas, para enterrar muchos casos en el olvido y en la indiferencia de la sociedad y de los medios.

Para que la vida humana se banalice y los asesinatos se integren a la vida cotidiana de una sociedad, además de estas condiciones sociales y culturales, hace falta que una pequeña pero, activa parte de la población esté dispuesta a cometer los crímenes, a matar o a matar o morir.

La muerte de Heriberto Prati desató el temor, la bronca y las reacciones y movilizaciones en Carrasco norte y de parte del mundo político. El senador Pedro Bordaberry en sus declaraciones solicitando una interpelación al ministro Eduardo Bonomi, dijo que iría hasta las últimas consecuencias, incluyendo la solicitud de convocatoria a elecciones anticipadas, por lo tanto, la disolución de las cámaras.

Más allá que la propuesta de Bordaberry no tiene el menor respaldo político y mucho menos constitucional, pues no cuenta con los votos mínimos para una definición de ese tipo, muestra una mentalidad peligrosa, la de los atajos institucionales al borde de la legalidad. Era simplemente una provocación, una balandronada, pero despertó iras y centellas de muchos legisladores del FA y de otros sectores.

Para alguien que conoce perfectamente la Constitución, que la ha citado y meneado muchas veces no existe la mínima posibilidad que sea un descuido del senador colorado o un resbalón, fue una movida provocativa, radical y ultra para nuevamente de apropiarse del tema de la inseguridad y concentrarlo en la remoción de Bonomi.

El senador colorado debería haber aprendido que el tema de la seguridad puede ser muy importante en un enfoque de derecha, pero no necesariamente se transforma en votos. Su sector y él personalmente lideraron la recolección de firmas para el referéndum sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores delincuentes y sin embargo el Partido Colorado obtuvo un muy mal resultado electoral en el año 2014.

En este caso fue una movida para diferenciarse, para provocar las reacciones del Frente Amplio y para abrazarse a la bandera de la inseguridad. Las respuestas de rechazo fueron bastante más amplias.

Lo que importa es que el mundo político asuma los temas con propiedad y con inteligencia de acuerdo a lo que requieren las circunstancias.

El pedido de la renuncia o remoción del ministro Bonomi pasó rápidamente a un segundo plano y en la picota quedó expuesta la posición de Bordaberry. Cada uno hará sus evaluaciones.

Los dos partidos tradicionales tienen incorporado un reflejo condicionado que desempolvan cada vez que un tema de inseguridad impacta en la sociedad uruguaya: pedir la salida de Bonomi.

No voy a realizar nuevamente un balance y aportar mi visión sobre la inseguridad y los cambios que ha incorporado a la convivencia social y a las sensaciones en que vive nuestra gente, lo hice varias veces tratando de darle un abordaje general, o mejor dicho integral, desde las causas, la pervivencia de una fractura social donde 300.000 uruguayos todavía viven en la pobreza, en particular a nivel de los menores de 25 años. Lo cierto es que sigue siendo el tema de la inseguridad ocupa la primera preocupación de los uruguayos y no hay motivos para que cambie esta percepción.

Hay más policías (tenemos la proporción más alta de América Latina 876 policías cada 100.000 habitantes, también es la más alta del mundo), más cámaras de vigilancia y sofisticado software, más comunicaciones, más tecnología, más patrullaje, más y mejores cárceles y los resultados vienen en cuentagotas.

uruguay y el delito

La caldera del diablo

 

escribe: Dari Mendiondo

 

Describen los libros de historia que el vulgar Barrabás, un simple ladrón, repudiado por los comerciantes del Medio Oriente fue hecho prisionero y condenado a muerte por los romanos de entonces, dominadores absolutos del mundo.

Trascendió a la historia dicho personaje porque Poncio Pilatos, el gobernador romano sometió a votación del pueblo la crucifixión de dos condenados, Jesús de Nazareth, que había sido expulsado del templo por los sacerdotes que lo consideraban hereje y un predicador subversivo que negaban los dioses romanos y presumía de ser hijo de un Dios único, y Barrabás. Hete aquí, que en la votación fue absuelto Barrabás y marchó a la muerte el ahora considerado hijo de Dios y máxima expresión de la religión cristiana. Conclusión, los pueblos también se equivocan. Viene el caso recordar que la historia de la humanidad está plagada de actos delictivos, robos, sustracción de lo ajeno, usurpación de poderes.

Para poner orden en la civilización antigua, los romanos establecieron el Código Romano. Luego en el siglo XVIII vino la revolución Francesa y con ella el Código Napoleónico.

Hubo pues evolución en generar leyes de respeto y deberes. Pese a ello convendría leer a Shakespeare donde describe sociedades que se desarrollan en los crímenes, en la lucha por el poder, en nombre de la religión o de la herencia.

La historia nos abruma de engaños, traiciones y delitos cometidos y realizados por los hombres, también por las naciones que invocando derechos nacionales o simplemente afán de dominación han sometido pueblos, países y continentes.

Jean Jaques y Rousseau escribió que la culpa la tuvo el hombre primitivo que vivía en comunidad cuando uno de ellos se desplegó del clan y dijo “ese pedazo de tierra es mío” y en ese momento ninguno le pegó con un palo en la cabeza, el origen de la propiedad ha tenido como inspiración la fuerza, la fuerza de los hechos y luego consolidado por la fuerza de la ley.

Escribiendo sobre despojos, está instalado en la sociedad uruguaya lo escrito por Martínez Arboleya en un libro cuyo título es “Ramón Pardias” en cuya introducción el autor se encarga de decir lo siguiente: “Quien se sintiera aludido por lo aquí escrito que recurra al imperio de la ley”, cosa que no se produjo. Lo que sí hubo fue una requisa masiva del libro en las librerías montevideanas por la Policía, participando personalmente el general Ballestrino. Esto sucedió en el gobierno de Juan María Bordaberry, luego del golpe de Estado, sin que hubiese habido decreto o resolución sobre dicha requisa.

El libro expone las vicisitudes de un personaje de las letras uruguayas – Carlos Reyles- quien murió en la indigencia en un apartamento del Palacio Díaz, luego de haber sido despojado de sus cuantiosos bienes por el antiguo mayordomo de la estancia y luego administrador de su padre que, ¡oh casualidad!, según sugiere el libro, hay paralelismo con el padre de Domingo Bordaberry que fue mayordomo de estancia y administrador de bienes, es decir el bisabuelo del actual senador Pedro Bordaberry.

La venalidad históricamente está instalada en la sociedad uruguaya y no precisamente en los asentamientos, sino en las alturas donde se calza galera y se usa guantes blancos, la crisis bancaria de 2002 lo demostró con creces.

Los Peirano, después de 14 años, la Justicia últimamente los ha condenado a resarcir a la sociedad uruguaya de millones de dólares.

Bertold Brecht, afirmó: “No sé quién es más ladrón si el que roba un banco o el dueño de un banco”.

No realizo apología de robos sociales o de la expropiación de los “expropiadores”, el que comete el delito y viola las leyes debe ser detenido, procesado, condenado y recluido.

Al escribir esto no me siento feliz, sé lo que es estar “en cana”; estuve desde 1975 a 1985 en prisión custodiado por el Ejército en celdas con 45 minutos de recreo por día. Aún así no tengo complejos, ni complicidades sicológicas con el delito ni los delincuentes. Fui preso político y pagué por serlo.

No me mueven odios ni espíritu de revancha, creo sí en la verdad y en la Justicia y repudio los pactos de impunidad y me duele que el pueblo cuando se pronuncia a veces se equivoca como cuando la Ley de Impunidad, pero no reniego del pueblo, por el contrario trato de aproximarme más a la gente, de esa gente que cuando tuvo que votar en 1980 no se equivocó.

No hay verdades absolutas, las hay relativas.

Por eso no justifico la Justicia por mano propia, puedo si entender la reacciones humanas ante la injustica y el destrato, está demás decirlo condeno la política sin principios de quienes transforman en banderas políticas la muerte de inocentes caídos tras actos criminales, creo en la democracia y ella será más fuerte en la medida que el pueblo se conduzca por el camino del raciocinio y no la “manija” irresponsable de los inescrupulosos de la politiquería sin principios.

Graciela Bianchi, derechista de ley

El debate educativo en las cloacas del agravio

 

escribe: Hugo Acevedo / Analista

 

La purulenta andanada de diatribas proferida por la diputada nacionalista Graciela Bianchi durante la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, abrió un nuevo frente de confrontación entre el gobierno y la oposición.

Fiel a su estilo pendenciero, la parlamentaria la acometió con gruesos epítetos contra la Secretaria de Estado y contra el propio presidente del Codicen, Wilson Netto, demostrando una total falta de respeto a las investiduras, de sensibilidad y de tacto político.

En referencia a Muñoz, la miembro interpelante afirmó que cree tener “patente de corso”. Simultáneamente, acusó a Netto de ser un “mediocre profesor de Física que llegó a su cargo por viveza criolla”.

Masticando rabia biliar como es habitual en ella, la legisladora denostó a diestra y siniestra, en una suerte de guerra privada contra el Frente Amplio que poca o ninguna relación tiene con la calidad de la educación que se imparte en las aulas.

Evidentemente, sigue exhibiendo un discurso de estrado como si estuviera en campaña electoral, como sucedía cuando aun era directora del Liceo “Francisco Bauzá”.

Por entonces, se despachó a gusto y, no satisfecha con criticar las políticas educativas, agravió con total impunidad a las autoridades de la época, usufructuando la libertad que otorgan los gobiernos frenteamplistas y transformándose en una auténtica vedette para los medios de prensa, más reaccionarios y pro-golpistas.

Si asumía esa actitud durante un gobierno de derecha seguramente hubiera sido sumariada y eventualmente destituida, como sucedió con algunos docentes perseguidos por su militancia gremial en plena democracia.

Aunque algunos de los cuestionamientos formulados a la gestión educativa puedan ser procedentes, es evidente que el talante de su discurso es absolutamente destemplado.

Por supuesto, reiteró su visceral aversión por los sindicatos y la representación docente en los Consejos de Educación y su tajante rechazo a la negociación colectiva en el sector inaugurada durante los gobiernos del Frente Amplio. Naturalmente, esa postura es acorde a la idiosincrasia de su partido, que históricamente ha sido radicalmente anti-obrero y, por supuesto, pro-oligárquico.

También fustigó ácidamente la creación de cargos de confianza, pese a que ella misma ocupó uno durante cinco años en el primer gobierno progresista. Realmente, no la recordamos denunciando problemas en la educación durante ese lapso.

El desiderátum en materia de dislates lo perpetró cuando afirmó representar con su Partido Nacional a la mitad de los votantes. O tiene mala memoria o bien carece de conocimientos elementales de aritmética, ya que su fuerza política concitó sólo un 31% de las adhesiones en la primera vuelta de las elecciones de 2014, lo cual equivale a menos de un tercio de las voluntades expresadas en las urnas.

Luego, en el balotaje, el candidato Luis Lacalle Pou logró sumar una buena proporción de los votos colorados, aunque esa alianza no fue suficiente para evitar perder los comicios por demolición.

Bianchi -que pudo desarrollar su intervención gracias a la presencia de diputados del Frente Amplio que sostuvieron el quórum, porque los de su propia bancada abandonaron la sala cansados de tanta monserga- tuvo también el tupé de reivindicar la educación de hace cincuenta años, cuando no más de tres o cuatro de cada diez adolescentes de la clase media accedían a las aulas liceales y el resto era derivado hacia la Universidad del Trabajo del Uruguay que, a diferencia de lo que sucede en el presente, era una mera escuela de oficios que únicamente preparaba a los alumnos para ingresar al mercado laboral.

Para expulsarlos literalmente de los espacios educativos bastaba que los chicos tuvieran la tez oscura, procedieran de hogares humildes o fueran algo conflictivos.

Por eso, las evaluaciones de desempeño -que por entonces eran virtualmente inexistentes- siempre resultaban positivas y las tasas de promoción eran sustantivamente mejores que en el presente.

Con respecto a la supuesta calidad educativa en los últimos gobiernos de derecha de post-dictadura, ese mito fue demolido ya en 1992 por un lapidario informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que denunciaba una situación paupérrima precisamente durante el gobierno de su Partido Nacional, encabezado por Luis Alberto Lacalle.

Por entonces, además de los presupuestos de inanición y de los salarios de indigencia que percibían los docentes y el personal administrativo, los ruinosos edificios se caían literalmente a pedazos.

Hoy, salvo excepciones, los más de cien locales nuevos construidos en los últimos diez años ostentan una confortabilidad edilicia incluso superior a la de los colegios privados.

No satisfecha con tanto desatino profirió una reflexión aun más insostenible: “Tal vez antes de 2005 muchos niños comieron pasto, pero por lo menos aprendían más y mejor”.

Cuesta creer que una docente avale el hambre y la miseria, teniendo en cuenta que, según los especialistas, la desnutrición afecta severamente las funciones cognitivas y provoca grave retraso intelectual.

Como se recordará, durante la crisis que eclosionó en 2002 la tasa de desnutrición infantil en algunas regiones del denominado Uruguay profundo trepó a niveles similares a los del continente africano.

Bianchi, quien fue secretaria del extinto ex senador José Germán Araújo, se alió con la misma derecha infame que expulsó del Parlamento al recordado legislador frenteamplista en 1986, por haber denunciado la inmoralidad de la Ley de Impunidad que perdonó los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Si su Partido Nacional hubiera llegado al gobierno y ella ocupara la presidencia del Codicen como aspiraba, la educación seguramente retrocedía a los tiempos del pachecato, con huelga por tiempo indeterminado, represión y cursos paralelos incluidos.

la derecha en el uruguay

Las propuestas económicas de la oposición

 

escribe: Alberto Couriel analista

Estamos viviendo una coyuntura muy especial en Uruguay. El tema central de estos días es la seguridad, por la muerte de personas que intentaron defender a mujeres para que no fueran rapiñadas. El tema no es sencillo pero los medios de comunicación lo amplían y profundizan, porque uno de los muertos es de Carrasco y porque aprovechan para criticar al gobierno. Los principales dirigentes de la oposición, en permanente campaña electoral, no solo critican al gobierno, sino que ya se están imaginando el fin de los gobiernos frentistas. Sobre este tema la única propuesta que tienen es la mano dura, aumentar la represión. La experiencia muestra que este tipo de medidas, no solamente no mejora la situación, sino que inclusive la puede agravar.

La oposición ataca duramente al FA pero no tiene propuestas, ni para crecer económicamente, ni para mejorar la distribución del ingreso, ni para atender la pobreza. El Partido Colorado, que fue el partido del Estado, el partido del gobierno en la historia uruguaya, vive actualmente la crisis más profunda de su historia. Hay diversos reacomodamientos y le surgió una figura política que le puede complicar la vida, como es el caso de Novick, que le está quitando legisladores. El Partido Nacional, que viene bien en las encuestas aunque aún faltan 3 años para las próximas elecciones, muestra a Larrañaga que dice que se tienen que preparar programáticamente para la campaña electoral. En cambio, Lacalle Pou ya estaría en condiciones de competir, y ha pasado de la línea positiva de su anterior campaña electoral, a una posición de dura crítica y de constante enfrentamiento con el gobierno frentista. Representa al herrerismo aunque hace esfuerzos por diferenciarse de la ideología de su padre. ¿Cuál sería su propuesta económica para el crecimiento, el empleo, la inserción internacional, el déficit fiscal y la inflación?

Un punto de partida de las concepciones que se acercan a la derecha, lo constituye el papel del Estado. Para ellos debiera existir una mínima intervención del Estado para las actividades productivas. En cambio, habría una fuerte intervención estatal para enfrentar el déficit fiscal y la inflación. Parten de la base que todo lo que realiza el sector privado es virtuoso. Por lo tanto, para el crecimiento se requiere fuerte participación del sector privado y el libre juego del mercado. La realidad muestra que no siempre es virtuoso el accionar del sector privado y que el libre juego del mercado puede generar profundas crisis económicas. La crisis financiera de EEUU en 2008 mostró a un sector privado, especialmente financiero, especulativo y muy responsable de dicha crisis. Además, la propia influencia del sector privado llevó a las desregulaciones financieras, con mínima intervención del Estado, lo que también influyó claramente en la generación de la crisis. Pese a estas evidencias ellos se mantienen en la mínima intervención del Estado. Si no hay crecimiento se dificulta la generación de empleo y no vemos al Estado promoviendo actividades que puedan atender esta problemática, salvo algunas acciones a favor de las pymes.

En materia de inserción internacional son partidarios del libre comercio, que no existe en la realidad internacional, especialmente por acciones paraarancelarias y subsidios a los sectores agrícolas que realizan los países desarrollados. Apoyan los acuerdos comerciales que propugnan los países desarrollados, que limitaría las acciones del Estado y sólo podría facilitar la inserción basada exclusivamente en los recursos naturales. No niegan la integración económica regional, pero no defienden las enormes potencialidades del Mercosur, aunque en la actualidad pase por un momento crítico.

En materia de política macroeconómica de corto plazo, tendrían posiciones cercanas a las propuestas de las calificadoras de riesgo, que ponen como primera prioridad garantizar el pago de los servicios de la deuda externa. Por lo tanto, tendría prioridad eliminar el déficit fiscal, inclusive tener superávit primario (antes del pago de los intereses) para asegurar la atención a la deuda. Normalmente para enfrentar el déficit fiscal se llevan adelante fuertes ajustes fiscales centrados en una elevada caída del gasto público. Estos ajustes significan menores gastos públicos sociales, menores salarios y jubilaciones y, en ocasiones, procesos de privatizaciones. Es lo que se vive actualmente en la Unión Europea, salvo Alemania, y especialmente en el caso de Grecia, devastada económicamente por dichos ajustes.

Estos ajustes profundos se utilizan también para enfrentar la inflación, con políticas de restricción monetaria para limitar el crédito, baja de salarios y enfrentando el déficit fiscal. El mundo desarrollado nos muestra que tuvieron elevados déficits fiscales sin inflación. También nos muestra la expansión monetaria de estos años, especialmente en EEUU, que tampoco genera inflación. Es que las causas de la inflación pueden ser diversas. Los organismos financieros internacionales parten que hay inflación de demanda, originada por la propia expansión monetaria, que hoy la realidad desmiente. En el caso del Uruguay es más relevante la inflación de costos, que originan los precios internacionales, el tipo de cambio, impuestos, tarifas, intereses y salarios.

En esencia, los partidos tradicionales no tienen ejemplos en el exterior, para sus propuestas económicas. Seguramente realizarían profundos ajustes económicos, como ya realizaron en el pasado, intentarían privatizar empresas públicas, como también lo intentaron en el pasado, y generarían más desocupación, más pobreza y más conflictos sociales. Por ello es imprescindible un nuevo triunfo del FA en 2019, para continuar con el proceso de transformaciones que nos permitan seguir avanzando hacia la igualdad y la justicia social.

 

uruguay … riqueza

Investigación revela altísima concentración de la riqueza

escribe: Andrés Alsina / semanario Brecha

Al menos la cuarta parte de la riqueza en poder de hogares de Uruguay pertenece a 25 mil personas, el 1 por ciento de la población. De ellas, 2.500 personas de 20 y más años (el 0,1 por ciento) tienen 13,69 por ciento del total, lo que equivale a por lo menos 12.300 millones de dólares. “Hablar de la riqueza y de su concentración refiere en verdad a la concentración del poder”, dice Mauricio de Rosa, autor de esta investigación.
La mitad de los habitantes de Uruguay no es poseedor de riqueza. Un 40 por ciento (un millón de personas) tiene el 38 por ciento de la riqueza, y un 9 por ciento tiene el 36 por ciento. El total de la riqueza es estimado en forma conservadora en 90.000 millones de dólares.

Esta fuerte concentración de la riqueza es demostrada por la tesis de maestría de Mauricio de Rosa, presentada la semana pasada en las VIII Jornadas de la Red sobre Desigualdad y Pobreza de América Latina y el Caribe (Capítulo de Uruguay) realizado en la Facultad de Economía (Udelar). Su título es “La distribución de la riqueza en Uruguay. Una aproximación por el método de capitalización” y constituye una novedad en un tema que el mundo académico llevaba décadas sin encarar en forma sistemática. Mejores fuentes de información y mejores métodos de trabajo abrieron esta puerta para una investigación que insumió casi dos años.

La tesis fue tutorada por la economista Andrea Vigorito, del equipo del Instituto de Economía, y forma parte de las líneas de investigación de éste. El aporte fue definido como el puntapié inicial de un trabajo de mayor aliento sobre la riqueza y su distribución.

El trabajo señala que los antecedentes en la materia son escasos, y destaca el de 1987 de Stolovich, Rodríguez y Bértola, en el que se estudian los grupos de poder económico asociados a la posesión de capital. Ellos sostuvieron, examinando la situación en 1980, que la fuerza hegemónica de la economía uruguaya, asociada a lo que denominan “gran capital”, se encontraba concentrada en algunas decenas de grupos familiares y un acotado número de unidades productivas privadas. Ellas representaban el 59,1 por ciento del valor agregado industrial, el 40 por ciento del valor apropiado por el comercio mayorista, el 12,5 por ciento de las tierras productivas y el 79,1 por ciento del valor de las exportaciones.

En entrevista con Brecha, De Rosa señaló que se sabía sobre la evolución de la desigualdad de ingresos (en particular de 1986 en adelante) mas no de la riqueza: “El índice Gini de de­sigualdad en los ingresos se mantiene más o menos estable luego de la dictadura y en los noventa trepa en el período de crecimiento económico, sigue creciendo cuando la economía se estanca y continúa creciendo cuando la economía entra en crisis. O sea, crece sistemáticamente hasta bien entrada la década del 2000. Con el gobierno del FA, a partir de 2005 y hasta 2007, la distribución de ingresos mantiene la desigualdad que traía, con una moderada tendencia al alza, hasta que entran en juego una serie de reformas: fundamentalmente la transformación del régimen de asignaciones familiares, que actúa sobre la parte baja de la distribución, mientras el Irpf actúa sobre la alta. Esto sumado a los consejos de salarios y el incremento del empleo, que elevan fuertemente la masa salarial de los trabajadores, provoca una brusca caída de la desigualdad, en el entorno de unos 6 puntos del Gini desde 2008 a 2012 [el año estudiado por su tesis]. Es una de las caídas más importantes de América Latina, sobre todo porque ocurre en un período muy corto de tiempo y partiendo de niveles ya bajos. Recordemos que Uruguay se ha caracterizado por tener una de las desigualdades de ingresos más bajas del continente. Después de 2012 este proceso se detiene y queda estable desde entonces”. Pero en materia de riqueza, la de esta tesis “es la primera foto, es de 2012, y da cuenta de una de­sigualdad muy marcada”.

Su trabajo hace una estimación de la distribución de la riqueza en Uruguay en ese año “por medio del método de capitalización, con énfasis en la participación de los fractiles superiores en la riqueza total”. A los efectos, trabaja sobre tres grandes categorías: las riquezas de tipo empresarial, financiera e inmobiliaria. El autor propone que el resultado “realice un aporte al estudio de la distribución de la riqueza en países en desarrollo, para los que existen muy pocos antecedentes, al tiempo que contribuya al debate público sobre la distribución de la riqueza y el ingreso”.

El método de capitalización consiste, según su definición, “en calcular el stock de riqueza subyacente [en tanto no se observa] de cada individuo a partir de los ingresos provenientes de ésta percibidos, empleando para realizar este cálculo un factor de capitalización para cada categoría de riqueza”. A los efectos, define riqueza como “el conjunto de activos menos las deudas, incluyendo el conjunto de bienes inmobiliarios, las propiedades de las empresas y las colocaciones financieras”.

Un aspecto importante de esta fuerte concentración de la riqueza es que con el mero transcurrir del tiempo los ricos serán más ricos. “Si el retorno del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, entonces el capital va a tender a tener una mayor participación en el producto conforme pasa el tiempo. En la medida que este capital se encuentra muy concentrado, esta tendencia empeora a su vez la distribución de la riqueza y por su intermedio la del ingreso”, dice su tesis.

Y también “si individuos más ricos tienen acceso a más y mejor información o tienen mayores posibilidades de eludir impuestos, entonces los retornos del capital estarían positivamente correlacionados con el nivel de riqueza. Si esto efectivamente ocurre, a los individuos más ricos se les estaría aplicando un factor de capitalización más alto del que les correspondería, sucediendo lo opuesto para los menos ricos”.

La clave radica en que “la riqueza es importante más allá de su rol en tanto proveedora de ingresos”. La riqueza es poder, según sostenía ya Adam Smith (a quien cita) en el siglo XVIII, apoyándose en Thomas Hobbes, del siglo XVI.

A continuación, un resumen del diálogo de De Rosa con Brecha:

—La concentración de la riqueza implica poder, dice la tesis. ¿Qué poder?

—El poder económico en primer lugar, en tanto poder sobre los procesos productivos. Una de las decisiones más importantes de una sociedad es cómo invertir sus recursos, y el poder sobre los procesos productivos significa poder incidir en las características de esa inversión. Qué producir, cómo producir y para quién producir.

—¿Implica influenciar el poder político?

—Implica tener más margen de maniobra individual que el resto de la población para ensayar actividades económicas como le plazca. Y en particular implica poder de influencia política. O sea, es una riqueza para influenciar el proceso productivo y para influenciar las políticas.

—La relación del poder de la riqueza con su capacidad de influir en el proceso político no debe de estar estudiada.

—No en Uruguay y en particular no desde la economía como disciplina, sobre todo porque los mecanismos son difusos. La forma del poder de actuar es a través del lobby, por medio del financiamiento de partidos políticos y otros mecanismos. Quiero establecer con claridad que esto de la riqueza como poder es parte de la fundamentación del estudio de la riqueza, pues yo sé que hablar de la riqueza y de la concentración de la riqueza refiere en verdad a la concentración del poder. Pero yo no estudio ni los mecanismos mediante los cuales esto opera ni ningún proceso de esa naturaleza.

—¿Influencia ese poder económico al Estado?

—Y sí. El Estado, que se relaciona dinámicamente con el sector privado y en particular con las unidades productivas, se está relacionando con un conjunto acotado de personas, que en el caso del 0,1 por ciento no supera las 2.500. Es un conjunto muy acotado que tiene una gran capacidad de coordinación interna, que evidentemente pueden articular entre ellos y con el Estado. Y pueden coordinar o presionar a la administración pública, por supuesto.

La riqueza inmobiliaria es dominante por cuantiosa, el 85 por ciento del total de la riqueza, y es también la mejor distribuida, y la empresarial y la financiera se reparten en partes iguales el restante 15 por ciento. Lo interesante es que para el 99,9 por ciento de la población, si tienen riqueza, es básicamente inmobiliaria. Es recién en el 0,1 por ciento restante donde irrumpen violentamente, por altamente concentradas, las riquezas empresarial y financiera, con la riqueza inmobiliaria bajando en este último fractil al 35 por ciento. Esta fuerte concentración de las riquezas empresarial y financiera hacen que, a pesar de representar relativamente poco de la riqueza total, expliquen más de tres cuartas partes de la desigualdad observada. Recordemos que las 2.500 personas que integran el 0,1 por ciento más rico controlan más de la mitad de la riqueza financiera y casi el 80 por ciento de la empresarial.

—Esto actúa sobre los procesos productivos.

—Sobre todo lo empresarial, porque lo financiero refleja básicamente depósitos bancarios, por ejemplo, que tienen poca influencia. En cambio, el empresario define inversión, distribución de utilidades, contratación de personal, cambios tecnológicos, etcétera.

—Esta concentración es un desafío para un gobierno electo con el compromiso programático de luchar contra la desigualdad y también para el resto del sistema político.

—Ciertamente. El desafío es enorme. Incluso el de bajar la desigualdad en los ingresos es grande. La historia y la experiencia han demostrado, en Uruguay y en el mundo, que con políticas públicas se puede bajar la de­sigualdad. La riqueza es un poco más… terca, pero igual se puede disminuir. Insisto: de esto se ha hablado muy poco. Ahora sabemos un poco más, pero todavía nos falta saber mucho. Estos números dan cuenta de que algo muy grande está pasando, que la riqueza está realmente muy concentrada y que desde el punto de vista de las políticas públicas sería interesante atacarlo de frente.

—¿De frente?

—Esto que aporta el trabajo es una novedad para el campo político. Y en particular para sus integrantes que busquen disminuir las desigualdades, pues el problema tal vez sea más grande del que se suponía.

Ojalá tome nota la clase política de este tipo de números, que son importantes. Y lo son para la deliberación pública y para discusión de la ciudadanía; para la acción política, en el sentido más amplio y lindo del término. Desde la ciencia lo que podemos hacer, en el mejor de los casos, es aportar insumos para una discusión que en realidad no es técnica sino política pues refiere a la ciudadanía y a la forma en que la sociedad decida encarar este tema. El asunto al final del día es que la riqueza está muy concentrada, en particular aquellas formas de riqueza más directamente asociadas con el poder económico y político, y esto genera problemas muy grandes y es sin duda un desafío para la política pública.

panamá papper´s

Stiglitz: »el rey está desnudo»

escribe: Olmedo Beluche (*)

El afamado economista norteamericano, Joseph E. Stiglitz, y el abogado especialista en delitos financieros suizo, Mark Pieth, han sido declarados enemigos públicos por el gobierno panameño y la clase capitalista criolla. Los insultos contra ambos no cesan en los medios de comunicación.

A Stiglitz particularmente lo han acusado desde dictadorzuelo, a comunista, pasando por agente del imperialismo yanqui. Y pensar que hace unos meses, los dos fueron invitados del presidente Juan C. Varela para integrar una comisión que debería lavar la cara del país ante el escándalo de los »Panamá papers».

Recordemos que en abril de este año un grupo de medios de comunicación, agrupados en el llamado Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, hicieron pública una enorme cantidad de información filtrada al bufete de abogados panameños Mossack – Fonseca, en la que aparecían importantes personalidades mundiales relacionadas con sociedades anónimas creadas por esta empresa para esconder en diversos paraísos fiscales fortunas no declaradas. Conviene recordar que el Sr. Fonseca a ese momento era asesor personal de Varela y presidente del Partido Panameñista.

Frente al enorme escándalo que se armó, entre cuyas consecuencias estuvo la amenaza directa del gobierno francés de colocar a Panamá en la lista de »paraísos fiscales» por incumplir diversos acuerdos en ese tema, el gobierno de Varela creó una comisión que debía asesorar a Panamá respecto a cómo resolver el problema. Para dar prestigio a su comisión el gobierno panameño invitó a Stiglitz y Pieth, a quienes juntó con »especialistas» panameños como Alberto Alemán Zubieta (Banco General) y Nicolás Ardito Barletta, entre otros.

Y se juntó el agua con el aceite, pues Stiglitz se ha hecho famoso por sus posturas antineoliberales y por fomentar el control público sobre el sector financiero, y Pieth por denunciar los negocios ilícitos que se esconden detrás de la banca, con dos panameños que son creadores y beneficiarios del Centro Bancario y su forma de negocios, entre ellos, la creación de sociedades anónimas y el secreto bancario.

Stiglitz ha dicho (»Why we left the Panama Comission») que él aceptó ser parte de la comisión ante el compromiso del gobierno panameño seguir las recomendaciones para hacer transparente el sistema financiero, y que él como Pieth, solicitaron que se hiciera público el informe de esta comisión (en el que al parecer queda en evidencia algunas prácticas no muy santas). Si lo que se buscaba era transparencia, lo lógico era que la comisión fuera transparente y publicara el informe, a lo que se ha negado el gobierno panameño, ha dicho Stiglitz.

Stiglitz, como el niño del cuento »El rey va desnudo», no ha dicho nada que no se sepa en Panamá y en el mundo. El sistema panameño fue creado para que sirviera de paraíso fiscal, es decir, de lugar donde esconder desde evasiones fiscales a »fortunas mal habidas». Eso es así desde que Pablo Escobar se escondía por aquí cuando la ley lo buscaba en Colombia.

El problema para Varela, los banqueros y grandes bufetes panameños es si van a seguir con ese modelo de »negocios» o van a cambiar. Hasta ahora se resisten al cambio. Por ejemplo, del escándalo de los »Panama papers» lo único que se investiga la procuraduría panameña es quién »hackeó» a Fonseca, no lo que el mundo quiere saber: quiénes esconden sus fortunas en esas sociedades anónimas.

De ese negocio se han hecho millonarios algunos abogados y banqueros, como Ramón Fonseca y otros que todos conocemos. Pero al pueblo panameño no le ha tocado nada de esa riqueza. Así que en su defensa que no apelen a falsos nacionalismos porque la evasión fiscal es una forma de robarle a los pueblos, incluyendo el nuestro.

(*) Periodista panameño.. (Alai Amlatina)

plan condor

Colocarán placa de la memoria en “chalet Susy” de Shangrilá donde la dictadura realizó falso operativo

El próximo 26 de octubre colocarán una placa de la memoria en el “chalet Susy” del balneario Shangrilá, donde hace 30 años la dictadura militar realizó un falso operativo de detención de presos políticos.

En el marco de lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de la Ley 18.596, el Ministerio de Educación y Cultura realizará la ceremonia de instalación de una placa señalizando el lugar conocido como “chalet Susy” que el 26 de octubre de 1976 ofició como puesta en escena de un operativo del Plan Cóndor para legalizar, ante la opinión pública, detenciones de uruguayos secuestrados en Argentina, por motivos políticos e ideológicos y trasladados en forma clandestina al país.

En tal sentido, se colocarán placas recordatorias en memoria del secuestro y detención de las víctimas de Automotoras Orletti en el “chalet Susy”.

Organiza la Comisión Memorias de la Costa y cuenta con el apoyo de la Intendencia y la Junta Departamental de Canelones, la Comisión Espacial de la ley 18.598 y el Municipio Canario de Ciudad de la Costa.

El acto será el domingo 23 de octubre a la hora 11 en la avenida de las Américas esquina Santa Bernardita en Ciudad de la Costa, Canelones.

Los hechos

En el marco del denominado “Plan Cóndor” de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, de mediados de los años 70, un grupo de prisioneros políticos que se encontraba en el centro de detención clandestino Automotores Orletti de Buenos Aires, fue trasladado hacia Montevideo, en el primer vuelo de la muerte.

Los prisioneros llegaron a la Base Militar N°1, pasaron por la casona de Punta Gorda ­conocida como el “infierno chico”­, las dependencia del Servicio de Información y Defensa del Ejército, hasta llegar al “chalet Susy”, situado a veinte kilómetros de Montevideo.

En el chalet, el gobierno de facto había montado un escenario terrorista con armas, panfletos y hasta túneles para hacer creer a la población que “los grupos subversivos” seguían latentes.

Los mismos prisioneros que fueron depositados en el chalet fueron “capturados” por las fuerzas del orden, en medio de una exposición mediática. Asimismo, el operativo sirvió de excusa para que los Estados Unidos mantuvieran la contribución financiera que realizaban a la dictadura para la lucha contra la sedición.