Archivo para 30 junio 2017

30
Jun
17

corrupción …

Honestidad, legitimación e institucionalidad

escribe: Emilio Cafassi Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, cafassi@sociales.uba.ar

No hace mucho, un amigo europeo relacionaba la corrupción en América Latina con el comercio internacional en una discusión informal. Le respondí que no descartaba que en ese rubro hubiera focos de corrupción. De hecho, en Argentina, hubo y posiblemente haya actualmente maniobras de evasión fiscal y especulativas por parte de los grandes grupos exportadores de commodities.

En ocasiones el propio Estado estimula y consiente la evasión y el dolo. Sin embargo, le recomendé que dirigiera la mirada con mayor detenimiento hacia la obra pública y los diversos contratos celebrados con los Estados por parte de empresas privadas. Las prácticas corruptas requieren como mínimo de tres condiciones de existencia: el poder corruptor del capital, la venalidad de los funcionarios y la opacidad en la toma de decisiones. Casi inmediatamente después comenzaron a salir a la luz las confesiones de los más altos directivos de la empresa constructora multinacional Odebrecht (de origen brasilero pero operando en buena parte de los países latinoamericanos) en el marco de la ofensiva judicial anticorrupción local conocida como “lava jato”.

Sería aventurado concluir que la justicia brasilera hubiera conquistado la independencia y la voluntad indispensables para llegar a investigar a fondo, procesar y condenar la ramificada corrupción de su país. Por el contrario, sospecho que aún se encuentra sometida a grandes presiones o inclusive participando de ella. La justicia también forma parte del Estado y es potencialmente corrompible. No obstante, cada paso que logre dar para desnudar la trama fraudulenta debería ser celebrado, quienquiera resulte víctima de sus pesquisas. Izquierdas y progresismos no pueden especular con la lucha anticorrupción según quien o quienes puedan resultar objeto de procesamiento, al menos sin autocondenarse éticamente, para desgastar finalmente su legitimidad a mediano plazo.

Justamente el esmerilado constante de la legitimidad de las alternativas al neoliberalismo, es la estrategia predilecta de las derechas y de los oligopolios mediáticos aliados para el acceso al poder, en virtud del carácter antipopular y decadente de sus recetas programáticas. Evitarlo es casi tan importante como implementar un programa redistributivo y de ampliación de derechos. La dinámica restauracionista y demoledora que viene extendiéndose por la región, no es ajena al problema que intento exponer, más allá de otras posibles falencias de los gobiernos progresistas.
Y no es casual que resisten esta oleada dos países cuyos presidentes sostuvieron que la política no es para el enriquecimiento personal: Bolivia y Uruguay. ¿Cómo sustentar, por ejemplo, la defensa de un gobierno que ha tomado indudables medidas populares como el anterior argentino, cuando su presidenta, dueña de un emporio inmobiliario y hotelero, tenía de inquilinos a los principales beneficiarios de concesiones en el negocio del juego y la obra pública, entre tantos otros casos escandalosos no sólo en suyos, sino también de varios ex funcionarios? ¿Cómo no sospechar si el principal ocupante de inmuebles y habitaciones de hotel era a la vez la empresa de un ex modesto empleado bancario devenido dueño de una enorme empresa constructora, beneficiada por contratos con el Estado? Pero si todo se remitiera a una persona, o inclusive a un grupo político, al igual que en Brasil, no sería todo lo grave que es, ya que en asociación con ésta y otras empresas, se encuentra la -también constructora beneficiaria de grandes obras públicas- de la familia del actual Presidente Macri, subrepticiamente vendida a otro familiar cuyos antecedentes de fortuna no lo situaban en condiciones de adquirirla.

Precisamente las empresas de la multimillonaria familia Macri fue particularmente beneficiaria de contratos con el Estado durante la dictadura, de manera completamente directa y discrecional. En suma, el problema se presenta mucho más estructural que faccioso o personal.

En Brasil no es menos sistémico, aunque el vértice (me refiero a los ex presidentes Lula y Rousseff) estén aparentemente indemnes de usufructo personal o participación directa en los delitos, cosa que no es menor para explicar la actual popularidad de Lula. Baste considerar que el actual presidente y anterior vicepresidente, producto de la alianza electoral del PT con el PMDB y gestor del golpe institucional que lo sentó en el máximo cargo, ya fue grabado exigiendo coimas a un acaudalado empresario que lo califica como líder de la “mayor mafia criminal” del país donde se incluyen una gran proporción de líderes políticos, varios de los cuales ya cumplen condena.

Como también la cumplen más de una decena de altos dirigentes del PT, entre ellos el ex jefe de gabinete de Lula. Es así que la actual movilización por las “diretas ja” -además de remitirme a las movilizaciones de las que participé a mediados de los años 80 en San Pablo- sólo cumplen con elusión de la inevitable caída del corrupto actual y su sustitución mediante el voto parlamentario, según prevé la constitución. Si el PT no revisa a fondo su participación en la urdimbre corruptora y su política de alianzas, de poco servirá que Lula o cualquier personalidad, concite expectativas populares, ya que sólo reproduciría las causas de la crisis. La pregunta ante una denuncia de corrupción no es quién la formula, ni sobre quién, sino qué veracidad probable contiene y qué pudo y puede hacerse en adelante para evitarla.

A diferencia de estos dos casos mencionados, limítrofes con Uruguay, esta semana la oposición intentó conformar en el senado una comisión investigadora sobre supuestas prácticas delictivas del más masivo sector del oficialismo, el MPP, incluyendo el posible rol que el ex presidente Mujica habría tenido. No creo que pueda desecharse genéricamente la creación de comisiones parlamentarias, pero sólo se justifica en países en los que la justicia se vea impedida de actuar.

No existe un solo indicio en Uruguay que permita sospecharlo. La iniciativa está alentada por la revelación en un libro del testimonio de un ex militante cuyo nombre está oculto bajo un seudónimo. Y no es nada novedoso, hay insinuaciones de ello en el libro sobre Zabalza y otros textos, sin que se haya podido probar absolutamente nada, salvo la participación individual de algún militante en atracos en la década del 90.

Este nuevo “aporte” está en manos de la justicia y Mujica ha manifestado que no se amparará en fuero alguno. Justamente en lugar de revelar corrupción como en los casos mencionados líneas arriba, exhibe la voracidad táctica derechista internacionalizada como deslegitimación de izquierdas y progresismos a cualquier costo y con cualquier excusa, al punto de haber sugerido que hasta se habría beneficiado con la adquisición de la propia chacra que habita con fondos ilícitos. Algo así como acusar de homicidio a la Madre Teresa de Calcuta.

La intervención de Mujica en el debate merece ser tomada como antecedente institucionalizable. No solo por la explicación política de las finanzas de su organización, sino por el detalle con el que expuso sus pertenencias, sus ingresos actuales y pasados, las limitaciones autoimpuestas al usufructo personal y el destino de sus recursos. Porque no solo sería útil para la ciudadanía, conocer la declaración de bienes de todos los políticos, sino también la trayectoria laboral y económica de cada uno de ellos. Más aún lo sería para replantearse el serio problema del financiamiento de la política.

La insidia de las intervenciones posteriores del Partido Nacional, contrastantes -para mi sorpresa- con la digna postura del senador Bordaberry del Partido Colorado a pesar de haber participado de la frustrada iniciativa de la comisión, resulta una prueba más del oportunismo degradante de la táctica derechista. Sin duda la intervención del ex presidente es un ejemplo de ética que no moraliza por ello la política al dejarla sometida a la libre decisión individual de los políticos. Si se trata de desvincular el ejercicio político de los intereses económicos de los actores, como explícitamente se aspira, no basta con apelar a la honestidad individual, la autoimposición o la filantropía. Será indispensable hacerle un piquete al puente del provecho.
Con nuevas reglas políticas como barricadas.

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29
Jun
17

diversidad en uruguay

A la gilada ni cabida

 

escribe: Matías Ponce

Calle Libertad, viejo barrio de Pocitos. Camino de la mano con mi pareja, es una fría mañana de junio. Una familia judía pasa al lado de nosotros rumbo a su centro de liturgia a la vuelta de casa. Plaza Independencia, siete de la tarde, mi pareja pasa por mí a la salida del trabajo. Lo saludo con un beso. 8 de octubre y Garibaldi, vamos con prisa: A las 7.30 me despido con un beso, yo estoy por entrar a dar clases y mi pareja tiene un seminario jurídico en la misma institución. Una amiga musulmana, Meryem, vino desde Turquía hace un par de semanas por su trabajo a Uruguay y se alojó con su hija y otra amiga en mi hogar, el hogar de una familia compuesta por dos hombres.

Somos libres, vivimos en una sociedad que reconoce nuestro derecho a la diversidad y hacemos uso pleno de esos derechos. Somos conscientes de que no todo el mundo piensa igual, de que aún tenemos mucho camino por recorrer en la aventura de vivir plenamente nuestra orientación sexual, pero sabemos que ha sido la sociedad la que sin pausa, y también sin prisa, ha ido habilitando espacios que hace tiempo queríamos ocupar.

No caminamos solos en este transitar. Sabemos que lo hacemos de la mano de una sociedad que poco a poco va configurando y dando paso a las nuevas realidades familiares. Pero aún hay gente que prefiere no vernos, que prefiere dar vuelta la mirada o pasar por otro lado para no convivir junto a nosotros. Este jueves, un diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, se encargó de recordarnos que aún falta mucho camino por recorrer. Para él, no somos más que una desviación ante los ojos de un ser superior.

Frente a ese mandato divino, otro más terrenal ha decidido habilitar una serie de derechos que hoy, unos años después, son integrados a nuestros valores cívicos, a nuestra cultura política. Señor diputado, la modificación de disposiciones referidas a la adopción, la ley de Derecho a la Identidad de Género (2009) y, por último y la más relevante, la que a usted más le duele, la Ley de Matrimonio Igualitario (2013), son la voluntad del soberano, quien tiene aquí en la tierra la última palabra.

“Son cosas raras… Está todo tan raro”, señala el diputado (Búsqueda, 22 de junio de 2017). Estimado legislador del Partido Nacional: ¿qué es lo raro? Raro me parece a mí que una iglesia no tenga la capacidad de justificar sus ingresos monetarios o los aportes que hace a la actividad política.

Señor legislador, qué suerte que pudo vivir con uno de nosotros durante tres años en el mismo cuarto, como señaló en la entrevista referida. Ahora haga un esfuerzo más. Si se va a sentar en el Palacio Legislativo, recuerde, cuando esté en su banca, levantar la mirada y leer aquel mandato del mejor de nosotros: Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. El pueblo, los uruguayos y uruguayas, hemos decidido dar un paso muy importante en materia de integración y de igualdad. Sus intenciones personales cesan ante la voluntad popular que lo colocó a usted ahí.

Haga un esfuerzo en respetar las leyes y no propague el odio hacia personas comunes y corrientes, que como cualquier cristiano o no, han elegido este país para desarrollar su proyecto de vida. Veo sólo dos alternativas, señor diputado. Por un lado, puedo encontrarme con usted en la calle Libertad y que respete, al igual que mis vecinos judíos, mi amiga musulmana, mis compañeros de trabajo y mis estudiantes, mi orientación sexual, y que convivamos pacíficamente, respetando la diversidad. En otro escenario, puedo encontrarme con usted en la misma calle Libertad y que decida no entender el derecho que yo y cualquier persona, del género que sea, tiene de amar a quien quiera. Si esa fuese la situación, seguramente iré de auriculares, escuchando muy fuerte la canción que dice: “A la gilada ni cabida, ahora decido yo”.

28
Jun
17

desaparecidos en uruguay

José López Mazz.

Sacaron lo que pudieron

nota de La Diaria / Ignacio Martínez

El antropólogo y arqueólogo José López Mazz estuvo a cargo de la búsqueda de restos de desaparecidos entre 2005 y 2014. Volvió a estar en el tapete este mes gracias a diversas declaraciones a varios medios de prensa, en las que señaló, entre otras cosas, que es probable que todavía queden restos de desaparecidos en los batallones 13 y 14. López Mazz conversó con la diaria en el Laboratorio de Arqueología y Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Durante la charla remarcó que los debates en torno a los desaparecidos lo “incomodan mucho” porque “debilitan un tema que merece muchísimo respeto”, pero que le “da pena” que “una causa tan noble, que la sociedad respaldó tanto, desaparezca así” y quede como “un asunto de cuatro o cinco en un cuartito”.

–¿Por qué sus últimas declaraciones generaron tanto revuelo?

–Porque la gente quiere saber qué está pasando. En agosto se van a cumplir tres años desde que me fui. Yo siempre defiendo que la lucha por la búsqueda de los desaparecidos es un patrimonio de toda la sociedad y no es el monopolio de ningún grupo pequeño, con todo respeto. Cuando yo trabajaba me encargaba de colgar los informes para compartir la información que orientaba la investigación. La gente es solidaria pero no incondicional. Eso es evidente. A mí todo el mundo me para y me dice: “Bo, ¿en qué está?”. “No sé, hace tres años que no trabajo más”, pero me queda clarísimo que la gente quiere saber y tiene derecho a saber. Porque si se consiguió que el Poder Ejecutivo de tres gobiernos apoyara, es porque fueron sensibles con la demanda social. Hay que ser generoso y devolver eso, informando.

–¿Por qué se fue hace tres años?

–Tenía problemas, porque la estrategia de trabajo que quería llevar adelante se complicaba. Había una abogada de [Madres y] Familiares [de Detenidos Desaparecidos] que me decía que no había que excavar aquí sino allá. Yo entiendo que somos muchas personas que participábamos en el tema de los derechos humanos y los desaparecidos, pero la investigación arqueológica es un trabajo científico que va por un lado, no es que se pone al servicio de la estrategia de la abogada. Y también con el tema de la [Operación] Zanahoria. “No hables de esto ni de lo otro”. A mí no me dice nadie de qué tengo que hablar o dejar de hablar.

–¿Qué información manejó que, a su criterio, confirmaba la Operación Zanahoria?

–Primero, la que manejó Presidencia desde el principio, que había recabado Gonzalo Fernández [secretario de Presidencia entre 2005 y 2008] en el primer gobierno de [Tabaré] Vázquez; era de calidad y la obtuvo de primera mano. Después, testimonios que me trajeron algunos parlamentarios, de personas que querían colaborar y mostraron lugares donde habían visto trabajando las máquinas que buscaban los cuerpos, a partir de 1983, cuando ya volvía la democracia; no sabían si iba a existir una ley de caducidad y querían tranquilizar a los militares para que devolvieran el poder a los civiles. Yo insisto en eso: hay un agujero histórico, hace mucho mal negar la Operación Zanahoria, porque fue un pacto cívico-militar y la gente tiene derecho a saber. Porque [Julio María] Sanguinetti vende una cosa muy interesante de la “transición en paz” y todo eso, pero atrás están estas cosas.

–¿Desde 1983 hasta qué año se habría llevado a cabo la Operación Zanahoria?

–Habría llegado hasta ya entrada de la democracia. Y no sólo se movieron de los batallones militares: teníamos denuncias de cementerios rurales a donde llegaban vehículos del Ejército y metían huesos, que entreveraban con otros. En Cerro Largo y Tacuarembó, donde fuimos a trabajar.

–¿Tuvieron alguna certeza cuando fueron a trabajar en esos cementerios?

–Pasó algo interesante. Todos los cementerios dependen de la órbita municipal, pero en 1983 hay una orden de todos los cementerios de los diferentes departamentos para sacarles las chapas a todos los restos de NN [“nombre desconocido”] y entreverarlos en los osarios. De repente, tenés 100 años de gente que no reclamó los cuerpos amontonados; es un agujero como los de las tapas sépticas, lleno de agua. Al cementerio de Rocha mandaron ocho o nueve cuerpos recogidos en la playa en la misma fecha. Fueron al osario por una orden, está escrito en el libro hasta el día de hoy. Fue todo un movimiento. El ocultamiento de los cuerpos como parte de la estrategia de eliminar a los enemigos es una cosa vieja, y no sólo pasó acá. En Chile hicieron una Operación Zanahoria similar, que se llamó Retiro de Televisores.

–La versión de la Operación Zanahoria ya había aparecido mediante la Comisión para la Paz, al principio de los 2000. En aquel momento se decía que los militares habían desenterrado los cuerpos para luego cremarlos y tirar las cenizas a la bahía.

–La primera vez que apareció esta versión la pusieron los militares en la Comisión para la Paz, y entiendo perfectamente por qué los familiares se pusieron de punta, ya que era una manera de dar una justificación y de desestimular que se fuera a buscar [restos]. Pero después, con el tiempo, vimos que hubo un intento, entonces, yo me refiero a eso, no a la versión zanahoria en los términos que presentaron los militares en la Comisión para la Paz, que era la manera de decir “no busquen nada, que no vale la pena”.

–En una nota publicada en La República en agosto de 2014, cuando usted ya se había ido de la investigación, integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense dijeron que hasta ese momento no existía “evidencia científica” que permitiera afirmar la existencia de la Operación Zanahoria, y agregaban que los cuatro cuerpos que fueron hallados, de Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco, estaban en “posición primaria”, por lo tanto “no fueron removidos luego de su inhumación”.

–Me hubiera gustado mucho debatir esto, porque la gente que quedó en mi lugar presentó el mismo trabajo en dos congresos de antropología forense, y yo pido ese trabajo para responderlo y no me lo dan. Estoy a las órdenes para discutir la Operación Zanahoria. En ciencia discutimos, pero esto no es ciencia, es amigarse con el que te va a pagar, para no perder el trabajo.

–Pero esos cuatro cuerpos evidentemente no fueron removidos.

–Yo nunca dije que la Operación Zanahoria hubiese sido exhaustiva, y nunca se dijo en ninguna de las versiones. Los tipos sacaron lo que pudieron. Además, muchos que enterraron gente en la noche no querían decirles a otros militares dónde estaban. También escuché versiones de que los propios militares querían tener la lista total de dónde estaban todos enterrados, y no lo consiguieron, porque entre ellos había mucha desconfianza. Ahora, está clarísimo, a mí me traen a una persona que me dice: “Yo vi una máquina trabajando allá”, me paso seis meses desmalezando y encuentro las huellas de las herramientas que el tipo me dice, y después empiezo a mirar las fotos aéreas, y encontramos a Blanco y a Castro, al costadito; son los cuerpos que se les escaparon. Entraron al monte y enterraron a la gente, pero cuando la fueron a buscar para la Zanahoria, no podían mover una máquina dentro del bosque. Tú mirás las fotos de 1986, y hay dos claros, y los dos cuerpos que encontramos están a la periferia de los claros, y dentro están todas las huellas de las máquinas.

–¿Trabajaron mucho con fotos aéreas?

–Hay una técnica de trabajo que puso a punto gente que buscó resolver este problema antes que nosotros, de la Comisión internacional sobre Personas Desaparecidas de la ex Yugoslavia, y ahí hay un arqueólogo y antropólogo que fue el primero que sistematizó los procedimientos. Si tenés que trabajar en áreas grandes, las fotos aéreas son una ayuda brutal, siempre y cuando tengas fotos cada tanto tiempo, porque te permite darte cuenta de cuándo hubo movimiento. Y otra cosa: hay restos parciales que corresponden a dos cuerpos más, a los que sistemáticamente no mencionan, y tenés las huellas y todo revuelto por las mismas herramientas que mencionan los informantes. Ves en el bosque que tuvieron toda esa prueba, y encima aparecen dos huesos pertenecientes a una quinta y a una sexta persona, de los que no se pudo obtener material para saber la identidad, pero están encontrados, son restos residuales de cuerpos removidos en áreas donde está la tierra dada vuelta. En el [Batallón] 13, atrás del arco de la cancha de fútbol donde todo el mundo dice que estaba la gente enterrada. ¿Qué quieren? ¿Un certificado del Latu?

–La semana pasada hablé con integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia [GTVJ], que me decían que la búsqueda de desaparecidos ha continuado, pero no se han encontrado más restos porque no hay declaraciones específicas sobre los lugares donde están enterrados. Ejemplificaron con que el cuerpo de Miranda lo encontraron porque alguien dio una indicación específica.

–Hay un intento de bajarle el perfil al trabajo que hicimos, de que todo lo que encontramos fue porque nos señalaron los lugares. Eso lo dice [Samuel] Blixen, y está equivocado; le están cantando mal a la oreja. Es verdad que en el caso de Miranda coincidió con un mapa que llegó, pero nosotros estábamos trabajando en ese lugar. Trabajando con fotos aéreas, vimos que de un momento para el otro, contra el [arroyo] Miguelete, donde antiguamente había conjuntos de árboles, de repente los militares en esta época [de la Operación Zanahoria] forestaron todo, y se nos ocurrió que era una actividad de enmascaramiento. Agarramos toda el área forestada, la cuadriculamos y excavamos; llevó mucho tiempo, y cuando estábamos a dos metros del cuerpo, vino la información que nos llevó a buscar el falso lugar donde estaba María Claudia García de Gelman. Nos sacaron cuando teníamos el cuerpo de Miranda allí.

–Integrantes del GTVJ también me dijeron que el Batallón 14 tiene 400 hectáreas, por lo tanto, si no hay alguien que diga “el cuerpo está acá’”, hay que dar vuelta esas 400 hectáreas.

–Quienes dicen eso no son arqueólogos. Hay técnicas para trabajar. Ellos piensan que los argentinos del EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] son mejores técnicos que nosotros. También ha habido una cristinización en este proceso; el hecho de sacar la búsqueda de la Universidad [de la República] y llevarla a una ONG es el modelo del equipo argentino. Cada país tiene su identidad. Aquí lo que le da rigor y confidencialidad es una institución que específicamente se encargue, como la Universidad, que hace concursos y sabés a qué te atenés con la calidad. Ahora se volvió igual que el equipo argentino. Hubo cosas que nosotros aportamos en esos años a la arqueología forense, reconocidas por el EAAF. Por ejemplo, ellos no habían investigado en batallones y nosotros sí. No es que ellos son los mejores y nosotros… Y las 400 hectáreas se achican cuando te arrimás con fotos áreas y testimonios.

–Si para usted era muy importante la búsqueda de los desaparecidos, ¿por qué no se quedó investigando y trató de superar las presiones?

–Y sí, durante un año y medio o dos quise hacerlo, pero ya me tenían podrido. La abogada de Familiares lo dijo delante del fiscal [Ariel] Cancela y de todo el mundo: “Ahí no hay que excavar, hay que excavar acá”. Y yo me levanté y me fui. Pero soy un científico y tengo trazabilidad, no soy un espía del imperio. Es un tema delicado, tenemos que poner las cosas arriba de la mesa.

–Mientras buscaban en los batallones, los militares los filmaban. ¿Con cámaras fijas?

–A veces estaban las cámaras fijas y había equipos. Ellos trasladaban un ómnibus entero que tenían, con controles. Por un lado, eso les daba a los militares la seguridad de que nosotros no instalábamos un hueso, y decían que, por otro lado, nos daban seguridad a nosotros de que nadie iba a entrar de noche a sacar algún hueso. La historia dirá, pero eso fue parte importante de nuestro trabajo: haber empezado en las condiciones en que trabajábamos e ir abriendo la brecha. El primer día que pude entrar, me encontré parado con mis estudiantes en un batallón, con las palas, y nadie me dio un mapa ni un dato. Nos tiraron para dentro del batallón, y ahí tuvimos que ordenarnos. Pensábamos que la investigación histórica podía aportar algo sobre el lugar donde están enterrados los desaparecidos, pero no lo ha hecho. Y decirle a la gente que la investigación histórica puede hacerlo es crear falsas expectativas.

–Pero todavía hay muchos documentos que no se han analizado.

–¿A vos te parece que alguien va a poner “hoy maté a alguien a las ocho de la noche y lo enterré atrás de no sé dónde”?

–¿Usted tiene la convicción de que en los batallones 13 y 14 sigue habiendo restos?

–Sí. Y pienso que en los lugares donde había más gente enterrada, cuando hicieron la Operación Zanahoria, a algunos los redepositaron no muy lejos. Es una hipótesis mía, tengo derecho a tenerla como investigador que trabajó diez años en un tema. Esto no es un tema fácil, trabajé todo lo que pude en la tierra, donde no había construcciones. Fuimos dejando de lado las construcciones, y se plantea si no han enterrado gente en los pisos de los galpones enfrente al 300 Carlos o en otros lugares en el 14. Teníamos la información, y está en la base de datos de Presidencia. Siempre existió, sólo que era más fácil remover tierra que levantar una construcción. Entonces, yo fui dejando, naturalmente, esos lugares que eran más complicados.

–¿Usted encontró resistencia entre los militares cuando trabajaba en los batallones?

–No, yo nunca vi problemas. Chicaneadas y chiquitajes, cosas así, puede haber habido muchas. Me hubiese gustado que un galpón pegado al Batallón 13, donde yo quería trabajar en el piso, lo hubiesen vaciado más rápido, por ejemplo. Fue justo cuando me fui, tardaron muchos meses en vaciarlo, pero no puedo atribuir esto a una mala intención. Y había que bancarse las filmaciones. Pero yo también puse condiciones. Cuando decidieron que nos iban a filmar, dije que no aceptaba sonido de ninguna manera, porque es un trabajo rutinario, y tenés derecho a charlar con tu compañero.

–¿Filmar no era una forma de intimidar?

–Yo no me sentía intimidado. En el momento teníamos mucha fuerza, porque empezábamos un trabajo respecto del que había una expectativa muy grande en la sociedad, y me sentía muy cargado, con la responsabilidad de ir para adelante con eso.

–¿Piensa que no se le reconoce ese trabajo?

–No. Si el otro día un periodista de TNU me dijo: “Pero sólo encontraste cuatro cuerpos”. Yo no soy un delantero que se mide por goles. Capaz que son los únicos que se encuentran; ojalá que no. Pero constataron hechos históricos que estaban en discusión. No es que a Castro lo sacudieron y se murió del corazón: tenía un balazo en la cabeza. Es más que el hallazgo, es historia en el sentido más contundente.

27
Jun
17

izquierda vs. derecha en la región

Empate hegemónico en América Latina

escribe: José Natanson

Durante una década y media, Venezuela y Brasil funcionaron como los modelos polares de la izquierda latinoamericana, como las referencias de los respectivos ejes bolivariano y lulista. La diferencia no radicaba tanto en la política económica, porque procesos de estilo chavista como el de Bolivia y Ecuador se acercaron más en este aspecto a la prolija ortodoxia brasileña que al zafarrancho venezolano, ni en el carisma de los líderes, verificable en Hugo Chávez tanto como en Lula, ni en la enorme revolución simbólica que implicó la llegada de un político sin educación formal al poder, como fue el caso de Lula y Evo pero no de Correa y Chávez.

La diferencia fundamental pasaba por la decisión de convocar, apenas iniciado el mandato, a una reforma constitucional que sentara las bases para una refundación del país, como sucedió en Venezuela, Bolivia y Ecuador pero no en Brasil, Argentina, Uruguay o Chile. El reseteo institucional bolivariano habilitó un programa más radical, no en términos sociales, porque el impulso de inclusión de Argentina o Brasil fue igual de exitoso que el de Venezuela o Ecuador, sino políticos, en la medida en que habilitó un margen de acción más amplio para sus líderes, a su vez menos condicionados por estructuras partidarias fuertes como el PT o el peronismo.

Quince años después, una mirada de conjunto sugiere que la izquierda bolivariana todavía se mantiene en el gobierno mientras que los presidentes más moderados han sido desplazados del poder: en términos de continuidad, no necesariamente de resultados, el chavismo le ganó al lulismo.

Pese a ello, los dos países simbólicamente más emblemáticos del giro a la izquierda se encuentran atravesando largas crisis políticas. La de Venezuela es, por su carácter violento, anómico y desesperanzado, la más grave: así como el proceso chavista fue el que llegó más lejos en su afán de radicalizar el rumbo de cambio, el que creó más programas sociales, estatizó más empresas y se declaró más anti-imperialista, fue también el que se alejó más kilómetros del modelo de democracia liberal, el que tensionó sus límites con más fuerza, y el único que admite la reelección indefinida.

¿La radicalidad de la reforma socioeconómica venezolana se relaciona con su creciente autoritarismo institucional? En otras palabras, ¿cuál es el vínculo entre contenido y método? Sin aventurar una respuesta definitiva, apuntemos que la situación se encuentra trabada, entre un chavismo que controla la Fuerza Armada Bolivariana, que no es un aparato externo al gobierno sino una parte orgánicamente integrada a él, que cuenta con el flujo de recursos permanente de las exportaciones de petróleo y que, pese a todo, conserva cierto apoyo popular –como dice Pablo Stefanoni, los pobres no bajan de los cerros (1)–. Frente a un gobierno que perdió su condición mayoritaria pero que todavía aguanta, se recorta una oposición en permanente tensión y conflicto, sin un liderazgo ni un programa unificados.

En ambos bandos hay sectores recalcitrantes que buscan salidas autoritarias o desestabilizadoras, en ambos bandos hay grupos armados sustraídos al control de los liderazgos, en ambos bandos hay ánimo de venganza. La principal responsabilidad le cabe al gobierno, porque controla al Estado y porque, a diferencia de otros momentos de furia, no está dispuesto a abrir una salida democrática a través de elecciones. La convocatoria a la Constituyente anunciada por Nicolás Maduro podría haber sido una oportunidad, sólo que no está claro que el esquema electoral, un curioso mix de representatividad y corporativismo, ofrezca garantías de limpieza (2). Una democracia implica que haya elecciones, pero también que no se sepa de antemano quién las va a ganar. Sin incertidumbre no hay democracia.

El panorama brasileño es menos sangriento pero no menos deprimente. Surgido de un impeachment contra Dilma Rousseff que cumplió prolijamente todos los procedimientos legales pero que olvidó el detalle de que no había delito que lo justificara, el gobierno de Michel Temer se propuso un amplio programa de reformas destinado a completar, con leyes regresivas en materia fiscal, previsional y laboral, el giro neoliberal iniciado por Fernando Henrique Cardoso en los 90. Sin embargo, la alianza entre sectores del Poder Judicial, los grandes medios y la Policía Federal, cuyas impactantes investigaciones habían resultado útiles como marco para impulsar el juicio político, se autonomizó hasta involucrar a prácticamente toda la clase política. El genio se salió de la botella y nadie sabe cómo meterlo de nuevo. Al cierre de esta edición, los principales actores políticos y económicos brasileños no habían conseguido un Duhalde, y Temer, aunque agonizante, seguía en el poder.

Brasil y Venezuela son países muy diferentes, experimentaron el giro a la izquierda de manera distinta y eligieron caminos opuestos –la conversión a la ortodoxia de Dilma, la profundización del “socialismo con capacidades especiales” en el caso de Maduro– para enfrentar la recesión económica. El hecho de que ambos, que durante años fueron el espejo en el que los otros países se miraban, atraviesen crisis severas, sugiere que estamos asistiendo a un retroceso amplio de la izquierda, confirmado por el resultado de las elecciones presidenciales argentinas del 2015, la derrota de Evo Morales en el referéndum para habilitar su reelección indefinida y las perspectivas de un triunfo de Sebastián Piñera en los próximos comicios presidenciales en Chile.

¿Cómo se explica este declive? Un repaso rápido incluiría el fin del superboom de los commodities, que terminó con la prosperidad de la última década e hizo más dificultoso y lento el crecimiento; el estancamiento de los progresos sociales, que detuvo o incluso revirtió los notables avances en materia de indigencia y pobreza y en menor medida desigualdad; y la dificultad para atender nuevas demandas ciudadanas, en particular aquellas vinculadas a los servicios públicos urbanos, como seguridad, transporte y educación. De hecho, casi todas las explosiones de descontento popular que estallaron en los últimos años en la región tuvieron a los servicios públicos en el centro de los reclamos.

En este contexto gris, el agotamiento de la imaginación política de la izquierda se intentó compensar con una sobrecarga retórica. La tensión entre, por un lado, los límites impuestos por los modelos extractivistas y, más en general, por el capitalismo global con el que ninguno de los gobiernos de izquierda terminaron de romper, y, por otro, cierta desmesura discursiva terminó resultando chocantes. Este exceso adoptó formas tragicómicas en el populismo caribeño venezolano, expresadas en las rutinarias apelaciones a divesificar una economía cada día más petrolera, pero se verifica también en la creciente dificultad de los gobiernos progresistas para ofrecer algo distinto, una perspectiva de futuro que vaya más allá de la mera preservación de los avances conseguidos. La izquierda se volvió conservadora, en la primera acepción de la palabra.

El resultado es que América Latina se encuentra paralizada en un “empate hegemónico”, según la definición clásica de Juan Carlos Portantiero: una situación en la que dos fuerzas en disputa tienen suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por la otra, pero ninguna logra reunir los recursos necesarios para asumir por sí sola el liderazgo. En suma, ningún grupo asume la dirección política del país en el sentido gramsciano de la expresión; ninguno puede presentar sus intereses como los intereses de toda la sociedad y formar un bloque histórico que modele un sentido común que la oriente en una dirección determinada.

El bloqueo de Venezuela, donde el gobierno perdió su histórico dominio pero la oposición no logra doblegarlo, y el impasse de Brasil, donde el bloque conservador ahora parece resignado a explorar un acuerdo con el PT (3), refuerzan la idea de parálisis. Incluso en aquellos países como Argentina, donde el macrismo se impuso limpiamente en las urnas, el giro neoliberal es menos pronunciado de lo que el gobierno quisiera porque las fuerzas que lo resisten todavía conservan recursos de poder importantes.

Por eso, aunque cuando elaboró su famosa definición Portantiero estaba pensando en la Argentina de los setenta, en la que el bando liberal-exportador y el bando industrialista-redistribuidor no lograban prevalecer, la idea de empate hegemónico resulta útil para pensar la situación actual, tanto a la hora de analizar la situación interna de muchos países como en una mirada más general de la región. Mientras México y Centroamérica siguen a merced de los cambios de humor del electorado estadounidense y los países del Pacífico continúan jugando su juego aperturista, el eje bolivariano resiste en el poder, aunque con sus capacidades disminuidas, y el Mercosur aguarda una definición de Brasil, sin el cual ninguna orientación política, buena o mala, es posible.

Como si hubiera pisado cemento fresco, América Latina camina con pasos pesados, insegura y desgarbada. Tras una década y media de hegemonía, la izquierda retrocede pero la derecha todavía no tiene el futuro asegurado.

26
Jun
17

lacalle herrera / lacalle pou e´la famiglia

peligro !! … delincuentes sueltos

Escrito por El Bocón en la sección Política.

Publicado el 20/06/2017 11:15:01

El padre de la criatura….

1) En marzo de 1990 asume Luis Alberto Lacalle la presidencia. Su primera medida es un AJUSTE FISCAL con impuesto a los sueldos, impuesto a los vehículos gasoleros entre otros.
2) En julio de 1990 vende el Banco Comercial con un sinfín de ventajas para José y Carlos Rhom, los mismos que estafaron a los ahorristas y vaciaron el banco en el 2002.
3) En ese mismo mes funcionarios del Penal de Libertad golpean a presos dejando 180 heridos, fue en represalia a un intento de fuga.
4) En setiembre de 1990 se hacen famosas las “polibandas”, que así se las conoce por haber estado integrada por policías. Se destacaron por los atracos a bancos, centros comerciales y supermercados de grandes superficies.
5) En octubre de 1990 la CEPAL eleva un informe que concluye con una categórica afirmación: se incrementó en un 50% los hogares uruguayos en situación de pobreza.
6) En noviembre de 1990 Alberto Zumarán denuncia a 14 jerarcas de su partido por implicancias con la dictadura.
7) En enero de 1991 entra en escena el “Comando Lavalleja”, colocando bombas a dirigentes del Frente Amplio y al ex presidente Julio María Sanguinetti.
8) En junio de 1991 el gremio de UTE denuncia una estafa en el ente por U$S 1.500.000.
9) Se remata ONDA y colapsa FUNSA.
10) En agosto de 1991 el director del Banco Central del Uruguay en representación del partido colorado, Ricardo Lombardo, expresó: “El Estado vendió el Banco Comercial pero en lugar de recibir dinero tuvo que pagar dos millones de dólares”.
11) Setiembre de 1991, ley de privatización de empresas públicas.
12) Octubre de 1991, por primera vez en la historia del fútbol de Uruguay hay tres heridos de bala en una riña entre hinchadas de River y Peñarol.
13) En febrero de 1992 el nuevo ministro de economía, Ignacio de Posadas, en cadena de radio y televisión solicita a los uruguayos “un pálido sacrificio para no caer en el abismo…” al anunciar 14 nuevas medidas tributarias.
14) En marzo de 1992 denuncian la falta de medicamentos en los hospitales del MSP.
15) En abril de 1992 se produce el segundo atentado con bombas contra dirigentes políticos de izquierda.
16) En mayo de 1992 explota una bomba en la ciudad de Minas. Se adjudica el atentado al “Comando Lavalleja”.
17) En Octubre de 1992 por primera vez en la historia del país hay una huelga policial.
18) En enero de 1993 es asesinado el químico chileno Eugenio Berríos. Están involucrados en el secuestro y asesinato militares en actividad del ejército uruguayo.
19) En mayo de 1993 se reprime brutalmente a trabajadores que manifestaban pacíficamente en las afueras del Palacio Legislativo, hubo decenas de heridos.
20) En agosto de 1993 hay un incendio en UTE, mueren 5 personas. Bomberos concluye que el incendio fue intencional. Se presume que fue para eliminar las pruebas de las denuncias de estafa, puesto que se quemó documentación vital.
21) En febrero de 1993 Lacalle pide venia para dos militares responsables de crímenes durante la dictadura.
22) En marzo de 1993 se adjudica TV Cable a ciudadanos vinculados directamente al Partido Nacional.
23) En Abril de 1994 se vende el Pan de Azúcar.
24) En junio de 1994 en un partido clásico entre Peñarol y Nacional degüellan a un joven de 16 años.
25) Julio de 1994, irregularidades en el BSE.
26) En setiembre de 1994 adjudican radios AM y FM a amigos personales de Lacalle.
27) Algunos nombres:
A) Benito Stern, ex Ministro de Turismo: Procesado por abuso de funciones.
B) Stepham Benhamou: Estafa y vaciamiento del banco Pan de Azúcar, se fugó del país.
C) Enrique Braga, ex Ministro de Economía: Procesado con Prisión.
D) Daniel Cambón, ex secretario de Lacalle: Procesado con prisión por estafa.
E) Iván Coronel, ex director de AFE: procesado con prisión por fraude.
F) Julio Grenno, ex presidente del BSE: procesado por abuso de funciones.
G) José Luis Ovalle, ex ministro de transporte: Denunciado por pedir una coima de dos millones de dólares para interferir en la licitación de terminal de contenedores.
H) Jorge Sacchi, BHU: Procesado por fraude y robo.
I) Igor Svetovorsky: En licitaciones truchas vendió al Estado armamento, helicópteros, radares y hasta caños para OSE.
Tengan cuidado el hijo es peor!!
Tengan Memoria.

 

25
Jun
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la guerra de los seis días

A 50 años de la Guerra de los Seis Días

escribe: Julien Salingue / L´Anticapitaliste

El 5 de junio de 1967 por la mañana las fuerzas aéreas israelíes realizaban un ataque masivo contra la aviación egipcia que se encontraba en tierra: el 80 % de los aparatos egipcios quedan destruidos. Significaba el comienzo de la Guerra de los Seis Días, que acabará el 10 de junio con una victoria aplastante de Israel frente a las fuerzas armadas egipcias, jordanas, sirias, y los grupos armados palestinos. Al término de esta guerra presentada como “preventiva 1/, incluso “defensiva” por el Estado de Israel, este último ocupa el Sinaí egipcio, el Golán sirio, así como Jerusalén, Cisjordania y la banda de Gaza. Una guerra corta, pero que modificó, profunda y duraderamente, las coordenadas políticas y territoriales de la región.

Una victoria con efectos paradójicos

Con esta guerra, Israel persigue un doble objetivo: infligir una derrota al nacionalismo árabe y asentar su control sobre Palestina haciendo desaparecer toda reivindicación territorial de la población indígena. El primer objetivo fue alcanzado, puesto que el nacionalismo árabe no se recuperará jamás de esta derrota y perderá progresivamente su papel central en la región en beneficio de las monarquías petroleras, y a la cabeza de ellas, de la Arabia Saudita. Pero el segundo objetivo, al contrario de lo que dicen las apariencias, no fue cumplido mas que parcialmente, pues la conquista territorial de Cisjordania y Gaza no fue acompañada, al contrario de lo que se produjo en 1948-1949, de un aplastamiento total del nacionalismo palestino.

Paradójicamente, la Guerra de los Seis Días fue una de las causas de un renacimiento del movimiento nacional palestino. A dos niveles. A nivel regional en primer lugar, puesto que la derrota de los ejércitos árabes fortaleció a los jóvenes grupos armados palestinos, en particular a al Fatah de Yasser Arafat, que afirmaban que los Estados árabes no podían asumir la lucha por la liberación de Palestina y que correspondía a los palestinos hacerlo. La cuestión palestina estaba entonces en manos de los regímenes árabes, que habían creado en 1964 una Organización de Liberación de Palestina (OLP) sin ninguna autonomía, de la que los grupos armados palestinos tomarán el control en 1968-1969, etapa esencial de la “palestinización” de la lucha.

Directa o indirecta, la ocupación

A nivel local, es decir en Cisjordania y en Gaza, la ocupación de 1967 contribuirá a dinamizar al nacionalismo palestino, con el desarrollo, durante los años 1970 y 1980, de estructuras de resistencia (asociaciones, sindicatos, comités locales) que van a desplazar progresivamente el centro de gravedad de la lucha palestina que se organizaba, hasta entonces, en los campos de refugiados situados en los Estados limítrofes. Este incremento de la influencia del nacionalismo “del interior” culminará con el levantamiento de 1987, la Intifada, poderoso revelador de la violencia de la ocupación y de la incapacidad de Israel para pacificar de forma duradera a la población palestina de Cisjordania y de Gaza.

La Intifada contribuyó así a abrir una nueva era, la de la ocupación indirecta de una parte de los territorios palestinos, con la reorganización del dispositivo de la ocupación por medio de los Acuerdos de Oslo y del “proceso de paz”, por medio de los cuales Israel ha podido proseguir su empresa colonial pretendiendo a la vez inscribirse en la perspectiva de un “arreglo del conflicto”. Así, a pesar de la ilusión de la “autonomía” palestina, desgraciadamente mantenida por una parte de la dirección del movimiento nacional, la perspectiva de la satisfacción de los derechos nacionales de los palestinos no ha parecido nunca tan alejada, y la naturaleza colonial del conflicto permanece intacta.

¿Un nuevo apartheid?

Cincuenta años después de la guerra de 1967, Israel sigue ocupando Jerusalén, Gaza y Cisjordania, así como el Golán. Una ocupación militar acompañada de una ocupación civil, con un desarrollo de la colonización que no es, contrariamente a una leyenda sabiamente mantenida, solo cosa de “colonos extremistas”, sino una política de Estado, apoyada e impulsada por las autoridades. Si se cuentan hoy más de 600 000 colonos, es claramente porque los gobiernos israelíes, cualquiera que haya sido su color político, han considerado la colonización como una estrategia de conquista, mediante la política del hecho consumado, de los territorios ocupados en 1967.

Pero esta estrategia se enfrenta un obstáculo: la presencia de la población indígena, que se niega a irse. Mientras que en 1948-49 Israel expulsó al 80 % de la población palestina de los territorios ocupados entonces, la conquista de 1967 no permitió arreglar el “problema” demográfico. Así, en los territorios hoy controlados directamente o indirectamente por Israel, se encuentran dos poblaciones, una de las cuales está privada de derechos. Una situación manifiesta de apartheid que, si bien encuentra su fuente en las propias bases de Israel, conoció una aceleración decisiva con la guerra de 1967, cuyas recientes celebraciones, en Israel y otros países, son por ello más indecentes.

25
Jun
17

podredumbre social

El decálogo de la rancia ideología neoliberal

escribe: Hugo Acevedo

 

La extensa carta enviada al Presidente de la República Tabaré Vázquez por parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, la cual aglutina a veintitrés grupos económicos que constituyen el sustento de la oligarquía económica uruguaya, es un auténtico decálogo de la más rancia ideología neoliberal.

En cierto sentido, también es una suerte de programa de gobierno, que competiría perfectamente con la propuesta regresiva de la derecha reaccionaria representada por los partidos tradicionales, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

Este manifiesto, que pretende ser un auténtico manual en materia de gestión, exhibe los rasgos más grotescos de un sistema concentrador con visibles síntomas de agotamiento tanto en su discurso cuanto en su mera praxis.

Si bien algunas de las recomendaciones pueden ser compartibles, en todas ellas subyace la intención de favorecer los intereses de la clase dominante de la sociedad uruguaya, que es la que detenta la mayor porción de la renta.

Obviamente, el gran capital vuelve a confundir gestión estatal con gestión privada -que en realidad son dos lógicas en permanente tensión y dicotomía- por la naturaleza misma de los roles.

Por supuesto, no es lo mismo administrar una empresa que gestionar el Estado, porque en el primer caso la actividad está inspirada en el mero lucro y la acumulación. En cambio un gobierno ungido por la voluntad ciudadana, debe atender y solventar las promesas electorales y las demandas colectivas, particularmente en lo que atañe a políticas sociales.

Partiendo de la premisa que la economía no es una ciencia exacta, se debe priorizar a la sociedad, más allá de los equilibrios macroeconómicos y de la fría contabilidad fiscal que emerge de la binaria relación entre ingresos y egresos.

Por supuesto, las cámaras empresariales reiteraron su demanda de rebaja del gasto público y de abatimiento del déficit de las cuentas estatales, sin reparar, como siempre, en los legítimos reclamos, expectativas y necesidades de la colectividad.

Obviamente, reclamaron suprimir el ingreso de nuevos funcionarios a la órbita pública, no advirtiendo que estos son necesarios para procesar una indispensable renovación generacional de una plantilla de empleados notoriamente envejecida.

Naturalmente, la creación de puestos de trabajo en dependencias estatales también compensa la falta de oportunidades de un sector privado que actualmente solo atiende a la reducción de costos y no a las reales necesidades del mercado laboral.

La plataforma empresarial no soslaya su reiterado reclamo de rebaja de la carga impositivo aunque nuestro sistema tributario siga siendo funcional al sector productivo, pese a los avances logrados en materia de equidad en la última década.

En ese contexto, lo más insólito es el explícito reconocimiento- sin ningún atisbo de rubor ni de autocrítica- que el capital “destruye sistemáticamente puestos de trabajo” y genera, consecuentemente, un aumento de la tasa de desempleo.

En un país donde aun hay 370.000 trabajadores que perciben salarios de hambre de $ 15.000 o de menos, no parece congruente que el empresariado se queje por los costos laborales.

Asimismo, es insostenible que clamen por una rebaja o la eliminación del aporte patronal al Banco de la Previsión Social, que es la mitad del aporte de los trabajadores cotizantes.

El documento reclama una regla fiscal para “limitar la discrecionalidad” en el manejo de las finanzas públicas, que coincide y no es casual, con la propuesta del líder y senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

No en vano el Partido Nacional y en particular el ala más conservadora que es el herrerismo, siempre tuvo una fuerte sintonía ideológica con los propietarios de los medios de producción.

Corroborando que la oligarquía vernácula promueve un modelo de país funcional a sus intereses, las cámaras también demandan ajustes a la baja del precio de los combustibles, en particular del gasoil y de las tarifas energéticas.

Obviamente, esta inquietud no tiene ninguna relación con los intereses ni con el bolsillo de las clases populares, sino con la tan mentada competitividad cuya protección tanto han reclamado.

Un auténtico desiderátum en materia de injerencia en los asuntos de gobierno, es la impertinente referencia al sistema de seguridad social administrado por el BPS.

Sobre el particular, reclaman cortapisas a la mejora de las pasividades, siendo que el monto de estos debe ajustarse en función del mandato constitucional. Al respecto, el artículo 67 de la Carta Magna establece: “Los ajustes de las asignaciones de Jubilación y Pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.

¿Las cámaras empresariales pretenden que el gobierno viole la Constitución como sucedía en las administraciones de derecha que precedieron al Frente Amplio?

Al tiempo de hacer una clara opción por las AFAP, que están en el ojo de la tormenta por el conflicto con los denominados cincuentones, demandan el aumento de la edad de retiro.

Ambos petitorios son congruentes con la privatizadora reforma de la seguridad social de 1996, cuyo estrepitoso fracaso comenzó a percibirse dos décadas después de su instauración.

Para nada sorprende -por una razón de afinidad- que no se reclame la reforma de la Caja Militar, pese a que esta ocasiona un agujero negro al Estado de 480 millones de dólares anuales, que equivale a casi un punto de déficit fiscal que tanto se cuestiona.

Para plegarse a la plataforma política del bloque conservador, los empleadores critican los resultados educativos. En tal sentido, la cúpula empresarial eleva su tradicional bandera de que la enseñanza esté únicamente orientada al desarrollo de competencias y al servicio del mercado.

Más allá de la necesidad de mejorar la calidad de los aprendizajes en clave inclusiva, a esta elite no le conviene que los jóvenes se formen como ciudadanos, conozcan sus derechos y tengan una arraigada conciencia social, porque esa circunstancia haría peligrar los indebidos privilegios de las clases altas.

En síntesis, la carta enviada al Presidente es un auténtico y grotesco retrato de una oligarquía egoísta y descontextualizada, que persiste en su aspiración de seguir viviendo en el limbo.

Obviamente, la utopía de estos señores de rancia prosapia es un país con un Estado meramente decorativo que no regule ni cobre impuestos, sin aumentos de salarios ni de pasividades.