15
Ene
19

El gobierno del FA mejoró la vida de los uruguayos

El radical contraste de los números

escribe: Hugo Acevedo / analista

Resultado de imagen para evolución salario minimo nacional 2005 2018 uruguay

LA CAÍDA AL PISO ES DE LOS GOBIERNOS DE LA DERECHA ROSADA, LA REMONTADA ES DE LOS GOBIERNOS DEL FRENTE AMPLIO EN EL SALARIO MÍNIMO DESDE 2005 A HOY

Exultante por las encuestas, que otorgan a la oposición de derecha y en particular al Partido Nacional posibilidades reales de disputar el gobierno en las elecciones de 2019, un editorial del diario el País titulado “Un año de cambios”, derrama un humor triunfalista, sustentado únicamente en los sondeos de las empresas de opinión pública.

El contenido del artículo no deja de ser insólito, en la medida que afirma que “el 2019 que se inicia debe ser el año en que comencemos a recuperar nuestro país. No podemos seguir en el rumbo en que vamos o corremos el riesgo de que el Uruguay se transforme en invivible”.

En realidad, hace casi 17 años, bajo la égida de la última coalición blanqui-colorada, el Uruguay era obviamente invivible, porque estaba en la más absoluta de las ruinas.

En efecto, la dantesca crisis de 2002, cuyas dramáticas secuelas se prolongaron hasta bien entrado el primer período de gobierno del Frente Amplio y en algunos casos aun impactan a la población más vulnerable, constituyó un auténtico catálogo del desastre.

Naturalmente, no fue una crisis mundial como la que se instaló en 2008 en el mundo capitalista, con epicentro en la implosión de la burbuja de las hipotecas basura.

Fue sí el corolario de una paupérrima conducción económica compartida por los dos partidos tradicionales desde la segunda mitad de la década del noventa, con devastadores costos sociales.

En efecto, ese cataclismo fue la directa consecuencia de una conducción errática y del rampante libertinaje de mercado, que provocó, por ejemplo, la debacle del sector financiero y el cierre de cinco bancos de plaza, con millonarias pérdidas para los ahorristas y para el país.

Ese modelo neoliberal caracterizado por la desregulación y la precarización que el bloque conservador nos quiere volver a vender, tuvo un saldo realmente de espanto que los uruguayos no deberían olvidar.

Las cifras de la crisis son contundentes: el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó un 11%, la tasa de desempleo trepó a un pico histórico de 22%, casi el triple del índice actual, el salario real cayó más de un 20%, la pobreza se disparó a casi el 40%, el quíntuple del presente, la inflación alcanzó casi al 26% triplicando la de la actualidad, la moneda se devaluó un 93,7%, el “riesgo país” alcanzó los 3.000 puntos básicos, nuestros bonos se hundieron hasta a un 65% de su valor nominal, los activos de reserva del Banco Central cayeron de tres mil cien millones a setecientos setenta y dos millones de dólares, las exportaciones disminuyeron un 38% y el sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos, lo cual equivale a unos siete mil cuatrocientos millones de dólares.

Ese año de pesadilla no ha merecido ninguna autocrítica por parte del contubernio blanqui-colorado, que se ha exorcizado mediante un discurso plagado de falacias propaladas por medios obsecuentes y ahora le ofrece al electorado la misma receta maquillada y envuelta para regalo.

Si bien Uruguay no crece hoy a tasas chinas como en el pasado reciente y la desaceleración económica es perceptible, la situación sigue siendo considerablemente mejor que durante los gobiernos de derecha que hicieron añicos el país.

Las referencias del columnista al oficialismo que gobierna hace catorce años al país no tienen desperdicio. “Llegaron para cambiar el Uruguay y vaya si lo hicieron, lamentablemente para todos nosotros para peor. La brecha social es cada vez mayor y no sólo la económica”, expresa sin mayor pudor ni rubor el articulista del matutino.

No deja de sorprender que el editorial afirme que el Uruguay “cambió para peor para todos nosotros”. ¿A qué nosotros se refiere? ¿A los oligarcas amigos de los dueños del diario, que no han dejado de ganar dinero a paladas en el marco de un sistema de acumulación capitalista perverso?

Aunque queden asignaturas pendientes y haya dificultades, hoy los trabajadores y los pasivos perciben retribuciones superiores en casi un 60% en términos reales (descontando el costo de vida), la tasa de pobreza está en la quinta parte de la registrada en 2002, la desocupación es un tercio de la que era en 2002, el Producto Interno Bruto creció de diecisiete mil millones de dólares en 2005 a más de cincuenta y ocho mil millones de dólares en 2017, hay negociación salarial colectiva, las empleadas domésticas y los peones rurales tienen derechos y la inversión en educación se incrementó en más de un 160%, llegando al 5.2 del PIB. También se multiplicó el gasto en seguridad y en salud y hay un Sistema Nacional de Cuidados estatal que atiende a miles de personas en situación de vulnerabilidad, entre otros logros que han impactado fuertemente en la calidad de vida de la mayoría de los uruguayos.

Si bien hay algunos problemas que rozan la ética que han enojado a una buena porción del electorado y la persistencia de la inseguridad de origen multicausal es otra fuente de desencanto, el Uruguay de hoy es radicalmente diferente al país gris y quebrado económica, social y emocionalmente que el Frente Amplio heredó de los blancos y los colorados.

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15
Ene
19

la estafa y robo con el ganado en Uruguay …

Se conocieron los nombres de los implicados en la maniobra de abigeato en Rocha.

LA MÁS RANCIA ARISTOCRACIA TERRATENIENTE. EXPLOTADORES DEL PEÓN RURAL. HEREDEROS (de nombre y apellidos) DE VIEJO CUÑO FASCISTOIDE, EX JUPeros. PARTE DE ÉSTA CALAÑA, QUIZO TUMBAR AL GOBIERNO LEGÍTIMO AL AMPARO DE LA TV QUE TRANSMITIÓ EN VIVO SU DISCURSO FACHO … QUÉ MÁS SE PUEDE ESPERAR DE LOS EXPLOTADORES …

NOTA de : Caras y Caretas

Hay consignatarios de ganado, rematadores y una veterinaria.

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Finalmente se conocieron los nombres de los implicados en la maniobra de abigeato y receptación descubierta en Rocha. Al nombre de Óscar Dourado se le agregan los de Eduardo Bobadilla, Milton Amaral. Óscar Molina. Dinorah Zeballos, María Florencia Perdomo, Kleiber Alejo Perdomo, Sebastián San Martín, Yubert López del Puerto, Alejandro Berruti (consignatarios de ganado), Tania Silveira, Jorge Aboy y Sebastián Caligaris. Se trata consignatarios y rematadores, además de una veterinaria, Tania Silveira.

La lista fue dada a conocer por la Jefatura de Policía de Rocha.

Esta maniobra quedó al descubierto tras la denuncia de desaparición de ganado en un campo de pastoreo del departamento de Rocha. La investigación permitió verificar informalidades en la confección de guías de propiedad y tránsito y en la colocación de caravanas, que no correspondían a las características de los animales comercializados, entre otras. La maniobra fue valuada en U$S 180 mil. La investigación dejó en evidencia una maniobra de venta de ganado a través de consignatarios y remates por pantalla, con la complicidad de una veterinaria, vendedores y compradores conscientes de la ilegalidad.

Meses atrás el ministro de Ganadería y Agricultura, Enzo Benech, había denunciado que detrás del abigeato había intereses empresariales y de negocios. Esto motivo la furia de Un solo Uruguay el que a través de un comunicado acusó al secretario de Estado de no hacerse cargo del tema.

14
Ene
19

Historia de vidas cruzadas; Juan Raúl y M. Sofía.

Tiempos de J. Ma. Bordaberry presidente que hizo más fuerte a la JUP.

Una organización clandestina y para militar de ideología fascista.

Tras 10 años prófugo, requerido por diversos crímenes cometidos por el Escuadrón de la Muerte, fue detenido Miguel Sofía. Sus actividades lo llevaron a intervenir en la vida de la familia de Wilson Ferreira Aldunate, contra quien atentó en 1972. Fue deportado por el gobierno de Estados Unidos por participar de un intento de atentado contra Juan Raúl Ferreira en 1976. Desde 2009 tenía orden de captura.

escribe: Pablo Silva Galván  / revista Caras y Caretas

Mientras la Justicia decide el destino de Miguel Sofía comienzan a conocerse nuevos detalles de la actividad del exempresario durante el terrorismo de Estado. Sindicado como integrante del Escuadrón de la Muerte, grupo parapolicial que operó a comienzos de los años 70 y por lo tanto responsable en las muertes y desapariciones provocadas por este, Sofía fue también afiliado a la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Participó en el atentado contra Wilson Ferreira Aldunate en febrero de 1972 y se vio involucrado en diversos episodios que afectaron a la familia Ferreira. Fue expulsado por el gobierno de Estados Unidos tras una serie de amenazas contra Juan Raúl Ferreira. Tras casi 10 años prófugo fue detenido en la noche del martes pasado.

Juan Raúl Ferreira recordó a Caras y Caretas las veces que el ahora detenido Miguel Sofía se cruzó en la vida de su familia. “La primera vez que este hombre se cruza en nuestras vidas fue durante la polémica por el escrutinio de 1971, cuando el Partido Nacional sostenía la tesis del fraude. Después, con los años aparecieron documentos desclasificados en Estados Unidos que confirman la existencia del fraude”. Sobre Sofía recordó que “en aquellos momentos de mucha tensión -entre fines de los 60 y comienzos de los 70-, tenía un rol preponderante la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP. Él era un militante de la JUP. Recuerdo que en febrero de 1972 nosotros vivíamos en avenida Brasil 3136, en el séptimo piso. Mi viejo, cuando salía a hacer arengas públicas, utilizaba el primer piso que era de la familia Amorín Zorrilla. Era de una señora viuda, pariente de China Zorrilla. Una noche estaba solo en casa. Y empiezo a recibir amenazas de muerte. A determinada hora de la noche bajo al primer piso, porque era una familia muy amiga. Estábamos hablando cuando suena un tiro que atraviesa la silla. En realidad hubo dos disparos. Uno, la Policía Técnica demoró en encontrarlo, y el otro apareció en la silla. La Policía detuvo a Miguel Sofia con otros acompañantes. Los procesaron por uso ilegal de arma de fuego, algo como una tontería para lo que podría haber costado”.

Poco más de un año después, la familia Ferreira se ve obligada, a consecuencia del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, a abandonar el país. Por ese tiempo Juan Raúl Ferreira se instala en Washington donde recibe el estatus legal de asilado político. “Fue en ese período, en que estábamos en Estados Unidos, que mi padre presenta las denuncias sobre la represión y la tortura ante el Senado y unos días después da una conferencia de prensa en las Naciones Unidas. En esa conferencia de prensa entra Miguel Sofía acompañado de un par de patoteros, a armar escándalo. Estaba acreditado como periodista del diario El País. Fueron desalojados por la seguridad de las Naciones Unidas en medio de gritos. Lo más doloroso fue que hacía muy pocos días que habían asesinado a Zelmar (Michelini) y el Toba (Héctor Gutiérrez Ruiz) y ellos gritaban que estábamos defendiendo a subversivos”.

En Estados Unidos

“Desaparece de nuestra vida por un tiempo y se vuelve a cruzar nuevamente por 1976. Poco después de la muerte de (Orlando) Letelier (exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende), con quien yo trabajaba, un columnista que en ese momento era el periodista más renombrado, Jack Anderson, comenzó a publicar una serie de artículos donde dice que que fuentes del FBI le informaron que están detrás de la pista de un posible atentado contra un exiliado uruguayo en Washington”, recuerda Ferreira al mencionar otra de las veces en las que Sofía se cruzó en la vida de su familia. “El único exiliado que había en Washington era yo. El FBI nos informó que me habían puesto una protección inadvertida, así la llamaron, porque tenían alguna información pero ya estaban sobre la pista”.

Por esos días Ferreira comenzó a recibir en su apartamento una serie de amenazas. El edificio tenía un sistema por el cual mediante una sencilla operación el teléfono del apartamento quedaba conectado a la portería, la que recibía las llamadas. “Cuando salía del apartamento movía una perilla y el teléfono quedaba conectado con la portería. Y allí tomaban los mensajes. Yo llegaba y encontraba mensajes que no llamaban la atención de la portería pero sí la mía, del tipo de: ‘Llamó Zelmar Michelini, que se verán pronto nuevamente’. Mensajes que solo yo podría entender y que eran una amenaza. Con estos antecedentes me presento ante el FBI y a las 48 horas declaran a Miguel Sofía persona non grata. En ese momento era  secretario de prensa de la Misión Militar de la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Cuando llegó a Uruguay dijo que lo habían expulsado porque había robado un queso en un supermercado”. No obstante, ese mismo año hubo algunos episodios que dejaron en evidencia que el gobierno de Estados Unidos “no quería que Miguel Sofía se tomara el tema en joda. Durante una escala técnica en un vuelo a Taiwán, donde solo tenía que cambiar de avión sin ingresar a territorio estadounidense, fue detenido y deportado a Uruguay”.

“En esos mismos días sucede una cosa parecida, amenazas de muerte, con mi padre en Londres. Más o menos similar a lo sucedido conmigo pero sin identificar a los responsables, sin nombres y apellidos”, señaló.

El caso Bardesio

La presencia de este personaje en la vida de los Ferreira tuvo un antecedente previo al golpe de Estado de 1973, pero que produjo sus consecuencias entrado el siglo XXI. En febrero de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) secuestró a Nelson Bardesio, funcionario policial sindicado como integrante del denominado Escuadrón de la Muerte. En sus declaraciones Bardesio nombró, entre los integrantes de la organización, a Miguel Sofía, por ese entonces militante de la JUP. El escuadrón era responsable de las muertes y desapariciones de Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. “Cuando los tupas liberan a Bardesio se lo entregan a mi viejo. Lo liberan donde yo hacía los preparatorios, en el Seminario de los jesuitas. Se lo entregan al padre Aguerre que era el rector y mi viejo lo recibe. Wilson manda a buscar a (Julio María) Sanguinetti y al jefe del Ejército. Pone como condición para entregarlo que no sea a las fuerzas policiales sino a los militares. Se lo entregan a los militares y estos se lo entregan a la Policía violando la palabra. A raíz de eso en mi vida me vuelvo a cruzar con Sofía cuando cae Nelson Bardesio, que estuvo oculto mucho tiempo. Es extraditado y juzgado”.

En ese contexto “la jueza a cargo, Graciela Eustaquio y el fiscal Hugo Gómez, me llaman a declarar. Y ahí surge el nombre de Miguel Sofía. Me interrogan sobre Sofía, fui a declarar por Nelson Bardesio y terminan interrogándome sobre Miguel Sofía. El abogado de este era el doctor Miguel Langón. Después de esas declaraciones mías, él desaparece.

Ahora, con Sofía detenido, voy a ponerme a disposición de la Justicia. Capaz que no me necesitan pero voy a ir. Antes no había fiscalía especial como hay ahora y mis declaraciones eran en el expediente de Bardesio, pero lo que dije de Sofía fue a pedido de su defensa que en ese momento sostenía que el atentado del año 71 había sido en realidad por error y justo  tocó en el mismo edificio donde vivíamos, que lo que quería era una venganza por un tema amoroso”, finalizó Ferreira.

13
Ene
19

el fascismo brasileño

Religiones afro y musulmanes: ¿las primeras víctimas de Bolsonaro?

escribe: Sayid Marcos Tenorio

El proceso electoral de 2018 puso en discusión temas que parecían ser de consenso en la sociedad brasileña, como la laicidad del Estado y la libertad de cultos. Esa idea de que Brasil es un país de reconocida diversidad cultural, tolerante y que convive bien con las nuevas culturas no existe más. Lo que surgió de la campaña y de las urnas fue una ola avasalladora de odio, preconceptos, racismo e intolerancia.

Durante la campaña presidencial, Jair Bolsonaro declaró en Campina Grande, Paraíba, que hay que acabar con esa “historieta del Estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que se oponga a esto, que se mude”, ignorando así la Constitución brasileña, en la que está escrito que, al ser el Estado laico, cualquier persona es libre de tener o no una religión, y de practicar sus ritos. El nivel de las declaraciones del candidato hizo que los grupos de las comunidades judía y musulmana firmasen juntos una carta de rechazo a su discurso de intolerancia en relación a las religiones que no son las cristiano-evangélicas.

Una vez que se conoció el resultado de las elecciones, el primer gesto del vencedor fue aparecer delante de las cámaras de televisión orando al lado de sus aliados evangélicos y declarando que gobernará “siguiendo las enseñanzas de Dios y de la Constitución”. Sobre la mesa había un ejemplar de la Constitución y uno de la Biblia.

En el discurso de asunción, el presidente de la República volvió a hablar del tema: “Vamos a unir al pueblo, a valorizar a la familia, a respetar las religiones y a nuestra tradición judeocristiana, combatiendo la ideología de género, rescatando nuestros valores. Brasil pasará a ser un país libre de ataduras ideológicas”.

El presidente que juró respetar la Constitución se olvidó de que todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y estar sometidos a las mismas leyes, independientemente de sus tradiciones, sean estas judeocristianas, islámicas, etcétera. Olvidó que Brasil, como Estado laico, debe ser neutro en materia religiosa, sin perjudicar ni favorecer a miembros de una u otra fe, ni permitiendo que sus ciudadanos utilicen sus preconceptos para limitar la libertad de expresión y culto.

Algo similar sucedió con la nueva ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, la pastora evangélica Damares Alves. En medio de frecuentes exclamaciones como “aleluya” y “gloria a Dios”, la ministra sostuvo en su discurso de asunción que “el Estado es laico, pero esta ministra es terriblemente cristiana”, corroborando la tesis del presidente Bolsonaro de que “el que está en contra, que se mude”.

De esta forma, parece claro que la cuestión de la laicidad del Estado brasileño está en discusión y que otras muchas disposiciones constitucionales serán puestas a prueba, porque Bolsonaro viene repitiendo que su gobierno estará comprometido con “los valores de la familia cristiana”, y este concepto seguramente tendrá impacto en la formulación de políticas públicas en las áreas social, educacional, de derechos humanos, entre otras, incluso en el área diplomática, poniendo en riesgo lo que está consagrado en el texto constitucional.

La actitud del presidente –y no es novedad para nadie, ya que nunca escondió sus opiniones rascistas y llenas de preconceptos– provocó el surgimiento de diversas agresiones y tensiones. Cotidianamente asistimos a difamaciones, calumnias y prejuicios contra los migrantes de países árabes o contra personas de religión islámica, asociando a la religión con supuestos partidarios del terrorismo.

La Constitución brasileña, denominada por Ulysses Guimarães, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que la elaboró, como “Constitución Ciudadana”, consagra como un derecho inviolable la libertad de conciencia y de creencias en su artículo 5º, estableciendo que Brasil es un país laico. Y tratándose de un Estado democrático de derecho, cualquier persona tiene la opción de elegir su fe religiosa y expresarla sin ser agredida o acosada. Este derecho de libre expresión religiosa también está asegurado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas y por la Carta de la Organización de Estados Americanos.

La religión y las creencias del ser humano no deben constituirse en una barrera para la convivencia fraterna y respetuosa entre las personas, ni debe defenderse la impunidad para los intolerantes omitiendo legislar contra las intolerancias. Todos deben ser respetados y deben ser iguales ante la ley, independientemente de su orientación religiosa.

Pero esto no es lo que sucede en Brasil en la práctica. Diariamente nos encontramos con ataques de a personas y templos de diversas orientaciones religiosas, sobre todo la islámica y afrobrasileña. Muchos adeptos a estas religiones pasan por situaciones de discriminación, desde una simple mirada desconfiada hasta agresiones verbales y físicas. Estas acciones surgen del desconocimiento de los valores democráticos y laicos, así como de la ignorancia sobre el sentido y los principios de estas religiones.

Con el advenimiento de las redes sociales y el fenómeno de las fake news, ampliamente utilizadas en la campaña electoral, se amplió todavía más la producción y la manifestación de una cultura de odio y de rechazo a lo diferente, que ya estaba presente desde hacía décadas contra diversas minorías, como la de los fieles de las religiones afrobrasileñas.

En Brasil han ocurrido diversos ataques de carácter xenófobo contra los musulmanes, basados en estereotipos desarrollados y estimulados en diversos ámbitos de producción simbólica y a través de los medios de comunicación, que van desde audios divulgados por las redes hasta ataques a musulmanes o simplemente a personas que utilizan ropa u accesorios identificados con esta religión. Aunque no se trata de violencia física directa, sí es violencia simbólica, que poco a poco deshumaniza a los practicantes de estas religiones y los vuelven más vulnerables a la violencia física.

La oposición ideológica o intelectual no puede convertirse en la expresión de un deseo de exterminio o del ejercicio de violencia física sobre ningún ciudadano. Eso atentaría contra la libertad de expresión del otro, dado que negaría al otro la existencia de su identidad y de su singularidad religiosa.

El Congreso, como caja de resonancia de la sociedad brasileña, debe aprobar normas que ayuden a consolidar los principios republicanos y laicos de nuestra Constitución, entre ellos, el derecho legítimo al ejercicio pleno de la liberta religiosa, y legislar a favor de la convivencia pacífica entre personas de diferentes credos, reprimiendo y castigando al mismo tiempo a quienes violan la libertad y el libre ejercicio de la religión.

El jefe de gobierno de un Estado laico debe repudiar la violencia ejercida contra los ciudadanos por su religión. Aceptar y estimular cualquier forma de violencia de este tipo es aceptar que la sociedad se vuelva un espacio de tensiones que arriesgan la integridad de las minorías religiosas.

Sayid Marcos Tenório es historiador y dirigente del Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta Pela Paz.

12
Ene
19

Militarizar el Uruguay …

  • LA MENTIRA CUASI FASCISTA …

Culpables hasta en la tumba

escribe: Celsa Puente / Caras y Caretas

PARA EVITAR LOS CRÍMENES DENTRO DEL HOGAR A MANOS DE SUS CO-HABITANTES, PONDRÁN UN MILITAR EN CADA CASA ? … 

En Uruguay, un candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional logró la friolera de 376.427 firmas para llevar adelante la campaña “Vivir sin miedo”, una suerte de solución mágica para el problema de la inseguridad en la que se propone sacar a los militares a las calles para supuestamente protegernos. Y una se pregunta cómo se concibe una mirada tan restringida del grave problema de la violencia que atraviesa nuestras relaciones sociales. Hay otras cifras dolorosas e impactantes de este 2018 recién terminado: 39 femicidios en una población de tres millones de habitantes, 39 mujeres violentamente exterminadas por el odio machista. 39 mujeres eliminadas de este mundo por ser tales. 39 mujeres de entre 2 y 86 años para las que el escenario de mayor riesgo fue su propia casa y cuyos homicidas fueron sus parejas o exparejas o familiares muy cercanos. ¿Se puede ser tan miope como para no ver esta realidad? ¿Cuántas mujeres y niñas/niños están sufriendo violencia en este momento y son pasibles de desaparecer en tiempos venideros? “El feminicidio es el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de abuso verbal y físico”, dice la activista sudafricana Diana Hamilton Russell. ¿Cuántos padecimientos soportaron las víctimas previo al desenlace feroz?

Cada asesinato machista nos mata un poco a todas. En los últimos días tres mujeres fueron víctimas de feminicidio, asesinadas por los mismos hombres que un día les juraron amor. En este estado del arte, sabemos lo que pasa pero parece que nadie sabe cómo transformarlo. Entonces, la fantasía de sacar a los militares a la calle -peligro que no me detendré a analizar en esta breve nota- se cae como solución mágica y desnuda una realidad descarnada: vivimos en la sociedad de maltrato machista normalizado y cuando las mujeres exhiben decisiones propias y se enuncian como sujetas de derecho con autonomía para conducir sus vidas, la situación se vuelve insoportable para los hombres y aparecen las expresiones del disgusto registradas en el cuerpo de las mujeres y niñas/niños que se viven como territorios de posesión, como trofeos del poder.

Urgen cambios. Uno de ellos en la reconstrucción de la mirada cultural, erradicando la idea de que a las mujeres les toca obedecer y callar y a los hombres mandar, decir y decidir.

La  catarata de preguntas que se dispara  frente a cada caso de violencia machista es elocuente: ¿por qué le abrió la puerta? ¿Por qué fue a ese sitio con él? ¿Qué llevaba puesto antes de que la violaran? ¿Por qué andaba sola a esa hora? ¿Qué hacía en ese lugar? ¿Con quién había ido?  Nadie cuestiona al agresor u homicida, todas las imputaciones van referidas  a las víctimas. También es elocuente la desacreditación de la lucha de las mujeres para generar estos cambios  y los insultos que a nivel público comienzan a florecer frente a cada expresión de repudio, marchas y mecanismos de exigibilidad que se ponen en juego.  Histéricas, injustas, desmedidas, brujas, frustradas y locas son solo algunos de los vocablos que surgen como consecuencia de la expresión de los colectivos de mujeres que exhiben su rechazo a la violencia y, cuando no es esto, es la burla de quienes dicen que se sobredimensionan las situaciones, mofándose de la lucha, de las víctimas, de las denuncias, de la violencia y del sufrimiento.

Necesitamos una nueva educación y un feminismo vivo que deje muy claro que no queremos igualarnos al varón para hacernos poseedoras de lo peor que siempre han tenido los hombres. Reclamamos y luchamos por derrumbar el orden simbólico, reclamamos dejar de ser vejadas, humilladas, golpeadas, violadas y asesinadas. Reclamamos dejar de ser definidas en base a los hombres, ser consideradas en función de nuestras propias características y ocupar el lugar que nos corresponde por ser sujetas de derecho, no ser objetos de propiedad de nadie ni materia para la complacencia masculina. Y reclamamos sin desmayo dejar de ser culpables.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, dice una mujer joven desde una de las redes sociales, denunciando el ataque que sufrió una compañera la noche anterior. Y por ahí pasa parte del trabajo pendiente, poner el esfuerzo y la constancia en la construcción de un nuevo modelo de vida que no ponga en riesgo a las mujeres simplemente por vivir como deseamos. Dejar de sentirnos imputadas por los crímenes que se cometen contra nosotras: “Si la próxima soy yo, luchen en mi nombre para que al menos desde la tumba no me hagan sentir culpable”, grita otra jovencita desde Twitter.

“Una mujer -en realidad tres en 48 horas- asesinada por su pareja. Un hombre acuchillado por su vecino cuando cortaba el pasto. Un centenar de jóvenes “festejando” a botellazos la Navidad.
Y todavía hay quienes creen que esta sociedad violenta no es nuestra y solo se cambia con el nombre del ministro”, dice mi amigo Carlos Lebrato. Así sintetizó  hace unos poquitos días las cuestiones que nos comprometen claramente como sociedad en relación a la construcción de los vínculos y que deberíamos tomar como punto de arranque para un 2019 que nos encuentre trabajando estos temas sin simplismos pueriles.

11
Ene
19

Los canallas nunca triunfan …

El origen del presente ¿Realmente el senador Larrañaga pretende reeditar en Uruguay el Estado represivo mexicano?

Larrañaga. Foto: Fernando Pena.

A COSTA DEL MIEDO CIUDADANO, UN TAL GUAPO, CRECE EN LA ENCUESTA INTERNA DEL PARTIDO DE LA DERECHA URUGUAYA.

UN VALE TODO INMORAL Y EMBUSTERO …

Muchos dirán que es una coincidencia, otros dirán que es una relación de causa y efecto. En cualquier caso: cuán atractivo es vincular las 376 mil firmas que nos aseguran un futuro de vida sin miedo con la remontada del Partido Nacional al 34 por ciento de intención de voto, o, lo que es lo mismo, el traspié del Frente Amplio al 30 por ciento. Porque, dígase lo que se diga, la inseguridad proclamada, machacada, repetida, aumentada, invocada, hiperdimensionada es moneda de cambio electoral, y viene siéndolo desde hace tiempo. Es decir, la inseguridad, debidamente abonada y regada durante cuatro años, es una verdad que no necesita demostración, como lo prueba el 13 por ciento del electorado que estampó su voluntad convencido de que tiene miedo o, como dice el senador Jorge Larrañaga, que le pone el hombro a una “emergencia nacional”, sin que se haya detenido, esa porción del electorado, a sopesar los términos de un debate que no existió y que no existe sobre los fundamentos de la iniciativa de reforma constitucional.

De hecho, las 370 mil firmas confirmarían la “sensación de inseguridad” que alimenta las estrategias políticas en Uruguay. Aun siendo la seguridad ciudadana una de las campañas más redituables a nivel mundial de una derecha que se derechiza, la comparación de la situación en el país con lo que ocurre fuera no guarda ninguna relación, y de eso dan fe los extranjeros, mexicanos, brasileños, colombianos, guatemaltecos, que tienen la suerte de disfrutar de nuestra “inseguridad” durante su permanencia en el país. El barómetro para medir las comparaciones fracasa ante situaciones diversas: no hay comparación entre la nueva inmigración de latinoamericanos, venezolanos y cubanos particularmente, que se asientan en armonía, con las oleadas de inmigrantes en Europa que tensan las relaciones sociales y exacerban una fobia ultranacionalista y discriminatoria; no hay comparación con el nivel de violencia del narcotráfico en Brasil, el grado de corrupción en México o la industria del sicariato en Colombia. Y ni qué decir de un terrorismo fundamentalista que nos es completamente ajeno.

Pero hay que admitir: ese enfoque de compararse con el peor alumno de la clase es polémico. Cualquiera sea el nivel real de nuestra inseguridad (aquel nivel que no esté inflado por los operativos mediáticos), vale la pena ponderar cuáles son las propuestas para reducirla. La inseguridad es la consecuencia de un grado de violencia criminal que se mide en dinero: el que fluye a través del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción estatal y empresarial. O la falta de dinero: la pobreza, la exclusión social, la violación sistemática de derechos humanos elementales (vivienda, salud), las aberrantes inequidades en la distribución de la riqueza, todo lo que te lleva a arrebatar lo que el sistema no te da, algo que al final resulta más fácil que el sacrificio del trabajo indigno y explotador al que tenés acceso por tus limitaciones.

¿Cuál fue la respuesta de los últimos gobiernos? En materia de represión, una Policía mejor paga, mejor equipada, cuerpos represivos remodelados, armados a guerra, con licencia para reprimir en “zonas rojas”, y una inversión fabulosa en tecnología, capaz de seguirte en imágenes todo el día, desde que salís de tu casa hasta que regresás, de escucharte y de analizar tus comportamientos de consumo y de diversión, tu inocencia, tus impulsos y tus aberraciones (en sentido laxo, incluidas las que para algunos pueden ser aberraciones políticas). El resultado de la controversia es una aburrida esgrima de valoraciones contrapuestas, antagónicas, irreconciliables, divorciadas de cualquier objetividad, sobre los resultados de la gestión, que se zanja con el consabido sonsonete “que renuncie Bonomi”.

¿Y cuál es la propuesta de aquellos que pretenden desplazar al Frente Amplio del gobierno, y que en todo caso heredarán una Policía mucho más capacitada para la represión? Es una propuesta cualitativamente superior, con tufo a reincidencia en experiencias pasadas, de las que quienes la proponen no han aprendido nada, o, lo que es peor, no quieren aprender, porque están más cercanos del error pasado que de la enmienda con suerte variable. La propuesta del senador Jorge Larrañaga –de la que nadie daba tres vintenes por ella cuando la lanzó, en lo que se interpretó como un desesperado intento de rescatar protagonismo electoralmente capitalizable, y que hoy lo reposiciona como una alternativa precandidateable con grandes expectativas– se sostiene en un proyecto de reforma constitucional para incorporar cuatro nuevos instrumentos que darán combate exitoso al miedo, aunque no es tan evidente el éxito contra el delito. Ellos son: cadena perpetua (revisable); cumplimiento total de la pena para delitos graves; autorización para hacer allanamientos nocturnos; y creación de una guardia nacional militar.

No se necesita ser adivino para prever qué ocurrirá si esto se concreta: habrá prepotencia violatoria de los derechos individuales, como está ocurriendo con menores de edad en ciertos barrios periféricos; habrá más muertos, y por tanto más violencia; habrá más hacinamiento en las cárceles, y más miedo, no de que te roben la cartera de un tirón, sino el miedo de la impunidad, ese miedo que se construyó bajo el terrorismo de Estado y que sigue impregnando a la sociedad. El portal de la campaña Vivir sin Miedo dice: “¿Por qué crear una guardia nacional con militares? Porque es necesario tener una nueva fuerza de seguridad pública: una guardia nacional. Estará integrada por 2 mil efectivos militares. Es necesario acudir a militares porque están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas, tienen equipamiento, están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin mayor demora”. No hay ninguna explicación de por qué la Policía y sus cuerpos militarizados no están en condiciones, hoy, de hacer lo que supuestamente harían los militares de la guardia nacional. No hay ninguna explicación de cuáles serán los métodos nuevos, inéditos, que aplicarían los militares para reducir el crimen, salvo que esa reducción se produzca por una reducción drástica de los criminales.

El origen de este presente que propone una guerra al delincuente se rastrea en aquella autorización legal para que los militares desataran la guerra contra la población civil. Una vez en marcha la maquinaria militar, ¿quién la para? ¿Realmente el senador Larrañaga pretende reeditar en Uruguay el Estado represivo mexicano, donde las batallas contra supuestos “narcos” ofrecen récords insólitos de eficiencia: bajas totales de los delincuentes, ninguna de las fuerzas del orden? ¿O simplemente es un delirio que pretende el truco de un triunfo electoral?

Tal como se presentan las cosas, no se dibuja en el horizonte la posibilidad de un debate serio y profundo sobre el proyecto de reforma, antes de que se ponga a votación en octubre de 2019.

11
Ene
19

DDHH en Uruguay…

Política

Familiar del ex integrante del Escuadrón de la Muerte protagonizó altercado en el juzgado y fue expulsado de la salaEmpresario Sofía vuelve hoy al Juzgado: tomarían medidas para evitar fuga

MIENTRAS EL FASCISMO CRECE EN LA REGIÓN Y TREPA A ESCALA INSTITUCIONAL, EN URUGUAY SE LES ENCARCELA …

El empresario Miguel Sofía declaró ayer ante la justicia y volverá a hacerlo hoy para responder por una serie de crímenes cometidos en Uruguay a principios de los años setenta. Sofía, acusado de integrar el Escuadrón de la Muere, prófugo de la justicia desde 2009, fue detenido el martes en Montevideo.

Los escuadrones de la muerte, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros, entre otras denominaciones, fueron grupos parapoliciales y paramilitares que operaron en las décadas de los años 1960 y 1970.

Ayer, a la hora 9, Sofía fue conducido por personal de Interpol al juzgado de 28º turno donde fue interrogado por la jueza Fanny Canessa. El empresario llegó esposado a la sede judicial y fuertemente custodiado.

Sobre las 13:30 fue sacado del juzgado y trasladado nuevamente a dependencias policiales, con esposas. Hoy a la hora 10, volverá a declarar. La justicia dispuso que se mantenga su calidad de detenido. Sofía será juzgado con el Código Penal viejo debido a que el caso y su búsqueda se remonta a más de una década.

Estaba requerido a nivel nacional e internacional por la justicia uruguaya por delitos de lesa humanidad. Sofía está acusado de integrar el Escuadrón de la Muerte, y como tal de la desaparición forzada de Héctor Castagnetto y Abel Ayala en 1971 y los homicidios de Manuel Ramos Filippini en 1971 y de Ibero Gutiérrez en 1972.

El abogado del acusado Aníbal Martínez Chaer anunció que hoy presentará un recurso de inconstitucionalidad en el caso, lo que suspenderá el proceso hasta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia. Sofía fue detenido el martes a la noche en la vía pública por personal de Interpol.

Más precisamente, en Francisco Solano Antuña y Benito Blanco. Al ser abordado, se identificó con una cédula de identidad a nombre de Adolfo Aldo Casaballe Lapido. Luego de determinar que el mismo era el autor, fue detenido y conducido a la dependencia policial. Durante su comparecencia en la sede judicial, un familiar muy cercano de Sofía protagonizó un altercado con personal policial.

La jueza dispuso su expulsión de la sala y los policías analizan presentarle cargos. Por otra parte, la Fiscalía, apelando a una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia, podría solicitar la prisión preventiva de Sofía antes que la Corte analice el pedido de inconstitucionalidad, como consecuencia de sus antecedentes como prófugo de la justicia por casi diez años.

Delitos

Sofía está acusado de integrar el Escuadrón de la Muerte, de desapariciones forzadas y homicidios cometidos durante la dictadura militar.

Caso Sofía “pondrá a prueba la eficacia del sistema judicial”

El Observatorio Luz Ibarburu se refirió a la detención del empresario Miguel Sofía y consideró que este caso pondrá a prueba la eficacia del sistema judicial. Lo que sigue es el punto de vista de esta red de organizaciones de la sociedad civil sobre el pasado reciente creada en 2012.

“Luego de una década prófugo de la justicia el martes detuvieron en Montevideo al empresario y militante del Partido Colorado Miguel Sofía Abeleira. En 2009 el entonces fiscal penal de Primer Turno Ricardo Percibale había pedido su procesamiento como autor de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de Desaparición Forzada y dos delitos de Homicidio muy especialmente agravados.

Sofía participó en el secuestro y la desaparición de Héctor Castagneto da Rosa ocurrida el 17 de agosto de 1971 y en los asesinatos de Manuel Ramos Filippini, el 31 de julio de 1971, y de Ibero Gutiérrez Ruiz, el 28 de febrero de 1972.

La existencia del Escuadrón fue revelada por Nelson Bardecio en 1972 cuando fue secuestrado por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y confirmada luego por otras denuncias y documentos.

En el procesamiento de Bardecio y Pedro Walter Freitas como coautores del homicidio muy especialmente agravado de Castagneto, la jueza Graciela Eustachio sostuvo que había abundante prueba documental para confirmar la existencia del Escuadrón: “Que en nuestro país en la década de 1970, existían grupos parapoliciales y paramilitares (DAN, JUP, CCT, entre otros) que actuaban clandestinamente y en forma sistemática efectuaban atentados, privaciones de libertad, torturas y homicidios, amparados por el gobierno de esa época.

Esos grupos tenían por objeto la represión del movimiento de liberación nacional tupamaro (MLNT) y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado (armas, explosivos, vehículos, personal, etc)”

Respecto de los delitos que se le imputan a Sofía está la desaparición de Castagneto, secuestrado en la calle cuando iba a entregar unos discos que había vendido en la zona de Malvín. Se sabe que lo asesinaron pero el cuerpo nunca apareció.

El cadáver de Ramos Filippini fue encontrado en las rocas de la playa Pocitos detrás del parador Kibon. Tenía numerosos impactos de bala y los dos brazos quebrados. Junto al cuerpo había volantes del ´Comando Caza Tupamaros, Oscar Burgueño´.

A Ibero Gutiérrez lo secuestraron probablemente en la calle. El cuerpo apareció al día siguiente en camino de las Tropas y camino Melilla. Tenía 13 balazos. ´Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros´, decía el cartel que los asesinos dejaron al lado del cuerpo.

El Observatorio Luz Ibarburu advierte, que si bien la detención de Sofía abre la posibilidad a que la justicia investigue más sobre el funcionamiento del Escuadrón de la Muerte así como sobre las complicidades que hicieron posible su fuga y las entradas y salidas del país durante la década que estuvo prófugo, también pondrá a prueba la eficacia del sistema judicial para neutralizar las estrategias dilatorias que sin duda se desarrollaran para que continúe operando la impunidad”.




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