GRACIAS, MIL GRACIAS Lula !!
VENCIÓ al FASCISMO
Archivo de octubre 2022
El caso de los pasaportes ilegales gestionados por una organización criminal liderada por el jefe de seguridad de la presidencia, Alejandro Astesiano, desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva es un escándalo nacional e internacional por un motivo fundamental que cualquiera advierte: Astesiano era el hombre de más confianza del presidente y fue designado por él pese a su profuso prontuario de anotaciones. Y si el hombre que andaba con el presidente de arriba para abajo, viajaba con su familia y no se le despegaba jamás era el capo de una asociación para delinquir que utilizaba el poder del Estado para sus negocios turbios, es obvio que la causa que lo involucra es políticamente sensible. Muy sensible. Porque si a un paso del presidente estaba Astesiano, eso implica, naturalmente, que a un solo paso de Astesiano estaba el presidente, que parece igual, pero no es lo mismo.
Tomando en cuenta la gravedad de este caso, la filtración de las palabras de la fiscal en reciente audiencia disculpando al presidente son harto llamativas. Ella sostiene que la sacaron de contexto, pero el texto expreso de lo que dijo es exculpatorio sin ambages: “El mismo presidente de la República ha manifestado el dolor, ha manifestado lo que le ha implicado. Se han hecho muchas comunicaciones a través de la prensa hacia autoridades que nada tienen que ver, porque en todo caso es una situación de confianza. Y todos los que estamos en el sistema alguna vez nos hemos llevado un desencanto con alguien que creía que era de tal manera y luego surge de otra”.
Ahora bien, el prejuzgamiento no es una figura que aplique a una fiscal, porque no es una jueza. Pero si la fiscal, que carga con la responsabilidad pública de acusar e imputar, afirma en audiencia que hay autoridades que no tienen nada que ver, sino que fueron defraudadas en su confianza (como le puede ocurrir a cualquiera que esté en el sistema), refiriéndose evidentemente al presidente, único posible titular de una confianza defraudada, entonces cabe concluir que la fiscal ya cerró cualquier línea de investigación que se dirija de Astesiano hacia el mandatario. Esto es, hacia arriba. Porque arriba de Astesiano estaba el presidente. ¿Qué otra cosa puede significar su aseveración, su peculiarísima aseveración?
Para colmo, casi simultáneamente se conoce que la fiscal también sostuvo que solo se había podido recuperar el 2% de la información borrada del celular de Astesiano y que faltaban recursos para poder traducir los mensajes en ruso de algunos de sus cómplices. Pero resulta que el Ministerio del Interior cuenta con software y técnicos especializados para recuperar la totalidad de la información del celular y la fiscal, en lugar de reclamar al ministerio, se dedica a denostar al periodista que informa de esta curiosidad, tuiteando furibunda, aparentemente desde Ámsterdam, Holanda, porque (¡vaya curiosidad!) también trasciende que en el medio de esta causa gravísima se tomó tres semanas de licencia y se fue de viaje hasta el 11 de noviembre. Licencia que tendría programada desde antes, pero que cayó justo en el momento más inoportuno.
Si no fuera suficientemente raro todo esto, al día siguiente trasciende que antes de viajar se llevó un montón de documentos para la casa, y cuando se conoce esta insólita información ella se encarga de informar a la Fiscalía que no se los llevó del país, y que su equipo tiene acceso, pero no queda claro que no se los haya llevado para la casa, como informó la prensa. No queda claro si desmintió o no desmintió.
En el medio de esta seguidilla de situaciones extraordinarias, otra vez la prensa saca a la luz algo muy llamativo: la Policía ya había recuperado el 100% de la información del celular de Astesiano con el software que justamente había mencionado el periodista vituperado por la fiscal, y habría que cotejar las fechas para saber si cuando la fiscal afirmaba que solo se había podido recuperar el 2% ya se había recuperado el total o no, porque en el primero de los casos, o bien la fiscal no estaba informada de la novedad, cosa bastante extraña o bien la novedad no supo emerger de las palabras de la fiscal, cosa más extraña aún. Sorprendentemente la fiscal contesta todo. Se ocupa más de los medios y las redes sociales que de la propia causa. Al menos, lo hace también desde su merecido descanso europeo, en el que las vacaciones no han conseguido apagar su furia.
A esta altura es inevitable que el trabajo de la fiscal de este caso genere suspicacias. Cualquier causa políticamente convoca a la sospecha, pero si además el ambiente se llena de rarezas, las suspicacias afloran con más facilidad. Por otro lado, la fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati, que lleva adelante la investigación del caso Astesiano, ya tenía un destino próximo definido para ocupar la plaza de Enrique Rodríguez, en la fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, donde se tramitan otros casos muy sensibles políticamente impulsados por el propio gobierno, cuya autoridad máxima es el presidente de la República.
Por lo tanto, la forma en que maneja este caso tiene que ser intachable, porque si la fiscal siente simpatía particular o empatía tal con el presidente, que le permite afirmar a priori que no tiene nada que ver, que simplemente fue defraudado en su confianza, cuando todavía no se ha investigado el contenido total del celular de Astesiano, su hombre de mayor confianza, y responsable de una asociación para delinquir que funcionaba en el piso cuatro de la Torre Ejecutiva, ¿qué garantías pueden tener los dirigentes de la oposición investigados en causas que se tramitan en la Fiscalía que ella podría ocupar en breve?
Algo más sobre “ideología dominante” e “ideología emergente”
En el lenguaje corriente se usa la palabra “ideología” para referirse a una corriente de pensamiento determinada, generalmente alternativa. Por ejemplo: “derecha” e “izquierda”. Pero en las ciencias sociales, desde hace un siglo y medio, se emplea “ideología dominante” para referirnos a una concepción legitimadora del mundo social que nos rodea, y que emana en forma espontánea e inconsciente de las relaciones sociales materiales de la sociedad, esto es, de su sistema productivo.
Desde hace un siglo también se fue incorporando en los sectores más avanzados de las ciencias sociales el uso de “ideología emergente” aplicado al sistema de ideas que advirtió la existencia de este fenómeno, y es por eso que denuncia al sistema productivo capitalista no sólo porque está conduciendo a un fracaso apocalíptico –ya fuere ecológico o nuclear– sino por sus notorias contradicciones conceptuales, ya que postula que la competencia conduce a la abundancia y a la felicidad, cuando ha conducido al peligro nuclear, a la barbarie de la opulencia y del despilfarro ostentoso frente al hambre y a la miseria. Y nos está augurando ahora la posibilidad muy próxima del fin de la humanidad, ya fuere por un desastre ecológico supremo (provocado por el capitalismo depredador) o por un estallido nuclear (decidido por gobiernos, pero también impulsado por la competencia económica del sistema productivo).
¿Esto indicaría que hay que abandonar “izquierda” y “derecha”? No me parece necesario. “Izquierda” y “derecha” nacieron con la Revolución Francesa de 1789. Entonces se aplicó a quienes, al votar la deposición del rey, se sentaron a la izquierda y quienes se sentaron a la derecha de la sala. En ese primer momento, significaba algo así como “republicanos” y “monárquicos” o “partidarios de la soberanía popular” y “partidarios de la monarquía”.
Posteriormente “izquierda” se fue aplicando a transformaciones socialdemócratas como la ley de ocho horas, las jubilaciones, la licencia anual, etcétera, que corregían, algo, la explotación del sistema económico, o también se aplicaron (tempranamente) a aspectos del patriarcado. Cuando sólo votaban los hombres, nuestra ley (de 1922, que se aplicó en 1927), fue considerada “de izquierda”. Igual apelativo siguen teniendo otros avances solidarios que siguen apareciendo en esferas públicas o privadas.
No creo que sea necesario postular el abandono de esta dicotomía. Pero sí es preciso advertir que muchos hombres y mujeres que se consideran “de izquierda”, y también partidos políticos y (con más razón) coaliciones de partidos políticos, son mencionados –y frecuentemente sus dirigentes también lo hacen– como “de izquierda” cuando, estrictamente, no lo son en forma plena.
¿Por qué? Por lo que se dijo al comienzo: la “ideología dominante” nos alcanza a todos. Quienes nos consideramos “de izquierda” no podemos estar seguros de no arrastrar algunos prejuicios heredados o adquiridos.
Voy a citar el caso de un dirigente político a quien aprecio y respeto, quien, teniendo un título universitario y ocupando un alto cargo en el Banco de la República, dijo, por televisión, “los clientes del BROU” en lugar de decir “los usuarios”. Es imposible suponer (por su afiliación partidaria) que este militante ignora la noción de “ideología dominante”. Simplemente, el uso del lenguaje habitual lo traicionó.
En el inciertísimo mundo actual, no parece imposible que Uruguay pueda volver a introducir cambios solidarios en su sistema productivo. Para ello, hace falta una acción política educadora.
Cito otro uso más frecuente, que nos alcanza a todos: cuando usamos la expresión PIB (producto interior bruto), sin aclarar que es una expresión acuñada por economistas ortodoxos, estamos, también, reproduciendo la ideología dominante. Porque PIB es definido como “conjunto de bienes y servicios estimados en su valor monetario producidos por un país en período determinado”. Y esto significa que, por ejemplo, una ametralladora o un tanque de guerra pasan a ser considerados un “bien”, así como todo el resto del aparato militar. Si el diccionario (o quien menciona la sigla) agregara “para la economía del capitalismo el PIB es tanto”, la reproducción ideológica podría ser considerada menos grave, pero igualmente estaría actuando.
En síntesis: quienes participamos de esta “ideología emergente” no podemos estar seguros de no arrastrar ingredientes de la “dominante”.
Conclusión
El lenguaje en las ciencias sociales se va afinando, pero lo hace a un ritmo muchísimo más lento que en las ciencias exactas y naturales. Además, muchos dirigentes políticos de izquierda advierten que amplios sectores de ciudadanos sometidos a la presión constante de los medios masivos se convierten en espectadores del quehacer político y entonces procuran enviar mensajes simples, que aborden algún problema inmediato y notorio, procurando no ir a un análisis que toque la raíz económica, porque se la supone inaccesible para un ciudadano común.
Esto es un error. Así tal vez se puedan conseguir votos, pero no se avanza en conciencias. Este país, cuya población es menos de 2% de la de su vecino del norte y menos de 1% de la de su vecino del oeste (ambos, junto a Inglaterra, garantes de su creación en 1828), tuvo en el pasado avances sociales importantes que los poderes imperialistas toleraron. Esto habilita a pensar que en el inciertísimo mundo actual, en el que vemos la declinación del imperialismo norteamericano, no parece imposible (suponiendo que no haya una tercera y última guerra mundial ni apocalipsis ecológico) que Uruguay pueda volver a introducir cambios solidarios en su sistema productivo.
Para ello hace falta una acción política educadora. Hay que educar al soberano, como lo hizo José Pedro Varela, como lo hizo el batllismo, como procuró hacerlo el Frente Amplio mientras no fue gobierno. Cuando fue gobierno aprobó una muy tímida ley de medios, sin atreverse a aplicar la directiva europea “Televisión sin fronteras”, que limita los informativos a media hora de duración, prohibiendo a la vez la publicidad en ese lapso. El Frente Amplio tenía mayoría para hacerlo y podía invocar que copiaba una ley internacional que se aplica tanto a las televisiones privadas como a las públicas en 27 países. Me consta que un senador lo propuso.
Hoy, para educar al soberano, hay que empezar por limitar la deseducación que produce el sistema privado de televisión, sostenido mediante publicidad. Para aumentar la audiencia, deliberadamente se infantiliza al espectador.
Tres alertas del caso Astesiano
El exencargado de la seguridad personal del presidente de la República está preso y, aunque aún no ha sido condenado, todos los datos disponibles indican que integraba una organización delictiva internacional y que puso al servicio de esta los privilegios de su posición institucional. La investigación judicial está en curso y habrá que ver qué responsabilidades revela, pero lo inusitado del caso ya señala por lo menos tres áreas en las que es necesario aumentar garantías indispensables.
La primera de esas áreas es la que se ha desarrollado en torno a la Presidencia de la República. Durante sucesivos períodos de gobierno, esta pasó de ser simplemente el nombre del inciso presupuestal 02, dentro del Poder Ejecutivo, a hipertrofiarse como una institución de la que dependen cada vez más funciones de gran relevancia, sin posibilidades de contralor parlamentario.
Cuando el Senado convocó al prosecretario de Presidencia y al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) para pedir explicaciones sobre Astesiano, estos jerarcas fueron voluntariamente, pero no estaban obligados a ello. Es una situación indeseable en una república, que se puede reiterar en muchos otros asuntos delicados. Entre ellos, los relacionados con el secreto de las actividades dirigidas por la SIE, que desde que se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) sólo puede dejar sin efecto el presidente.
La segunda área es la relacionada con las manifestaciones públicas de fiscales. La encargada del caso Astesiano, Gabriela Fossati, ha sido demasiado locuaz al expresar opiniones sobre el presidente Luis Lacalle Pou que no corresponden a su tarea; insistir en que se sintió discriminada y perseguida políticamente por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz; y enzarzarse en cuestionamientos mediante Twitter a los medios de comunicación en general y al periodista Eduardo Preve en particular.
Nada de esto ayuda a que la ciudadanía confíe en la imparcialidad de Fossati para manejar una investigación tan espinosa. Hace falta más formación para contribuir a que quienes forman parte del sistema judicial mantengan una conducta prudente.
Por último, la defensa de Astesiano maneja la posibilidad de que este llegue a un acuerdo con Fiscalía para reducir su pena, a cambio de aportar información sobre delitos cometidos y personas involucradas en ellos. Lo haría en la condición de “colaborador”, que estaba prevista para los procesos sobre lavado de activos y la LUC extendió a todas las causas penales.
Este tipo de acuerdos, que en otros países se llaman “delación premiada”, deben manejarse con extrema cautela, y en procesos vinculados con la política existe el grave riesgo de que sean usados para acusaciones ilegítimas (como se hizo en Brasil contra Lula) o, a la inversa, para manipular las confesiones de tal modo que protejan a parte de los responsables.
Cada problema es una oportunidad para identificarlo y corregirlo. Lo más importante para algunas personas es cómo afectará este caso sus intereses políticos, pero lo fundamental será nuestro aprendizaje como sociedad.
ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Murro: Reforma Jubilatoria de Lacalle incrementaría la pobreza en todos los tramos etarios
LARED21 accedió a un exhaustivo informe que el ex-ministro de Trabajo de Seguridad Social, Ernesto Murro, realizó para la mesa política nacional del Frente Amplio (MPN), en donde se analizan los principales aspectos del Proyecto de Ley de Reforma Provisional que presentó la semana pasada el gobierno a la Cámara del Senado.
En el documento se realiza un detallado análisis sobre 4 principales aspectos del Proyecto de Reforma Social oficialista: 1. Afapización obligatoria y universal; 2. Priorización en la reducción del gasto/egresos y carencia de alternativas de financiamientos progresivos; 3. Rebajas en derechos para la población; 4. Excesivas facultades al Poder Ejecutivo y la Agencia Reguladora de todos los organismos de Seguridad Social que se crearía.
En la introducción, el ex-jerarca expresa que el Frente Amplio está de acuerdo en realizar una reforma integral de la seguridad social en el marco del sistema de protección social que se ha desarrollado durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio (2005-2020), con sustentabilidad financiera y sustentabilidad social, con dialogo social y político, con estudios y proyecciones de sus impactos financieros y para la población. Asegura también que el FA ha realizado varias e importantes reformas de la seguridad social mientras gobernó el país y las ha promovido cuando no le ha tocado gobernar.
“En muchas de esas importantes reformas, no se ha contado con los votos de quienes hoy integran la Coalición en el Gobierno. Hicimos reformas en Cajas Bancaria, Policial, Militar, Notarial y propuestas de mejora de gestión en Profesional; reformamos las jubilaciones y pensiones facilitando su acceso a unas 100 mil personas (subiendo de 93 a 98 % la cantidad de personas mayores de 65 años protegidas con jubilación o pensión), y mejoramos los montos a cobrar triplicando el valor real de las mínimas, además las mejoras de todas las pasividades en general; facilitamos acceso en casos de discapacidad, reformamos el seguro de paro y las asignaciones familiares (fundamentales en la pandemia, además), las licencias por enfermedad, maternidad y paternidad y creamos el medio horario para el cuidado de recién nacidos; incluímos total o parcialmente sectores olvidados como las trabajadoras domésticas, rurales, deportistas, trabajadores de la cultura, monotributistas, trabajadores de nuevas formas de trabajo y tecnologías, otorgamos derechos por primera vez a cuentapropistas y pymes”, aclaró Murro en su informe.
Más adelante, el maestro convertido en político y que fue también uno de los principales promotores del plebiscito de reforma jubilatoria en Uruguay en 1989, además de ocupar el cargo de Presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, afirma en su reciente informe que “Tuvimos y tenemos como prioridad la protección social como derecho humano fundamental, pero también en esos 15 años (de gobierno del FA), mejoramos sensiblemente la recaudación (entre 2004 y 2020, mejora en términos reales 152 % sobre precios y 52 % sobre salarios), notablemente la formalidad (de unos 900 mil puestos cotizantes a BPS a casi 1 millon 500 mil) y la reducción de la evasión (baja del 40 al 18/24 % según BPS o INE), mejoramos la sustentabilidad financiera reduciendo la asistencia financiera neta (del 22 al 7,2 % de los ingresos entre 2004 y 2020), con reducción de los aportes patronales a la tasa histórica más baja (hoy 7,5 % pero real de 5,9 % por exoneraciones cuando llegó a 14,5 % en los 90 ̈s), reformamos el sistema tributario haciéndolo más justo, redujimos exoneraciones a la tercera parte; desarrollamos la inclusión financiera; asociamos el creado Sistema Nacional de Salud a la seguridad social”.
El ex-ministro de Trabajo y Seguridad Social recuerda en su informe que “han pasado 26 años de vigencia de la reforma de 1996 que creó el sistema mixto con Afaps: en 1995 se discutían pronósticos, hoy podemos discutir resultados y hechos.
El FA gobernó en 15 de esos 26 años: decidió mantener el sistema para BPS con AFAPs y lo mejoró, pero no lo extendió a otras cajas.”
El dirigente político continúa en su misiva lamentando que el gobierno de Lacalle Pou no haya tomado en cuenta las propuestas y recomendaciones que “propusimos y solicitamos” y que no se haya llevado a cabo un diálogo social y político más adecuado.
Murro afirma que han elaborado y publicado importantes informes sobre Diagnóstico, Recomendaciones, Anteproyecto y Proyecto y que en los mismos se definen opiniones y propuestas,“por ejemplo en Diagnóstico y Recomendaciones participamos activamente, contribuímos a mejorar los documentos aunque finalmente por diferencias sustantivas no los acompañamos. Respecto a Anteproyecto y Proyecto, no participamos, pero sin duda, que los informes que presentamos fueron estudiados por los miembros de la Coalición en el Gobierno, al tiempo que los partidos que la integran, analizaban el Anteproyecto de Presidencia de la República.”
El informe del ex-jerarca del MTSS resalta también que el FA es el único partido político que presentó y publicó documentos técnico – políticos de análisis integral que fueron producto de la elaboración colectiva de personas con experiencia y profesionalidad en la temática, y destaca los aportes de los representantes sociales, los colectivos de trabajadores y jubilados/pensionistas (PitCnt y Onaju).
Al respecto del Proyecto de Reforma Social que propone el gobierno de Lacalle, Murro manifiesta que algunos aspectos puntuales podrían compartirse, pero en el análisis global las diferencias son “sustanciales y fundamentales”.
En las conclusiones del elaborado informe presentado a la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, se enfatiza que el proceso de Proyecto de Reforma que propone el gobierno de Lacalle “se desarrolla en circunstancias donde en más de 30 meses de Gobierno de Coalición, se han recortado importantes inversiones o gasto en pasividades, que han sido, sin duda, una parte sustancial del pregonado ahorro del gasto público y disminución del déficit fiscal, en perjuicio no sólo de jubilados y pensionistas, sino también del comercio y productores nacionales”, remató el ex-presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
LOS 4 PRINCIPALES ASPECTOS DEL “PROYECTO DE LEY DE REFORMA PROVISIONAL DE LA COALICIÓN EN EL GOBIERNO”, SEGÚN EL ANÁLISIS PRESENTADO POR ERNESTO MURRO A LA MESA POLÍTICA NACIONAL DEL FA:
1.- Afapización obligatoria y universal
Se amplía el negocio de la capitalización individual a toda la población, universal y obligatoriamente: para todas las otras cajas no incluídas desde 1996, y cualquiera sea el salario de las personas. Se incluyen todos los nuevos trabajadores/as luego de 6 meses de vigencia de la ley, al tiempo que se derogan las posibilidades de desafiliación de Afaps establecidas por ley en los gobiernos del FA.
El sistema mixto con Afaps de 1996 es jurídicamente voluntario para el 80/85 % de las personas, y ahora se pasa a uno jurídicamente obligatorio: aportes personales que deben ir a cuenta individual administrado por sociedades anónimas. “La libertad de opciones, tan pregonada por esta Coalición en el Gobierno, acá se sustituye por la obligatoriedad universal”.
Asimismo, irán a cuentas individuales en AFAPs otros ingresos como los aportes personales por partidas salariales no mensuales (por ej por productividad, cumplimiento de metas, presentismo, antigüedad, igualdad de género y otros); los aportes voluntarios y complementarios que se promueven en el Proyecto de Ley; los descuentos de IVA por consumo por pago con tarjeta que reglamente el Poder Ejecutivo dentro del denominado Plan de Ahorro por Consumo Voluntario pero que se determinaría obligatorio; los aportes de actividad en los casos de compatibilidad de trabajo y jubilación.
Con ventajas legales que logran las Afaps propiedad de capital privado en el Proyecto, en desmedro de República AFAP: lo que no lograron en 26 años de competencia en el mercado, ahora se logrará por ley.
República Afap es propiedad del Estado, tiene el 40 % de los afiliados y el 55 % de los fondos; es la que cobra menos comisión (se vienen rebajando desde 2005) y ha tenido rentabilidades similares a las demás; sus afiliados tienen la mejor densidad de cotización; es la que más ha invertido en proyectos en el país y tiene atención en todos los departamentos. Eso se hizo por decisiones tomadas en estos años y en particular en los gobiernos del Frente Amplio.
Ahora, por medidas previstas en el Proyecto de Ley, se facilita que las afaps propiedad de capital privado puedan captar una mayor proporción del negocio, donde ingresan trabajadores/as con ingresos mas seguros y mayores al promedio en general (bancarios, militares, policias, profesionales) por nuevas medidas que se les otorgan y que no lograron en la competencia de mercado en 26 años.
Mientras tanto, las altas comisiones que cobran, pese a la rebaja que aplicó por ley el Frente Amplio cuando gobernaba el país, en general se mantendrán y además se propone que puedan ser también sobre el fondo acumulado en su cuenta individual (sobre saldos) y no sobre los aportes cuando el trabajador/a trabaja y cotiza.
Las ganancias de las AFAPs como empresas, como sociedades anónimas, resultado de las comisiones que cobran a los afiliados, hasta 2019, eran de las más altas en América Latina, oscilando según los años entre 30 y hasta casi 60 % sobre patrimonio y comisiones, muy por encima del promedio de rentabilidad de las actividades de la economía nacional. Por ejemplo en 2017 alcanzaron los 50 millones de dólares. Por la ley de tope de comisiones (incluída en Ley de Cincuentones) bajaron a 12 millones en 2021.
Con incertidumbres para la buscada sustentabilidad financiera que la Coalición en el Gobierno pregona: no hay estudios conocidos del Gobierno de los altos costos de transición que deberá pagar el conjunto de la sociedad, desde la situación actual, al peor régimen mixto con AFAP, obligatorio y universal, que se crea para todas las cajas. Se establece que la compensación por esta transición, tendrá un monto equivalente al de las transferencias realizadas por cada entidad al BPS por 30 años y se faculta al PE a extender este plazo por un máximo de 10 años. (art.291)
”Repasemos un resultado” expresa el informe al respecto: 26 años después de creado el actual régimen mixto con Afaps, el BPS paga unas 800 mil pasividades (entre ellas unas 450 mil jubilaciones) y las aseguradoras por Afaps, sólo unas 60 mil (con unas 35.000 jubilaciones). La transición demora y cuesta.
Los aportes de los trabajadores/as son el 63 % y los empresariales 37 %.
El monto promedio mensual de jubilación que paga BPS (unos $ 29.000) casi cuadruplica lo que se paga por renta vitalicia mensual por AFAPs (hoy unos $ 7.700 promedio). Esto no es lo que se había pronosticado por los promotores de la reforma del ´95.
2.- Priorización en la reducción del gastos/egresos y carencia de alternativas de financiamientos progresivos
”El anteproyecto solo se ocupa de la contención de egresos, pero nada contiene acerca del otro componente fundamental de la sostenibilidad financiera, como lo es el relativo a los ingresos” dice un Informe anterior que se presentó a la MPN el 29.8.22.
Y ya lo decía la Declaración de la Mesa Política del frente Amplio del 29.10.2021 por unanimidad: “Discrepamos con la concepción que inspira este borrador de Recomendaciones, donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad. El documento sugiere que la única redistribución del ingreso deseable es aquella que sea estrictamente indispensable para garantizar ciertos mínimos vitales de subsistencia al tiempo que se promueve un autofinanciamiento injusto y se equipara la responsabilidad individual a la responsabilidad superior del Estado. Asimismo, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, aparece fuertemente cuestionada en general”. En el Proyecto de Ley, se mantiene la vigencia de lo señalado.
El ex-ministro considera que “no se debería contraponer infancia con vejez, sino riqueza y pobreza. O las necesidades de otras reformas y políticas sociales en infancia, género, cuidados, con la situacion de jubilaciones y pensiones. Somos partidarios de un enfoque multidimensional del envejecimiento como lo plantean la OIT y Naciones Unidas. Considerando una reciente investigación de CINVE” la cual indica que “si retiramos todas las transferencias (previsionales) nos queda una pintura de pobreza radical, dejamos de ver un sesgo hacia la infantilización de las carencias para tener una muy elevada pobreza en los tramos de mayor edad”. (…) Porque “las transferencias actuales del sistema de seguridad social (jubilaciones y pensiones contributivas) juegan un rol bien importante a la hora de evitar la pobreza en la población adulta”.
A su vez, Murro destaca una “particularidad” que no estaba “prevista” antes de encarar la investigación, y es que al eliminar las transferencias vía jubilaciones “se incrementa la pobreza en todos los tramos etarios”, ya que ese ingreso también lo usan para subsistir otros miembros del hogar, no sólo el jubilado. Si se retiraran todas las transferencias (jubilaciones y pensiones contributivas) el Gini crece “en 3,6 puntos porcentuales”, desde 0,38 hasta 0,416, mostrando un cambio “sustantivo” hacia una menor redistribución. (Fuente: Observatorio de Seguridad Social de CINVE, 12/2021)
”No se buscan en el Proyecto alternativas y formas complementarias a los tradicionales aportes de trabajadores/as y empresas al financiamiento, y aún más, se exoneran de aportes patronales otras partidas como las no mensuales y también a algunas de las mencionadas anteriormente con destino a cuentas individuales en Afaps. Salvo la creación de comisiones de estudio, tampoco se avanza en las exoneraciones de algunos sectores empresariales de altas ganancias y bajos aportes a la seguridad social.”, apuntó categóricamente Ernesto Murro.
3.- Rebajas en derechos para la población
Aumento de edad de retiro a 65 años a personas hoy menores de 47 años, y rebaja del monto a percibir para la mayoría de dichas personas. Aumentan entre 1 y 5 años también los años de trabajo para las posibilidades de jubilación con más de 65 años de edad. Son aproximadamente un millón de personas que se estarán jubilando hacia 2043, con el nuevo sistema totalmente vigente.
El aumento de edades perjudica especialmente a las personas más pobres. Diversos estudios internacionales lo confirman. A los pobres, personas vulneradas, mujeres, precarios/as, les resultará más difícil llegar a los 65 años y cumplir los requisitos para jubilarse. Ej. estudios de SALURBAL para barrios de Santiago de Chile, donde se observa diferencia de 18 años de esperanza de vida en mujeres y 11 en los hombres, entre barrios pobres y no pobres.
En nota agregada el informe hace referencia a Estudios en Uruguay presentados en Comisión de Expertos y de CINVE, que muestran que aún a los 70 años, el 30 % de las personas no llegan a juntar 30 años de trabajo y que a los 65 años, el 45 % de los hombres y el 50 % de las mujeres tampoco logran esos 30 años. Luego se afirma que en el Proyecto de Reforma presentado por el gobierno, esto se agrava por la exigencia de 13 jornales para computar un mes de trabajo en el caso de trabajadores/as zafrales, temporales y a la orden. (art 249)
Y el Suplemento Solidario pregonado por el Gobierno, sólo se logra si la persona cumple los requisitos y se jubila.
Por otra parte, el atar la edad a la evolución de la esperanza de vida es riesgoso, se recalca en el análisis. También estudios internacionales recientes muestran caída de la esperanza de vida incluso en los países más desarrollados, por las condiciones de vida y la pandemia ( Informe de ONU sobre Desarrollo Humano 2022, estudios de Universidades de Oxford, Virginia). Además de los impactos en los cambios tecnológicos.
Los montos a percibir también bajan para la mayoría de las personas, por extender a 25 años el período a considerar para calcular la jubilación y por la aplicación de la nueva Tasa de Adquisición que se crea en lugar de la tradicional Tasa de Reemplazo.
También se reducen en general, los montos a percibir por jubilaciones por incapacidad para todo trabajo y el subsidio transitorio hasta por 3 años para el trabajo habitual, ademas de priorizarse en caso de cumplir las condiciones, el otorgamiento a estas personas de la jubilación común. Y esto se proyecta en tiempos en que en el mundo y el país,se verifican aumentos de las discapacidades, particularmente para las mujeres, las personas vulneradas, menos calificadas y con multiempleo.
Si bien se plantean transiciones a 10 o 20 años, según los casos, hay saltos bruscos en condiciones, derechos y montos a percibir.
Ejs. Nacidos en 1972 se podrán jubilar con 60 años y nacidos en 1973, con 65 y en general, menor monto; quienes cumplan requisitos en 2032 se jubilan por las leyes actuales y desde 2033, con las nuevas, que también en general, para la mayoría, empeoran en más años y menos montos.
La promocionada causal con 60 de edad y 30 años de servicios para construcción y rurales, tiene condiciones que la harán imposible de acceder para muchas personas, dado que se determinarán los puestos de trabajo a amparar a al misma por MTSS y BPS y se exigen 20 años en dicha actividad, y 8 de los últimos 10 también en la misma. Hoy el 55 % de los trabajadores de la construcción son no permanentes (Información FOCER 2022).
Entretanto, en Caja Militar, mientras se reduce algún aumento de edad para personal de tropa respecto al Anteproyecto, se prorroga la posibilidad de uso de las ventajosas “comparativas”, que establecen que un retirado del mismo grado, deba percibir lo mismo que otro anterior, lo cual generalmente deriva de disposiciones que toman las mismas jerarquías militares en actividad pero de importante impacto en el monto de retiro. Por nuestra ley de 2019, las comparativas se mantenían para quienes cumplieran requisitos a ese año o con determinados años de servicios. Ahora se prorroga hasta 2032.
Algo similar sucede con el también promocionado Suplemento Solidario, que ahora puede ser cero en algunos casos (en el Anteproyecto tenía un mínimo de $ 2.300) y que va a ir desapareciendo con el tiempo en la medida que mejoren los salarios, como debería ser. A su vez, se elimina a futuro, la compensación de hasta 50 % por la parte de jubilación por BPS que se otorga por art 28 de la ley de 1996, para las personas afiliadas a Afaps sin estar obligadas a ello.
En pensiones de viudez y sobrevivencia, si bien se han atenuado algunas de las exageradas restricciones planteadas en el Anteproyecto, subsisten recortes importantes desde la perspectiva de género. No obstante, se mejoran derechos a pensionistas en Caja Militar, como el aguinaldo.
4.- Excesivas facultades al Poder Ejecutivo y la Agencia Reguladora de todos los organismos de Seguridad Social que se crea
Más de un centenar de facultades, competencias, obligación de informes, controles, sanciones, intervenciones que se otorgan al Poder Ejecutivo y/o a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social que se crea, en decenas de artículos. Con potestades para determinar acceso a derecho, condiciones, años, montos, aspectos que históricamente estuvieron y están dispuestos por leyes. Una Agencia Reguladora, con carácter de servicio descentralizado, dependiente del Poder Ejecutivo, sin participación social, con el cometido de evaluar y regular la actividad de todos los organismos públicos y privados de seguridad social y atribuciones para dictar reglamentos técnicos e imponer sanciones a las entidades del sistema y a algunos de sus funcionarios.
Estas excesivas facultades deberían analizarse más jurídicamente en relación a las potestades de los organismos como el BPS (algunas constitucionales) y las Cajas, y sus respectivas autonomías.
LA REFORMA: REBAJA de JUBILACIONES y MÁS AÑOS de TRABAJO, ASI LO DESTACAN TÉCNICOS y ESTUDIOS ESPECÍFICOS
«NADA SE DESCARTA»
¿Aprobación de la reforma jubilatoria puede desembocar en un referéndum?
Consultado por esta posibilidad en torno a la reforma jubilatoria del gobierno, el presidente de Fucvam, Gustavo González, manifestó que «nada se descarta».
Caras y Caretas revista
Caras y Caretas recogió la palabra este jueves de Gustavo González, presidente de Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua), en la movilización de la Intersocial contra “el modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria”.
González se refirió a la consigna y expresó que sobre el modelo desigual “hablan a las claras” los “500 mil trabajadores ganando menos de 25 mil pesos como principal salario, los 120 mil jubilados ganando 15 mil pesos por mes” y la cada vez mayor cantidad de “gente en situación de calle y llegando a las ollas populares”.
También consideró que forman parte de una “ofensiva del gran capital que es extraordinaria”.
“Y ahora con una reforma que no es de la Seguridad Social, la llaman así pero en realidad es una reforma de la jubilación”, agregó.
El presidente de Fucvam dijo sobre la mencionada reforma que la Intersocial tiene “un problema conceptual” con la misma.
“Nosotros luchamos para que cuando avanza la ciencia y la tecnología y la gente vive más, disfrute más de la vida. En realidad, el movimiento obrero internacionalmente ha levantado la consigna de reducción de la jornada de labor frente al avance tecnológico. Sin embargo, nos quieren hacer trabajar más, por lo tanto, estamos absolutamente en contra”, explicó.
Además, mencionó que en el proyecto de reforma del gobierno “no se toca la Caja Militar” y “se le da vía libre a las Afap”.
Asimismo, indicó que la Intersocial “está en la calle como inicio de un plan de movilizaciones”. Consultado si dichas movilizaciones podrían desembocar en un referéndum de revocación de la reforma -dado que el oficialismo cuenta con los votos para aprobarla en el Parlamento-, González manifestó que “nada se descarta”
Intersocial se moviliza el 27 contra el modelo de la desigualdad y de su reforma de la seguridad social
Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en nombre de la Intersocial, integrada por 20 organizaciones del movimiento popular y social, en conferencia de prensa brindó los detalles de la concentración que se realizará el jueves 27 a las 18 horas en la Plaza 1º de Mayo.
La consigna de esta acción es “Contra el modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria”.
Abdala subrayó que esta actividad es contra lo que “hemos denominado el modelo de la desigualdad y de su reforma de la seguridad social, que no es más que una reforma jubilatoria”. En este sentido, explicó que «mientras en el país crece el Producto Bruto Interno (PBI) y las estimaciones indican que crecerá por encima del 5%, superando las estimaciones oficiales, el salario, las jubilaciones, la suerte de pequeños y medianos sectores de la ciudad y el campo, el comercio, la pequeña industria y agropecuaria, ven reducir los ingresos”.
El integrante de la Intersocial sostuvo que la participación del salario en la riqueza nacional no acompaña el crecimiento y disminuye un 4%. “Esto nos habla de que se viene procesando efectivamente un modelo de la desigualdad, lo que se ve claramente en el aumento de la pobreza, en la rebaja salarial y de las jubilaciones. Hay un conjunto de herramientas y leyes que fortalecen, desde el punto de vista jurídico, este proceso socioeconómico tan desigual y tan injusto”.
En este marco, Abdala dijo que el campo popular y el país todo están ante «un proyecto de reforma jubilatoria que no habla nada de una nueva forma de financiación, cuando en realidad el problema que la origina serían dificultades financieras de la seguridad social. Estamos en un país donde el grupo de los malla oro capturan, prácticamente, la mayoría de la riqueza generada y logran depositar en el sistema financiero 40.000 millones de dólares. No dice nada este proyecto de la financiación. No habla nada de la seguridad social como un derecho humano fundamental, no tiene que ver con la atención a la discapacidad, a la mujer, a la primera infancia. Además, para vastísimos sectores de los trabajadores le aumenta la edad para jubilarse, por lo tanto, le aumenta los años de trabajo, y rebaja el monto de las jubilaciones”, indicó el presidente del PIT-CNT.
Abdala convocó a la militancia de todas las organizaciones que integran la Intersocial a trabajar activamente para lograr una gran movilización.
Miles de personas sobre sus hombros: mujeres de ollas y merenderos de Cuenca Casavalle y Los Bulevares
Hace más de un año, el Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas nos convocó para un proyecto piloto con las mujeres de las ollas y merenderos populares de las zonas más pobres de Montevideo. En ese momento se nos planteó el gran desafío de trabajar sin ser invasivas ni intervenir desde un pedestal del saber académico con este grupo de mujeres que tienen una tarea enorme sobre sus espaldas, con el fin de reflexionar de forma colectiva sobre el lugar que ocupan en el barrio, sobre el hambre, las redes y la solidaridad con una perspectiva de género. De esa experiencia surgen estas líneas.
En un primer momento establecimos contacto con las mujeres que llevan adelante las ollas y buscamos generar cercanía y cierta confianza que nos permitió desarrollar algunos talleres sobre violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, mientras conocíamos sus intereses y preocupaciones, sus formas de organización y dificultades, entre otros temas.
Esta etapa culminó en un primer encuentro en diciembre de 2021, una reunión en la que por primera vez se veían las caras mujeres que llevan adelante la misma tarea en distintas zonas de Montevideo y con diferentes herramientas, recursos y apoyos. Allí se pusieron sobre la mesa sus preocupaciones. Por un lado, cómo seguir sosteniendo la olla y la necesidad de fuentes laborales y de capacitaciones para el empleo; por otro, en un segundo nivel surgieron el flagelo del consumo problemático de drogas en sus comunidades, la violencia de género y el embarazo adolescente. De ese encuentro también surgió una serie de testimonios que mostraron sus reclamos y sentires.
En junio de 2022 comenzó la segunda etapa del proyecto, cuyo objetivo fue contribuir en esos dos barrios de Montevideo con el fortalecimiento de la malla solidaria femenina a través de una serie de actividades de articulación y capacitación con una perspectiva de derechos y de género. En esta segunda fase tuvimos la misma precaución: no ser invasivas ni sobrecargar de tareas adicionales a las mujeres que llevan adelante el enorme trabajo de cocinar y repartir cerca de 34.000 porciones semanales en las zonas de Cuenca Casavalle y Los Bulevares.
En las reuniones de coordinación que llevan adelante estas mujeres se nota el desgaste que llevaban consigo, tanto personal como colectivo. Las principales preocupaciones son la reducción en los insumos, la falta de constancia en las entregas, los desafíos de coordinación con instituciones de gobierno nacionales y subnacionales y la falta de reconocimiento de algunas ollas que están funcionando desde hace más de un año gracias a la solidaridad de otras ollas.
Acercarse y escuchar
El mes pasado tuvo lugar la segunda reunión de las mujeres referentes de las ollas de Los Bulevares y Cuenca Casavalle. Salir del barrio, estar en un espacio en el que son ellas las protagonistas, no tener que preparar la comida y que haya animadores para entretener a sus hijos e hijas (o a sus nietos y nietas) fueron aspectos motivadores para la concurrencia. En esta nueva instancia hubo 40% más de participación.
En el segundo encuentro se problematizó el funcionamiento de las ollas, las articulaciones con los actores institucionales locales, las demandas más urgentes y las posibilidades de trabajar en red de mujeres. A la hora de intercambiar fueron frontales y demostraron tener una aguda capacidad de análisis para identificar las dificultades y el impacto que genera la gestión de las ollas y merenderos en sus barrios, en sus vidas y las de sus familias.
El recorte de insumos y el incremento de la demanda de porciones de comida surgió como la dificultad central en el sostenimiento de las ollas. Señalaron que hubo una reducción de las porciones y posibilidades de variación cada vez más acotadas: ante la falta de insumos para otros menús, el guiso es el plato que más se elabora.
Las mujeres referentes de las ollas no ven un futuro inmediato muy alentador. Reconocen que hubo un aumento de la complejidad de la gestión de las ollas y los merenderos, y que se enfrentan a hacer más con menos.
El desgaste físico de sostener este trabajo solidario pero, sobre todo, el desgaste emocional fue lo que resaltaron de forma unánime. La angustia, el estrés, los cuadros de ansiedad y las descompensaciones de su salud se instalan como una preocupación real y sentida. Las agobia la falta de apoyos y las responsabilidades de sostén alimentario que asumen en soledad frente a la comunidad. Hay una desprotección y una vulnerabilidad de sus derechos como mujeres y trabajadoras, que se exponen a contextos de violencia incrementados en el último período (robos, amenazas, agresiones), problemas que aumentan la precariedad y la inseguridad en que desarrollan su trabajo.
Ellas son conscientes de a lo que se enfrentan, pero aun así las sigue moviendo la solidaridad y prevalecen más las urgencias de las personas de sus entornos que su cuidado personal. Estas mujeres han transitado un proceso de aprendizaje en la gestión de las ollas, que capitalizaron en lo personal y en lo social: las hace visibles y las ubica en un lugar de liderazgo legítimo, con una carga de responsabilidad muy grande, pero también de gran fragilidad por las condiciones en que lo ejercen.
Estas mujeres asumen con energía y les gratifica el cometido que cumplen en su comunidad. Un rol que trasciende el soporte alimentario, que se extiende al desarrollo de otras tareas que suman a las que realizan habitualmente, como las campañas de abrigo, las actividades para los niños y niñas, la recolección de muebles, de colchones y materiales ante situaciones de incendio o inundaciones, las campañas de recolección de útiles escolares, la contención y escucha frente a casos de violencia doméstica y abuso sexual infantil, la búsqueda de ayuda para estas situaciones, entre tantas cosas.
El límite de sus responsabilidades con la comunidad en el sostenimiento de las ollas también apareció en las conversaciones. Se cuestionaron qué pasa cuando están demasiado cansadas o enfermas, cuando un día no pueden cocinar; surgieron interrogantes de cómo manejarse ante los reclamos de comensales que esperan la porción de comida, se preguntaron si se sienten responsables o culpables por no cumplir con lo que se espera de ellas.
Por otro lado, expresaron una carga de estrés adicional que les supone la contención de las personas que acuden a la olla. En la medida en que no cuentan con recursos, servicios ni con la información adecuada para compartir u orientar, se sienten desbordadas: “Yo hay días que no quiero escuchar más nada, porque no puedo más, no quiero que me cuenten nada, porque no sé qué hacer y me quedo con eso en la cabeza, me enferma”, sostuvo una de las participantes durante el encuentro.
La cuestión de hasta cuándo y cómo sostener toda esta trama de cuidados apareció como un dilema. Una dificultad justificada, si se tiene en cuenta que 15% de los hogares tiene inseguridad alimentaria moderada o grave, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este contexto, las mujeres referentes de las ollas no ven un futuro inmediato muy alentador. Reconocen que hubo un aumento de la complejidad de la gestión de las ollas y los merenderos, y que se enfrentan a hacer más con menos y a resolver cómo y a quiénes dar. Lo que hace unos meses se percibía como difícil y excluyente desde el punto de vista económico y social se agravó, y no avizoran posibilidades de que esto se revierta a corto y mediano plazo.
Soledad González y Milka Sorribas son feministas con una amplia trayectoria de trabajo con colectivos de mujeres.
#Reforma: «Mieres no informa correctamente y habrá jubilaciones con rebajas de hasta 25%»
Ramón Ruiz adelantó estudio técnico y advirtió que personas nacidas luego de 1973 serán aún más desfavorecidas.
El representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, criticó al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, porque la gente trabajará más y cobrará menos jubilación. Subrayó que luego de estudiar el anteproyecto de Reforma de Seguridad Social presentado en el Parlamento el viernes pasado -y que ya cuenta con la firma de la coalición de gobierno-, se puede concluir que es aún más perjudicial del presentado en principio.
Este martes la central obrera PIT CNT realiza una conferencia de prensa acerca del proyecto de Reforma de Seguridad Social y según conoció Radio Fénix y 25 siete se analizará lo que sucederá con las personas nacidas en 1973 a la hora de su jubilación. Ruiz indicó a este medio que serán especialmente desfavorecidas.
Las declaraciones de Mieres “son incorrectas”, añadió Ruiz quien sostuvo que si se aprueba la Reforma de la Seguridad Social tal como se presentó por parte de la coalición de gobierno “la gente no sólo tendrá que trabajar 5 años más sino que además va a recibir una jubilación sensiblemente más baja que la que hoy reciben los jubilados y, en algunos casos, la disminución supera los 8 mil pesos”.
Ruiz indicó que significaría una rebaja de casi 25%.
El representante de los trabajadores en el BPS dijo a radio Fénix y 25siete que “entonces no es correcto decir que la gente trabajará unos años más y cobrará más”. Adelantó que estamos trabajando en un informe técnico elaborado por nuestro equipo y de acuerdo con lo analizado ya estamos en condiciones de decir que para muchos casos el proyecto de ley presentado por el gobierno es peor que el anteproyecto de ley que presentaron hace un mes”.
Ruiz precisó que empeoró en que “la distribución que hacen los trabajadores de la seguridad social con respecto al régimen privado de las AFAPs”.
En el anteproyecto era 8 para el BPS y 7 para la AFAPs y en el proyecto de ley presentado en el parlamento es 10 para el BPS y 5 para la AFAPs.
Esto supone -siguió- que si hay menos parcipación de las AFAPs la jubilación aumenta porque si el aporte al sistema solidario es mayor se obtiene una mejor jubilación pero con esta medida incluida en el proyecto presentado en el Parlamento la semana pasada que distribuye de esta manera el aporte se aplicará a aquellos que ingresen al mercado de trabajo y los que hoy están trabajando -dentro de 20 años cuando se jubilen en 2043 -serán perjudicados.
A esos trabajadores a quienes se les está diciendo que les irá bien no será así porque la distribución que se hace para esos trabajadores no se aplicará sino solo a los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo”.
Los planes del régimen criminal ucraniano de usar «bomba sucia»
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Visión Universitaria 
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