Archivo de abril 2020
30
Abr
20
Lacalle y su chetoslovaquia
La debilidad de la urgencia gobierno
escribe: Pablo Ferreri ex integrante del gobierno del FRENTE AMPLIO 2015/2019
Queridos amigos, quisiera hablarles hoy de algo que debería preocuparnos a todos los que creemos en el sano funcionamiento de las instituciones democráticas, más allá de banderías políticas u orientaciones ideológicas.
Una democracia fuerte se basa en el correcto funcionamiento de cada uno de los Poderes, en que cada uno de ellos cumpla a cabalidad con sus cometidos.
Un Poder Legislativo que elabore leyes, que discuta en profundidad y escuche a todas las campanas de la sociedad es esencial para la salud de nuestra República.
Hoy, en medio de una pandemia, que por la velocidad de propagación a escala mundial es inédita en la historia de la humanidad, con insospechadas consecuencias sanitarias, económicas y sociales, nuestro Parlamento afronta el tratamiento de un proyecto de ley de más de quinientos artículos en noventa días y si no se expide explícitamente en contra, la misma queda aprobada.
Si tomamos en cuenta los días hábiles con que cuenta cada cámara para analizar el proyecto de ley y sus artículos, nos da que en promedio cada artículo podrá discutirse aproximadamente veinte minutos.
La discusión parlamentaria se dará además en un marco donde el veinte por ciento de los legisladores no pueden concurrir al Parlamento al ser población de riesgo para el coronavirus.
Esto atenta contra la calidad democrática, contra el producto final que es una ley que abarca una infinidad de temas que por su importancia difícilmente puedan ser tratados de manera tan liviana.
Obviamente esto ocurre por la fragilidad e inestabilidad de la coalición que arribó al gobierno, como no se sabe cuánto durará la misma, se aplica la lógica del “ahora o nunca”.
En su apuro además el gobierno ignora de forma absoluta los impactos de la pandemia a escala nacional y global; el texto original elaborado antes de la emergencia sanitaria y el actual no tienen diferencias sustantivas, ¿nada cambió en el mundo que merezca su tratamiento de manera urgente?
Resulta muy inquietante instaurar la utilización de este mecanismo de “urgente consideración” de una forma tal que viola el espíritu original con que fue concebido.
Si de ahora en adelante cada nuevo gobierno utilizará sus mayorías circunstanciales para aprobar su programa de gobierno en noventa días, mutilando la discusión parlamentaria y la participación de las diversas voces de la sociedad, estaremos convalidando el debilitamiento del Poder Legislativo al vaciarlo de contenido.
Y el debilitamiento de uno de los Poderes del Estado es el debilitamiento de la democracia.
Es un camino muy peligroso, sobre el cual Uruguay no debería transitar.
Los violadores a los DDHH se han refugiado con artilugios no siempre exitosos, para huir cobardemente de la justicia. El encubridor -hasta ahora- de Gavazzo, ¿ por que haría algo distinto ?
Guido Manini Ríos
La palabra empeñada: sobre el desafuero de Manini Ríos
escribe: Enrique Canon senador FRENTE AMPLIO Banderas de Liber/ Seregnistas/ Fuerza Renovadora
“Para mí, mi palabra es un capital fundamental de mi accionar personal y político”, enfatizaba el general Liber Seregni al renunciar a la presidencia del Frente Amplio (FA), en el acto en la explanada de AFE el 5 de febrero de 1996.
Formalización de Guido Manini Ríos
El 12 de marzo de 2019 el entonces presidente, Tabaré Vázquez, cesa a Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército por “efectuar graves cuestionamientos al Poder Judicial”. Manini había declarado que: “la justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del Derecho, no dando garantía a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de Derecho para el enemigo”.
La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la Fiscalía penal de Montevideo de Flagrancia y Turno recibieron el 1 de abril de 2019 un testimonio del expediente conteniendo las actuaciones del Tribunal del Honor, remitidos por Presidencia de la República. La documentación refería a las actuaciones del Tribunal de Honor Nº 1 en relación a la confesión del militar retirado José Nino Gavazzo acerca de cómo se deshizo del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973. A juicio del entonces comandante en jefe del Ejército, lo declarado por Gavazzo fue una ‘chicana’ para dilatar la decisión del Tribunal de Honor.
Sobre estas bases el fiscal Rodrigo Morosoli acusó a Guido Manini Ríos por violación del artículo 177 del Código Penal que obliga a los funcionarios públicos a denunciar un delito. No sólo Gavazzo ‘chicanea’
La Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 13º Turno, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 266 del Código del Proceso Penal, solicitó la formalización de la investigación preliminar efectuada respecto del imputado Guido Manini Ríos con fecha 24 de setiembre de 2019.
El 3 de octubre de 2019, antes de comenzar la audiencia en el juzgado de la doctora Marcela Vargas en la que Manini iba a ser imputado por el delito antes mencionado, su defensa presentó dos recursos de inconstitucionalidad, por: la creación de la Fiscalía General de la Nación y la implementación del nuevo Código de Proceso Penal. La magistrada resolvió aceptarlos, suspender la audiencia y elevar los recursos a la Suprema Corte de Justicia(SCJ).
El jueves 17 de octubre de 2019 la SCJ rechazó los recursos de inconstitucionalidad. Ni la decisión ni la celeridad fueron sorpresa. Ya antes la SCJ había remitido una circular a los jueces sugiriendo que no hicieran lugar a esos recursos de inconstitucionalidad, entendiendo que eran maniobras jurídicas tendientes a postergar los casos en cuestión y que la Corte ya se había pronunciado por la constitucionalidad de ambas leyes.
“Ningún fiscal meterá preso a Manini porque acá estamos los cabildantes para impedirlo”, afirmaba temerariamente el escribano y actual senador, Guillermo Domenech, en un acto de campaña sel 15 de octubre de 2019.
“No me voy a amparar en fuero alguno”
En el salón Mercosur del hotel Ibis, el ex comandante Manini Ríos presentó el 3 de abril de 2019 en conferencia de prensa su candidatura presidencial por el partido Cabildo Abierto. “Convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros”, tuiteó Manini el 5 de octubre de 2019.
En las elecciones del domingo 27 de octubre de 2019 Manini Rios resulta electo senador, al obtener su partido 268.736 votos. Ese mismo día El País informaba: “El candidato señaló que si sale electo senador no se amparará en los fueros parlamentarios”.
Lo repetiría el 31 de octubre de 2019, cuando en conferencia de prensa, flanqueado por el Domenech y Luis Lacalle Pou, sostuvo: ““La defensa ya tiene instrucciones de plantear desde el primer momento que no me voy a amparar en fuero alguno. Quiero ir al juicio rápidamente para dejar bien claro la actuación de la cual estoy totalmente tranquilo que hice exactamente lo que debía hacer …”
La Juez Letrada de Primera Instancia en lo Penal de 36º Turno, Marcela Vargas, por Decreto Nº 2583/201 del 1º de noviembre de 2019 dispuso remitir las actuaciones del expediente relacionado con Manini al Poder Legislativo a fin de movilizar el artículo 114 de la Constitución de la República (desafuero), elevándolo a la SCJ para su remisión. La Suprema Corte remitió el 5 de noviembre de 2019 ese expediente (IUE-2-52429/2019) a la Asamblea General formalizando la solicitud de desafuero.
Manini Ríos relataba en Radio Universal el 11 de noviembre de 2019 que se reuniría con líderes de la coalición y pediría que votaran su desafuero para poder ir a declarar. Aclaró que la reunión tendría lugar días antes que el parlamento trate el tema. Y agregó: “Espero que el senado levante los fueros porque quiero ir a la justicia para aclarar bien que esto se trató de una farsa desde el primer día.” Reiteró que a su entender él no tenía fueros: “Me parece que los fueros deberían adquirirse en el momento de asumir la banca y no antes, pero hay distintas interpretaciones”.
El 14 de febrero de 2020 –un día antes de asumir su banca en el Senado- La República consignaba: “Manini Ríos pedirá que se vote su desafuero apenas asuma la banca. … Dijo que defenderá ante la Justicia su inocencia y probará que su destitución obedeció a una «operación política».
Media hora previa en Senado
Sin embargo, el 14 de abril de 2020 el senador Manini aprovechó la media hora previa para cargar contra la Justicia nuevamente: “¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos de hace 50 años?”
“Voy a aludir a un tema que me tiene preocupado. Lawrie Rodríguez es un capitán retirado del Ejército de 75 años de edad, que fue intervenido recientemente del intestino y tiene otras dolencias. Claramente integra el grupo de mayor vulnerabilidad ante la epidemia que vive Uruguay de acuerdo a lo establecido por las autoridades sanitarias del país. Fue detenido en Santa Clara de Olimar el 26 de marzo, por una causa que se le inició hace más de una década por un supuesto crimen cometido en una unidad militar hace más de 46 años y fue trasladado a Montevideo en un vehículo con cinco ocupantes”. La fiscal Ana María Tellechea pidió en 2017 el procesamiento con prisión del militar retirado Lawrie Rodríguez (hoy septuagenario) por el “homicidio especialmente agravado” de Iván Morales en 1974 y sobre quién ya pesaban acusaciones de homicidio de los militantes Silvina Saldaña, y Hugo de los Santos, además de asistir en la fuga y dar cobijo en 2006 al militar Gilberto Vázquez, según reconoció años después. Fue también responsable en el regimiento de caballería del interrogatorio a la militante Alma Rodríguez, compañera de militancia de Elena Quinteros y testigo de su detención.
Tales manifestaciones de Manini motivaron una declaración de la Juventud Colorada, sendos comentarios de Twitter de los ministros Ernesto Talvi y Pablo Mieres y una respuesta a periodistas del propio Lacalle Pou, en los que reafirmaba la confianza en la Justicia. Algunos silencios fueron atronadores.
Siguió el infame episodio del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue y sus tweets en respuesta a Talvi y Mieres: como se recordará, primero explicó que su cuenta de Twitter había sido hackeada y luego se desdijo.
Ahora sí, “cumpliendo cabalmente con su palabra”
Relata el Portal Ecos -el 20 de abril de 2020- que Manini dirigió una misiva a la presidente de la Asamblea General solicitando que “si debido a las medidas de seguridad adoptadas para enfrentar la actual emergencia sanitaria la constitución de la referida Comisión se demorara en el tiempo, solicito que el asunto se trate en el Plenario de la Cámara a la brevedad posible”.
El 22 de abril de 2020 el senador fue recibido por la Comisión de Constitución y Legislación. Manini Ríos manifestó en la comisión su aspiración de que el Senado trate el desafuero. Legisladores reconocieron que esperaban incluso que Manini Ríos pidiera que se aprobara el desafuero. No lo hizo.
“No hay que hilar tan fino. El desafuero ha sido solicitado por la justicia y él está tratando de acelerar el pronunciamiento del Poder Legislativo, que en realidad es el titular de los fueros. Creo que está cumpliendo cabalmente con su palabra. Nosotros desearíamos un tratamiento inmediato, pero reconocemos que no tenemos los votos para imponerlo”, se defendió Guillermo Domenech.
A su vez, el senador nacionalista Jorge Gandini consultado sobre la posición de su bancada contesta: “No hay una decisión formal, pero sí está en conocimiento de la bancada de senadores. Quedamos a la espera del planteo que el propio senador haga mañana. Si Manini Ríos pide que se vote el desafuero, creo que es lo que corresponde. No solo está en juego la Justicia, sino también incluso su honor. Por algo lo pide, sentirá que es importante ir a Justicia y resolver este asunto. Yo creo que si él lo pide, por supuesto que lo vamos a apoyar.”
Sin embargo, ante igual consulta formulada al senador del Partido Colorado, Adrián Peña, respondió que no hay posición definida. Por su parte, la senadora Carmen Asiaín dijo con relación a la posición del Partido Nacional: “En nuestro caso, también tendríamos que estudiar el expediente. Se estaría prejuzgando. No están remitidos todos los antecedentes administrativos”.
El también senador nacionalista Sergio Botana declaró, consultado por la diaria, acerca de la explosiva intervención de Manini en la media hora previa: “Me parece que le asiste toda la razón en el caso de Lawrie Rodríguez”. La bancada de senadores del FA emitió una declaración que en su primer punto “expresa su firme disposición a votar desafuero de Manini Ríos, solicitado por la Justicia”.
Sobre votar o no el desafuero, el constitucionalista Martin Risso sostuvo “que si hay elementos suficientes como para someter a las autoridades judiciales al legislador, si no es una cosa inventada, si no es una cosa absolutamente arbitraria” se debe votar. “Si la Cámara entiende que no hay una intencionalidad política contra el legislador, contra un sector, contra un partido o contra la propia institución parlamentaria, la Cámara tiene que otorgar el desafuero, y no lo puede negar. Es más, si se negara un desafuero cuando hubiese lugar a formación de causa, sería una decisión contraria a la Constitución”, aseguró. Cierro el artículo citando nuevamente al general Liber Seregni quien dijo en su último discurso en el Paraninfo de la Universidad el 19 de marzo de 2014: “Traté de perseguir el paradigma de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice”.
25
Abr
20
MSP uruguay …
Cabildo, lleno de fascistas, se adueño del MSP
Lo que se mueve, se saluda; lo que está quieto, se pinta
La pesada desembarcó en Salud Pública
La verticalidad y la disciplina son la columna vertebral de una estructura militarizada. Es el principio fundamental del funcionamiento del Ejército, una unidad táctico operativa destinada a cumplir una misión. El error de querer llevar la organización militar a la sociedad civil es no comprender que en un sistema republicano democrático la organización militar está subordinada a la autoridad civil. La sociedad civil se rige por otros valores, como el del diálogo, la tolerancia, y el debate.
escribe:Ricardo Pose
La formación militar setea el razonamiento; la lógica de que todo lo que se mueve se saluda y lo que no se mueve se pinta de blanco. En el ejército no se proscribe la inteligencia, se anula.
Para esta visión del mundo, fuera del cuartel campea la mugre, la indisciplina, el desorden, la ineficiencia y el escaso sentido de la autoridad. Por eso una fuerte desviación de poder es el militarismo en donde esta visión se involucra en las actividades civiles con el propósito de intervenirlo para establecer conductas que son propias de la actividad militar.
El recurso de la intervención es usado para sustituir a las autoridades civiles. En el curso de estas conductas desviadas, los militares, en actividad o retirados, ocupan las jerarquías legítimas para restablecer lo que consideran “el orden”.
De interventores llenó la dictadura cívico militar las instituciones públicas nacionales y departamentales, los entes, los tribunales, la Policía, todo el aparato del Estado.
Permitió la participación de civiles, serviles al régimen, en organismos públicos, pero cada directorio, cada institución tenía su interventor militar; porque en la concepción marcial, los interventores son los que garantizan la centralidad del mando supremo.
No importan los años que un militar pueda tener de estar retirado; hasta el mismísimo club de bochas o de pesca, si decide integrar a un militar retirado a su directiva, puede darse por intervenido. Y, por supuesto, a partir de ese fatídico día, se subvierte la lógica imperante; se pasa solamente a “arrimar el chico” o pescar tarariras. No hay más espacio para lo diverso. Al menos, casi siempre es así.
El primer tiempo
El Ministerio de Salud Pública fue uno de los ministerios asignados, en el reparto de cargos entre los multicolores, a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no es fascista, pero carga con una pesada mochila que a veces lo incomoda, está lleno de fascistas.
El Ministerio de Salud Pública es muy sensible por su proyección social, en su órbita está un servicio público, ASSE, que presta servicios de salud a medio millón de uruguayos. Es el mayor prestador del país, su red se extiende a toda la geografía de Uruguay y atiende a los sectores más humildes de la población. Con una larga historia de clientelismo, de inequidades, de privaciones, de carencias y humildad de recursos en todos los niveles de asistencia, hizo un casi total abandono de la atención primaria hasta la llegada y los esfuerzos de las administraciones frenteamplistas.
En la concepción de funcionamiento burocrático, para el cuño militar, el ministro Daniel Salinas es una suerte de Aparicio Méndez para los Tenientes de Artigas.
En el tablero de ajedrez de esta concepción, el rey y los peones son políticos civiles, pero el resto de las piezas, reina, torres, caballos y alfiles son militares, aun retirados.
Al frente del desembarco va un médico neurólogo con grado militar, que se desempeñó en el Hospital Militar durante un cuarto de siglo, el Dr. Daniel Salinas.
Lo acompañan, como subsecretario, un joven herrerista, el Dr. José Luis Satdjian, y como director general de Secretaría, otro cabildante, el Dr. Carlos Benítez Preve, un abogado de 75 años,que habría sido hace 45 años edil pachequista y que fuera funcionario destacado del Ministerio de Cultura en la dictadura, ocupando cargos de responsabilidad durante el ministerio del Dr. Edmundo Narancio.
Un interventor no es lo mismo que un “acomodado” en la jerga de los funcionarios públicos. Tampoco es un “ñoqui”.
En la práctica del clientelismo, un acomodado puede ser designado director o portero. Un “ñoqui” puede o no ir a trabajar.
El interventor es una figura, más relevante, interviene sobre lo organizado, ejerce la autoridad que recibe por delegación y asegura la centralidad de mando. Como el origen de su autoridad es muy arbitrario, goza de la licencia de esa arbitrariedad.
Por eso se lo ubica en lugares claves del funcionamiento, generando una figura de mando y responsabilidad, aun por fuera del organigrama de funcionamiento presupuestal.
El control de los recursos humanos y los materiales forman parte de los servicios estratégicos en la concepción militar.
Con los recursos económicos de la Comisión de Apoyo de ASSE para compensar algunas jubilaciones militares, y poder ocupar puestos que no están previstos como presupuestados o contratados, se nombraron sin resolución ministerial interna, salvo una comunicación verbal, según nuestras fuentes, al teniente coronel retirado Juan Antonio Machado al frente de Recursos Humanos, y como director de Seguridad, Transporte e Infraestructura del Ministerio de Salud Pública, al comisario retirado y experto internacional en seguridad privada Carlos Popovich.
También se habrían reforzado con nombramientos de integrantes de Cabildo Abierto otros lugares como la División Fiscalización y la de Descentralización del ministerio y se esperan, tal vez no se produzcan nunca, cerca de 20 nombramientos más entre asesores y directores, completando el cuadro del desembarco.
Tropiezos y virus
El ministro Daniel Salinas fue muy cuestionado cuando se supo de su designación porque desde su anterior trabajo como gerente de Compras de Casmu se anunció su destitución y la eventualidad de una denuncia por irregularidades no muy precisas. También se hizo público su vínculo como socio en una clínica con su suegro, el médico psiquiatra Martín Gutiérrez, acusado de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de estado en el Penal de Libertad, y de haber sido sancionado en la década del 60 por la Universidad por su participación en el asalto a esa casa de estudios. Estos cuestionamientos, sumados a que el propio Dr. Julio María Sanguinetti había señalado a Martín Gutiérrez por su ideología nazi, motivaron que el Dr. Salinas fuera convocado por el presidente Lacalle Pou para aclarar estas situaciones, que al final no merecieron objeciones a nivel presidencial y facilitaron la renuncia a Casmu y la continuidad de las acciones legales contra su exgerente.
La explosión de la pandemia puso un manto de silencio sobre estos episodios que se acallaron aun más por la discreción con que se manejaron estos cambios y por la dificultad de los distintos integrantes de la coalición para obtener cuadros competentes como para reemplazar a profesionales con amplio desempeño de sus responsabilidades, carreras prolongadas, cargos efectivos y presupuestados y respaldos académicos sólidos.
Sin embargo, lentamente fueron produciéndose movimientos en las distintas áreas y surgió cierto malestar de las autoridades con las distintas direcciones que se desempeñaban en la conducción técnica de las acciones referidas a la pandemia y los diferentes programas técnicos del ministerio.
También empezaron paulatinas destituciones. El 25 de marzo, varios directores plantearon su discrepancia con las autoridades de la cartera por la forma en que venía gestionando la emergencia sanitaria contra el coronavirus y pusieron sus cargos a disposición.
Entre los directores se encontraba la directora de Epidemiología, la Dra. Raquel Rosa, y la directora del laboratorio del MSP, Verónica Seija, quien fuera destituida el 14 de abril, al parecer, por discrepar con los criterios de evaluación de los tests.
El segundo tiempo
Una emergencia sanitaria para una concepción marcial medio fascistoide como la del integrante de Cabildo Abierto, doctor Fernando Silva, recientemente nombrado director de la región oeste de ASSE, debe ser lo más parecido a un escenario de guerra. Con uniforme bioprotegido, municiones de alcohol en gel, trapo, fregón y lampazo, papel higiénico al por mayor, lavandina y garrote. Silva no le tiene miedo a nadie.
Asegurada la línea de mando, Silva fue nombrado director en sustitución de la Dra. Alejandra Caputi y con ella fue sustituida todo su equipo regional. Por supuesto el nombre de Silva es propuesto y votado por el representante de Cabildo Abierto en el Directorio de ASSE, el coronel retirado Enrique Montagno, junto a los otros dos representantes políticos y el voto en contra de Natalia Pereyra, representante de los usuarios; Pablo Cabrera, representante de los trabajadores, no se encontraba presente. Por supuesto que en las redes sociales, Silva agradece a su coronel y se compromete a limpiar, la institución con esponja de alambre y a “poner el culo” en el sillón las horas que sean necesarias en una cruzada que parece tener el propósito de volver la asistencia pública a lo que era antes, un espacio,lleno de carencias, para una salud de cuarta destinada a los más pobres.
“Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos… la mugre, la desidia, la falta de control es un común denominador. No sé si tendremos más o menos plata, más o menos recursos humanos. Pero urge la vergüenza de no hacer nada, es un compromiso, más que partidario, moral, el cambiar el estado de los hospitales públicos. Acá hay que arremangarse y meter fregón, lampazo, agua Jane y voluntad. La plata está, el recurso humano se consigue, hay que poner y poner voluntad, que es lo que falta. Esperemos transformar estas lágrimas en sonrisas, ojalá podamos volver a dignificar la salud pública como se merece, volver a que sea orgullo nacional como fue otrora la educación, esa es nuestra misión”, publicó Fernando Silva el 3 de abril en su muro de Facebook.
En rápida y muy digna respuesta, los médicos de la región oeste presentan su renuncia.
En un comunicado hecho público y firmado por los médicos del regional oeste (San José, Colonia, Flores, Florida, Durazno, Soriano y Rio Negro), el 21 de abril, afirman: “Entendemos que estas formas no nos garantizan el respaldo necesario para actuar y decidir en el marco de la actual pandemia y la imprescindible transición responsable, lo cual ha quedado en evidencia en las declaraciones públicas del nuevo director de nuestra región, Dr. Fernando Silva. En las mismas se manifiesta un absoluto desprecio por la tarea que durante tanto tiempo y con tanta responsabilidad y dedicación venimos llevando a cabo, y gracias a las cuales ASSE está preparada para enfrentar la pandemia”.
Contradiciendo lo afirmado por Silva, además de su voluntad de comprometerse a un período de transición, declaran: “Por último, queremos manifestar el orgullo de haber pertenecido a la generación de gestores que llevaron a cabo la reforma sanitaria, transformando a ASSE en el mayor prestador de servicios de salud del país, liderando la reforma con cambios sustanciales en el modelo de atención, mejorando sustancialmente la calidad de asistencia de los usuarios que hoy eligen afiliarse a ASSE”.
Sumándose a la crisis, algunos integrantes de los equipos de gestión de la región Este ponen sus cargos a disposición.
En ambas notas, se expresa lo que es fácil percibir; por encima de las visiones sobre la gestión de la administración pasada, lo que prima en las nuevas autoridades del MSP y ASSE es imponer la fidelidad partidaria.
Y siempre hay uruguayos que se resisten a estos tiranos de cartón y dan pruebas de que en la vincha de cada oriental hay una divisa que nos une por encima de sectarismos partidarios, y la llevan uruguayos vestidos de milicos o de paisanos: “Nadie es más que nadie”.
El alargue
Conocido lo de las renuncias de más de 50 médicos de todo el país, que se encuentran desempeñando cargos de jerarquía por designación directa o por concurso, el Directorio de ASSE metió violín en bolsa y puso en el congelador la designación del más boca abierta de los boca abierta de Cabildo Abierto.
A este Dr. Fernando Silva no le dieron tiempo de denunciar que le hackearon el celular ni decir que se lo robó un amigo que escribió los tuits que motivaron la renuncia de 50 médicos de ASSE. A Fernando Silva le sacaron la roja porque se pasó de vivo y creyó que se podía atropellar a la gente como atropellan los trolls en las redes sociales. Pero, en esta oportunidad, será como en el vóleibol, solo una rotación.
Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, es un joven médico que agarró un fierro caliente y caminó tropezando, esquivando minas explosivas que le ponen sus propios camaradas de la coalición. Es evidente que fue alguno de los suyos el que la semana pasada le pasó a Búsqueda una información que lo involucraba y que, al parecer, resultó falsa. Ahora, es un cabildante el que le pisó la piola. Cipriani sacó de nuevo la pata del lazo y consiguió el apoyo del presidente para voltear a ese pichón de Manini que estaba designado para ser director de la regional Este del MSP.
Cipriani anunció que será designado para otro cargo porque así “lo ha propuesto el representante de Cabildo Abierto en el Directorio” del servicio descentralizado (sic)” (conste que los directores no pueden tener actividad política).
Cipriani lo está haciendo bastante bien, superó con inteligencia la crisis provocada por 50 casos de coronavirus en el hospital Vilardebó y lo hizo rápido y con inteligencia. Tres crisis en una semana está muy bien en semejante pandemónium.
No la va a llevar de arriba porque, como dijo Lacalle, una coalición de cinco socios no es cosa fácil.
Todo lo demás seguirá igual, o aun peor.
22
Abr
20
desafuero de maníni
EL PASADO NOS CONDENA: La reciente historia política del Uruguay de ayer hoy, repite nombres, actos y herederos de la derecha y la ultra derecha, el FRENTE AMPLIO y la central el PIT-CNT en otro escenario: el parlamento y la justicia.
¿El día en que se engendró la impunidad?
15 de abril de 1972. Bordaberry y Pacheco Areco
escribe: Roger Rodriguez
El 15 de abril de 1972 la Asamblea General del Poder Legislativo uruguayo aprobó la suspensión de garantías individuales y la declaración del «estado de guerra interno». El día anterior se habían producido los trágicos enfrentamientos en los que el MLN-Tupamaros ejecutó a un civil, un militar y dos policías acusados de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, y las Fuerzas Conjuntas mataron a ocho tupamaros. Aquellos acontecimientos marcaron el rumbo del Uruguay y dejaron una secuela que aún perdura tres décadas más tarde.
1 – EL URUGUAY DE 1972
La herencia de Pacheco
La lucha política y electoral que caracterizaron 1971, luego del surgimiento del Frente Amplio que implicaba una ruptura del tradicional bipartidismo uruguayo, se cerraba con las denuncias de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra de que el Partido Nacional había sido víctima de una «estafa electoral».
En complejas elecciones nacionales, el presidente colorado Jorge Pacheco Areco no había logrado imponer una reforma constitucional que permitiera su reelección y, luego de setenta y cinco días de «sórdido» escrutinio, los uruguayos se enteraron que tenían como nuevo mandatario al hasta entonces ministro de Ganadería y Agricultura, Juan María Bordaberry.
Al comenzar el nuevo año, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros proclamaba desde Paysandú el fin de la tregua unilateral declarada ante los comicios. Como contracara, el semanario ultraderechista «Azul y Blanco» afirmaba que «la dialéctica de las palabras, debe ceder su lugar a la dialéctica de las pistolas» y auguraba: «Si quieres paz, prepárate para la guerra».
El MLN mantenía secuestrados a Ulysses Pereyra Reverbel, Carlos Frick Davies y Ricardo Ferrés Terra, a quien liberaba el 28 de enero. Ese mismo día, eran secuestrados el fotógrafo técnico de la policía, Nelson Bardesio, y el redactor responsable de «Acción», diputado Homero Fariña. También se sucedían las acciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO), la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) y el grupo «22 de Diciembre», disidente de los tupamaros.
La organizaciones políticas de izquierda habían logrado su mejor votación de la historia (5 senadores y 18 diputados) con un Frente Amplio al que se habían sumado destacadas figuras de los partidos tradicionales. La central única de trabajadores (CNT) estaba enfrentada a la política económica y los conflictos se multiplicaban. La gremial estudiantil (FEUU) evidenciaba su militancia en Universidades y liceos, donde chocaba con la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que anunciaba su «Plan Terremoto»: «1972 será un año decisivo; o salvamos al país o nos hundimos con el país», arengaban.
La asunción de Bordaberry
El 1º de marzo, Bordaberry asume el gobierno de un país con medidas prontas de seguridad vigentes, con más de un centenar de detenidos «a disposición» del Poder Ejecutivo, y en el que meses antes las Fuerzas Armadas habían sido llamadas a dirigir la lucha antisubversiva al frente de las llamadas fuerzas conjuntas.
El gabinete de Bordaberry queda integrado, entre otros, con el abogado Alejandro Rovira en el Ministerio del Interior, el general Enrique Magnani en Defensa Nacional, Francisco Forteza en Economía y Finanzas, y Julio María Sanguinetti en Educación y Cultura. También nombra como nuevo comandante en jefe del Ejército, al general Florencio Gravina y como nuevo jefe de Policía de Montevideo, al coronel Roberto Zubía.
Como primeras medidas, el nuevo gobierno resuelve una devaluación monetaria del cien por ciento y envía al Parlamento un proyecto de «Ley de Seguridad del Estado» que incrementa las penas a quienes atenten contra la Constitución. Se eliminan los reintegros para las exportaciones, se deroga el recargo a las importaciones, se legaliza el mercado paralelo de cambios, se duplican los precios de alcoholes y combustibles, aumentan un 90 % las tarifas de UTE, se impone una veda al consumo de carne y, antes de terminar Semana de Turismo, se aumentan unos cuatrocientos artículos de consumo en un 37 %, pero sólo se elevan los sueldos de la industria privada un 20%.
En los primeros cuatro meses del año se denuncian sesenta atentados en Montevideo. Locales partidarios del Frente Amplio, casas de militantes, defensores de presos políticos, familiares de detenidos, docentes de centros de enseñanza y librerías fueron víctimas de bombas incendiarias y balaceras. Estos ataques no llevan a la detención de ningún sospechoso.
El 12 de abril de 1972 se produce una nueva fuga del penal de Punta Carretas: 15 tupamaros y seis presos comunes protagonizan lo que se conoció como «el gallo». Salieron por un túnel de sesenta metros que comunicaba a la red cloacal. Reeditaban el escape («»el abuso»») que un año antes habían hecho 111 presos en el mismo lugar.
Los datos anteriores, extraídos de la cronología comparada «La Caída de la Democracia» (1967-1973) editada por la Fundación de Cultura Universitaria y el libro «Alto el Fuego» de Nelson Caula y Alberto Silva, resultan elocuentes: los primeros meses del año 1972 confirmaban las previsiones de una agudización del enfrentamiento y la violencia política en el país, aunque nadie sospechara que en aquel el mes de abril se produciría un quiebre histórico que determinaría el futuro del Uruguay por los siguientes treinta años.
2 – EL MES DE ABRIL
El Escuadrón de la Muerte
En varias investigaciones históricas se relatan detalles de cómo se fueron constituyendo los grupos paramilitares que actuaron en Uruguay en la década del sesenta y a principios de los setenta, y cuyas ramificaciones y herencias metodológicas pueden llegar, con otros nombres, hasta nuestros días.
Las actividades de injerencia interna por parte de la CIA, el FBI y otros servicios de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, se han detallado en diversos libros de «arrepentidos» y ex agentes cuyas denuncias han confirmado no pocos documentos «desclasificados» del gobierno norteamericano.
La Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la United States Information Services (USIS) fueron dos de las agencias que, en contacto con embajadas de países con dictaduras en la región (Paraguay, Brasil y Argentina), fueron cooptando elementos policiales y militares uruguayos para jugar de peones en el tablero de la «guerra fría».
El 2 de febrero de 1970, la Asociación de Magistrados Judiciales hace públicas sus denuncias contra el juez Púrpura, a quien se acusa de intentar integrar a la CIA a jueces y abogados. Púrpura, conectado con mandos policiales y militares, reconoce la creación de «grupos de choque anticomunistas» que entrenaban en Florida. El magistrado termina por renunciar el 7 de setiembre de ese año.
Los convulsionados años sesenta habían dejado «marcados» a muchos militantes de izquierda, víctimas de este tipo de organizaciones. Desde tiempos de Nardone actuaban grupos parapoliciales que tatuaban «svásticas» en estudiantes. Pero es a fines de la década que con asesoramiento norteamericano se aceitan grupos de acción que sobrepasan los juegos de vigilancia e inteligencia.
Las páginas secretas de los Escuadrones de la Muerte se abren cuando el MLN-Tupamaros secuestra al fotógrafo-agente Nelson Bardesio, quien confiesa cómo una serie de «comandos», que habían actuado en asesinatos y atentados políticos, eran coordinados y daban cuenta a las más altas estructuras del Estado. No había paramilitares, sino terrorismo de Estado.
Las «Actas de Bardesio» describen los atentados a los abogados Arturo Dubra, Alejandro Artuccio y Manuel Liberoff y a la periodista María Esther Gilio. La orden venía del propio Ministerio del Interior. También reconoce los asesinatos del Abel Ayala y Manuel Ramos Filippini en julio de 1971, y el de Héctor Castagnetto el 17 de agosto de ese año. El 28 de febrero del 72, con Bardesio secuestrado, un «Comando Caza Tupamaros» tortura y mata a Ibero Gutiérrez: «Vos también pediste perdón. Bala por bala, diente por diente», decía una esquela sobre su cuerpo.
La historia «oficial» del 14
En el libro «La Subversión – De las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental», se relata, al compás del gerundio, una cronología (págs. 716 y 717) sobre lo ocurrido aquel 14 de abril de 1972:
«- En Avda. Millán y Las Violetas es detenida una camioneta por personal de las FFCC, aprehendiéndose a sus seis ocupantes, dos de los cuales son fugados del Penal de Punta Carretas.
– El Poder Ejecutivo dispone que los Ministerios de Interior y Defensa Nacional adopten las medidas oportunas para garantizar la vigilancia e integridad de los establecimientos de reclusión de subversivos, pudiendo incluso habilitar otros que sean adecuados.
– Distintos grupos de sediciosos roban, en la madrugada, cinco automóviles.
– Sobre las 8 de la mañana y desde dos automóviles, integrantes del MLN-T acribillan con fuego de ametralladora, en las calles Rivera y Soca, a un patrullero policial, muriendo el subcomisario Oscar Delega Luzardo y el agente Carlos A. Leites y quedando gravemente herido otro agente policial. Consumado el atentado, los asesinos bajan de los vehículos y disparan sobre los funcionarios caídos en el suelo, huyendo luego.
– Sobre las 9 horas es ametrallado en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones, donde vive, desde un automóvil que estuvo aguardando en la zona, el capitán de Corbeta Ernesto Motto, quien muere en el acto.
– Sobre las 22 horas y desde una ventana del segundo piso de la Iglesia Protestante, sita en las calles Constituyente y Barrios Amorín, dos francotiradores acribillan con armas largas de precisión al profesor Armando Acosta y Lara, ex subsecretario del Interior, quien muere, hieren a su esposa y a un agente policial de su custodia, cuando salían de su domicilio, y huyen.
– En las calles Franciso Pi y Nicolás Herrera las FFCC detienen una camioneta que huye, iniciando entonces sus ocupantes la retirada a pie, cubriéndose con fuego de armas largas y cortas, que es repelido por las autoridades, muriendo dos sediciosos y quedando herido un comisario de la Policía.
– La Policía allana la finca de la calle Amazonas Nº 1440, sus ocupantes desacatan la orden de arresto y abren fuego, el que es repelido, muriendo dos sediciosos y resultando uno herido y otro ileso.
– Es allanada otra finca sita en la calle Pérez Gomar Nº 4392, produciéndose un intenso tiroteo en el que mueren los sediciosos Jorge Candán Grajales, Horacio Carlos Rovira Griecco, Grabiel María Schroeder Orozco y Armando Hugo Blanco Katras, siendo capturados otros cuatro.
– En ambos allanamientos se incautan $ 305.000 m/n y 29.420 dólares y copiosa información del MLN-T.
– Es capturado en la avenida Centenario y Propios el dirigente del MLN-T Juan Almiratti Nieto, fugado el 26 de mayo de 1971 de un local judicial.
– El Poder Ejecutivo solicita anuencia al Poder Legislativo para suspender la seguridad individual y decretar el Estado de Guerra Interno».
La otra versión de los hechos
En realidad en esa triste jornada, que el régimen militar designaría como «Día de los Caídos en la lucha contra la sedición» y durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti pasaría a llamarse «Día de los Caídos en defensa de la Democracia», las cosas no sucedieron como oficialmente se relatan.
Todos los «objetivos» de los tupamaros ese día eran miembros de los Escuadrones de la Muerte, según había confesado el agente Nelson Bardesio. También se había planificado matar a Miguel Sofía (operativo que fracasa y en el que murieron los tupamaros Nicolás Gropp y Norma Pagliano) y del capitán de navío Jorge Nader (que no se llega a realizar), entre otros.
Los procedimientos que las Fuerzas Conjuntas realizan luego del mediodía, no fueron casuales. El allanamiento en la calle Amazonas, comandado por el entonces comisario Hugo Campos Hermida (también denunciado como miembro del Escuadrón de la Muerte), no tuvo respuesta armada. El periodista Luis Martirena fue acribillado cuando abría la puerta y su mujer, Ivette, muerta cuando se levantaba de la mesa en la que estaba almorzando.
El hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro conserva las marcas de los cinco balazos que recibió ese día en el operativo de represalia. El «Ñato» acepta volver a repetir, como todos los años cuando llega esta fecha, el testimonio que ha escrito en «Memorias del Calabozo», con Mauricio Rosencof, y en «La Tregua Armada», donde cuenta pormenorizadamente su versión de los hechos.
«A mí me salva la vida el señor juez Echeverría y el médico forense que lo acompañaba. Estaban de casualidad en el lugar, porque habían venido a reconocer los cuerpos del matrimonio Martirena que habían sido asesinados y rematados en el piso. Nosotros estábamos escondidos en un berretín y todavía no nos habían encontrado. Nosotros escuchábamos todo y supimos que el juez estaba ahí con Campos Hermida. Fue entonces que descubrieron el berretín y estaban esperando que se fuera el juez, no porque pensaran que ahí podía haber gente, sino porque suponían que allí podían encontrar material del que no tuvieran que dar cuenta al juez. Fue un soldado del Ejército que había ido a mear al baño, el que se enteró que estaba el berretín y, sin el oficio de los policías, se lo fue a comentar al capitán Calcagno, sin saber que los que estaban con él eran el juez, el médico forense y Campos Hermida. «Vamos para ahí» dijo el juez. Es entonces que, cuando están abriendo el berretín nosotros (lo acompañaba David Cámpora) decimos que hay gente, que estamos heridos y nos vamos a entregar. Si no estaba el juez, no creo, es mi opinión, que hoy estuviera aquí…», narró a LA REPUBLICA.
Tampoco en el operativo en la calle Pérez Gomar, que dirigió el inspector Víctor Castiglioni (también sindicado como miembro del Escuadrón), los hechos habrían sido como «oficialmente» se contaron. En la casa detuvieron a ocho personas y a cuatro de ellas (Candán Grajales, Rovira, Schroeder y Blanco) los ejecutaron, según denunciaría horas más tarde en el Parlamento el senador Enrique Erro.
La interna de los Tupamaros
En el libro «Sendic» (Trilce 2000), Samuel Blixen dedica todo un capítulo a las acciones del 14 de abril, en las que reconoce haber tenido una participación directa, «concretamente en la ejecución de uno de los jefes del Escuadrón de la Muerte, el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara. Por esa acción fui procesado y condenado». Cumplió 13 años en prisión.
En su relato, Blixen considera que ese día «el MLN cayó en una emboscada que le tendieron el gobierno y las Fuerzas Armadas y el golpe fue tan devastador que en siete meses la estructura militar de los tupamaros quedó desarticulada, herida de muerte» y afirma que si bien el Ejército y los cuerpos represivos de la policía hicieron bien su trabajo «nunca hubieran obtenido el resultado que recogieron si no fuera por las profundas contradicciones, las desviaciones, las desprolijidades y las frivolidades que como un cáncer venían comiendo el cuerpo de la guerrilla».
Blixen sostiene que desde setiembre de 1971, cuando asumen el control de las operaciones antisubversivas luego de la fuga de un centenar de presos de la cárcel de Punta Carretas («el abuso»), las Fuerzas Armadas comenzaron a planificar el golpe y elegir la marcha militar de sus futuros comunicados. «Necesitaban el pretexto para accionar la propaganda, la tarea de inteligencia y la manipulación de masas que acotaría la oposición, de la gente, del Parlamento y de los partidos políticos. Ese pretexto el MLN lo sirvió en bandeja el 14 de abril, cuando desencadenó la represalia contra el Escuadrón de la Muerte», afirma.
El libro señala que las acciones del Escuadrón de la Muerte entre 1971 y 1972 «parecían apuntar a difundir el terror en los aparatos de masas del MLN, en la periferia de la guerrilla, cosa de desestimular su crecimiento, de reducir el colchón de simpatía». (…) «Había, por tanto, ‘un reclamo generalizado, fundamentalmente en las columnas de masas’ del MLN, para algún tipo de represalia contra el Escuadrón». Pero agrega que en «la dirección del MLN había una percepción diferente. De alguna manera se tenía la impresión de que una acción importante contra el Escuadrón traería consecuencias que después no se podrían controlar», escribe.
Se consideró que las acciones sería asimiladas por el gobierno como había ocurrido con la muerte de Dan Mitrione o con la fuga de los 111 presos. «En cambio, para los aparatos de masas, la represalia podía significar la eliminación del accionar paramilitar, si la respuesta era lo suficientemente contundente», indica y añade: «Sendic tenía prevenciones, Fernández Huidobro percibía una «frivolidad» en tanto esas acciones no se encuadraban en una estrategia, y Mujica alertaba sobre el error político».
«Nadie tuvo la percepción de que la represión estaba organizando, ella sí, un salto cualitativo, donde el factor sorpresa sería demoledor. No hubo al parecer, un análisis profundo de la manera en que los jefes del Escuadrón asumieron el secuestro de Nelson Bardesio (…) Desde el punto de vista político cualquier revelación del policía Bardesio era una catástrofe, incluso para las Fuerzas Armadas. Existía, por tanto, la posibilidad de una contraofensiva de los jefes del Escuadrón de la Muerte, que era como decir una contraofensiva del gobierno, del partido de gobierno y de las Fuerzas Armadas. El MLN actuó como si esa posibilidad no existiera. Dio un salto al vacío sin siquiera tener conciencia de que se abría el suelo a sus pies», analiza Blixen.
3 – LA RAÍZ DE LA IMPUNIDAD
Aparece la Justicia Militar
A las 19.30 horas de aquel 14 de abril, comenzó a sesionar la Asamblea General, convocada en forma urgente. Un mensaje del Poder Ejecutivo sostenía que el proceso de subversión se había agravado y pedía la anuencia para «disponer la suspensión de la seguridad individual» y que se decretara «el estado de guerra interno a los afectos de la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes».
El debate parlamentario se extendió hasta las 15 y 45 del día siguiente, en una de las más agitadas jornadas vividas en el Palacio Legislativo. Los alcances de la solicitud del presidente Juan María Bordaberry eran evidentes: se lanzaría una ofensiva contra la «subversión» y se necesitaba eludir al Poder Judicial e imponer la acción de la Justicia Militar, a la vez que declarar el delito de lesa nación como delito militar.
Las actas parlamentarias (102 hojas del diario de sesiones) sólo recogen lo dialogado dentro de sala, pero fue en el ambulatorio y corrillos políticos, donde se fue procesando, a lo largo de las horas, la negociación que permitiría, con los votos de los partidos tradicionales, la aprobación de una moción cuyas consecuencias se mantienen tres décadas más tarde.
Hubo debates ideológicos, análisis globales del mundo, debates jurídicos y constitucionales, enfrentamientos duros, finas ironías y una gran inconsciencia de la significación que luego tendría lo votado, aunque no fueron pocos los que advirtieron sobre la implicancia de un crecimiento del poder militar a la luz de las dictaduras en Brasil, Paraguay y Argentina.
Fue el senador Raumar Jude quien al pedir un minuto de silencio en recuerdo de «los caídos en defensa de las Instituciones» instauraría la fecha que año a año conmemoran las Fuerzas Armadas.
Esa noche se negó un pedido del senador Terra para que se pasara a cuarto intermedio a efectos de estudiar las «Actas de Bardesio» sobre los Escuadrones de la Muerte, documento que finalmente leería en sala el senador Enrique Erro, hecho que llevó a un grupo de personas a ingresar al Palacio Legislativo gritando que matarían al legislador.
El «cuco» del golpe de Estado
La solicitud del Poder Ejecutivo fue modificada, inicialmente, por el Partido Colorado quien mocionó para que las garantías individuales se suspendieran por 90 días y, poco más tarde, por el Partido Naciona que había logrado un consenso interno para aceptar la medida de excepción por sólo 30 días.
El acuerdo dentro de los blancos, llevó a que el senador Dardo Ortiz hablara en nombre de toda la bancada adelantando su posición de votar transitoriamente el pedido del gobierno. En un momento, al discutir las implicancias constitucionales de la declaración de guerra, Ortiz llegó a afirmar: «Nosotros preferimos que la crítica de nuestras actuaciones se realice en el foro universitario y no en el local de las autopsias. Es por eso que votamos lo que votamos», dijo con singular clarividencia.
También hubo presiones. El senador Zelmar Michelini advirtió: «Es que en el Ambulatorio ha estado, permanentemente, el fantasma de las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que si no se hacía tal cosa, las Fuerzas Armadas adoptarían tal actitud. En definitiva, ha existido el fantasma y el ‘cuco’ del golpe de Estado».
Mientras se debatía en el Parlamento, la ofensiva de las Fuerzas Conjuntas se había iniciado. El allanamiento de la sede central del Partido Comunista, en el que fueron puestos contra el piso y golpeados un centenar de jóvenes, fue un adelanto de lo que ocurriría 48 horas más tarde con ocho militantes de la Seccional 20ª.
Wilson Ferreira Aldunate sólo intervendría para establecer los alcances de la moción blanca, a la que consideró limitada en el «tiempo» (30 días) en el «objeto» (reprimir a subversión), en su «geografía» (sólo en el área concreta en que la subversión opera) y en cuanto a los «medios» (sólo a efectos del artículo 253 de la Constitución).
«El único alcance de estas normas, si resultan aprobadas, es a los solos efectos de determinar una jurisdicción, y no podrá ser invocada absolutamente para ninguna otra», dijo Wilson. Tiempo después reconocería el error.
En realidad, el reclamo de «herramientas» para combatir la subversión, lo habían hecho los propios comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, en sendas reuniones, realizadas el 6 de abril, con los legisladores colorados y blancos en la sede que las Fuerzas Conjuntas tenían entonces en 8 de Octubre y Garibaldi, según se denunció aquella noche.
El pie a la «manu militari»
«En eso tienen razón las Fuerzas Armadas, cuando dicen ‘Nosotros no vinimos, nos llamaron’. Ya los habían llamado el año anterior cuando, después de la fuga «el abuso» de Punta Carretas, les encomendaron dirigir la lucha contra nosotros. Esta vez, es el Parlamento, el Poder Legislativo, el que acepta declarar el Estado de Guerra. Eso tiene una consecuencia profunda. Ya no era la represión a una fuerza irregular, estábamos en guerra y eso permitió una serie de cosas. Por ejemplo, que todos pasaran a la Justicia militar, desde el combatiente, al que repartía volantes o el simpatizante. Hubo consecuencias legales y jurídicas tremendas», analiza hoy Eleuterio Fernández Huidobro.
«Lo que es verdad -agrega el senador tupamaro- es que a partir del 14 de abril, comienza otra historia en el Uruguay. Tal vez una historia que empezaron a preparar los más experimentados en la lucha antisubversiva. Hasta ahí hubo un nivel de enfrentamiento armado y a partir de ahí comienza otro distinto. Las Fuerzas Armadas comienzan a actuar ‘manu militari’, es decir, arrasando con todo».
«Yo me arrepiento, lo he dicho y está escrito, porque es lindo acomodar el cuerpo a posteriori, como hizo Jaime Pérez cuando se refirió al aparato armado del Partido Comunista. Lo he dicho acá en el Senado, en la prensa y en ‘El golpe en la nuca’ que tiene como subtítulo ‘Autocrítica del MLN’, aunque es la autocrítica personal mía, ya que sobre esto puede haber tantas posiciones como compañeros del MLN. Yo señalo los errores que cometimos. Yo me arrepiento de no haber planteado, cuando vuelvo a la dirección del MLN el 16 de marzo del 72 y esta operación del 14 de abril ya estaba en marcha, que no había que hacerla porque era un garrafal error. Soy responsable por omisión, pero soy responsable. Porque yo era jefe y no quiero hacer como otros jefes militares que no reconocen su responsabilidad ante la opinión pública, ante el pueblo uruguayo y el gobierno uruguayo, de las órdenes que dieron y dejan que a sus subalternos de aquel entonces los siga enjuiciando todo el mundo, pero ellos que fueron los responsables no son capaces de tener carácter militar y decir el responsable soy yo… Yo me hago responsable de todo, de lo bueno y lo malo que pudimos haber hecho, para eso fui jefe», reflexiona.
Para Fernández Huidobro la «guerra» termina con la caída de Raúl Sendic el 9 de setiembre de ese año. «No porque fuera Raúl, que ya había estado preso antes, sino porque era el último de los dirigentes históricos en ser capturado. El resto habíamos caído, la mayoría heridos. Después ya siguió el momento en que las Fuerzas Armadas entran en una gran asamblea política interna y sus conflictos con el poder político, por lo que deciden terminar con todo, como ellos mismos confiesan en su libro de dos tomos sobre la subversión. Allí cuentan que ya en 1971 se planificó derrotar primero a la lucha armada, pero seguir después con los trabajadores, la universidad y el propio sistema político. Eso está escrito. Yo no creo que haya sido así. Pienso que había un grupo que si planificó eso desde el 71, pero que es a mediados del 72, por julio o agosto, en medio de una gran crisis interna, que las Fuerzas Armadas comienzan a planificar el golpe de Estado».
Las consecuencias del voto
Varias fuentes políticas, que prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre «un tema del pasado», al ser consultadas por LA REPUBLICA para realizar este informe, reconocieron que la fecha elegida para recordar a los «caídos en la lucha contra la «sedición» o «en defensa de la democracia», no es la más feliz a la luz de la realidad histórica que determinaron los trágicos hechos.
Hubo una decisión del Estado gobernante de silenciar la existencia de los Escuadrones de la Muerte y se llegó a negar la posibilidad de investigarlos, cuando el tema afloró nuevamente en el Parlamento meses después, luego de que se protocolizan las «Actas de Bardesio», a las que se le sumó el testimonio de otro «arrepentido», el policía Mario Benítez.
Resulta sintomática la anécdota relatada por el dirigente democratacristiano Juan Pablo Terra en el libro «Alto el Fuego», en la que narra un diálogo con Julio María Sanguinetti, en el que el entonces ministro de Educación y Cultura, le dice que Bordaberry estaba «consternado» por las acciones del Escuadrón, pero había tomado medidas para que eso no se repitiera. Según Terra, Sanguinetti reconoció entonces que se había ordenado el traslado al interior o al exterior de algunos de sus miembros y a otros se los embarcó a navegar.
Más significativo es aún, que al regreso de la democracia, cuando el diputado Lorenzo Rovira inició una causa contra los Escuadrones de la Muerte y sus homicidios, el Poder Ejecutivo, que encabezaba el ya presidente Julio María Sanguinetti, informase al juez penal que la causa se consideraba amparada en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
En la introducción del libro «Uruguay Nunca Más – Informe sobre la violación a los Derechos Humanos (1972-1985) del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de Uruguay, se analiza particularmente lo que significó en los años posteriores lo aprobado aquel mediodía del 15 de abril.
«La autorización que la Asamblea General otorgó al Poder Ejecutivo para decretar el «estado de guerra interno» era a los solos efectos de extender el ámbito de vigencia de la jurisdicción militar. De esta forma, las FFCC quedaban en libertad para controlar y disponer de los detenidos, sin tener que rendir cuentas al Poder Judicial o al Parlamento», señala.
«De aquí en adelante, las FFAA inauguraron en la vida del país una lógica de los acontecimientos en los que participaban y un discurso legitimador de los mismos. Según esta concepción, que la institución armada adoptó, los hechos se evalúan desde una exclusiva concepción bélica, no regulados por normas jurídicas que pretendan humanizar los medios utilizados en la represión; la violencia se contrarresta con la violencia, y ésta se concreta en sus aspectos meramente fácticos. De aquí la justificación de sus consecuencias: la violación de los derechos humanos», señala el informe.
El Estado de Guerra Interno lo aprobaron, aquel 15 de abril, 87 de los 118 legisladores presentes. El entonces ministro Julio María Sanguinetti fue dos veces presidente de la República. El entonces diputado Luis Alberto Lacalle llegó una vez a primer mandatario. Varios de los legisladores que votaron la moción, luego de una década de proscripción, volvieron a tener o aún tienen cargos políticos, parlamentarios o municipales.
Muchos de los que no votaron aquella moción fueron presos de la dictadura. Zelmar Michelini, que no la apoyó, y Héctor Gutiérrez Ruiz, cuyo sector la aprobó, fueron asesinados en Buenos Aires. Wilson Ferreira Aldunate, como miles de personas, fue procesado por la Justicia militar. Casi un centenar de uruguayos continúa en condición de desaparecido. El «cuco» de las Fuerzas Armadas al que se hizo referencia aquella noche, nueve meses después dio a luz el golpe de Estado.
* Publicado en LA REPUBLICA el 15/04/2002
21
Abr
20
desafuero de Manini
DELITOS de LEZA HUMANIDAD y TERRORISMO de ESTADO, NO SE EXTINGUEN NUNCA !!
TODOS los ASESINOS, TORTURADORES, SECUESTRADORES y los PROTECTORES de ELLOS por CÓMPLICES … DEBEN IR A LA JUSTICIA ORDINARIA !!
19
Abr
20
Girón … la derrota del imperio
Girón: La primer derrota de los canallas imperialistas de EEUU en el continente americano.
A 59 años de lo que no ocurrió …
escribe: René González Barrios | internet@granma.cu
esribe: Alejandro Guzmán de Armas | internet@granma.cu
«…La importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar; la gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón»
Fidel: «La importancia histórica del 19 de abril se sale de los marcos de nuestro propio país, porque ese día, ciertamente que el imperialismo yanki recibió su primera gran derrota en América». Foto: Archivo de Granma
El 19 de abril de 1961, en las arenas de Playa Girón, un ejército de pueblo o un pueblo en armas, como prefiramos llamarle, derrotaba de manera aplastante la invasión minuciosamente preparada por el Gobierno de Estados Unidos. La victoria de Playa Girón ha pasado a la historia como la «primera gran derrota» del imperialismo yanqui en América.
La Operación Pluto, preparada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue la revancha organizada por el imperio contra las fuerzas pujantes de la Revolución Cubana. Para materializarla, empleó a representantes de los intereses espurios de la sociedad putrefacta que había sido superada, a efectivos de la CIA y a sus propias Fuerzas Armadas.
La reacción del Gobierno de Eisenhower ante la derrota que el 1ro. de enero de 1959 significó para un ejército construido a su gusto, imagen y semejanza, no se hizo esperar. La respuesta sería inevitablemente militar, aunque para ello emplearían primero todo su arsenal subversivo, preferentemente, a los representantes del viejo ejército batistiano y del viejo sistema.
Al traumático golpe que significó el triunfo revolucionario, se unió otro contundente en lo político y económico. Las medidas cada vez más radicales de la Revolución, para hacer realidad el Programa del Moncada, afectaban directamente los intereses de los monopolios y empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses. El ejemplo de Cuba era nefasto para el dominio hemisférico del imperio.
La reacción fue inmediata. Sabotajes, atentados, bombardeos, fomento y sustentación de bandas contrarrevolucionarias, acciones piratas, campañas mediáticas en las que se satanizaba a la Revolución y a sus líderes, guerra diplomática, bloqueo económico y rompimiento de relaciones, fueron solo una parte del rostro de la agresión en ciernes.
En enero de 1960, fue creada la Fuerza de Tarea (FT) WH-4, de la CIA, que elaboró el Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro, aprobado por el presidente Eisenhower el 17 de marzo.
El Programa, que preparaba las condiciones para subvertir el orden interno en la Isla con el empleo de mercenarios y contrarrevolucionarios, marchaba acompañado por la intensificación de la preparación combativa de unidades élites de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en especial la infantería de marina, las que incrementaron sustancialmente sus ejercicios y maniobras en áreas de la costa este, el Golfo de México y el Mar Caribe.
En el verano de 1960, la cia solicitó al Grupo Especial del Consejo de Seguridad Nacional, que aprobara los vuelos de aviones de exploración U-2 sobre Cuba. La operación se denominó Kick Off y fue realizada por u-2 del destacamento g de la cia, volando desde la base de la Fuerza Aérea de Laughlin, Texas. La CIA solicitó al Grupo Especial que autorizara otros vuelos, que tuvieron lugar entre el 26 y 27 de octubre.
En enero de 1961, tras el brusco rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, el imperio amenazó a la Isla, emprendiendo las maniobras Convex-1/61 en el Caribe, con la participación de un portaaviones, un submarino atómico, tres submarinos convencionales, diez destructores y otras unidades de apoyo, así como mil infantes de marina.
Desde febrero, el destructor dd-844 Perry, convertido en buque de intercepción de señales y basificado temporalmente en la estación aeronaval de Key West, Florida, monitoreaba las transmisiones cubanas, desplazándose a todo lo largo de nuestras aguas territoriales.
Los días 19 y 21 de marzo, aviones de exploración estratégica U-2 Dragon Lady, de la base de la Fuerza Aérea de Edwards, California, realizaron sobrevuelos para obtener datos sobre el orden combativo de la aviación y las tropas terrestres cubanas, y datos geográficos que permitieran seleccionar el lugar adecuado para el desembarco mercenario.
Posteriormente, un destacamento de U-2 se trasladó desde la base de la Fuerza Aérea de Edwards en California, hacia la de Laughlin, en Texas, y a partir del 6 de abril, en el marco de la Operación Flip Top, realizaron 15 misiones de vuelo sobre Cuba.
A partir del 27 de marzo, la emisora contrarrevolucionaria Radio Swan, en el contexto de la guerra sicológica asociada a la Operación Pluto, solo transmitió informaciones vinculadas a las organizaciones enemigas en Cuba. Antes, durante y después de la invasión, tergiversó olímpicamente los hechos. En ello emuló con las agencias ap, upi y afp, tan imaginativas y fantasiosas, que con una falta total de ética profesional y escrúpulos, hacían desembarcar fuerzas en el puerto de Bayamo, anunciaban cruentos combates en las calles de La Habana y Cienfuegos, el avance impetuoso de tanques rusos contra la capital, el sobrevuelo de Migs soviéticos que nunca habían llegado a suelo cubano, y masivos alzamientos en la Sierra Maestra, entre otras falacias. Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, los maestros del jingoísmo, fueron niños comparados con estos.
El 3 de abril, el Departamento de Estado publicó su primer Libro Blanco sobre Cuba, donde afirmaba: «La situación presente en Cuba hace confrontar al Hemisferio Occidental y al sistema interamericano un reto grave y urgente».
A inicios de ese mes, la Junta de Jefes de Estado Mayor ordenó al Comando de Defensa Aérea de América del Norte
(Norad), ejecutar la Operación SouthernTip, que establecía una estación de vigilancia por radar en el mar, con tres buques der y agr, para monitorear el espacio aéreo entre Cuba y la parte meridional de la Florida. Los buques, que rotaban, eran ubicados a unas 100 millas al este de Key West, unas 80 al sur de Miami y a 90 de la costa norte de Cuba.
Las fuerzas de la invasión se prepararon durante más de un año
Desde el 13 de abril, el buque de mando gci Northampton con la jefatura de la segunda Flota, dirige desde las cercanías de la Isla Bimini, en la Florida, las operaciones de traslado a Cuba de la brigada mercenaria 2506, embarcada en Nicaragua. Armada y pertrechada hasta los dientes, esta incluía la posesión de unos 35 aviones, de ellos 16 bombarderos b-26, estuvo escoltada por una poderosa agrupación naval norteamericana que brindó cobertura al desembarco, en espera de la orden –que nunca llegó–, de entrar en acción en apoyo del autotitulado Gobierno espurio del traidor José Miró Cardona, anclado en una instalación militar de la Florida.
El destacamento naval norteamericano de cobertura era muy superior en poder de fuego a la brigada mercenaria. Nombrado Fuerza de Tarea Alfa, lo componían el portahelicópteros de asalto anfibio lph-4 Boxer, con un batallón de la 2da. División de Infantería de Marina a bordo; el portaaviones cvs-9, Essex, con 40 aviones de combate: los destructores dd 507 Conway; dd 756 Murray; dd 701 Eaton, y el portaaviones cva Independence, con 70 aviones. Lo acompañaban dos submarinos. Eran las mismas fuerzas y medios que durante más de un año venían preparándose intensamente para una guerra inminente.
El 16 de abril, unidades navales de Estados Unidos realizan durante la noche acciones demostrativas al norte de La Habana y Pinar del Río, Oriente e Isla de Pinos, con acercamientos de entre diez y seis millas de la costa, con el fin de confundir y demorar al mando cubano la identificación del lugar del desembarco. El 17 de abril, unidades navales de la marina de guerra norteamericana realizaron una maniobra de distracción radioelectrónica desde el norte del puerto de Mariel, en La Habana, hasta Bahía Honda, Pinar del Río, pretendiendo desviar la atención de la dirección del golpe principal.
La cia reclutó sus mercenarios en Estados Unidos y los preparó en campamentos en Guatemala, Puerto Rico y Miami, y en instalaciones militares norteamericanas como Fort Bragg y Norfolk en Virginia, Fort Myers y Opalocka en la Florida, Vieques en Puerto Rico, y Fort Guly en Panamá. En la base aérea de Homestead, en la Florida, el ejército de Estados Unidos, entrenó una fuerza contrarrevolucionaria de choque, que pretendía desembarcar directamente en la provincia oriental, con el apoyo de la Base Naval de Guantánamo, donde aguardaba una fuerza inhabitual de alrededor de 40 buques de combate y aseguramiento, concentrados allí a inicios del mes de abril de 1961. Para justificar tal presencia, el Pentágono anunció la realización de una maniobra militar en el área del Caribe. Era en realidad, la cobertura bélica a la invasión de Playa Girón.
Los organizadores norteamericanos de la invasión, enviaron a tierra equipos de exploración, para asegurar el desembarco mercenario. Cuatro pilotos norteamericanos pertenecientes a la Guardia Nacional de Alabama, murieron abatidos por el fuego de nuestros aviones y, derrotada la invasión, en una mezcla de arrogancia e impotencia, aeronaves de combate del portaaviones Essex, sobrevolaron los campos ya libres de mercenarios de Playa Girón.
Aunque el desenlace principal de los hechos ocurrió en la Ciénaga de Zapata, Girón no fue solo allí. El país completo vivió la amenaza del desembarco y la agresión. El 15 de abril, en la provincia oriental, muy cerca de Baracoa, la agrupación mercenaria del traidor Nino Díaz se disuadió de desembarcar, al percatarse de la presencia de fuerzas revolucionarias. Aquel intento estaba vinculado a una probable autoagresión en la Base Naval de Guantánamo, como pretexto para una intervención armada directa.
De haberse consolidado la cabeza de playa, y ocurrir la intervención directa de las fuerzas armadas de Estados Unidos, la historia hubiera sido diferente. Con toda seguridad, estuviéramos hoy combatiendo contra el imperio, si no lo hubiéramos derrotado antes. Como dijera nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el acto por el aniversario XXV de la victoria de Playa Girón:
«…La importancia de Girón no está en la magnitud de la batalla, de los combatientes, de los hechos heroicos que allí tuvieron lugar; la gran trascendencia histórica de Girón no es lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió gracias a Girón».
17
Abr
20
LAVADORES de DINERO en URUGUAY
LOS ESTUDIOS LAVADORES de DINERO se FROTAN las MANOS: LOS GRANDES BENEFICIADOS de la LEY REDACTADA por LACALLE POU
LA LUC y la inclusión financiera
escribe: Alfredo Asti – Exdiputado de AU-FA
Se ha dado a conocer, en el medio de la Emergencia Sanitaria, el proyecto definitivo de ley de Urgente Consideración. El mismo consta de 502 artículos, casi 50 artículos más que el anteproyecto conocido anteriormente, pese a que algún tema anterior como el de la Telemedicina ya se desglosó, se envió al Parlamento y fue rápidamente aprobado porque tenía que ver con la Emergencia Sanitaria que estamos viviendo junto al resto del mundo.
No me voy a extender sobre el tema principal que es la extralimitación constitucional del Poder Ejecutivo de enviar un proyecto que contiene más de 30 temas distintos, porque sobre ello me remito a lo expresado por el profesor emérito Dr. Juan Pablo Cajarville, que ha escrito que el Poder Ejecutivo está incurriendo en “abuso y exceso de poder”, “impidiendo el pronunciamiento normal del Parlamento, con “manifiesta violación del principio de separación de Poderes” lo que es profundamente antidemocrático y poco republicano, ya que afecta la representatividad de las minorías y el rol independiente del Parlamento.
Tampoco lo haré sobre la inoportunidad de hacerlo durante la Emergencia Sanitaria y el distanciamiento social y me remito a la declaración del FA sobre el tema. Hoy lo único urgente es la Vida.
Obviamente tampoco puedo abordar los 30 y pico de temas incluidos en el proyecto, pero como en el pasado he escrito en este mismo medio sobre Inclusión Financiera, hoy prestaré especial atención al llamado “Libertad financiera” que esconde detrás de su nominación un poderoso ataque a la transparencia, formalización del trabajo, lucha contra el lavado de activos y lucha contra la evasión.
Si bien la Ley de Inclusión Financiera es de 2014, tiene diversos plazos de vigencia y ha tenido varias modificaciones y flexibilizaciones para facilitar su cumplimento y aprovechamiento de sus derechos y beneficios. Estas modificaciones siempre fueron hasta ahora en el sentido de profundizar sus objetivos.
En este proyecto de ley -por el contrario- se modifican 6 artículos, se agregan 2 y se derogan 12 de la Ley de Inclusión Financiera, actualmente vigente, con un propósito de eliminar o limitar esos objetivos. En alguna de las modificaciones se aclaran varios puntos de las intenciones de desregular del gobierno electo, pero otros quedan peligrosamente sujetos a la reglamentación de la ley si es aprobada así en el Parlamento.
Reiteramos lo que tantas veces hemos dicho y escrito. La ley de inclusión Financiera da derechos en general y no obliga a nadie, en operaciones comunes (las de todos los días), a comprar y vender con medios electrónicos. El trabajador que cobra a través de ellos puede retirar la totalidad del efectivo (mucho más fácil que cuando antes cobraba con un cheque) y por lo tanto no está obligado a no usar efectivo. Ningún comerciante tiene la obligación de vender con medios electrónicos, o sea, aceptar pagos con estos medios. Lamentablemente esto se ha tergiversado por actores políticos, empresariales y medios de comunicación hablando de bancarización obligatoria.
Hoy las recomendaciones al pago por estos medios para evitar el uso de efectivo con su mayor interacción entre personas y mayor posibilidad de contaminación con el virus vienen dramáticamente a revalorizar su uso en defensa de consumidores que pagan y personas que cobran.
El primer punto que se modifica en el anteproyecto, y que es central en el tema de la inclusión universal de la población en estos beneficios, es la obligatoriedad a los patronos del pago de sueldos y jornales a través de medios electrónicos (con la excepción de trabajadores en el medio rural que no dispongan de puntos de extracción, entre otras). Son los trabajadores los que eligen dónde recibir el importe de sus remuneraciones (a diferencia de lo que pasaba antes de la ley que era el patrono que lo determinaba y -podía obtener beneficios por ello- dónde le pagaba al trabajador).
El principio que quiere establecerse es el de la libertad de elección de ambas partes de la forma de pago a través del acuerdo, sin tener en cuenta la obvia diferencia de capacidad de negociación entre el trabajador y el patrono. También es clara la diferencia de capacidad de negociación entre el trabajador aislado y el trabajador agremiado y dentro de ellos los afiliados a sindicatos grandes y poderosos y los de menor poder.
Pero hay una consideración particular de la redacción aún más grave y creo que no suficientemente valorado: el inicio de la redacción del artículo 213 del proyecto puede perfectamente interpretarse incluso que, si el pago del patrono es en efectivo, ya no es necesario acordar nada más y solo será la voluntad del empleador la que decida hacer así el pago. Ese artículo del proyecto que modifica el artículo 10 de la ley 19.210 original “(Pago de nómina) sin perjuicio de la modalidad de pago en efectivo, el pago de las remuneraciones (…) podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta (…) en instituciones (…) que ofrezcan este servicio y de conformidad con las disposiciones que se dicten para reglamentarla”. La remisión a normas reglamentarias hace aún más peligrosa la aplicación de esta norma.
El recurrido criterio de la «libertad» queda destrozado con esa formulación referida al pago de remuneraciones. Todos sabemos que esa «negociación» sería muy desigual y que el poder del patrono primaría sobre el trabajador individual.
Como siempre dijimos la libertad que se pretendía no es ni para trabajadores ni para clientes o comerciantes. Es sólo para algunos patrones que quieren poder pagar en efectivo y facilitar la informalidad y evasión.
Esta modificación, junto a las de los dos artículos siguientes, elimina no solo la obligación del patrono, sino la igualdad de condiciones de todo trabajador de acceder a una cuenta gratuita en apertura, mantenimiento y un número mínimo, también gratis, de retiros y transferencias locales (que antes se cobraban), tarjeta de débito y además se prohíbe cualquier discriminación en este tipo de cuentas según perfiles o montos operados por los titulares de la cuenta (por ejemplo si una institución quiere promocionar el uso de sus cuentas de nómina con un premio, hoy este deberá ser para todos los usuarios por igual y no según el nivel de sus depósitos o cantidad de operaciones).
La aceptación de la forma de cobro a través de medios electrónicos puede valorarse mejor si se toma el caso de los pasivos para quienes ya no rige la obligatoriedad de esta forma de pago (porque las instituciones que pagan pasividades no pueden caer en la informalidad). Tanto los nuevos pasivos como los anteriores que ya cobraban por este sistema, frente a la opción de cobrar en efectivo, mucho más del 90% optan por el cobro por medios electrónicos sin que exista ninguna obligación.
La eliminación de la obligación de pago por medios electrónicos no solo atenta contra la universalización de los derechos de los trabajadores en el acceso al sistema financiero, sino también contra la formalización del trabajo ya que facilita el pago “en negro” de todo o parte del sueldo.
Cuantas menos personas tengan libre acceso a los medios de pago electrónicos más se acentuará la desigualdad y retrasará nuestra convergencia con la irreversible tendencia mundial de disminución del uso de efectivo y la modernización de los medios de pago con mayor seguridad y eficiencia. En el texto definitivo del proyecto se elimina una mayor “barbaridad” que implicaba extender el pago en efectivo a los llamados “tickets” alimentación que ya eran obligatoriamente emitidos por otros medios diferentes al efectivo desde mucho antes de la Ley de Inclusión Financiera.
El otro tema de “libertad” que se aborda en este anteproyecto es la derogación de la obligación de los pagos a través de medios electrónicos de los honorarios profesionales y otros servicios personales, arrendamientos, tributos públicos, proveedores del Estado y aquellas actividades que el Poder Ejecutivo determine por razones de seguridad pública (como las estaciones de servicio en horario nocturno). Obviamente más que libertad aquí se está legislando para reducir la trazabilidad de los pagos y con ella la lucha contra la evasión. Adicionalmente se generan importantes problemas de seguridad (algunos que ya se habían resuelto como el de los asaltos nocturnos a las estaciones de servicio). Pensemos que las oficinas públicas deban tener en la caja cientos de miles de pesos (o dólares) para pagar en efectivo a sus proveedores.
Por último, se derogan una gran cantidad de disposiciones que se incluyeron en la Ley de Inclusión Financiera pero que tienen su origen en la lucha contra el Lavado de Activos y que refieren a que las operaciones de gran valor, como compra de inmuebles, vehículos automotores o aportes patrimoniales a Empresas no puedan realizarse en efectivo.
Pensemos en la situación previa a la vigencia de la ley (abril de 2018)
¿ qué personas honestas hacían una transacción de decenas de miles de dólares en efectivo ? Tanto comprador como vendedor seguramente por seguridad y hasta comodidad preferían una letra de cambio u otros instrumentos financieros. Sólo quienes quieren ocultar el origen o destino de esos fondos o pretenden documentar la compraventa por un valor inferior al realmente pactado (para evadir tributos u otras obligaciones) pueden estar interesados en esta oportunidad que de aprobarse este proyecto les otorgará. Vale la pena recordar que ya, ante el requerimiento de algunos actores profesionales, se entendió y legisló para prever algunas flexibilidades para el pago de pequeños montos en efectivo en caso de señas o saldos cuando el importe es difícil de pre calcular con exactitud.
Por lo menos en la redacción del proyecto definitivo se recoge la preocupación que, en este tema, diversos actores vinculados al Lavado de Activos habían alertado. Ahora se mantiene la prohibición del uso del efectivo para grandes sumas, pero elevando el tope 25 veces de US$ 4.000 a US$ 100.000. Si bien US$ 4.000 podría ser considerado un tope muy bajo, US$ 100.000 es demasiado alto para el control de Lavado de Activos. Además, nada prohíbe el encadenamiento de operaciones. Por ejemplo, comprar un edificio de 50 unidades por US$ 99.000 por unidad o una flota de medios de transportes por cifras unitarias inferiores a los US$ 100.000. Además, se mantiene la derogación de la mayor parte de los artículos 36 a 46 que referían al contralor de estas grandes operaciones, como por ejemplo individualizar el medio de pago para facilitar la investigación del Lavado de Activos. Estos controles habían sido muy elogiados por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que sigue recomendaciones de ONU.
Esto será un enorme retroceso con consecuencias en la consideración que internacionalmente ha obtenido en los últimos años nuestro país.
Pero quizás lo más grave en este tema sea la introducción de un nuevo artículo, el 222, que limita los controles que deben realizar los sujetos obligados en cualquier operación por el simple hecho que los fondos hayan pasado por el sistema financiero, lo que contraviene disposiciones expresas de los organismos internacionales (en particular Gafisud -sección latinoamericana del GAFI- que hasta hace poco tiempo fue presidida por Uruguay) y que puede implicar que Uruguay pueda volver a ser considerado como país no cooperante y ser incluido en listas grises o negras con tremendo perjuicios para la inserción internacional del país en temas financieros, comerciales o de recepción de inversiones.
Además de eliminarlo, sería bueno saber quién y por qué se introdujo este artículo en este proyecto de ley de Urgencia.
12
Abr
20
El imperialismo y su fracaso …
Desorden y agonía
escribe: Higinio Polo / Mundo
Fuentes: El Viejo Topo
Visión Universitaria 
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