Archivo para 30 enero 2020

30
Ene
20

Wilson …

HOY LA CORRIENTE DEL WILSONISMO NO ESTÁ EN EL PARTIDO NACIONAL; ESTÁ EN FRENTE AMPLIO CON JUAN RAÚL, SU MANO DERECHA, SECRETARIO PERSONAL E HIJO DEL CAUDILLO.

Homenaje a Wilson, a 101 años de su nacimiento

Este 28 de enero, Wilson Ferreira Aldunate hubiese cumplido 101 años. Nació el 28 de enero de 1919 en la localidad de Nico Pérez, en el departamento de Florida. Wilson es considerado como el gran caudillo del Partido Nacional a partir de la década de 1970 y hasta su muerte ocurrida el 15 de marzo de 1988.

Su figura adquirió notoriedad tras declararse como uno de los más destacados opositores a los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, y tras el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, se exilió y se convirtió en uno de los más ácidos censores de la dictadura cívico-militar. Falleció en Montevideo el 15 de marzo de 1988, víctima de cáncer. Su muerte provocó una enorme demostración popular y numerosos reconocimientos de todos los partidos políticos del Uruguay.
Fue enterrado con honores de Ministro de Estado en el Cementerio del Buceo.
Su regreso, una epopeya histórica
Su regreso al país después del exilio es recordado como una de las epopeyas de la historia. Tuvo lugar a bordo del Vapor de la Carrera «Ciudad de Mar del Plata II». Ferreira Aldunate y su familia tuvieron en el exilio una intensa actividad contra el régimen de facto, denunciando los atropellos y crímenes de la dictadura ante organismos internacionales y gobiernos democráticos de todo el mundo
Aquel 16 de junio del ‘84 amaneció con una niebla espesa. Por toda la ciudad había grupos de gente con banderas, celestes y blancas, las tricolores del Frente Amplio, y también de la Corriente Batllista Independiente (CBI). «En el barco se vivió el acontecimiento con alegría.
Es una cosa rara que solamente se explica en el contexto histórico que estábamos viviendo y por el significado del episodio. Fue un episodio que Wilson vivió con enorme alegría y felicidad. Él quería que la celebración fuera así», recordó su hijo, Juan Raúl Ferreira.
Agregó que «una vez que bajamos al puerto fuimos trasladados cada uno en un helicóptero. Uno salió con destino a Paso de los Toros y el otro a Trinidad, pero ambos pudimos observar desde los helicópteros la presencia de la gente en las calles, la presencia jubilosa, las azoteas de las casas llenas de gente con banderas».
Incertidumbre Sobre el retorno en aquella jornada del 16 de junio, «apenas empezó a salir el sol nos levantamos todos, y con las primeras luces de la madrugada ya se empezó a divisar primero una lancha de Prefectura, luego algunos otros buques, luego los aviones. Hubo una hora larga de incertidumbre y expectativa, hasta que la lancha P-70 abordó el buque.
Fue recibida por la entonación del Himno Nacional por parte de los presentes», aludió Juan Raúl. Y valoró especialmente que «el esfuerzo de la organización, de la disciplina de los militantes -y de los militantes de otros partidos- logró que no se incurriera en ninguna provocación, en ningún acto hostil, en nada que fuera la chispita que pudiera hacer estallar aquel polvorín de tensiones. Pero también creo que el personal militar que estuvo a cargo de aquel procedimiento hizo una contribución muy grande», recordó.

28
Ene
20

Uruguay …

La ley era peor

escribe: Leandro Grille

 

LA REACCIÓN HISTERICO-OLIGARCA del “nini”: El proyecto de Ley de Urgente Consideración dado a conocer por el presidente electo entraña un profundo acto de deshonestidad cuyas consecuencias pueden ser dramáticas.

Es deshonesto, porque Lacalle Pou reveló que venían trabajando en esta ley en octubre de 2018 –en entrevista concedida al diario El País–, pero se cuidó de mantener su contenido oculto durante trece meses, aunque ya lo sabía y hasta conocía el número aproximado de artículos con los que contaría la norma. Es deshonesto porque se ampara en una urgencia que no existe y que abarcaría a todas las funciones del Estado, para imponer un programa de restauración mediante un trámite expedito que clausura la discusión parlamentaria.

Para los que seguimos la política cotidianamente y conocemos el pensamiento de la derecha, no hay ninguna novedad llamativa en un proyecto de punitivismo rancio, antisindical, desregulador y hondamente neoliberal, pero a la gente la estafaron. Le escondieron la ley durante toda la campaña electoral, tanto el mismísimo Lacalle Pou como los medios de comunicación afines a él, que eran, son y seguirán siendo la inmensa mayoría y los más poderosos; medios que, además, surgen, sobre todos los canales, fuertemente retribuidos en este proyecto, que les va a permitir hacer los negocios que querían y no podían, cuando La Ley de Urgencia derogue parcialmente la Ley de Medios y además se les autorice a ofrecer internet.

El 30 de agosto del año pasado, en Caras y Caretas publicamos lo que habíamos podido averiguar de lo que se estaba tramando.

Así señalamos que si Lacalle Pou resultaba electo, la Ley de Urgencia iba a incorporar la “eliminación de la representación docente en la ANEP”; la “creación de una regla fiscal para financiar el gasto público”; la “reorganización del Ministerio de Desarrollo Social”; la “presunción simple de legítima defensa” para los policías; el “control de las sociedades anónimas de los entes públicos”; la “ley de derribo”; la “autonomía absoluta de las unidades reguladoras”, que calificamos como “otro paso para avanzar sobre las empresas públicas, fijándoles parámetros y estándares hasta que consigan su sueño (derrotado en el plebiscito de 1992) de privatizarlas en todo o en parte”; la “desregulación de la importación de combustibles”, cuyo propósito es liquidar Ancap; la “eliminación de la bancarización obligatoria”; la “conformación de una comisión para establecer reformas a la seguridad social”; y hasta la “creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas”.

Aunque estuvimos finos en los pronósticos, nos quedamos cortos. La ley es todavía peor que todo lo que podíamos imaginarnos y regula materias de una heterogeneidad asombrosa. Valga de ejemplo que en un artículo se mete con la Ley Orgánica de la Universidad de la República y le quita a la Universidad la competencia de revalidar títulos extranjeros, y en otro artículo autoriza a las carnicerías a hacer chorizos artesanales.

Usted se preguntará por qué Lacalle Pou incurrió en la torpeza de regular mediante esta ley asuntos tan disímiles y de trascendencia incomparable. Sin perjuicio de la existencia de normas a demanda de amigos y particulares –la de los chorizos no puede tener otro fundamento–, cabe admitir que la urdimbre de la ley respondió a la lógica megalómana del hijo de un patrón de estancia cuando le escribe una carta a Papa Noel: lo mismo pide una Play, una tabla de Surf, un pasaje a Disney y un sobre de figuritas del álbum del Mundial. Es una ley para materializar sus sueños, confiado en la robustez inicial de una coalición multicolor, que debería darle los votos para darle vuelta y vuelta al Uruguay porque se le canta. Más que una ley, es una bravata de baladrón.

Dicho esto, ¿qué opción le deja a la sociedad que no comparte su delirio? Debatir está claro que no, porque el trámite parlamentario previsto para una Ley de Urgente Consideración obligaría a cada una de las dos cámaras a dar tratamiento, debate y aprobación a la friolera de diez artículos por día y, así y todo, con ese ritmo frenético, le faltaría un día a cada cuerpo legislativo para abordar los 459 artículos de la norma. El único instrumento posible, si se aprueba, es promover su derogación por medio de un instituto de democracia directa, lo cual tampoco representa una novedad, porque varios de los proyectos más ambiciosos de esta la Ley de Urgencia ya han sido derrotados en las urnas.

Entre ellos, la ley de desmonopolización y asociación de Ancap aprobada en 2001 en el gobierno de Jorge Batlle y derogada en referéndum por más del 60% de la ciudadanía el 7 de diciembre de 2003, que ahora Lacalle Pou quiere reintroducir como a un zombie que emerge atravesando la tierra con las falanges agusanadas.

De ahora en adelante, la izquierda y el movimiento popular uruguayo deben abstenerse de llorar sobre la leche derramada. Porque llorar no sirve para nada. La única estrategia para contener el daño tremendo que este verdadero aparato legal puede producirle a nuestro país es poblar de argumentos la cancha, compartir la información, analizarla colectivamente, recorrer el país, casa por casa, para que todo el mundo sepa lo que se está votando, y organizar la mayor juntada de firmas de la historia que nos lleve derechito al referéndum, donde una vez más el pueblo los derrote. No hay otro camino que el debate y la lucha. No hay otro camino que volver a lo que éramos cuando no teníamos la sartén por el mango ni la máquina de ganar de votaciones en el Palacio Legislativo.

No hay otro camino que volver a ser la izquierda de la resistencia, la que nos dio todo, desde la organización hasta la esperanza, la que nos hizo lo que fuimos, cuando éramos más flacos y perdíamos siempre, sin cargos para repartir ni ambiciones desmesuradas, pero capaces de forjar la historia en la mitad de avenida. Vamos a necesitar de la memoria de nosotros mismos.

26
Ene
20

Uruguay el nuevo “lavadero sucio” …

VOLVAMOS A LAS CAVERNAS, SERÁN LOS MEJORES 5 AÑOS DE TU VIDA:

Derogar la obligatoriedad no obligatoria EL RECREO PARA LOS LAVADORES PROFESIONALES …
Anuncia el gobierno electo a través de los medios de comunicación, que en la Ley de Urgente Consideración aún en elaboración, se eliminaría la obligatoriedad de la Inclusión Financiera.

escribe: Gerardo Gadea

Todos se preguntan, Arbeleche sigue siendo la futura Ministra del MEF?: Si ha existido una ley en los períodos de gobiernos frenteamplistas que está un paso adelante de lo que es el nuevo mundo que enfrentamos es la Ley de Inclusión Financiera. Nos encontramos en un mundo muy diferente al de hace unos años cuando el cambio tecnológico nos generó modificaciones drásticas en nuestras estructuras económicas, sociales, empresariales, productivas.

Hay un mundo que se va y hay un mundo que se viene. Hay un mundo que sigue sumergido en el atraso tecnológico y como consecuencia se empobrece y no tiene desarrollo. Hay otro mundo que emplea la tecnología, que innova, que intenta dar escalones para ir al primer mundo, se desarrolla, progresa y crece.
La ley de Inclusión Financiera es la que mejor interpreta ese mundo al que vamos. Es la que une la tecnología al desarrollo. Es la que interpreta que no es posible cobrar impuestos en estos nuevos tiempos con las viejas herramientas. Es la que se da cuenta que miles y miles de personas no pueden acceder a servicios básicos como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cuentas bancarias o débitos automáticos de nuestras cuentas. Y esto los deja fuera del mundo, sin descuentos por pagar con la tarjeta de débito de tal banco cuando va a un shopping o le sale más caro porque cuando paga no puede acceder al descuento del IVA.

Es la ley que incluye a los que están excluidos del sistema financiero. Que antes era para un grupo de personas pero que en el nuevo mundo que se viene debe ser universal. Y si no es universal la desigualdad cada vez será más brutal entre los seres humanos de este planeta.
Habrá que entenderlo de una vez por todas. La batalla por defender esta ley es la defensa por la inclusión y la desigualdad. Se trata de que toda la población pueda acceder a un mundo que está diariamente ante nuestros ojos y que genera múltiples beneficios en un sinfín de compra de bienes e innumerables prestaciones de servicios.

No hay ninguna obligatoriedad en términos generales en esta ley. Los comercios no están obligados de ninguna forma a adherir al sistema. El que quiere aceptar tarjetas de crédito o de débito las acepta y el que no quiere no las acepta. La realidad indica que la gente ya no tiene efectivo y prefiere pagar con tarjetas, porque tiene menos IVA, porque es más seguro, etc. Porque el efectivo en el mundo que se viene inexorablemente desaparecerá.

Lo que seguramente se quiere derogar es el mecanismo por el cual las empresas deben abonar los salarios a sus empleados a través de algún instrumento financiero. O sea la imposibilidad de abonar en «efectivo».
Parece que si una persona va caminando por un balneario del Este con aspecto desalineado o deambulando sin razón –un «pichi» para utilizar el lenguaje de la derecha en este país- es válido pedirle cédula de identidad «por las dudas» porque se presume que esa persona tiene una alta probabilidad de robar o realizar algún desorden.

No se razona igual ante los empresarios. Si bien todos sabemos que las empresas evaden sus impuestos, intentan sub declarar o no declarar los empleados que tienen en sus plantillas para ahorrarse costos de manera ilegítima; el «por las dudas» aquí no funciona.

Eliminar el mecanismo de cobro de los trabajadores por intermedio de los instrumentos financieros es un golpe duro a esta ley y hasta ahora nadie ha explicado en qué beneficia esto al país. Ni podrá explicarlo; porque la realidad es que se trata de contentar un minúsculo grupo de micros y pequeños empresarios que vienen presionando con falsos argumentos y escondiendo sus verdaderas razones por la que esta ley les molesta.
Lacalle Pou asumió compromisos políticos con ellos. Es la única razón, no hay otra. De concretarse significa atraso para el país, volver a un estado anterior que dio pésimos resultados y perforar instrumentos y leyes que funcionan bien y que nos ponen en situación de avanzada. Es una eliminación que apunta a la desigualdad.

Lo que me resulta particularmente inexplicable es la actitud de la futura ministra de Economía, Arbeleche. La eliminación de esta obligatoriedad significará menores ingresos para el Estado, menos aportes a la seguridad social y menor recaudación por concepto de IVA e impuestos a las rentas. Un ciego se da cuenta de esto, rompe los ojos. ¿Dónde queda la preocupación por el déficit fiscal? ¿Dónde queda la urgencia de solucionar los graves problemas de financiamiento de la seguridad social? Son discursos del gobierno electo muy incoherentes, muy disonantes y que se dan de bruces contra la realidad.
A ella le pedirán que pague las cuentas del Estado. Ojo que si calla corre el riesgo que le pase como al ex DT de Peñarol el «Memo» López; la dirigencia del club le desarmó medio cuadro en el medio del campeonato y luego al final cuando lo perdió lo echaron. Nadie se acordó que primero lo desangraron.

De confirmarse este «ajuste» no se puede permitir.
Habrá que oponerse enérgicamente en el Parlamento Nacional, habrá que dar la batalla política, deberemos involucrar a todas las fuerzas sociales que están por la inclusión y la igualdad, particularmente al PIT-CNT y AEBU que afortunadamente se han pronunciado en este sentido. Debemos hacer todos los esfuerzos para que reflexionen y den marcha atrás. El asunto amerita una futura interpelación a la ministra de Economía.

Pagar cuentas políticas a expensas del atraso del país resulta sencillamente intolerable.
Si así se confirmara, se lo diremos al país entero, a lo ancho y a lo largo de él.

25
Ene
20

UdelaR atacada en sus raíces …

 

EL ODIO HISTÓRICO SOCIAL A LA UNIVERSIDAD DE LA RESPÚBLICA 

Sesión del Consejo Directivo Central de la Udelar.

Consejeros de la Udelar preocupados por las limitaciones en la representación, el presupuesto y el rol de la universidad en la Ley de Urgente Consideración

Ante los importantes cambios que se plantean en el anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) para la educación en general y la Udelar en particular, la mesa del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar se reunió este viernes para intercambiar las primeras impresiones de una propuesta que a priori “preocupa”.

Tal como adelantó Rodrigo Arim, rector de la Udelar en diálogo con la diaria, que el MEC pase a encargarse de las reválidas de títulos extranjeros es visto como un problema por los consejeros y los representantes de las áreas de la Udelar. “No es que la universidad se niegue a cambios funcionales que favorezcan el proceso de las personas migrantes, pero tenemos serias dudas sobre los mecanismos de aplicación, en tanto están profundamente indeterminados”, precisó.
También preocupa “un proceso que aparentemente constituye la desarticulación del Sistema Nacional de Educación Pública [SNEP]. No solo desaparece como nombre, sino que desaparecen los mecanismos de coordinación institucional que para nosotros son muy importantes”, comentó Arim.

El rector señaló: “Esos mecanismos nos permiten el despliegue en el territorio como conjunto de entidades de educación pública, como hoy tenemos en el polo educativo de Rivera. Estos mecanismos también nos permiten pensar en tener cargos conjuntos entre las instituciones. Si se eliminan los espacios de coordinación, cada uno de los actores va a tener agenda propia y eso va a generar enormes indecisiones”.
Sin representación
“Otro tema preocupante es que se elimina la representación de la Udelar en algunos espacios, por ejemplo en la educación no formal, donde tenemos mucha actividad a través de Educación Permanente y Extensión. Es difícil entender la razón”, cuestionó Arim y remarcó la falta de exposición de motivos en el proyecto de ley lo que dificulta entender a qué se deben estos cambios.

La Udelar representa 80% de los estudiantes universitarios del país y sin embargo se elimina su participación en distintos ámbitos de decisión o se limita a “representantes de las universidades públicas”, lo que pone a la Udelar “casi que en pie de igualdad con las universidades privadas, cosa que es altamente preocupante”, opinó Arim y agregó: “No es razonable que la Udelar, que es la principal entidad de educación superior en el país, sea excluida de su obligación directa de participar de los espacios de coordinación, algo que está reflejado en la ley orgánica pero también en la Constitución de la República”.
Asimismo, en los nuevos espacios de participación que se crean, “se suman muchas instituciones de distinto porte, tanto públicas como privada, por lo que no son los espacios idóneos para generar coordinación interinstitucional entre las entidades públicas, que somos las responsables de ajustar las políticas públicas en educación”, precisó el rector.

Restricciones en el presupuesto
A la mesa del CDC también le preocupan “mecanismos que restringen y complejizan los procesos de gestión administrativa y académica de la Udelar. Eso tiene que ver fundamentalmente, pero no exclusivamente, con restricciones que aparecen con cambios normativos que hacen al TOCAF [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera]”, explicó Arim.

Entre los ejemplos que mencionó el rector está la eliminación de la excepción de compra directa del Estado para equipamiento científico hasta por 10 millones de pesos. “Obviamente, eliminar eso genera un enorme condicionamiento sobre la capacidad de desarrollar equipamiento que sostenga una investigación científica de calidad en Uruguay. No entendemos cuál es la razón de esta eliminación”, comentó.
Otra de las excepciones que se eliminan es la que permite a las fundaciones de la Udelar -como la Fundación Ricaldoni- hacer contrataciones directas. “Nosotros hemos avanzado mucho en regular el funcionamiento y su vínculo con la Udelar. Las fundaciones cumplen roles académicos en el marco del derecho privado, lo que permite flexibilidad en algunos proceso que no tiene el derecho público”, aclaró Arim y agregó: “Es preocupante porque deja en una situación de inferioridad a la Udelar con respecto a otras instituciones privadas, nos sarracena directamente, si queda esto planteado la Udelar tendría muchos menos mecanismos para proveer los servicios académicos que hoy están presentes”.

Injerencia del MEC en el INEED
Los cambios que hacen referencia al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) preocuparon a algunos de sus exintegrantes así como a la mesa del CDC. Arim comentó: “Vemos con preocupación que no haya una explicitación del modelo educativo. Hay un empoderamiento del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que, en algunos casos, no nos parece razonable; por ejemplo en el caso del Ineed []. La primera lectura da la impresión de que hay una mayor dependencia política del Ineed con respecto al MEC y eso es complejo, porque debería ser un instituto con la mayor independencia técnica posible. La forma hace que el vínculo con el MEC sea más directo y esté más sujeto a la posibilidad de captura por parte del sistema político”.

24
Ene
20

Métodos de tortura ideados por los yankis …

Los arquitectos de la tortura, la historia de los dos psicólogos que diseñaron los interrogatorios secretos de EE.UU.

escribe: Javier Biosca Azcoiti

 

James E. Mitchell y John ‘Bruce’ Jessen declaran como testigos en el juicio contra los cinco principales acusados de llevar a cabo los atentados del 11 de septiembre. Los psicólogos fueron fichados por la CIA por su experiencia en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EE.UU., encargada de entrenar a soldados para resistir torturas en caso de caer presos. Primero recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa de torturas y después formaron una empresa que recibió 81 millones de dólares de la CIA.

Los psicólogos James E. Mitchell (I) y John ‘Bruce’ Jessen (D) durante su declaración a puerta cerrada en la demanda interpuesta por tres detenidos acusados de terrorismo. ACLU

La teoría de la “indefensión aprendida” sostiene que se puede romper la voluntad de una persona sometiéndola a acontecimientos incontrolables y adversos. En esta teoría se basaron los psicólogos James E. Mitchell y John ‘Bruce’ Jessen para diseñar el programa de torturas de EEUU. La CIA los fichó por su experiencia en el ejército de EEUU entrenando a militares a soportar todo tipo de abusos en caso de caer en manos enemigas.
18 años después de su trabajo para la CIA, Mitchell y Jessen declaran estos días en Guantánamo como testigos por primera vez en un juicio abierto. Se trata de las audiencias previas en el juicio de los atentados del 11-S contra los cinco principales detenidos en este caso, todos ellos torturados. El principal acusado, Khalid Shaikh Mohammed (KSM), fue sometido a ahogamientos simulados 183 veces, algunas de esas directamente a manos de Mitchell.
Los dos psicólogos que diseñaron el programa de torturas de EEUU en el marco de la guerra contra el terrorismo han sido convocados por los abogados de la defensa, que quieren que se invaliden las declaraciones de sus clientes por considerar que se obtuvieron de forma ilegal. Este martes comenzó la comparecencia de Mitchell y Jessen lo hará la semana que viene.
“Es muy importante porque estos dos psicólogos nunca han testificado en un tribunal abierto antes y lo van a hacer en condiciones adversas e interrogados por los abogados de la defensa”, señala Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en terrorismo.

Hall está siguiendo las sesiones desde ‘la galería’ del tribunal de Guantánamo, donde un triple cristal le separa de la sala principal y donde el sonido llega a través de un altavoz con 45 segundos de retraso para que en caso de que alguien revele información clasificada, las autoridades puedan activar una alarma y no escuchen secretos que no deben.
Psicólogos militares
Antes de trabajar para la CIA, Jessen y Mitchell trabajaban como psicólogos e instructores en la escuela de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape de la Fuerza Aérea de EEUU (SERE, por sus siglas en inglés). SERE se creó al final de la guerra de Corea con el fin de entrenar a sus soldados para soportar técnicas de abuso si caían prisioneros. Tras la guerra de Vietnam, el programa de entrenamiento extremo se expandió al resto del ejército.

Campamento de entrenamiento SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape) en Fort Bragg. En la foto aparecen el capitán Michael Kearns y el psicólogo Bruce Jessen (derecha). Wikimedia | Michael Kearns

En diciembre de 2001 escribieron un análisis sobre el conocido como ‘Manual de Manchester’ de Al Qaeda y lo enviaron a la cúpula de SERE. El manual enseña a los terroristas a mentir en los interrogatorios. El texto de los psicólogos circuló por las más altas esferas hasta que finalmente recibieron el encargo de la CIA de desarrollar un programa de ‘técnicas de interrogatorio reforzado’ para sacar información a los detenidos acusados de terrorismo.

Los psicólogos entonces invirtieron su dinámica de trabajo habitual: de entrenar a soldados para soportar torturas, a diseñar torturas que puedan hacer cantar a los soldados enemigos. “Mitchell se sentó al teclado y juntos escribimos nuestra lista”, afirmó Jessen en un testimonio a puerta cerrada por una demanda civil interpuesta por tres personas que fueron torturadas.
Su trabajo se basó en la teoría de la “indefensión aprendida”, la cual sostiene que se puede romper la voluntad de los detenidos hasta convertirlos en pasivos y depresivos con acontecimientos incontrolables y adversos. En esa infame lista se incluía el ahogamiento simulado, encerrar al detenido en pequeños cubículos, privación de sueño, golpear al detenido contra la pared, etc.

Dibujo de un detenido en el que describe la privación de sueño que sufren los presos en Guantánamo. ACLU
Aún así, tal y como señala el informe del Senado de 2014 sobre el programa de torturas, “ningún psicólogo tenía experiencia como interrogador ni conocimientos especializados en Al Qaeda, en antiterrorismo ni ninguna experiencia cultural o lingüística relevante”. Aun así, los psicólogos adquirieron un enorme poder en el programa de interrogatorios que va mucho más allá de su simple planificación.
Mitchell y Jessen llegaron incluso a llevar a cabo personalmente algunos de esos interrogatorios sobre detenidos del más alto nivel. También analizaron si el estado psicológico de los detenidos permitía continuar aplicando su programa y evaluaron su efectividad.

Jessen y Mitchell recibían hasta 1.800 dólares al día por aplicar su programa, cuatro veces más que los interrogadores que no podían usar las ‘técnicas de interrogatorio reforzado’, según señala el informe del Senado. En 2005, Jessen y Mitchell crearon la empresa ‘Jessen, Mitchell y Asociados’, constituida específicamente para continuar con el programa que ellos mismos habían diseñado y que la CIA había decidido subcontratar. El valor del contrato entre la empresa de los psicólogos y la CIA superaba los 180 millones de dólares. Cuando se anuló el contrato en 2009, los contratistas habían recibido 81 millones. El contrato incluía una cobertura de hasta cinco millones de dólares para hacer frente a costes legales que pudieran surgir de posibles demandas contra los psicólogos por su trabajo.

Desde entonces, Jessen ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones a medios de comunicación. Mitchell, sin embargo, se ha convertido en un asiduo comentarista de Fox News, ha dado entrevistas defendiendo su trabajo e incluso ha publicado un libro con sus memorias sobre todo el asunto (Interrogatorio reforzado: dentro de las mentes y las motivaciones de los terroristas islamistas que están intentando destruir América).

“Es mucho más complicado que la narrativa que circula por ahí de que me presenté en la CIA, llamé a la puerta y dije: dejadme entrar, quiero torturar a gente y puedo enseñaros cómo”, afirmó Mitchell en una entrevista con The Guardian para intentar desmentir las conclusiones de la investigación del Senado.
En la entrevista cuenta que aunque el informe destaca su falta de experiencia, ha pasado parte de su carrera estudiando la mentalidad de los terroristas cuando trabajaba como especialista en desactivación de bombas, después como negociador en secuestros y también en la escuela de supervivencia del ejército del aire. Mitchell señala que fue destinado al Mando de Operaciones Especiales del Ejército del Aire en Fort Bragg para “desarrollar un protocolo para evaluar perfiles de criminales de guerra y de gente que probablemente hiciera cosas con multitud de bajas”.

Mitchell insiste en que el programa de ‘interrogatorio reforzado’ funcionó, aunque el Senado en sus conclusiones no opinaba lo mismo. “Estoy seguro que hay gente que piensa que si EEUU reconoce que la coerción funcionó, hay una probabilidad mayor de que la gente use la coerción contra nuestra gente. En el cuento de hadas en el que viven, todo lo que tienes que hacer es darle a alguien un té y una galleta y todo irá bien”.
El caso Zubaydah
Abu Zubaydah fue el primer conejillo de indias sobre el que los psicólogos aplicaron su programa de torturas. El Gobierno afirmaba que era uno de los más importantes dirigentes de Al Qaeda, pero después reconoció que se había equivocado (era peligroso, pero no formaba parte de la cúpula de Al Qaeda). Zubaydah fue sometido 83 veces a ahogamientos simulados, sufrió privación de sueño, le pusieron música a todo volumen, le quitaron la ropa…

Aunque Zubaydah nunca dio la información para la cual se habían justificado las torturas, tal y como señala el informe del Senado, los dos psicólogos dijeron que había tenido éxito y que se debería utilizar como “modelo” sobre otros detenidos no porque las ‘técnicas de interrogatorio reforzado’ produjesen información útil, sino porque su uso confirmaba que Abu Zubaydah no tenía la información que la CIA pensaba que tenía.
“Nuestro objetivo era llegar a la fase en la que hubiésemos roto su voluntad o habilidad a resistirse o negarse a darnos información. Buscamos llevar al sujeto al punto en el que evaluamos con seguridad que no tiene información o inteligencia que pueda prevenir un ataque terrorista”, afirmaron los psicólogos en un documento.

Prohibido citar libros
La declaración de los psicólogos en la audiencia de Guantánamo se rige por unas normas muy estrictas en las que ni siquiera la defensa tiene permitido citar libros en los que se hable del programa de torturas –aunque hayan pasado por el filtro de la CIA para su publicación–.
Uno de esos libros podría ser el del exagente del FBI Ali Soufan, que en el libro’The black banners’ (Las banderas negras) relata un fuerte enfrentamiento con Mitchell (a quien se refiere con el pseudónimo Boris) en el interrogatorio a Zubaydah en una cárcel secreta de la CIA. Soufan dedica todo un capítulo a criticar su intromisión en los interrogatorios y sus tácticas. El exagente del FBI cuenta que Mitchell y sus hombres no consiguieron ninguna información adicional a la que había conseguido él previamente y Soufan acabó abandonando el interrogatorio y volviendo a EEUU tras su enfrentamiento con ‘Boris’.
Lo siguiente es un diálogo entre Mitchell y Soufan tal y como lo describe el exagente en su libro:

— La gente como Abu Zubaydah está preparada para morir por su casa. Está preparada para volarse por los aires.
— Esto es ciencia.
— ¿Has interrogado antes a algún terrorista islamista?
— No.
— ¿Has hecho alguna vez un interrogatorio?
— No.
Mitchell le respondió en la entrevista con The Guardian: “Se te pide que creas que él estaba consiguiendo toda esta buena información y que la CIA dijo: ‘Bueno, no importa. No nos interesa esa información. No nos interesa la verdad. Vamos a hacer esto otro'”.
En un momento determinado, ambos psicólogos abogaron por dejar de practicar el ahogamiento simulado, pero la CIA no quiso. “Me decían constantemente que iba a explotar una bomba atómica en EEUU y como les dije que parasen, iba a ser mi culpa”, afirmó Jessen. Mitchell confirmó lo sucedido y aseguró que les llamaron “maricones”. “Va a haber otro ataque y tendréis las manos manchadas de sangre de civiles muertos”, cuentan que les dijeron.

Los “equipos limpios”
Cuando Khalid Shaikh Mohammed (KSM) fue trasladado a Guantánamo en 2006 ya había hablado en interrogatorios de la CIA realizados durante sus tres años y medio de reclusión en una cárcel secreta y bajo torturas.
Esas declaraciones, por tanto, no se podían utilizar en el juicio. Entonces el Gobierno mando “equipos limpios” del FBI para interrogar de nuevo a KSM y el resto de acusados. El objetivo de la defensa al llamar a declarar a los dos psicólogos es desestimar también las declaraciones obtenidas por esos “equipos limpios”. Los abogados de los acusados quieren demostrar que el FBI también estuvo implicado en las torturas y sostienen que las declaraciones obtenidas bajo tortura no se pueden separar de las que se obtuvieron sin ella.
En 2018, el juez prohibió el uso de los interrogatorios del FBI realizados en Guantánamo, los cuales la Fiscalía considera “la prueba más crítica en este caso”. El nuevo juez del caso está estudiando ahora la reincorporación de esas pruebas. La actual sesión previa en la que participan Mitchell y Jessen se extenderá hasta el 1 de febrero, según afirma Amnistía Internacional.

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/arquitectos-programa-EEUU-psicologos-militares_0_987252174.html
22
Ene
20

El neo-fascismo y nazismo en el Uruguay, existe.

Viejos conocidos

ATRACCIÓN FATAL; un imán para neonazis, golpistas y torturadores …
Oscuros personajes detrás de la candidatura de Manini

Cuando todavía era comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos participó en al menos dos reuniones políticas para fraguar su candidatura con un grupo de antiguos camaradas. El anfitrión fue el militar retirado Enrique Mangini, quien los recibió en su chalet, ubicado en Pinares, a unas cuadras de la playa Mansa. Como parte de su gira nacional, el candidato de los militares exhibió ayer su postulación en Maldonado: en una de las zonas más empobrecidas, habló con los vecinos y, en Punta del Este, convocó una conferencia a la que sólo asistió Brecha.

Al influjo de recientes encuestas de opinión pública que lo ubican como un candidato pujante en el camino electoral hacia octubre, en el último mes el general Guido Manini Ríos ha realizado una frenética gira por barrios de Montevideo y múltiples localidades del interior del país para posicionar su partido. El ex comandante en jefe del Ejército irrumpió públicamente como candidato presidencial de Cabildo Abierto a escasos días de su destitución, el 12 de marzo, y no pierde oportunidad de afirmar o deslizar, en sus apariciones mediáticas, que nunca antes participó en actividades políticas, aunque, como se verá más adelante en este artículo, esto no fue así.

En las últimas semanas, Manini recorrió Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Salto; el miércoles estuvo en Rocha y ayer recaló en Maldonado. Afirma que su objetivo es darse a conocer, recolectar ideas para su programa de gobierno y buscar soluciones a las principales preocupaciones de la gente en todo el país, y que ha tenido “una receptividad muy grande”. La intensa agenda de la jornada en Maldonado –que incluyó visitas a medios, encuentros con vecinos y una reunión de trabajo con referentes de las seis agrupaciones departamentales que promueven su candidatura– se abrió con una conferencia de prensa a la que sólo asistió Brecha. No más de 25 personas –en su mayoría, oficiales retirados de las Fuerzas Armadas– acompañaron al candidato en el local central de Cabildo Abierto, ubicado junto a la rotonda de la famosa carnicería El novillo alegre, en la avenida Roosevelt de Punta del Este. La elección de este punto como base de operaciones del partido no es casual: en el afamado balneario viven o tienen segunda residencia casi todos los militares jubilados que impulsan la candidatura de Manini y que, por el momento, ostentan la hegemonía de la organización.

El barrio Pinares, que debe su nombre a la abundancia de coníferas y ofrece chalets con amplios parques a unas cuadras de la playa Mansa, es su enclave predilecto. No obstante, los organizadores tienen claro a qué tipo de votantes debe apuntar el candidato y para su primera visita oficial le organizaron un “Cara a cara” con vecinos en el populoso y humilde barrio Maldonado Nuevo, al este de la capital departamental. “Lo nuestro es tratar de acercarnos a la gente. Y la organización entendió que ese es el lugar donde más podemos acercarnos”, explicó Manini, quien, a diferencia de lo que estilan otros candidatos nacionales, se sentó solo a la mesa, sin que lo flanqueara referente local alguno.

Consultado por la aparente ausencia de militantes civiles en el auditorio, el ex comandante argumentó: “Tenemos varios que no son militares que están participando en la organización. Por supuesto, acá viven algunos militares (en Maldonado, hay 200 jubilados de las Fuerzas Armadas), como en todo el país”. Y amplió: “A veces, hay una intencionalidad de decir que este es el partido de los militares, cuando en realidad hay militares porque yo provengo del sector militar y quienes a mí me conocen de toda la vida, me respaldan. Eso habla bien del candidato, sería triste que quienes me conocen no me respaldaran”. Una afirmación nada menor, considerando algunas de las figuras que, llegadas desde diferentes departamentos y a la sombra de la logia Tenientes de Artigas, pergeñaron su candidatura en Maldonado.

LA PATA MILITAR. La expresión militar de Cabildo Abierto en este departamento comenzó a gestarse durante el verano en Punta del Este, según fuentes del entorno militar a Brecha. Sus impulsores son compañeros de promoción del candidato (la de 1978, que se llamó “General Leandro Gómez”) o egresados en años cercanos. Manini participó en, al menos, dos encuentros –uno en enero y otro en febrero– junto con un grupo de viejos camaradas, unos radicados en Maldonado y otros llegados desde diferentes departamentos, como Rivera, Cerro Largo y Treinta y Tres.

La convocatoria en ambos casos fue clara: evaluar las chances de que el comandante se postulara a la Presidencia, aseguraron las fuentes a Brecha. Una de esas reuniones políticas con el entonces comandante en jefe se realizó en torno al 20 de enero, mientras éste tomaba unas minivacaciones con su familia en Punta del Este. El otro encuentro ocurrió la semana de Carnaval, también aprovechando una estadía del comandante en el balneario. En esta instancia, Manini “confirmó que se iba a retirar o a hacer echar” para ser candidato, de acuerdo con lo informado a Brecha.

En esos meses circulaban papeletas para habilitar el Movimiento Social Artiguista en el Centro de Pasividades de las Fuerzas Armadas (Cepafa), ubicado en la calle Las Heras de Montevideo. Allí se promovían firmas entre los afiliados, a quienes se les anunciaba que eran “para que el general Manini sea presidente”. Como se recordará, al no lograr el permiso de la Corte Electoral para usar el término “Artiguista” en el nombre, el partido pasó a denominarse Cabildo Abierto. Estos hechos abonan la teoría sobre una salida premeditada o, incluso, de un retiro voluntario acordado con el presidente Tabaré Vázquez (véase Brecha, 15-III-19).
Las mencionadas reuniones tuvieron lugar en el chalet Macorina, propiedad del militar retirado Enrique Mangini, ubicada en Pinares y rodeada de un importante dispositivo de videovigilancia. El anfitrión, seguramente, es más conocido en el barrio por sus aires de sheriff (comanda el grupo de Whatsapp “Vecinos alerta”, y comparte asados y reuniones sociales con el jefe departamental de Policía, Erode Ruiz) que por sus antecedentes como miembro de la Juventud Uruguaya de Pie (Jup) en los años setenta, cuando el grupo de extrema derecha era presidido por el hermano de Guido, Hugo Manini Ríos.

Según consignó el periodista Roger Rodríguez en sucesivas investigaciones periodísticas, Enrique Mangini es uno de los siete miembros de la Jup que en 1972 asesinaron al estudiante Santiago Rodríguez Muela y que fueron condenados a prisión por “violencia particular” en ese año. En 1978 el Consejo de Estado aprobó una ley de amnistía que benefició a los reos y se estima que, como Mangini era sobrino del director del Servicio de Información y Defensa (Sid), Ramón Trabal, pudo seguir sin tropiezos con su carrera militar. En 2006 Mangini fue fotografiado frente a un juzgado de la calle Misiones como guardaespaldas del general Iván Paulós; lo captaron con el brazo en alto, como para que se viera claramente que llevaba un arma en la cintura. El otro guardaespaldas en la imagen era el coronel Eduardo Ferro, hoy prófugo de la justicia española y, hasta hace unos años, vecino de Mangini en Pinares.

Aquella foto llevó a Roger Rodríguez a investigar quién era el hombre armado y descubrir el citado historial. En 2011, con la acordada de denuncias por casos de derechos humanos, la causa de Rodríguez Muela se reabrió y pasó a la sede penal de la jueza Graciela Eustachio; ahora figura como “archivada” desde setiembre de 2013.
LOS MUCHACHOS. Mangini, miembro de la ultraderechista Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) e integrante de la institución honoraria de salvamentos Ades, es actualmente uno de los coordinadores generales de la agrupación Dragones de Maldonado-Por el Cambio (una de las tres que apoyan al candidato en la capital fernandina). Y aunque en estos meses ha trabajado activamente en la organización de la candidatura de su amigo, “no integrará listas porque no puede exponerse”, aseguran las fuentes.

El otro coordinador de la agrupación Dragones de Maldonado es el coronel retirado Gaspar Barrabino Silveira, según consta en una comunicación interna que la organización divulgó días atrás por Whatsapp para invitar a participar en la gira departamental del candidato. Gaspar es hijo de Julio Barrabino Sáez, uno de los golpistas que ingresó junto con Gregorio Álvarez al Palacio Legislativo en la madrugada del 27 de junio de 1973 y director del Establecimiento Militar de Reclusión número 2, Punta de Rieles. Barrabino Sáez murió el 3 de abril pasado “en total impunidad, sin proceso por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. En Punta de Rieles bajo su mandato fascista, cruel e inhumano, murieron compañeras por negligencia médica, otras fueron empujadas con saña hacia la locura y la muerte, como la compañera Norma Cedrés”, publicó días atrás la ex presa política y fotógrafa Marta Passeggi, en su muro de Facebook. La causa penal de Cedrés “duerme en un juzgado”, acotó.

Gaspar es, además, hermano de Julio Barravino Silveira, quien, junto con el capitán Wellington Sarli, tuvo la custodia del chileno Julio Sanhueza Ross –un oficial de inteligencia evacuado de su país cuando la justicia lo requirió por varios asesinatos entre 1987 y 1989–, mientras el teniente coronel Tomás Cassella y el capitán Eduardo Radaelli ocultaban a Eugenio Berríos (véase Brecha, octubre de 2002). Hasta hace unos meses, Gaspar Barrabino era el coordinador general del Movimiento Basta Ya, que promovía la candidatura del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Tanto Mangini como Barrabino estuvieron presentes ayer en la convocatoria de Manini a la prensa, alejados de la mesa donde un solitario candidato respondió preguntas. Mangini, rollizo, de estatura más bien baja, inquieto y con permanentes gafas oscuras, llevaba una bandera de Cabildo Abierto colgada en su antebrazo izquierdo, cual servilleta de mesero. Cada tanto la desplegaba, tal vez pensando en darle una ubicación en otra parte del local antes de la conferencia, pero volvía a doblarla con prolijidad. Barrabino, en tanto, tomaba mate mansamente.

Otro de los participantes de las reuniones políticas estivales con Manini son el propio Eduardo Radaelli y Alfredo Rubio (h). En el entorno afirman que Radaelli es “un hombre de extrema confianza, como la sombra” del ex comandante y que ha viajado frecuentemente de Montevideo a Maldonado para participar en la organización de la candidatura, además de estar abocado a hacer finanzas para el partido. Como se recordará, el ex militar fue extraditado a Chile y procesado por el secuestro del químico Berríos. Regresó a Uruguay en 2016, después de que la justicia dictó su libertad condicional.

Rubio, otro compañero de promoción de Manini, es hijo de quien era jefe de Gavazzo cuando asesinaron al tupamaro Roberto Gomensoro, torturado en el Grupo de Artillería número 1, en 1973. De acuerdo a las actas del Tribunal de Honor divulgadas el mes pasado por el periodista Leonardo Haberkorn, Gavazzo comunicó la muerte del detenido al jefe del Grupo de Artillería número 1, el entonces coronel Alfredo Rubio, y ambos informaron al jefe de la División Ejército 1, el general Esteban Cristi. “Cristi ordenó desaparecer el cuerpo. Quien tuvo que hacer eso fui yo”, expresó Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar.

Precisamente sobre la actuación del tribunal militar a raíz de las declaraciones de Gavazzo y la investigación que encabeza el fiscal Rodrigo Morosoli, Manini declinó hablar ayer con Brecha. “Eso está en la justicia y si tengo que… eeeh… si en ese ámbito me toca… actuar, lo haré. Pero en estos momentos no da para hablar más, la gente quiere hablar de los problemas de hoy y del futuro, y no seguir hablando anclado en el pasado”, alegó. Luego contestó las últimas preguntas:
—¿Usted precipitó su salida o la acordó con el presidente, como se especula en algunos ámbitos?
—Mi salida no fue acordada, fue la dinámica de los hechos que fue llevando a eso. Acordado no hubo nada. Los hechos se dieron como se dieron.
—¿Pero usted veía venir el desenlace a raíz de esos hechos, que empezaron por lo menos en setiembre, cuando fue sancionado?

—No… No necesariamente…
Con una mueca y un gesto de “no va más”, el general dio por terminada la entrevista.

Además de convertir a Cabildo Abierto “en un partido protagónico” y ampliar la participación de civiles, Manini pretende captar votantes desde todas las tiendas políticas. En diálogo con Brecha, el caudillo se mostró particularmente entusiasmado con la cantidad de personas que, en diferentes puntos del país, le han confesado que son frenteamplistas desencantados, muchos “votantes de toda la vida”, en busca de un cambio. “Hay una suerte de voto castigo: como hubo en 2004 a los partidos tradicionales; ahora lo habrá al FA”, especuló.

También le entusiasma el resultado de recientes encuestas de opinión pública, que lo perfilan como un candidato capaz de superar ampliamente a los otros partidos y convertir a Cabildo Abierto en la cuarta fuerza política del país: “Todavía no nos contemplan como opción en los cuestionarios, pero ya sabemos que en alguna encuesta nacional, que todavía no se hizo pública, Cabildo Abierto empieza a marcar una buena presencia. Es un camino que recién se inicia y pensamos que vamos a ser una opción válida. No podemos decir cuál es el techo; Cabildo Abierto pretende atraer gente de todos los partidos, porque hay una suerte de nihilismo político, de no creer en nada, y ven en nosotros una esperanza”.

A la luz de este objetivo, Manini evita definirse en el espectro político y aquí enfatizó que encontrar “soluciones a los problemas reales de la gente” no pasa por ubicarse en la derecha o la izquierda. “Tenemos cosas que podrán parecerse al discurso de la izquierda y otras que podrán parecer el discurso de la derecha, pero acá lo que hay son problemas que solucionar. Nos definimos como artiguistas porque pretendemos ser una instancia superior a esas etiquetas”, justificó.

21
Ene
20

Manini, desafuero si o no ¡? …

Evidencias abrumadoras contra Manini Ríos. Solicitaron su desafuero

Guido Manini Rios se esconderá en sus neonazis declarados y el presidente electo lo protegerá ? …

nota de: Crysol – Asociación de expres@s polític@s del Uruguay

NADIE es más que LA LEY: Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar aquellos hechos de apariencia delictiva acerca de los cuales toman conocimiento en el cumplimiento de sus actividades. Es una disposición legal. Su incumplimiento es, no sólo una falta administrativa, sino un delito penado por la ley. Denunciar supone realizar una acción formal, por escrito, generalmente, ante el órgano jurisdiccional competente, dando cuenta de lo ocurrido. El general retirado Guido Manini Ríos, mientras era comandante en jefe del Ejército, incumplió sus obligaciones legales al tomar conocimiento del testimonio brindado por José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en el Tribunal de Honor que juzgó la conducta de ambos.

Una vez que el Parlamento conceda su desafuero, si la coalición gobernante partir del 2 de marzo de 2020 que Guido Manini Ríos integra no lo impide, será la justicia la que determinará la sanción que le corresponda por no haber dado cumplimiento a las disposiciones legales de informar, como comandante en jefe, acerca de las declaraciones de los imputados en el Tribunal de Honor como correspondía. Su omisión de denunciar ha quedado demostrada. En el expediente no consta que haya informado a sus superiores como estaba obligado y mucho menos al Poder Judicial. Hasta el momento, Guido Manini Ríos tampoco ha presentado la constancia de haber realizado la denuncia ante el órgano competente.

Tres generales ya testificaron en su contraCrysol – Asociación de expres@s polític@s del Uruguay
Siguiendo el ritual delictivo de los terroristas estatales desde el retorno a la institucionalidad democrática, Guido Manini Ríos niega su responsabilidad en los hechos que se le imputan. Acusa al poder judicial de perseguirlo siguiendo directivas del poder político. Se presenta ante la opinión pública y los medios de comunicación victimizándose. Como todos los involucrados en los crímenes de Lesa Humanidad ya ha recurrió a todas las artimañas legales disponibles para enlentecer y evadir la justicia.
Los generales Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo y José González, señalaron que informaron a Manini Ríos, como correspondía, al presentar testimonio ante la justicia, indagados por su participación en el tribunal de honor que juzgó la conducta de José Nino Gavazzo y de Jorge “Pajarito” Silveira. Declararon que ellos lo alertaron en dos oportunidades acerca del tenor de las declaraciones a las cuales accedieron.

El comandante en jefe, así consta en el expediente administrativo, desechó lo asesorado por sus generales. Consciente de las implicancias jurídicas y políticas que la presentación de la denuncia podía tener, optó por no realizarla y encubrir a los involucrados: José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira.

Más que una simple omisión: encubrimiento
Los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército le informaron a su comandante, el general Guido Manini Ríos, que Gavazzo había confesado haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.
La omisión de Guido Manini Ríos de denunciar ante la justicia la confesión voluntaria que brindara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor, acerca de la desaparición de Roberto Gomensoro en 1973, hubiera permitido que continuara como inocente de dicho crimen. La causa judicial que lo involucraba había sido archivada. José Nino Gavazzo había sido exculpado en ella por falta de pruebas, ante su negativa en los estrados judiciales.
Además, el testimonio de Jorge Pajarito Silveira en el mismo tribunal, incrimina a Gavazzo y aporta información valiosa sobre la desaparición de Eduardo Pérez, conocido como el “el gordo Marcos”, cuyo destino es incierto hasta el día de hoy, habiendo permanecido detenido en el Batallón de Artillería N° 1 en 1974 e internado en el Hospital Central de las FFAA en mayo de dicho año.
La labor periodística de Leonardo Haberkorn lo puso al descubierto. Gracias a ello, el Dr. Ricardo Perciballe estuvo en condiciones de solicitar la reapertura de ambas causas.

Juzgar a los responsables y a sus cómplices
El general retirado Guido Manini Ríos es el primer general en actividad a quién se descubrió, investigación periodística de Leonardo Haberkorn mediante, colaborando activamente con los criminales del proceso para garantizar su impunidad, obstaculizando la labor judicial. Su condena por estos delitos es fundamental para desalentar conductas similares.

En Uruguay, hasta el momento, solo un pequeño número de responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos, durante el terrorismo de Estado, ha sido juzgado y condenado. El desafuero solicitado del senador Guido Manini Ríos debe ser concedido. Como colectivo de ex presas y de ex presos políticos haremos las gestiones pertinentes y nos movilizaremos para que todas las bancadas parlamentarias demuestren su compromiso con la Verdad y la Justicia votando el desafuero solicitado por la justicia. Su falta es grave, penal y éticamente.

19
Ene
20

NO más revisionismo histórico, “se acabó el recreo”; gano la derecha y el fascismo …

Con la presión de los blancos comprometidos con la dictadura, de los neonazis que integran Cabildo Abierto y su líder formado en dictadura Guido Manini Ríos, de los colorados riveristas y otros nostálgicos ultra derechistas; se enterrará el pasado. 

Lo que queda por el camino

escribe: Fabiana Larrobla 

La suspensión de las investigaciones históricas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo (1968-1985)
Desde el 1º de marzo de 2020 las investigaciones que se realizan sobre detenidos desaparecidos, fallecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado, prisión política y tortura, agencias represivas, centros de detención y personal oficial y subalterno que actuó en el marco de las operaciones represivas desplegadas por el Estado uruguayo entre 1968 y 1985 serán suspendidas.

Esas investigaciones comenzaron en 2005 y están a cargo del Equipo de Investigación Histórica (EIH). Se desarrollan en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en convenio con la Universidad de la República hasta diciembre de 2016, y a partir de 2017 bajo la modalidad de contrato directo con Presidencia.
Los múltiples arreglos institucionales realizados durante los 15 años de gobierno progresista no lograron consolidar ni garantizar la continuidad de estas investigaciones, en tanto no se generó ningún ámbito específico que las pusiera a salvo de las vicisitudes y voluntades políticas de los gobiernos de turno. Esto produjo un clima de incertidumbre casi permanente en torno a su futuro.

Finalmente la Ley 19.822, aprobada en 2019, que transfiere la responsabilidad de la búsqueda de detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, sin indicar ni considerar qué sucederá con las investigaciones mencionadas, y en combinación con el resultado electoral, aclara el panorama, confirmando –por omisión– su clausura.
Como se afirma en un artículo publicado en el Informe sobre derechos humanos del Servicio Paz y Justicia:1 “[…] la situación de las personas ejecutadas y las personas torturadas, no se traslada a la Institución Nacional de Derechos Humanos, esta tarea […] quedó por el camino”.

Cuáles son los resultados de las investigaciones
Investigar sobre las circunstancias en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad con el objetivo del esclarecimiento de la verdad y la realización de justicia requiere del diseño de una metodología compleja, que incluye el análisis de distintos elementos de carácter contextual y particular.2 La construcción de este diseño ha posibilitado profundizar en la comprensión de las distintas dimensiones que componen las lógicas de funcionamiento de un Estado autoritario y terrorista, permitiendo avances sustanciales en las investigaciones, las que no pueden considerarse como concluidas en la medida en que aún resta mucho por develar. Así es que intentaré sintetizar los aportes y avances, pues conocer qué se ha investigado y sus resultados es lo que nos permitirá dimensionar la gravedad de su suspensión.

Documentación y archivos
En otro artículo publicado en la diaria me referí a la complejidad que tiene el abordaje de documentos producidos por un Estado que funcionó simultáneamente con un aparato legal y con uno clandestino. Poder echar luz en donde se construyó intencionalmente la oscuridad ha requerido implementar diversas estrategias de indagación. Una de ellas se materializó en la sistematización, clasificación y análisis de miles de documentos que se encuentran dispersos en distintos repositorios, archivos o depósitos, organizándolos de forma tal que la documentación esté al servicio de las investigaciones y no a la inversa.
Esto permitió un rápido cruzamiento de datos e información, entendiendo que los documentos no hablan por sí solos y que adquieren relevancia en la medida en que son ubicados en un contexto determinado y en diálogo con otra documentación. Por otro lado, y con la intención de difundir y reproducir el conocimiento adquirido, se inició la confección de un manual sobre cómo leer y analizar este tipo de documentos, que se encuentra hoy en la etapa de “borrador”.

Víctimas de desaparición forzada y asesinato político
Uno de los ejes de las investigaciones ha sido la elaboración y publicación de fichas personales de las víctimas. La confección comenzó en el año 2005, y en 2011 se incorporó la dimensión del asesinato político. Hasta el momento se han confeccionado 397 fichas personales, que son regularmente actualizadas y se nutren de los avances que se logran, a la vez que se corrigen errores en la información, integrando nuevos datos, producto de la labor investigativa. Como ejemplo destacamos modificaciones relevantes realizadas en las fichas personales de Elena Quinteros, Juan Manuel Brieba, Héctor Giordano, Rafaella Filipazzi y Ary Cabrera, entre otras.3
Resta aún una considerable cantidad de fichas por actualizar. En ese sentido, lo más preocupante refiere a las 122 fichas correspondientes a las víctimas de asesinato político en dictadura (1973-1985), debido a la gran cantidad de nueva información que ha sido procesada y que no ha podido ser incorporada todavía, teniendo en cuenta –además– que son de acceso público y constituyen una referencia ineludible para la Justicia y las organizaciones vinculadas a la temática.

La incorporación de nuevos casos
Los listados de víctimas están siempre en revisión y no es posible intentar forzar un cierre. Desde el inicio de estas investigaciones a la fecha, esos listados han sido modificados año tras año. En junio de 2019 se llegó a un total de 196 casos de desaparición forzada, y a 201 de asesinato político o fallecimiento por responsabilidad estatal. Un mes después, y como resultado de investigaciones enmarcadas en la respuesta a un oficio judicial, se detectó un caso de desaparición forzada que no había sido registrado. Se trata de un ciudadano argentino presumiblemente secuestrado en el trayecto de su viaje a Uruguay, Pablo Horacio Osorio Yamuni, que se constituye así en el detenido desaparecido número 197. Cuatro meses más tarde se obtuvo información sobre el caso número 198: un ciudadano uruguayo detenido desaparecido en Argentina, Aldeber Elgart, secuestrado el 21 de junio de 1977.

Con la dimensión del asesinato político ocurre algo similar, sobre todo en el período 1968-1973. Se han ido incorporando nuevos casos de muertes que no habían sido consideradas porque se produjeron en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad y se trata de ciudadanos que no tenían vínculo alguno con organizaciones políticas o sociales.
Por otra parte, el EIH realizó una investigación primaria sobre 81 denuncias de posibles casos de desaparición forzada, y a partir del análisis de la documentación contenida en ellas concluyó que 41 de estas debían ser investigadas con mayor profundidad, en el entendido de que existen elementos que lo justifican.

Sobre la dimensión represiva del Estado uruguayo
El abordaje integral de este campo ha permitido registrar importantes avances que refieren al funcionamiento del Servicio de Información de Defensa, del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), de la ex Dirección Nacional de Información e Inteligencia, del Cuerpo de Fusileros Navales y del resto de las unidades militares.
Como ejemplo mencionaré los avances sobre el OCOA. Se elaboraron informes sobre su funcionamiento entre los años 1971 y 1984, y sobre sus centros clandestinos de detención, dando cuenta del origen de la agencia, las distintas etapas de su desarrollo, su organización interna y divisiones, cometidos y operativa, sus bases de funcionamiento, el personal que revistió en ese órgano, así como información referida a personas secuestradas. Se aportaron nuevos datos acerca de los circuitos represivos diseñados en cada etapa, permitiendo indagar en los recorridos de los detenidos por distintas unidades militares una vez que eran “evacuados” de la base del OCOA. También se construyeron tablas de oficiales que cumplieron funciones en la agencia a partir de documentación a la que se ha tenido acceso, las que no pueden considerarse definitivas en la medida en que constantemente surgen nuevos elementos que se incorporan al análisis.

Cooperación
Un área de trabajo fundamental fue la cooperación con la Justicia y con organizaciones de la sociedad civil. A partir de 2011, y cada vez con mayor frecuencia, las investigaciones del EIH comenzaron a ser demandadas desde esos dos ámbitos, y se respondió con informes técnicos que recogen los resultados de las investigaciones y cuyo contenido se acompaña con el soporte documental que lo fundamenta.
A la fecha se han respondido aproximadamente 136 oficios judiciales vinculados a las distintas causas en curso provenientes de juzgados penales, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, y exhortos recibidos desde el exterior (aproximadamente 40 sobre casos de desaparición forzada, 20 sobre prisión política, 56 sobre casos de asesinato y 20 sobre represores y agencias represivas). A estas solicitudes se agregan otras 70 de distinto origen (leyes reparatorias, víctimas o familiares, organizaciones de derechos humanos y comisiones de memoria). Estas respuestas incluyen información y análisis sobre contexto, acerca del operativo represivo, la trayectoria de las víctimas, la agencia operativa o unidad interviniente, centros de detención, funcionamiento y personal asignado a las operaciones, etcétera.

Asimismo, el equipo ha sido convocado en calidad de testigo calificado a aportar información en diferentes causas judiciales, tanto en Uruguay como en Argentina (Plan Cóndor, por ejemplo). En esta línea, también se colaboró en el proceso de apelación por los crímenes del Plan Cóndor ante la Corte de Roma, analizando y seleccionando diversa documentación oficial en conjunto con el abogado del Estado uruguayo, Andrea Speranzoni.
En la actualidad, y hasta el 28 de febrero, el equipo trabaja exclusivamente sobre estos oficios, realizando un esfuerzo extra con el objetivo de responder la mayor cantidad de solicitudes pendientes. No obstante, es posible que una cantidad considerable de estas quede sin respuesta.

Y entonces…
La necesidad de superar la fragmentación y trascender el abordaje individual de los crímenes cometidos por el Estado como si se trataran de delitos comunes resulta urgente si deseamos seguir construyendo el camino de la verdad y la justicia. Para esto es indispensable reconocer que los avances se registran cuando se realizan investigaciones que integran todas las dimensiones del terrorismo de Estado. El EIH ha transitado ese camino por voluntad y decisión propia, pero la continuidad de estas investigaciones y la posibilidad de que el conocimiento acumulado no se disperse y pueda ser trasmitido desde la propia práctica de la investigación no dependen de la voluntad personal de las integrantes de este equipo.

4 Se requiere la suma de más voluntades para construir un espacio que antes no fue consolidado por las políticas públicas implementadas, asumiendo el desafío de continuar con la construcción de la verdad en cooperación con la Justicia, una verdad que incluya a todas las víctimas del terrorismo de Estado y a todas las dimensiones que lo componen.

Fabiana Larrobla es coordinadora del Equipo de Investigación Histórica.
Chargoña, P.; Di Césare, L. y Garbarino, F. “Después de la disolución del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”. Informe sobre derechos humanos, Servicio Paz y Justicia, pág. 73. ↩
Al respecto de la metodología pueden leer el artículo de Figueredo y Larrobla “Una aproximación a la metodología de investigación de los crímenes de lesa humanidad en las dictaduras del cono sur.
La experiencia del Equipo de Investigación Histórica, Uruguay”, disponible en: ladiaria.com.uy/U08. ↩
Las fichas se encuentran disponibles hasta el momento en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente: http://www.sdh.gub.uy. ↩
El EIH está integrado en la actualidad por Fabiana Larrobla (coord..), Magdalena Figueredo, Graciana Sagaseta, María del Carmen Martínez, Isabel Cedrés, Paula Duffour y Juana Urruzola. ↩
18
Ene
20

La ultra derecha; marzo 2020, gobierno neoliberal herrero-riverista …

La ofensiva de la clase dominante

Exultantes por el triunfo del bloque conservador y la inminente instalación de un penta- gobierno multicolor derechista a partir del 1º de marzo próximo, los actores de la oligarquía vernácula comienzan a mostrar sus uñas.

escribe: Hugo Acevedo / analista 

En efecto, bien saben que con una administración liderada por el herrerista Luis Lacalle Pou e integrada también por el neoliberal Partido Colorado y el militarista Cabildo Abierto, recuperarán plenamente las palancas del poder.

Estos señores no perdieron jamás el poder real durante los quince años del ciclo progresista, porque conservaron la propiedad privada de los medios de producción y, por ende, sus exasperantes privilegios de clase.
De algún modo, debieron mitigar en parte sus apetitos de apropiación indebida, ante la vigencia de la Ley de Negociación Colectiva del Frente Amplio que limitó -en buena medida- los abusos perpetrados por las patronales contra sus trabajadores y la voracidad expropiadora.

Ahora, tendrán como aliado estratégico a un gobierno que diseñará para ellos una suerte de traje de medida, defensor del statu quo de los poderosos y proclive, aunque no lo admita, a desmantelar muchas de las conquistas sociales obtenidas durante los últimos tres lustros de nuestra historia.
Uno de los personajes más relevantes de esta casta de auténticos eupátridas -vocablo que identificaba a la rancia aristocracia de la nobleza de la Grecia antigua- es, sin dudas, el poderoso empresario agropecuario Gerardo Zambrano.

Aunque este patricio no ha ocupado cargos de gobierno, su opinión suele tener crucial influencia en los círculos más íntimos de la rosca capitalista, que cogobierna -entre bambalinas y desde hace más de un siglo- a nuestro país.
En su condición de vocero referente de los sectores de la sociedad uruguaya que concentran la mayor porción de la riqueza, suele ser recurrentemente entrevistado por medios de difusión obsecuentes.
En una complaciente nota concedida al diario «El País», Zambrano vertió un conjunto de desafiantes reflexiones que exacerbaron, con toda razón, al movimiento sindical.

Al respecto, el presidente de PIT-CNT, Fernando Pereira, rechazó las afirmaciones claramente reaccionarias formuladas por Zambrano, quien aseveró que una de las tareas que el futuro gobierno tiene por delante es «enfrentar a los sindicatos».
«El tema sindical es la batalla que hay que dar, y ganar, porque es imprescindible para ordenar la casa», sentenció el entrevistado invocando, sin mencionarla, aquella proclama del ex presidente Julio María Sanguinetti, quien se ufanaba de no haber perdido jamás una huelga durante sus dos mandatos.

Quienes afirman que no existe una grieta en Uruguay como sí aparentemente sucede en Argentina, deberían leer las reflexiones de Zambrano, de claro sesgo amenazante y visceralmente confrontativo.
Como el que calla otorga, nos imaginamos que el gobierno electo comparte estas afirmaciones. Ni siquiera reaccionó el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien, aunque parezca inverosímil, se autoproclama progresista.
Empero, si hay realmente algo que valorar de la confesión sin cortapisas de Zambrano, es su sinceridad despojada de eventual demagogia, cuando afirma -sin anestesia- que las reformas que tendrá que emprender el próximo gobierno «van a causar dolores». No obstante, añadió que «hay que hacerlas sí o sí, porque, si se ponen tímidos en las decisiones, puede pasar lo mismo que en Argentina».

Si los candidatos del bloque conservador que emergió ganador en las urnas se hubieran expresado con idéntico tenor, casi nadie los hubiera votado. En cambio, optaron, como es habitual, por un discurso engañoso, falaz y enrevesado, con el propósito de captar el sufragio de los desencantados.
Durante el encuentro, Zambrano agitó los añejos reclamos del gran capital, demandando dádivas al sector empresarial que seguramente saldrían de los bolsillos de la clase trabajadora y, como siempre, la salvaje jibarización del Estado.

Por supuesto, para el club de amigos y socios de Zambrano no conviene que exista un Estado fuerte e intervencionista, que regule, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones de las empresarios con sus trabajadores y el respeto a la sindicalización, que evite los abusos y que combata la evasión, entre otras tantas rémoras consustanciales al modelo concentrador, como ha sucedido durante los tres gobiernos frentistas.
Ellos prefieren el libertinaje de mercado y un Estado laxo, deliberadamente distraído y que haga la vista gorda, que fue caldo de cultivo de la demoledora crisis del 2002.
Obviamente, la máxima del credo neoliberal es que cuando menos Estado mejor, porque -en su discurso cargado de clichés- las claves son la competitividad, la tasa de ganancia, que es el bocado del león, y condiciones propicias para generar el clima de negocios. Obviamente, para ellos.

Zambrano – para quien insólitamente el Frente Amplio no hizo nada bien durante sus quince años de gobierno, pese a los espectaculares avances logrados en materia de inclusión social, de derechos y de desarrollo humano- es reticente a confiar en la política, a la cual define, sin eufemismos, como «una trituradora».
Aunque no oculta su adhesión al gobierno electo, de sus palabras emana una subliminal nostalgia por los tiempos oscuros en los cuales no había elecciones, parlamento ni sindicatos, pero sí había persecución, torturas, asesinatos, exilio y, naturalmente, explotación laboral e inmoral enriquecimiento del clan empresarial.

15
Ene
20

Tabaré el republicano socialista …

La mala onda de Lacalle Pou

escribe: Leandro Grille / Caras y Caretas

Con el recetario de Durán Barba (recibido en domicilio por integrantes del P. Nacional) y con el discurso embustero y de crísis de su profe -el miserable de Macri- Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou Brito del Pino, comienza su fase cero el restaurador del neoliberalismo, sin credibilidad y con Neonazis de socios …

Hay una intención cruzada evidente entre el presidente saliente y el presidente electo durante este período de coexistencia: Tabaré Vázquez quiere llevarse bien y Lacalle Pou quiere llevarse mal. Mientras Tabaré busca asegurar una transición ejemplar, y se prodiga en gestos de un republicanismo atípico en el mundo, como llevar a Lacalle Pou de paseo a la asunción del presidente argentino Alberto Fernádez, Lacalle Pou no pierde oportunidad de increpar a Tabaré y a sus ministros, incluso por motivos absurdos, como la declaración de emergencia social por la violencia machista.

Los noventa días que separan la elección nacional de la asunción del nuevo presidente nos permiten contrastar a un estadista consumado con un aspirante que ha obtenido, con un poco de chiripa, su primera victoria electoral. Todo eso influye en la forma en que transitan este interludio institucional. Pero obviando el psicologismo, o maquiavelizando, si la actitud componedora de Vázquez persigue un objetivo político concreto –por ejemplo: dar un mensaje de lealtad institucional y seriedad a tono con el carácter democrático y republicano del período progresista–, la beligerancia de Lacalle Pou también es con arreglo a fines.

Hipótesis. Lacalle Pou quiere ensuciar la transición, llenar de dudas la calidad y buena fe del gobierno actual para llevar adelante este proceso, porque necesita instalar un relato de herencia tremendista que le haga más sencilla la tarea de justificar medidas dramáticas, impopulares y, por si fuera poco, urgentes. Si el proceso de transición transcurre en bajada, con apariencia de cuentas claras e información completa, derrochando sonrisas y sensación de transparencia, entonces se vuelve cuesta arriba aplicar terapias de shock, soluciones de máxima y la gama de “auditorías” persecutorias que componen la hoja de ruta implícita. Por el contrario, si logra convencer de que todo es un desastre, que el gobierno saliente está actuando de mala fe, plantando obstáculos, minando el campo del próximo ejercicio y pateando problemas para que le queden a él, entonces le cabe recurrir a la victimización profiláctica que lo blinde del mal humor social.

Conforme pasa el tiempo y el contenido de Ley de Urgente Consideración se mantiene oculto, aunque el propio Lacalle Pou adelanta que tiene un borrador con 457 artículos que podrían escalar hasta los 600, cada vez resulta más tenebrosa la estrategia. El presidente electo está jugando a la escondida, ya no con la futura oposición, sino con toda la sociedad que desconoce completamente de qué irá la ley. Y se la ignora por partida de doble: porque no solo es un misterio el contenido de la ley, tampoco se saben cuáles son los problemas cuyas urgencias la justifican.

Una ley así, precedida por tres meses de mala onda y suspicacias entre los que vienen y los que se van, rodeada de secretismo, súper extensa y abarcativa de una variedad indefinida de aspectos de la vida del país, redactada por un Mary Shelley de la legislación capaz de satisfacer en una sola norma los apetitos múltiples de una coalición frankesteiniana, no puede terminar bien. Como método es delirante. Es un trámite prepotente, sin posibilidad real de debate, que aspira a legislar sobre temas en los que el parlamento ha invertido años, pero hacerlo en dos meses. Y como además no permiten que se conozca antes, es obvio que persiguen deliberadamente la ignorancia social. Y esto es bien grave: el ocultamiento ya no tiene propósito electoral, tiene el objetivo de que a la gente no lo dé el tiempo para digerir lo que se está tratando y no pueda prepararse resistirlo.

Ya me imagino toda la escena. El presidente electo Luis Lacalle Pou va a asumir el primero de marzo y va a pronunciar un discurso frente a la Asamblea General, presentándose como el exorcista en un película de terror. No viene a gobernar, viene a extirpar el mal. Un mal que no quedó encapsulado en los años que gobernaron sus hacedores, sino que acecha el futuro, porque habría trampas e inóculos sembrados plagando el camino que conduce a la salvación. Por eso tendrá que actuar con firmeza y celeridad para desactivar las bombas de la herencia que amenazan la tranquilidad del futuro. Así se va a intentar justificar, y para dotar su discurso de credibilidad tiene la obligación, por los próximos dos meses, de llevarse mal.




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