Archivo para 27 febrero 2020

27
Feb
20

Plef, el crimen que pesa en la conciencia de Larrañaga …

SE INSTALA EL GATILLO FÁCIL, PARA TODOS

De Líber Arce a Plef

escribe: Marcos Otheguy / Rumbo de Izquierda – Frente Amplio

La mano asesina la armó el guapo, el gatillo lo apretó un viejo criminal fascista: La semana pasada se cumplió un año del asesinato de Felipe Cabral, más conocido como Plef en el ambiente del grafiti montevideano. El homicidio sigue sin ser aclarado.

Cuando se produjo este lamentable hecho se suscitó una fuerte polémica sobre la cultura del miedo que se venía instalando en la sociedad uruguaya y que, a esta altura, se encuentra fuertemente consolidada.

El 13 de junio de 1968, el gobierno de Jorge Pacheco decretó medidas prontas de seguridad, es decir, un estado de excepción que habilita al Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Asamblea General, a suspender ciertas garantías constitucionales que tiene cualquier ciudadano en países democráticos. Por meses se extendió la vigencia de ese estado de excepción, lo que provocó una intensa movilización de estudiantes y trabajadores organizados.

El 9 de agosto, el ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Aréchaga, por orden de Pacheco, ordenó el allanamiento de la Universidad de la República y de las facultades de Arquitectura, Agronomía, Psicología, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esta medida provocó una indignación generalizada en el movimiento estudiantil, que comenzó a movilizarse y a convocar a la resistencia de tales atropellos.
El 12 de agosto de 1968, estudiantes de Odontología, Medicina, Enfermería y Veterinaria convocaron a una movilización desde la Facultad de Veterinaria; en el trayecto de la marcha fueron interceptados por un móvil policial que disparó contra los estudiantes, hiriendo de gravedad al estudiante de Odontología Líber Arce, quien falleció el 14 de agosto de 1968.

Líber Arce fue velado en la Universidad de la República, con una concentración multitudinaria que se calculó en casi 300.000 personas; muchos comercios cerraron sus puertas en señal de duelo, el transporte público decretó un paro general y varias iglesias hicieron sonar sus campanas al paso del cortejo que lo condujo al cementerio del Buceo.

Varios estudiantes fueron asesinados posteriormente, al igual que sindicalistas y dirigentes políticos, pero Líber Arce se convirtió en un símbolo de las luchas populares. Probablemente porque significó un hito que marcó que un Uruguay se terminaba: el Uruguay democrático, liberal e igualitario que el batllismo había impulsado. Ya asomaba con claridad el país neoliberal y autoritario que se terminaría de configurar con el golpe de Estado de 1973. Ese país proclive al autoritarismo y a la barbarie había estado latente en amplios sectores de la sociedad hasta que encontró los canales políticos y los sectores sociales que permitieron que se expresara en toda su horripilante dimensión.

En estos 15 años de gobierno frenteamplista intentamos desandar las trágicas consecuencias que este proceso provocó en nuestra sociedad. Se intentó recomponer una democracia de calidad por medio de un conjunto de políticas públicas que generaron más inclusión, más igualdad. Pero en el plano de la batalla cultural los procesos son más lentos y necesitan de claridad ideológica y decisión política, algo que sin duda nos faltó. Mientras tanto, ese Uruguay conservador se mantenía agazapado esperando a ser nuevamente representado por sectores políticos y sociales que lo interpretaran; esto les ha permitido perder todo pudor y expresar hasta con orgullo su barbarie.

La izquierda que sigue sosteniendo un pensamiento revolucionario –no como suceso violento, sino como transformación radical de esta sociedad capitalista neoliberal– discute sobre cuál o cuáles serían en esta nueva realidad el sujeto o los sujetos revolucionarios. Slavoj Žižek, en su libro Pedir lo imposible, sostiene que no habrá nuevamente un sujeto revolucionario, sino que hay que pensar en la gente que por diversas razones se encuentra en lo que denomina “posición proletaria”, a la que se le sustraen todas las condiciones objetivas para su desarrollo.

Se detiene en particular en la relación con las zonas hiperdegradadas de las grandes ciudades; donde se concentran más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. La exclusión ya no se relaciona con la tradicional división entre obreros y capitalistas, sino simplemente con no permitir que alguna gente sea parte del “común” que participe en la vida pública.

Plef es o debería ser todo un símbolo de algo que se viene quebrando en el país, y que aquellos que soñamos con otra cosa deberíamos resistir.

El poder dominante actúa sobre estos territorios, donde abundan los niños y los jóvenes, mediante la represión y la despolitización. La religión, las drogas y hasta la meditación budista se convierten en los instrumentos para dicha despolitización. Žižek propone, por tanto, que la principal tarea de las organizaciones de izquierda es la politización de estas zonas hiperdegradadas.

Sin duda que Plef es una víctima de la política del miedo impulsada en estos últimos años en Uruguay.
Manuel Castells, en Ruptura: la crisis de la democracia liberal, sostiene que el miedo es la más potente de las emociones humanas, y que sus efectos sobre la política son profundos, porque allí donde hay miedo surge la política del miedo. Y paulatinamente, lo que son excepciones por motivos de seguridad se va convirtiendo en la regla que rige nuestras vidas.

La década de 1960 fue un momento de quiebre en Uruguay y en el mundo. El capitalismo se reestructuraba en su versión neoliberal, y las políticas promotoras de igualdad se desarticulaban. Para contrarrestar la resistencia popular se desplegó el autoritarismo de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, culminando con las dictaduras que asolaron el continente.
En esa coyuntura, el asesinato de un joven estudiante se convirtió en un símbolo de la resistencia que llega cada vez más tenuemente hasta nuestros días.

Nuestro tiempo es muy diferente, ya no hay teorías revolucionarias que sostengan que el cambio está a la vuelta de la esquina. Campea un pensamiento único que obnubila con un mundo y un bienestar al alcance de la mano. El consumismo es la norma, y la formación académica resulta un instrumento cada vez más idóneo para sentirse parte de las supuestas oportunidades que el sistema nos ofrece.
El ser parte nos conmina a transar, a sentirnos incluidos, a convencernos de que a esa fiesta estamos invitados y a que no nos importe demasiado si hay muchos otros que no lo están.

La política del miedo redobla su apuesta y criminaliza no sólo al pobre, sino también al que con sus opciones de vida decide no transar y denuncia la exclusión. A aquellos que en los muros denuncian con su arte y resisten, a los que con su música rapera nos cuentan lo que sienten; en definitiva, a todos aquellos que para los nuevas normas que se quiere consolidar en nuestro país tienen apariencia delictiva.
En esas zonas hiperdegradadas de nuestro país, la respuesta no son más comisarios, sino más cultura y más oportunidades.

En esta dimensión, Plef es o debería ser todo un símbolo de algo que se viene quebrando en el país, y que aquellos que soñamos con otra cosa deberíamos resistir.

 

25
Feb
20

Uruguay cambio bien ? …

NEONAZIS en gestión, militares de la dictadura, herrerismo NEOLIBERAL, anti DERECHOS, LAVADORES amigos y se te movilizas PALO !! ese es el cambio que se viene con Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Po Brito del Pino

Van de la mano: un modelo neoliberal y un Estado autoritario para implementarlo

escribe: Gustavo Buquet / economista y doctor en Comunicación

El borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), dado a conocer el 20 enero por el presidente electo Luis Lacalle Pou, más allá de los cambios que pueda recibir en el Parlamento, en su integralidad, en su concepto, refleja de forma fehaciente el proyecto de gobierno del presidente electo y sus aliados.

Esquemáticamente, y dejando de lado algunas partes del proyecto, este puede clasificarse en dos grandes grupos de artículos. Por una parte, aquellos que pretenden generar un marco normativo para profundizar e implementar un modelo económico neoliberal, y por otra, aquellos que impulsarían la creación de un Estado autoritario. Van de la mano: el segundo facilita la realización del primero.

El Estado neoliberal
El artículo de la LUC más directo en este sentido liberaliza la importación de petróleo crudo y sus derivados. Es claro que quienes entrarían a competir en este mercado serían empresas multinacionales (por ejemplo, Petrobras de Brasil, o Axion de Argentina). Estas tienen un mayor poder de mercado que ANCAP, y por lo tanto deja al ente estatal en una situación de desventaja, con una estructura de costos fija creada para abastecer a todo el mercado, que lo llevaría rápidamente a una asociación con una multinacional, o directamente a su privatización.

Uno más indirecto, pero que está vinculado a los programas de la coalición de gobierno, es el artículo que posibilita que operadores privados puedan proveer datos (internet) por cable, y por tanto aparezcan importantes operadores privados en un mercado que hasta ahora lo ha provisto sólo Antel. En los hechos, este artículo permitiría a operadores que venden datos vender servicios de televisión y viceversa. Además de actores nacionales, podrían entrar a este mercado empresas multinacionales, como Movistar y Claro.

Como se puede apreciar, estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.
Junto con estas medidas se da mayor poder de autonomía a las agencias reguladoras de los sectores de la energía (URSEA) y las telecomunicaciones (URSEC); una señal clara de mayor “neutralidad” a la hora de establecer normas o discernir problemas de competencia entre las empresas multinacionales y las empresas estatales o nacionales.
Además, en el proyecto de la LUC se propone conceptualmente una tendencia mercantilizadora de la educación. Llama particularmente la atención el artículo que elimina la prohibición de Uruguay de firmar tratados internacionales que consideren a la educación un bien lucrativo o de mercado. Se estaría dando vía libre para firmar acuerdos comerciales que consideren a la educación como un servicio privado, y, como tal, comercializable.

En este mismo sentido, a escala nacional, también hay artículos que introducen una mayor participación de los actores privados en los organismos de decisión, así como modificaciones en este sentido a nivel simbólico. Por ejemplo, hacen desaparecer la definición de “público” del sistema nacional de educación.
Vinculado a la concepción de los derechos que impulsa este tipo de modelo económico, se elimina de la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) toda referencia a la pobreza y la emergencia social, además de retroceder en derechos de las personas mayores, discapacitados y niños.

En cuanto a la inclusión financiera, deja librado a los empleadores el mecanismo de pago de sueldos; así quedan en desventaja los trabajadores más vulnerables (no cumplir el laudo, pagar en negro y no realizar aportes), además de permitir transacciones en efectivo, lo cual posibilita la evasión y el blanqueo de dinero.
Algo más específico, pero igualmente vinculado a esta concepción: una serie de artículos regulan el desalojo de viviendas de alquiler, eliminando derechos de los inquilinos y haciendo expedito el desalojo.
Estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.

Por último, para cumplir con su promesa de reducir el gasto del Estado en 900 millones de dólares, desarrollan una gran cantidad de artículos que se proponen reducir el tamaño del Estado, y de su gasto. Empezando por la regla fiscal, que impondrá por un plazo de cinco años un límite al gasto en la Ley General de Presupuesto, que luego, independientemente de las condiciones del país, no se podrá cambiar.

En este sentido también van los artículos de la disminución de ingresos de funcionarios según vacantes, el estudio de racionalización del Estado, y los artículos relacionados con la reasignación de los funcionarios públicos.
En realidad, la consecuencia de los modelos neoliberales, de reducir al mínimo la intervención del Estado, implica una menor regulación, una mayor liberalización de los mercados, incluido el mercado de trabajo, donde la variable principal es el valor del trabajo, es decir, el salario. Uno de los objetivos fundamentales de los modelos neoliberales, y así se ha observado en los países vecinos donde se han aplicado, es el recorte de las políticas sociales y la disminución del salario real, y por consiguiente la concentración de los ingresos y de la riqueza.

El Estado autoritario
Para imponer un modelo que permita reducir conquistas sociales, entre otras la del aumento del salario, se necesita de un Estado autoritario.
En primer lugar, y en este mismo sentido, el proyecto de la LUC propone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones (…)” al derecho de huelga.
En segundo lugar, y de forma más categórica, el proyecto de la LUC plantea literalmente la prohibición del derecho a manifestarse en espacios públicos, y su inmediata represión: “Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios (…)”; a continuación habilita el uso de la fuerza para su disolución, y por último permite la detención de sujetos que estén envueltos en estos “piquetes” y que cometan hechos “de apariencia delictiva”.

Luego de estos dos artículos, claramente restrictivos de derechos consagrados en la Constitución de la República, se propone una serie de artículos que blindan a la Policía para posibilitar el abuso de autoridad y violar derechos fundamentales, como las garantías del debido proceso y libertades individuales.
El primero de ellos es el de agravio a la autoridad: un individuo podrá ser castigado con hasta tres años de penitenciaría por el hecho de “agraviar, ofender o menospreciar” a un policía, por lo que quedará discrecionalmente en manos de la Policía reportar dichas acciones. Algo parecido surge con el artículo que define una condena de hasta tres años de penitenciaría por “resistencia al arresto”; algo que obviamente puede ocurrir, pero claramente también puede ser utilizado como mecanismos de abuso de poder de la autoridad. También en este capítulo de Seguridad se da potestades a la Policía a solicitar identificación a cualquier ciudadano; esto modifica la normativa vigente, por la cual la Policía puede solicitar la identificación en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia. También, en varios artículos, se da potestades a la Policía para indagar y buscar pruebas, ampliando el plazo en que debe de comunicar dicha detención al fiscal, hasta el extremo del artículo 61, por el cual la Policía, para el esclarecimiento de un delito, “(…) podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito imputado. Atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones del imputado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal”. Sin límite de tiempo, sin llamar a un abogado o al fiscal; ¿a través de qué mecanismo constitucional van a obtener la información?; ¿y si la persona se niega a declarar? ¿Será que están promoviendo que la Policía utilice métodos que se aplicaron en la dictadura?

Finalmente, el proyecto define la legítima defensa y la presunción de inocencia, respectivamente, tanto para los efectivos policiales como de las Fuerzas Armadas, dándoles el marco normativo necesario para que se puedan aplicar, con respaldo legal y hasta el extremo, todos los artículos anteriores con total impunidad.
Este proyecto de LUC no sólo da potestades a la Policía para que pueda haber situaciones de abuso, sino que lo respalda conceptualmente. En su artículo 151 elimina de la currícula de la formación militar y policial la obligatoriedad de estudiar derechos humanos.

El proyecto también modifica la Ley de Inteligencia, al pasar el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado de una Coordinación a una Dirección; propone que el director del sistema pase a formar parte del Consejo de Defensa Nacional, y explicita que el presidente de la República y el ministro de Defensa definen la política estratégica de inteligencia. En pocas palabras, la propuesta vigente, que considera la política de inteligencia como aquella que articula la información estratégica de todos los ámbitos, queda supeditada fundamentalmente a la defensa, una defensa que toma papel protagónico en la defensa interior, una inteligencia que es preparada nuevamente para investigar posibles “enemigos internos”.

Este modelo autoritario también se refleja en el proyecto de la LUC al interior del Estado. En este sentido, dirige políticas específicas hacia los funcionarios públicos. Por ejemplo, en la educación da mayores atribuciones al Ministerio de Educación y Cultura y menor autonomía a los organismos de la enseñanza. A su vez, posibilita en el Codicen que las resoluciones se aprueben por tres quintos, o sea, sólo alcanza con los votos de los directores designados por el Poder Ejecutivo (con venia parlamentaria), cuando actualmente se necesitan cuatro quintos. Se eliminan los consejos colectivos de los organismos de la enseñanza y se cambian por directores generales. Es decir, se concentra el poder de decisión en toda la pirámide. Para impedir la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, se elimina también la libertad de cátedra.

En cuanto a los funcionarios en general, aumenta la movilidad de los del Estado central a los servicios descentralizados y viceversa. Se prevé una reestructura del Mides, en donde se podrá disminuir la jerarquía a los actuales funcionarios (léase disminuir la capacidad de decisión técnica de funcionarios que no sean afines ideológicamente al gobierno). A los efectos de un mayor control de los funcionarios, se pondrá delegados de la Oficina Nacional del Servicio Civil en todas las dependencias públicas.

Modificaciones al proyecto
Si la mirada a este proyecto se realiza por capítulos, las organizaciones vinculadas encontrarán fundadas razones para impulsar cambios a la propuesta de redacción de los artículos de la LUC que los afectan específicamente. También, una vez aprobado el proyecto de ley en el Parlamento, podrían impulsar su derogación. La perspectiva integral o conceptual permite visualizar que, si bien sería importante introducir cambios en este proyecto, en realidad todas las organizaciones sociales y políticas que tienen reparos sobre este proyecto deberían delinear una estrategia conjunta para derogar todos los artículos que afecten de manera grave las conquistas en libertades y derechos que ha logrado el Uruguay a lo largo de su historia.

23
Feb
20

Maya Cikurel … el lavadero 24 horas

LA MITAD DE LA POBLACIÓN, NO LOS QUIERE; LA OTRA MITAD EMPIEZA A DESCONFIAR

Bajo sospecha
No, no es el título de ninguna película, es la impresión que se ha instalado sobre el gobierno electo a escasos días de asumir dicha responsabilidad.

escribe: Fernando Gil Díaz  

Y ya no es un rumor sino una triste comprobación que se confirma con hechos de las últimas horas. Tras lo que parecía una transición ejemplar que todos elogiaron a poco de iniciarse, con el transcurrir de los días la misma se fue enlenteciendo al ritmo de la improvisación que dejaron ver las nuevas autoridades y llevaron al reclamo legítimo de las cúpulas salientes que no tenían interlocutores para el traspaso.

A ello se sumaron atroces declaraciones de autoridades designadas que han movilizado a muchos a solicitar al presidente electo la no confirmación en el cargo de quien secundará al ministro de Defensa. Y como si ese clima precisara un broche final para confirmar la sensación imperante, la detención de la pareja del futuro ministro de Educación y Cultura por presunto lavado de activos parece confirmar que la sospecha se termina de completar.

Lo dicho, en pocos días asume un nuevo gobierno ávido de cambiar muchas cosas y parece ser que el velo con el que cubrieron su campaña electoral empieza a correrse dejando traslucir aspectos que se preocuparon muy bien de mantener ocultos.
El tiempo dirá si la agenda los tendrá vigentes como hicieron con el affaire Sendic o se encargan de digitar la misma al ritmo de sus propios intereses. Ellos tienen los medios, nosotros… las sospechas.

Dime con quién andas
La noticia cayó como una granada de fragmentación copando las redes sociales primero, para luego posicionarse fuertemente en los portales de noticias. Antes que nadie fue en la red del pajarito donde el comunicador Ignacio Álvarez tiró la primicia.
No faltó mucho para que en la misma red social otros hicieran el ejercicio de memoria sobre la figura de la detenida en Colonia, quien ya era sindicada como vinculada al caso Odebrecht en el año 2017 (Gabriel Pereyra en su Twitter recordando un informe de Antonio Ladra en Telemundo).

Es cierto que así como los hijos no deberían cargar las mochilas de los padres, tampoco los novios las de las novias, pero según el dicho popular «dime con quién andas y te diré quién eres», algo te vas a ligar siempre por las relaciones que tengas (si son elegidas, mucho más aún).
Nadie puede responsabilizar al futuro ministro por acciones de su pareja, pero alegar el desconocimiento que señaló, casi que inmediatamente a la noticia, parece apresurado y hasta ofensivo al entendimiento de la ciudadanía. Era más apropiado hacer silencio.
A estar por lo informado en su momento por Telemundo con el periodista Antonio Ladra, esta contadora uruguaya ya venía siendo investigada por la causa Odebrecht por la que Uruguay la tenía -con nombre y apellido- plenamente asociada al caso de coimas que se había convertido en una megacausa regional.

Y la sospecha que le cae al gobierno entrante es un rebote -inevitable y hasta merecido- para quienes trataron desde un primer momento y en la previa de la campaña electoral asociar este caso a figuras de gobierno del Frente Amplio, algo que hoy se revirtió con procesados del Partido Nacional (Dr. Pablo Correa, procesado sin prisión por la justicia argentina) y ahora con la Cra. Cykurel, pareja del futuro ministro Da Silveira.

Claro que no todo es casualidad en estos temas y las vinculaciones de más protagonistas de los partidos de la oposición tampoco son por mero azar. Esta contadora aparece también indagada en la investigación de sobornos que tienen a otro uruguayo comprometido: Bettingo Sanguinetti.
Son muchas coincidencias, en las que el tráfico de influencias que dejaron décadas de gobiernos de los partidos tradicionales se refleja impunemente -hasta ahora- con transacciones fraudulentas de pagos de coimas en las que actúan como comisionistas connotadas figuras que no pueden soslayar alguna llegada con integrantes de la coalición multicolor que nos gobernará el próximo lustro.

Y tan es así que esta ola de denuncias de corrupción y lavado de activos internacional toca también al presidente electo, quien fuera citado como referencia del Dr. Pablo Correa, sí, el mismo que terminó procesado en Argentina.
No quiero olvidar la sospecha que intentó instalar el exdiputado Pablo Abdala acerca de una presunta vinculación de la trama Odebrecht con la regasificadora, que no solo no se confirmó sino que se cerró con el pago de una compensación de 100 millones de dólares que recibió el Estado uruguayo al ejecutarse la garantía que tenía el consorcio GNLS con Gas Sayago.

El caso Odebrecht y su conexión uruguaya es una mancha que dio de lleno en el gobierno entrante y que deberá sortear con transparencia si pretende recuperar la confianza de la ciudadanía que le prestó el voto. Pero es una de tantas que empiezan a salirle a una coalición que tiene un acuerdo endeble que muestra filtraciones por varios flancos.
En el tema DDHH los dichos de Rivera Elgue no pueden pasar sin más y ponen a prueba el mando que le cabe al presidente electo, quien no debería permitir que asumiera quien justificó el terrorismo de Estado y las desapariciones de manera explícita.

A días de asumir el gobierno, la sospecha flamea por el cielo de una coalición multicolor que tiene el desafío inmediato de defender su proyecto de Ley de Urgente Consideración en medio de todo este clima de corrupción que golpea directamente a allegados a sus filas que están… bajo sospecha.
el hombre desconfiaba,
el perro olfateaba algo raro…

22
Feb
20

cristianismo e izquierda …

EL JEFE de la IGLESIA CATÓLICA: BENDIJO al NEOLIBERALISMO  herrerista y sus SOCIOS del PROCESO MILITAR FASCISTA del Uruguay 

La política debe ser autónoma y no depender de la fe
Y no fui. Hace unos días recibí una invitación para participar de una celebración religiosa (misa), en mi condición de legislador (PS-FA) y de cristiano (que intenta actuar según la perspectiva de Jesús de Nazareth).

escribe: Enzo Malán Castro / Diputado por Soriano PS-FA 

Y como la libertad, todavía, es libre, no fui… no acepté esa invitación, por lo cual varias personas me vienen consultando sobre mis motivos y he aquí que intento expresarlos.
En primer lugar hay que dejar claro que fe (fe-religiosa) y política no son la misma cosa.

Ahora, para quienes queremos vivir la fe cristiana, sin duda esa vivencia debe ser políticamente situada. Es decir, Jesús murió asesinado como preso político por su compromiso liberador para con los oprimidos… Entonces, la forma de vida del cristiano tiene, ineludiblemente, consecuencias políticas.
¿A qué viene todo esto? A que cuando uno escucha que con ciertos actos o celebraciones no hay una mixtura entre lo religioso y lo político se equivoca… o se hace para encubrir ocultos intereses políticos partidarios.

Dicho esto, tengo la sensación que estas acciones de la jerarquía de la Iglesia Católica, no son pertinentes ni oportunas en las actuales circunstancias… ¿Por qué? Porque no es posible desligar los actos de las consecuencias y entonces contribuye a que quien ve «desde fuera» va a ver que la Iglesia se posiciona desde el poder y junto a actores que añoran el pasado, tiempos de cristiandad, que impotentes al no poder dar respuesta a los nuevos problemas y desafíos de la sociedad de hoy, se aferran a un rigorismo moral, punitivo y violento sin considerar que las situaciones y problemáticas modernas revisten una complejidad tal que amerita un constante análisis, un acompañamiento, un proceso de discernimiento y de libertad que superen este modelo de sociedad.

Contribuye también a que se identifique «lo cristiano» con la reacción a los avances en los derechos de las personas. Cuando claramente no es así, no todos los cristianos estamos en esa onda de derecha. Diversas opiniones sobre el pasado reciente dan cuenta de esto o las iniciativas y leyes como el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, las políticas hacia las personas trans, la educación sexual y la perspectiva de género en los centros educativos….. son caballitos de batalla del poder religioso (expresión de la derecha) para señalar que estos avances buscan destruir la familia y la vida como valor… nada dicen de un sistema patriarcal que domina la cultura, por ejemplo.

Entonces creo que cada uno debe vivir su fe en comunidad y en forma coherente dando testimonio de defender a los más vulnerados de la sociedad. No creo que, como legislador, deba prestarme a estas situaciones… ya que no hay una política «cristiana».
La política debe ser autónoma y no depender de la fe y menos de los postulados de una religión.

Debe existir una política justa, democrática, hacia las grandes mayorías… una política que realice en la sociedad los valores de la liberación de las opresiones especialmente de los más pobres, estigmatizados y postergados, que construya una sociedad fraterna y sin desigualdades.

Y las comunidades seguidoras de Jesús estarán allí colaborando y sosteniendo la construcción de una sociedad alternativa… pero nunca al lado ni mucho menos abrazando al poder político.
Por todo esto no fui.

21
Feb
20

Chaves Sosa

Colega de armas de Manini Ríos, formados en la tenebrosa escuela de Panama, condenado por violación a los DDHH.

Derechos humanos

Caso Chaves Sosa: homologan fallo y surgen nuevos datos para fiscalía
Tabaré Vázquez homologó el fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aŕea, que dispone el pase a situación de reforma de Enrique Ribero.

Presidencia homologó un fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que tomó declaraciones al coronel retirado Enrique Ribero, encarcelado por el asesinato de Ubagésner Chaves Sosa, un militante del Partido Comunista, cuyos restos fueron hallados en el año 2005 tras ser secuestrado en 1976.

El fallo se emitió el 16 de de diciembre de 2019. El ministro de Defensa José Bayardi remitió las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En dicha acta el tribunal resolvió por unanimidad encuadrar la causa del asesinato de Chaves Sosa a manos de Ribero como un hecho que afecta el honor de las fuerzas armadas.

Con esta homologación, se determinó que Ribero pase a situación de reforma y se dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional remita inmediatamente el testimonio integro de Ribero a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, «a los efectos que esta estime pertinente en el marco de sus competencias». En los descargos realizados por Ribero da cuenta de la eventual participación en los hechos de otros funcionarios militares que son individualizados, a raíz de lo cual se impone la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.

En resumen, tras las declaraciones de Ribero al tribunal militar, los integrantes del tribunal entendieron que la actuación del coronel, a pesar de considerarse «un hecho aislado», afecta el honor de las fuerzas armadas». Así las cosas se envían los datos a Fiscalía y se pasa a reforma al militar, lo que implica varios cambios en su situación.
Entre otras cosas, implica que cobre menos pensión, aunque el dinero restado se entrega a la familia. También se pierde el derecho a usar el uniforme y ya no es reconocido como oficial.

Ribero fue condenado por la justicia en 2013 a 19 años de penitenciaría por un delito de homicidio muy especialmente agravado, al ser caratulado como «homicidio político». Dicha sentencia fue ratificada en 2014 por el Tribunal de Apelaciones y en 2015 por la Suprema Corte de Justicia.

10
Feb
20

Restauración neoliberal

El problema de la restauración, la oligarquía entreguista y el odio al pueblo trabajador y sus conquistas en el gobierno del FRENTE AMPLIO

escribe: Leandro Grille Caras y Caretas

Hemos advertido que el próximo gobierno de Lacalle Pou se orienta por la idea de la restauración de un statu quo. No podía ser de otra manera, porque la derecha política y, en un sentido relacionado pero más hondo, la clase social a la que pertenece el presidente; gobernaron desde los albores de la República y se conciben a sí mismos como los fundadores de este país y los únicos destinatarios legítimos del derecho a ejercer poder, por lo que los tres períodos del Frente Amplio constituyeron una anomalía dilatada, un interludio subversivo de un orden natural de las cosas.

Superada la época de los gobiernos de advenedizos, ahora hay que conjurar el trauma volviendo el tiempo atrás. Esto es, recuperando un estado de las cosas perdido, retornando al punto del camino donde comenzó la desviación y estableciendo de nuevo el rumbo que una vez se torció. Aunque parezca sobre elaborado, el retroceso es el objetivo de la Ley de Urgente Consideración. Y el método elegido es el guantazo, porque además de sus propósitos explícitos contenidos en los 457 artículos, hay una intención implícita de aleccionar, para lo que no sirve incurrir en el camino del diálogo y la negociación, sino la piña, lisa y llanamente.

Pero la restauración, que es el objetivo del gobierno entrante, es un problema político de fondo. Porque no es lo mismo no avanzar que volver. No es lo mismo no darte algo que quitarte cosas, y subestimar ese problema puede ser la tumba de ese proyecto.
Para no irme lejos en las elucubraciones, vayamos al terreno de lo concreto en un par de ejemplos. Durante muchos años se discutió si la formación docente debía tener carácter universitario o ser un título terciario, por su ubicación en el sistema educativo, pero no universitario. En la Ley de Educación de 2008 se consagró que la formación en educación (maestros y profesores) tiene carácter universitario. Y la Ley de Urgencia de Lacalle Pou suprime de un plumazo esa condición. Ahora imaginate que sos maestro o profesor o estudiante de magisterio o de formación docente en el IPA o en un Instituto de Formación a lo largo y ancho del país y te desayunas que desde el mismo momento en que se apruebe esta Ley de Urgente Consideración, tu título deja de ser de carácter universitario. En suma, ya no sos más una persona con formación universitaria, sino apenas terciaria o técnica.

Puede parecer una modificación simbólica, sin consecuencias prácticas en el ejercicio de tu profesión, pero es indudable que conforma un agravio a un colectivo de decenas de miles de personas y constituye la pérdida de una conquista largamente anhelada por los docentes. ¿Cómo lo van a tomar?

Veamos otro ejemplo que atañe a la docencia. En la Ley de Educación de 2008, el artículo 11 dispone la libertad de cátedra, como derecho y condición para ejercicio de la profesión docente. Pues bien, la Ley de Urgente Consideración redefine el artículo y lo sustituye por una neblinosa “autonomía técnica”. Es decir, los profesores ya no gozarán de la libertad de cátedra, que además de todo es un principio caro, sino de una de una cosa llamada “autonomía técnica” que, naturalmente, suena a menos, a mucho menos, toda vez que cualquier concepto distinto a la “libertad” no puede ser otra cosa que una restricción de la libertad.

Menciono estos dos cambios previstos en la Ley de Urgencia porque justamente no importan cuestiones económicas, sino apenas redefiniciones filosóficas o simbólicas que muchos podrían considerar no sustantivas, en tanto no tocan, en principio, el bolsillo de los afectados. Y, sin embargo, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que son cambios que van directamente a chocar con la indignación. ¿Por qué? Porque restauran, porque nos devuelven al tiempo en que esa conquista que ahora quieren suprimir era un anhelo, un sueño colectivo, una aspiración compartida por miles e ignorada por el poder.

Ahora imagínense lo que va a pasar con el resto. Con la parte de programa restaurador que va a sacarle plata y derechos al conjunto de la sociedad para transferir riquezas y consolidar privilegios en la minoría de los que más tienen. La restauración es un plan violento porque no se limita a detener el avance del progreso de la sociedad, sino que se le para en frente a la historia y arremete para arrebatar conquistas. Si te sacan una, irán por otra, y así en una interacción interminable, hasta la esclavitud si por ellos fuera.

09
Feb
20

Uruguay contra Aratirí

¿El nuevo gobierno dispuesto a perjudicar a su país?

Las prioridades de Isaac Alfie
Las multinacionales antes que Uruguay

 

escribe: Juan Raúl Ferreira

Wilson lo sentenció diez días antes de enfermarse
Tenía la intención de escribir sobre la Ley de Urgencia. Hay mucho para decir. Violaciones a la Constitución; modificación de códigos por este mecanismo; poder ser detenido sin que la Policía se identifique; hasta cómo hay que hacer los chorizos de rueda. No es broma. Yo lo oí en una murga y creí que era una exageración. El artículo 318 dice cómo deben hacer las carnicerías para elaborar chorizos de rueda (¿?). Pero algo ocurrido en EEUU nos afecta directamente y nos obliga a encarar otro tema: el futuro director de OPP declaró contra el Estado uruguayo (que se supone deberá servir) en un juicio por 3.536 millones de dólares. De una multinacional, cliente del Cr. Alfie.

La empresa querella contra Uruguay por una ley que dice que la perjudica. Estará acostumbrada a lidiar con países donde no hay separación poderes. Acá un contrato se somete a la ley y no a la inversa. Bueno: ahí está el juicio. Lo lleva un exministro de Lacalle (padre), el Dr. Carlos Delpiazzo. Y Alfie era asesor de la empresa, y lo citan: “No pude negarme a declarar”, explicó.
Yo no declararía contra mi país, y punto. Resulta obvio que durante la transición, Alfie se confirma como el futuro conductor de la política de nuestro país. El entusiasmo inicial de Luis con Arbeleche va dando paso a darse cuenta de que no calza los puntos a la hora de gobernar. Ya no sale por TV, no hace de portavoz del tema económico. No lo nota el que no lo quiere ver. También es claro que en esos cargos claves ha ido poniendo colorados. En el esquema actual, Alfie, desde OPP, con despacho a metros del de Luis, dirigirá la política económica.

Luis está en medio de su preparación para tomar el poder, en medio de una transición donde la buena voluntad -sin precedentes- del Poder Ejecutivo saliente es respondida siempre con alguna patada en las canillas (se olvidan que terminó la campaña electoral). En eso, resurge el juicio de Aratirí contra el Estado uruguayo. ¡Qué ingenuos! Creíamos que todo el gobierno electo iba a estar del lado de Uruguay y no de la multinacional reclamante.

No fue así. Tras la reunión en presencia de Luis y su equipo, el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó el proceso como una transición de gobierno «fluida, ordenada y transparente”. Resultó ser transparente de un solo lado. El prosecretario designado, Rodrigo Ferrés, mano a mano con su predecesor, Andrés Roballo, declaró a la prensa que no había nada que decir sobre los juicios contra el Estado. Afirmó que se estaban llevando muy bien y el nuevo gobierno, iba a seguir, al respecto, la línea del actual.

¿Entonces? Están de acuerdo con la posición del gobierno en los juicios, pero la figura clave del equipo económico va a declarar en contra de Uruguay a favor la empresa multinacional. ¿Por qué? ¿Por que cree que el gobierno actual no tiene razón? No. Si ya dijeron que estaban de acuerdo. La respuesta es que Alfie estaba contratado por la multinacional. Bueno, cada uno es como es y si el cree que valen más los honorarios que el interés nacional… allá él. Pero entonces renuncia y, si no lo hace, el presidente electo se lo pide.
Todo lo contrario; Luis sale de ojotas, barba y sudadera a respaldarlo. El País del lunes 27 de enero afirma que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, fue informado “desde un primer momento por parte de Isaac Alfie a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.

Es más, el día previo, Luis había sacado un comunicado escrito en el que expresamente decía que sabía “desde un primer momento, por parte de Isaac Alfie, a propósito de una asesoría técnico profesional para un estudio jurídico contratado por la empresa Aratirí”.
Es decir, quien será nuestro presidente no considera incompatible dirigir la economía del país y estar contratado por una multinacional. Es más: si surge un conflicto de intereses, debe optar por su cliente y no por su país. O sea, el tema no se agota en un cipayismo puntual, sino que queda como precedente.

Hoy releía la conferencia de Wilson del 10 de julio de 1987 (una semana antes de caer enfermo mortalmente, casi un testamento político), organizada por el Celadu. Fue en la sede del Banco Central, donde tras desarrollar la idean culminaba sentenciando: “¿Se dan cuenta? No necesito analizar una tesis que invoca al liberalismo para negarlo […] Cuando se define el (neo)liberalismo económico, debo decir: ‘Yo no soy eso’”.
Uruguay estuvo representado en la audiencia en Washington por representantes de Presidencia de la República y los ministerios de Transporte y Obras Públicas; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Industria, Energía y Minería. El gobierno electo: por el testigo de la contraparte que demanda a Uruguay. Alfie fue contra preguntado por el estudio que representó a Uruguay, Foley Hoag, que lo apretó para demostrar que no tenía razón. Hizo un intenso interrogatorio.

Cuando me contaron, me pasó como la noticia del gobierno en la Ley de Urgencia con la receta de los chorizos; no creí. Creí que era un chiste. Pero lamentablemente no lo era. Como los chorizos, era cierto.

08
Feb
20

Neoliberalismo en Uruguay desde marzo

NUBARRONES de la MULTICOLOR de Lacalle y Manini, se avecinan para trabajadores, pequeños productores, comerciantes de la ciudad y el campo: Volveremos al modelo liberal y concentrador; Algunas reflexiones sobre lo que viene.

escribe: Daniel Olesker 

EL MODELO LIBERAL Y CONCENTRADOR

La década de los 90 consolido un modelo económico y social cuya génesis estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado durante los años 70.
La base de ese modelo se sustentaba en las recomendaciones que, para los países «subdesarrollados» (dependientes llamaremos nosotros), definían los organismos internacionales de créditos y los países desarrollados (dominantes llamaremos nosotros). Dichas recomendaciones fueron sistematizadas en los que se conoció en 1989 como el Consenso de Washington . Sus principales ejes eran la liberalización reduciendo al máximo las regulaciones estatales en la economía, la apertura irrestricta y sin condicionamientos y la privatización de los servicios públicos.

Uruguay ya había iniciado ese proceso en los 70 con la liberalización financiera, la liberalización de los precios de bienes y servicios, todo ello acompañado de una profunda concentración de los ingresos. Los años 90 completaron ese proceso con la liberalización irrestricta del comercio exterior, la desregulación del mercado de trabajo, la reducción de las principales regulaciones en varios servicios sociales como por ejemplo salud y vivienda, y un proceso parcial de reducción de la acción de las empresas públicas. (parcial pues la venta de ellas fue aprobado por el parlamento y derogado por un plebiscito popular).
Se consolidó así un modelo liberal y aperturista por su concepción y concentrador y excluyente por sus impactos, que hemos denominado modelo LACE.

EL MODELO REGULADOR Y DISTRIBUTIVO
La gran tarea de los últimos 15 años fue desmontar esa visión liberal, dando al estado un papel relevante en la regulación de los procesos económicos y sociales y revertir los procesos de concentración y exclusión, dando al Estado igualmente un rol relevante en los procesos de distribución del ingreso y de inclusión social.
Hemos escrito mucho sobre esto; tan solo resumo ejemplos relevantes. Para el primer objetivo la reglamentación de la ley de inversiones, la nueva ley de educación, la reforma del sistema de salud, entre otros. Para el segundo objetivo, el restablecimiento de los consejos de salarios acompañados de una política activa del Estado para aumentar los salarios, en particular los más bajos, otra vez la reforma de la salud, la reforma tributaria, las políticas de inclusión del MIDES, entre otras.
Todo ello dio como resultado una mejora en la igualdad y al mismo tiempo una política pública alineada con esos objetivos y con la clara intención de generar equilibrios de poder que las relaciones de mercado agudizan en favor de los sectores más concentrados, tanto entre capitalistas y trabajadores, como al interior de la competencia entre empresas.

Y esta política fue posible por la concepción de economía política que primó en la gestión pública.
Y en esa concepción estuvo ligada a la visión de gasto público en la que por un lado se dio prioridad al gasto social y por otro se apuntó a un crecimiento del gasto sustentado en ingresos públicos y en una estrategia sostenible de endeudamiento público.

Y fue así que a fines de 2011 en un contexto de reformas y profundización de las políticas de inclusión social se decidió aumentar el gasto social con orientaciones bien específicas y programas definidos, como Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, Cercanías, modificaciones sustantivas en los programas de transferencias monetarias, la creación del programa de asistentes personales para personas con discapacidad (antecedente central del sistema de cuidados creado en 2015) y un aumento adicional al del presupuesto en el gasto educativo.

Ello impactó de manera relevante en el gasto social de 2012 a 2014 y fue financiado por una sostenible política de deuda pública. A esto hay que sumarle un relevante refuerzo presupuestal para el Ministerio de Vivienda para ampliar la construcción de 4 mil viviendas cooperativas.
Y al mismo tiempo hubo un aumento de la inversión pública que llevó al ratío Inversión Pública sobre PBI más alto de la historia del país, con un promedio en la década del 4,2% del PBI, creando obras claves para el Uruguay productivo, como la conexión energética con Brasil, la fibra óptica, la mejora de los muelles de los puertos y la desulfurizadora.
Esta y no otra es la explicación del aumento del gasto público y por ende del resultado fiscal culminado 2014.

QUE NOS ESPERA EN EL FUTURO?
Como hemos dicho la política pública del próximo quinquenio va a tener tres definiciones centrales: La ley de Urgente Consideración. La ley de Presupuesto y las pautas del poder Ejecutivo para la negociación salarial de este año 2020.
La ley de urgente consideración ya conocemos una primera propuesta a consideración de la coalición multicolor y tenemos algunas pistas dadas sobre todo en la campaña y en el documento de compromiso de dicha coalición. Sobre esas bases comenzaremos a analizar el futuro.
La ley, que es aun un proyecto ya da muchas pistas que iremos analizando en el correr de estas columnas.
Queremos a cuenta de ello adelantar una visión primaria cuyo fundamento es que el carácter liberal y concentrador se expresa en esta ley.
¿Por que decimos esto?

Primero porque se impulsa un regla fiscal que limita el aumento anual del gasto y quita flexibilidad para atender necesidades sociales relevantes. Cin ella no hubiéramos creado 2012 Jóvenes en Red ni Uruguay crece contigo ni el programa de asistente personales, etc.
El concepto de balance estructural y de crecimiento potencial de la economía planteados como ejes para esta regla no podemos considerarlos temas neutros y son parte de la economía política.
Sobre este punto particularmente ahondaremos en próximas notas.
Pero afirmamos que en realidad se la piensa como una estrategia de contener el gasto público.

Segundo porque la eliminar la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios por inclusión financiera así como grandes pagos, abre el camino a la reducción de la transparencia por un lado y a impactar sobre los mas débiles. Otra vez el rol del estado para equilibrar poder se reduce para beneficiar a los más poderosos.
Tercero porque abre un amplio espectro de limitaciones a las empresas públicas, dando mayor poder a los organismos reguladores y en particular insiste con la derogación del monopolio de importación y refinación de ANCAP que claramente pone en peligro la empresa pública. También sobre esto profundizaremos en notas posteriores y sobre esto también el debate se centra entre una supuesta economía técnica que pretende dar fundamento a una visión empresarial de estas empresas con una visión de economía política.
En síntesis, y más allá de la versión final y del desarrollo en profundidad de cada punto que iremos desarrollando la primera visión nos da pautas de identidad con el modelo LACE (liberal aperturista concentrador y excluyente).

Otro tema que quiero insistir en este debate sobre nuestro futuro es la repetida frase de: Hay que ser cauteloso en la política salarial para no afectar el empleo».
Esta frase de orientación neoclásica traslada la contradicción capital – trabajo al ámbito de unos trabajadores contra otros, no presenta evidencia empírica de que el problema del empleo obedece a los salarios. De hechos en los dos últimos años el salario real creció 1,44 promedio y si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2017 no creció y sin embargo el empleo no se reactivó.

Por ello, y a espera de cual será la pauta salarial para la ronda de consejo de salarios, advertimos sobre esta insistencia y la de vincular el aumento salarial a la productividad.
En síntesis vemos con preocupación el futuro.

01
Feb
20

Gobiernos de derecha …

Sin pensamiento crítico no hay práctica emancipadora

escribe: Emir Sader 

 

UNA LECCIÓN SOCIAL PARA LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA CONTINENTAL:

América Latina no sería víctima de la fuerte ofensiva de la derecha, si ésta no contara con las debilidades de la izquierda latinoamericana. El elemento común en la recuperación de fuerza de la derecha ha sido el rescate por parte de la derecha de bases sociales de apoyo que los gobiernos progresistas habían logrado. Gobiernos que habían sido electos o reelectos con altos niveles de apoyo electoral, fueron derrotados o han sido arrinconados porque su apoyo cayó a niveles apenas mayoritarios.

No tanto por una pérdida de bases de apoyo de sectores medios de la población -aunque también la hubo- sino sobre todo por una pérdida en sectores populares, o sea entre los beneficiarios directos de las políticas sociales de los gobiernos progresistas. Estos sectores han sido captados por fuerzas de derecha, en base a fuertes campañas mediáticas y a mecanismos de persecución y criminalización política de líderes de la izquierda.

Como resultado, a pesar de poseer un programa de gobierno con un potencial de amplio arraigo popular, los gobiernos de izquierda han sido derrotados o han triunfado por márgenes exiguos de votos, frente a una derecha que no puede enfrentarse a ese programa, porque no posee propuestas de políticas sociales. Que tiene que desplazar la agenda central de los países hacia temas como corrupción, seguridad pública o temas conservadores de carácter moral.

La izquierda latinoamericana había sido hegemónica en los países donde había logrado hacer elegir y reelegir a sus gobiernos, todos antineoliberales en su esencia. Aquí me voy a detener en un aspecto de las debilidades que han llevado a los retrocesos de esos gobiernos: la incapacidad del pensamiento crítico latinoamericano de acompañar esos avances, de comprender su naturaleza, sus fortalezas y debilidades, y su nula contribución al análisis de esos procesos, su falta de apoyo y promoción de políticas para superar esos problemas.

Al principio sí hubo involucramiento de sectores del pensamiento crítico, incluido de sus principales entidades, en los gobiernos que recién surgían. No participaron todos los sectores del pensamiento social, en parte porque algunos pensadores eran críticos de algunos aspectos de esos gobiernos, en parte porque otros se desconectaron absolutamente del carácter progresista de esos gobiernos, muchas veces sumándose a la derecha en la oposición.

Por eso, cuando los gobiernos progresistas empezaron a enfrentar más dificultades por la recuperación de iniciativa de la derecha, la incapacidad de formulación teórica de la crisis dificultó todavía más una reacción del campo progresista. Al no contar con amplios debates que apuntaran hacia las debilidades que facilitaban la retomada de iniciativa de la derecha, se perdió la disputa sobre temas teóricos y políticos centrales como la democracia y el rol del Estado, entre otros. Entonces se produjo un repliegue de gran parte de la intelectualidad hacia las universidades, ámbitos cerrados sobre sí mismos en sus temas prioritarios de análisis, afectados por procesos de burocratización que han afectado a estas entidades que deberían representar y movilizar al pensamiento crítico.

Hoy la capacidad de comprensión de los problemas actuales de América Latina se concentra alrededor de los principales líderes de la izquierda en el continente (foto, Lula da Silva), porque no se puede separar a los enfoques teóricos de las salidas políticas concretas. Pero estas políticas requieren una comprensión de mayor profundidad y alcance de la crisis que vive el continente y de sus perspectivas de superación positiva.

Sin la participación activa y creativa del pensamiento crítico latinoamericano no podremos salir de esta crisis con fuerza suficiente como para impulsar un nuevo ciclo progresista en nuestros países. Del mismo modo, sin una salida política concreta, el pensamiento crítico se agotará al no poder rearticularse con la práctica política real existente.




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