NEONAZIS en gestión, militares de la dictadura, herrerismo NEOLIBERAL, anti DERECHOS, LAVADORES amigos y se te movilizas PALO !! ese es el cambio que se viene con Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Po Brito del Pino
Van de la mano: un modelo neoliberal y un Estado autoritario para implementarlo
escribe: Gustavo Buquet / economista y doctor en Comunicación
El borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), dado a conocer el 20 enero por el presidente electo Luis Lacalle Pou, más allá de los cambios que pueda recibir en el Parlamento, en su integralidad, en su concepto, refleja de forma fehaciente el proyecto de gobierno del presidente electo y sus aliados.
Esquemáticamente, y dejando de lado algunas partes del proyecto, este puede clasificarse en dos grandes grupos de artículos. Por una parte, aquellos que pretenden generar un marco normativo para profundizar e implementar un modelo económico neoliberal, y por otra, aquellos que impulsarían la creación de un Estado autoritario. Van de la mano: el segundo facilita la realización del primero.
El Estado neoliberal
El artículo de la LUC más directo en este sentido liberaliza la importación de petróleo crudo y sus derivados. Es claro que quienes entrarían a competir en este mercado serían empresas multinacionales (por ejemplo, Petrobras de Brasil, o Axion de Argentina). Estas tienen un mayor poder de mercado que ANCAP, y por lo tanto deja al ente estatal en una situación de desventaja, con una estructura de costos fija creada para abastecer a todo el mercado, que lo llevaría rápidamente a una asociación con una multinacional, o directamente a su privatización.
Uno más indirecto, pero que está vinculado a los programas de la coalición de gobierno, es el artículo que posibilita que operadores privados puedan proveer datos (internet) por cable, y por tanto aparezcan importantes operadores privados en un mercado que hasta ahora lo ha provisto sólo Antel. En los hechos, este artículo permitiría a operadores que venden datos vender servicios de televisión y viceversa. Además de actores nacionales, podrían entrar a este mercado empresas multinacionales, como Movistar y Claro.
Como se puede apreciar, estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.
Junto con estas medidas se da mayor poder de autonomía a las agencias reguladoras de los sectores de la energía (URSEA) y las telecomunicaciones (URSEC); una señal clara de mayor “neutralidad” a la hora de establecer normas o discernir problemas de competencia entre las empresas multinacionales y las empresas estatales o nacionales.
Además, en el proyecto de la LUC se propone conceptualmente una tendencia mercantilizadora de la educación. Llama particularmente la atención el artículo que elimina la prohibición de Uruguay de firmar tratados internacionales que consideren a la educación un bien lucrativo o de mercado. Se estaría dando vía libre para firmar acuerdos comerciales que consideren a la educación como un servicio privado, y, como tal, comercializable.
En este mismo sentido, a escala nacional, también hay artículos que introducen una mayor participación de los actores privados en los organismos de decisión, así como modificaciones en este sentido a nivel simbólico. Por ejemplo, hacen desaparecer la definición de “público” del sistema nacional de educación.
Vinculado a la concepción de los derechos que impulsa este tipo de modelo económico, se elimina de la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) toda referencia a la pobreza y la emergencia social, además de retroceder en derechos de las personas mayores, discapacitados y niños.
En cuanto a la inclusión financiera, deja librado a los empleadores el mecanismo de pago de sueldos; así quedan en desventaja los trabajadores más vulnerables (no cumplir el laudo, pagar en negro y no realizar aportes), además de permitir transacciones en efectivo, lo cual posibilita la evasión y el blanqueo de dinero.
Algo más específico, pero igualmente vinculado a esta concepción: una serie de artículos regulan el desalojo de viviendas de alquiler, eliminando derechos de los inquilinos y haciendo expedito el desalojo.
Estas medidas dan un enorme poder a empresas multinacionales en sectores en que hoy el poder lo tienen las empresas estatales y grupos económicos nacionales.
Por último, para cumplir con su promesa de reducir el gasto del Estado en 900 millones de dólares, desarrollan una gran cantidad de artículos que se proponen reducir el tamaño del Estado, y de su gasto. Empezando por la regla fiscal, que impondrá por un plazo de cinco años un límite al gasto en la Ley General de Presupuesto, que luego, independientemente de las condiciones del país, no se podrá cambiar.
En este sentido también van los artículos de la disminución de ingresos de funcionarios según vacantes, el estudio de racionalización del Estado, y los artículos relacionados con la reasignación de los funcionarios públicos.
En realidad, la consecuencia de los modelos neoliberales, de reducir al mínimo la intervención del Estado, implica una menor regulación, una mayor liberalización de los mercados, incluido el mercado de trabajo, donde la variable principal es el valor del trabajo, es decir, el salario. Uno de los objetivos fundamentales de los modelos neoliberales, y así se ha observado en los países vecinos donde se han aplicado, es el recorte de las políticas sociales y la disminución del salario real, y por consiguiente la concentración de los ingresos y de la riqueza.
El Estado autoritario
Para imponer un modelo que permita reducir conquistas sociales, entre otras la del aumento del salario, se necesita de un Estado autoritario.
En primer lugar, y en este mismo sentido, el proyecto de la LUC propone que “el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones (…)” al derecho de huelga.
En segundo lugar, y de forma más categórica, el proyecto de la LUC plantea literalmente la prohibición del derecho a manifestarse en espacios públicos, y su inmediata represión: “Declárase ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios (…)”; a continuación habilita el uso de la fuerza para su disolución, y por último permite la detención de sujetos que estén envueltos en estos “piquetes” y que cometan hechos “de apariencia delictiva”.
Luego de estos dos artículos, claramente restrictivos de derechos consagrados en la Constitución de la República, se propone una serie de artículos que blindan a la Policía para posibilitar el abuso de autoridad y violar derechos fundamentales, como las garantías del debido proceso y libertades individuales.
El primero de ellos es el de agravio a la autoridad: un individuo podrá ser castigado con hasta tres años de penitenciaría por el hecho de “agraviar, ofender o menospreciar” a un policía, por lo que quedará discrecionalmente en manos de la Policía reportar dichas acciones. Algo parecido surge con el artículo que define una condena de hasta tres años de penitenciaría por “resistencia al arresto”; algo que obviamente puede ocurrir, pero claramente también puede ser utilizado como mecanismos de abuso de poder de la autoridad. También en este capítulo de Seguridad se da potestades a la Policía a solicitar identificación a cualquier ciudadano; esto modifica la normativa vigente, por la cual la Policía puede solicitar la identificación en el marco de procedimientos que tienen por objeto la detención de personas requeridas por la Justicia. También, en varios artículos, se da potestades a la Policía para indagar y buscar pruebas, ampliando el plazo en que debe de comunicar dicha detención al fiscal, hasta el extremo del artículo 61, por el cual la Policía, para el esclarecimiento de un delito, “(…) podrá interrogar autónomamente al imputado a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito imputado. Atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones del imputado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal”. Sin límite de tiempo, sin llamar a un abogado o al fiscal; ¿a través de qué mecanismo constitucional van a obtener la información?; ¿y si la persona se niega a declarar? ¿Será que están promoviendo que la Policía utilice métodos que se aplicaron en la dictadura?
Finalmente, el proyecto define la legítima defensa y la presunción de inocencia, respectivamente, tanto para los efectivos policiales como de las Fuerzas Armadas, dándoles el marco normativo necesario para que se puedan aplicar, con respaldo legal y hasta el extremo, todos los artículos anteriores con total impunidad.
Este proyecto de LUC no sólo da potestades a la Policía para que pueda haber situaciones de abuso, sino que lo respalda conceptualmente. En su artículo 151 elimina de la currícula de la formación militar y policial la obligatoriedad de estudiar derechos humanos.
El proyecto también modifica la Ley de Inteligencia, al pasar el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado de una Coordinación a una Dirección; propone que el director del sistema pase a formar parte del Consejo de Defensa Nacional, y explicita que el presidente de la República y el ministro de Defensa definen la política estratégica de inteligencia. En pocas palabras, la propuesta vigente, que considera la política de inteligencia como aquella que articula la información estratégica de todos los ámbitos, queda supeditada fundamentalmente a la defensa, una defensa que toma papel protagónico en la defensa interior, una inteligencia que es preparada nuevamente para investigar posibles “enemigos internos”.
Este modelo autoritario también se refleja en el proyecto de la LUC al interior del Estado. En este sentido, dirige políticas específicas hacia los funcionarios públicos. Por ejemplo, en la educación da mayores atribuciones al Ministerio de Educación y Cultura y menor autonomía a los organismos de la enseñanza. A su vez, posibilita en el Codicen que las resoluciones se aprueben por tres quintos, o sea, sólo alcanza con los votos de los directores designados por el Poder Ejecutivo (con venia parlamentaria), cuando actualmente se necesitan cuatro quintos. Se eliminan los consejos colectivos de los organismos de la enseñanza y se cambian por directores generales. Es decir, se concentra el poder de decisión en toda la pirámide. Para impedir la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, se elimina también la libertad de cátedra.
En cuanto a los funcionarios en general, aumenta la movilidad de los del Estado central a los servicios descentralizados y viceversa. Se prevé una reestructura del Mides, en donde se podrá disminuir la jerarquía a los actuales funcionarios (léase disminuir la capacidad de decisión técnica de funcionarios que no sean afines ideológicamente al gobierno). A los efectos de un mayor control de los funcionarios, se pondrá delegados de la Oficina Nacional del Servicio Civil en todas las dependencias públicas.
Modificaciones al proyecto
Si la mirada a este proyecto se realiza por capítulos, las organizaciones vinculadas encontrarán fundadas razones para impulsar cambios a la propuesta de redacción de los artículos de la LUC que los afectan específicamente. También, una vez aprobado el proyecto de ley en el Parlamento, podrían impulsar su derogación. La perspectiva integral o conceptual permite visualizar que, si bien sería importante introducir cambios en este proyecto, en realidad todas las organizaciones sociales y políticas que tienen reparos sobre este proyecto deberían delinear una estrategia conjunta para derogar todos los artículos que afecten de manera grave las conquistas en libertades y derechos que ha logrado el Uruguay a lo largo de su historia.
Colega de armas de Manini Ríos, formados en la tenebrosa escuela de Panama, condenado por violación a los DDHH.
Derechos humanos
Caso Chaves Sosa: homologan fallo y surgen nuevos datos para fiscalía
Tabaré Vázquez homologó el fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aŕea, que dispone el pase a situación de reforma de Enrique Ribero.
Presidencia homologó un fallo del Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que tomó declaraciones al coronel retirado Enrique Ribero, encarcelado por el asesinato de Ubagésner Chaves Sosa, un militante del Partido Comunista, cuyos restos fueron hallados en el año 2005 tras ser secuestrado en 1976.
El fallo se emitió el 16 de de diciembre de 2019. El ministro de Defensa José Bayardi remitió las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. En dicha acta el tribunal resolvió por unanimidad encuadrar la causa del asesinato de Chaves Sosa a manos de Ribero como un hecho que afecta el honor de las fuerzas armadas.
Con esta homologación, se determinó que Ribero pase a situación de reforma y se dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional remita inmediatamente el testimonio integro de Ribero a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, «a los efectos que esta estime pertinente en el marco de sus competencias». En los descargos realizados por Ribero da cuenta de la eventual participación en los hechos de otros funcionarios militares que son individualizados, a raíz de lo cual se impone la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
En resumen, tras las declaraciones de Ribero al tribunal militar, los integrantes del tribunal entendieron que la actuación del coronel, a pesar de considerarse «un hecho aislado», afecta el honor de las fuerzas armadas». Así las cosas se envían los datos a Fiscalía y se pasa a reforma al militar, lo que implica varios cambios en su situación.
Entre otras cosas, implica que cobre menos pensión, aunque el dinero restado se entrega a la familia. También se pierde el derecho a usar el uniforme y ya no es reconocido como oficial.
Ribero fue condenado por la justicia en 2013 a 19 años de penitenciaría por un delito de homicidio muy especialmente agravado, al ser caratulado como «homicidio político». Dicha sentencia fue ratificada en 2014 por el Tribunal de Apelaciones y en 2015 por la Suprema Corte de Justicia.
El problema de la restauración, la oligarquía entreguista y el odio al pueblo trabajador y sus conquistas en el gobierno del FRENTE AMPLIO
escribe: Leandro Grille Caras y Caretas
Hemos advertido que el próximo gobierno de Lacalle Pou se orienta por la idea de la restauración de un statu quo. No podía ser de otra manera, porque la derecha política y, en un sentido relacionado pero más hondo, la clase social a la que pertenece el presidente; gobernaron desde los albores de la República y se conciben a sí mismos como los fundadores de este país y los únicos destinatarios legítimos del derecho a ejercer poder, por lo que los tres períodos del Frente Amplio constituyeron una anomalía dilatada, un interludio subversivo de un orden natural de las cosas.
Superada la época de los gobiernos de advenedizos, ahora hay que conjurar el trauma volviendo el tiempo atrás. Esto es, recuperando un estado de las cosas perdido, retornando al punto del camino donde comenzó la desviación y estableciendo de nuevo el rumbo que una vez se torció. Aunque parezca sobre elaborado, el retroceso es el objetivo de la Ley de Urgente Consideración. Y el método elegido es el guantazo, porque además de sus propósitos explícitos contenidos en los 457 artículos, hay una intención implícita de aleccionar, para lo que no sirve incurrir en el camino del diálogo y la negociación, sino la piña, lisa y llanamente.
Pero la restauración, que es el objetivo del gobierno entrante, es un problema político de fondo. Porque no es lo mismo no avanzar que volver. No es lo mismo no darte algo que quitarte cosas, y subestimar ese problema puede ser la tumba de ese proyecto.
Para no irme lejos en las elucubraciones, vayamos al terreno de lo concreto en un par de ejemplos. Durante muchos años se discutió si la formación docente debía tener carácter universitario o ser un título terciario, por su ubicación en el sistema educativo, pero no universitario. En la Ley de Educación de 2008 se consagró que la formación en educación (maestros y profesores) tiene carácter universitario. Y la Ley de Urgencia de Lacalle Pou suprime de un plumazo esa condición. Ahora imaginate que sos maestro o profesor o estudiante de magisterio o de formación docente en el IPA o en un Instituto de Formación a lo largo y ancho del país y te desayunas que desde el mismo momento en que se apruebe esta Ley de Urgente Consideración, tu título deja de ser de carácter universitario. En suma, ya no sos más una persona con formación universitaria, sino apenas terciaria o técnica.
Puede parecer una modificación simbólica, sin consecuencias prácticas en el ejercicio de tu profesión, pero es indudable que conforma un agravio a un colectivo de decenas de miles de personas y constituye la pérdida de una conquista largamente anhelada por los docentes. ¿Cómo lo van a tomar?
Veamos otro ejemplo que atañe a la docencia. En la Ley de Educación de 2008, el artículo 11 dispone la libertad de cátedra, como derecho y condición para ejercicio de la profesión docente. Pues bien, la Ley de Urgente Consideración redefine el artículo y lo sustituye por una neblinosa “autonomía técnica”. Es decir, los profesores ya no gozarán de la libertad de cátedra, que además de todo es un principio caro, sino de una de una cosa llamada “autonomía técnica” que, naturalmente, suena a menos, a mucho menos, toda vez que cualquier concepto distinto a la “libertad” no puede ser otra cosa que una restricción de la libertad.
Menciono estos dos cambios previstos en la Ley de Urgencia porque justamente no importan cuestiones económicas, sino apenas redefiniciones filosóficas o simbólicas que muchos podrían considerar no sustantivas, en tanto no tocan, en principio, el bolsillo de los afectados. Y, sin embargo, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que son cambios que van directamente a chocar con la indignación. ¿Por qué? Porque restauran, porque nos devuelven al tiempo en que esa conquista que ahora quieren suprimir era un anhelo, un sueño colectivo, una aspiración compartida por miles e ignorada por el poder.
Ahora imagínense lo que va a pasar con el resto. Con la parte de programa restaurador que va a sacarle plata y derechos al conjunto de la sociedad para transferir riquezas y consolidar privilegios en la minoría de los que más tienen. La restauración es un plan violento porque no se limita a detener el avance del progreso de la sociedad, sino que se le para en frente a la historia y arremete para arrebatar conquistas. Si te sacan una, irán por otra, y así en una interacción interminable, hasta la esclavitud si por ellos fuera.
NUBARRONES de la MULTICOLOR de Lacalle y Manini, se avecinan para trabajadores, pequeños productores, comerciantes de la ciudad y el campo: Volveremos al modelo liberal y concentrador; Algunas reflexiones sobre lo que viene.
escribe: Daniel Olesker
EL MODELO LIBERAL Y CONCENTRADOR
La década de los 90 consolido un modelo económico y social cuya génesis estuvo en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado durante los años 70.
La base de ese modelo se sustentaba en las recomendaciones que, para los países «subdesarrollados» (dependientes llamaremos nosotros), definían los organismos internacionales de créditos y los países desarrollados (dominantes llamaremos nosotros). Dichas recomendaciones fueron sistematizadas en los que se conoció en 1989 como el Consenso de Washington . Sus principales ejes eran la liberalización reduciendo al máximo las regulaciones estatales en la economía, la apertura irrestricta y sin condicionamientos y la privatización de los servicios públicos.
Uruguay ya había iniciado ese proceso en los 70 con la liberalización financiera, la liberalización de los precios de bienes y servicios, todo ello acompañado de una profunda concentración de los ingresos. Los años 90 completaron ese proceso con la liberalización irrestricta del comercio exterior, la desregulación del mercado de trabajo, la reducción de las principales regulaciones en varios servicios sociales como por ejemplo salud y vivienda, y un proceso parcial de reducción de la acción de las empresas públicas. (parcial pues la venta de ellas fue aprobado por el parlamento y derogado por un plebiscito popular).
Se consolidó así un modelo liberal y aperturista por su concepción y concentrador y excluyente por sus impactos, que hemos denominado modelo LACE.
EL MODELO REGULADOR Y DISTRIBUTIVO
La gran tarea de los últimos 15 años fue desmontar esa visión liberal, dando al estado un papel relevante en la regulación de los procesos económicos y sociales y revertir los procesos de concentración y exclusión, dando al Estado igualmente un rol relevante en los procesos de distribución del ingreso y de inclusión social.
Hemos escrito mucho sobre esto; tan solo resumo ejemplos relevantes. Para el primer objetivo la reglamentación de la ley de inversiones, la nueva ley de educación, la reforma del sistema de salud, entre otros. Para el segundo objetivo, el restablecimiento de los consejos de salarios acompañados de una política activa del Estado para aumentar los salarios, en particular los más bajos, otra vez la reforma de la salud, la reforma tributaria, las políticas de inclusión del MIDES, entre otras.
Todo ello dio como resultado una mejora en la igualdad y al mismo tiempo una política pública alineada con esos objetivos y con la clara intención de generar equilibrios de poder que las relaciones de mercado agudizan en favor de los sectores más concentrados, tanto entre capitalistas y trabajadores, como al interior de la competencia entre empresas.
Y esta política fue posible por la concepción de economía política que primó en la gestión pública.
Y en esa concepción estuvo ligada a la visión de gasto público en la que por un lado se dio prioridad al gasto social y por otro se apuntó a un crecimiento del gasto sustentado en ingresos públicos y en una estrategia sostenible de endeudamiento público.
Y fue así que a fines de 2011 en un contexto de reformas y profundización de las políticas de inclusión social se decidió aumentar el gasto social con orientaciones bien específicas y programas definidos, como Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, Cercanías, modificaciones sustantivas en los programas de transferencias monetarias, la creación del programa de asistentes personales para personas con discapacidad (antecedente central del sistema de cuidados creado en 2015) y un aumento adicional al del presupuesto en el gasto educativo.
Ello impactó de manera relevante en el gasto social de 2012 a 2014 y fue financiado por una sostenible política de deuda pública. A esto hay que sumarle un relevante refuerzo presupuestal para el Ministerio de Vivienda para ampliar la construcción de 4 mil viviendas cooperativas.
Y al mismo tiempo hubo un aumento de la inversión pública que llevó al ratío Inversión Pública sobre PBI más alto de la historia del país, con un promedio en la década del 4,2% del PBI, creando obras claves para el Uruguay productivo, como la conexión energética con Brasil, la fibra óptica, la mejora de los muelles de los puertos y la desulfurizadora.
Esta y no otra es la explicación del aumento del gasto público y por ende del resultado fiscal culminado 2014.
QUE NOS ESPERA EN EL FUTURO?
Como hemos dicho la política pública del próximo quinquenio va a tener tres definiciones centrales: La ley de Urgente Consideración. La ley de Presupuesto y las pautas del poder Ejecutivo para la negociación salarial de este año 2020.
La ley de urgente consideración ya conocemos una primera propuesta a consideración de la coalición multicolor y tenemos algunas pistas dadas sobre todo en la campaña y en el documento de compromiso de dicha coalición. Sobre esas bases comenzaremos a analizar el futuro.
La ley, que es aun un proyecto ya da muchas pistas que iremos analizando en el correr de estas columnas.
Queremos a cuenta de ello adelantar una visión primaria cuyo fundamento es que el carácter liberal y concentrador se expresa en esta ley.
¿Por que decimos esto?
Primero porque se impulsa un regla fiscal que limita el aumento anual del gasto y quita flexibilidad para atender necesidades sociales relevantes. Cin ella no hubiéramos creado 2012 Jóvenes en Red ni Uruguay crece contigo ni el programa de asistente personales, etc.
El concepto de balance estructural y de crecimiento potencial de la economía planteados como ejes para esta regla no podemos considerarlos temas neutros y son parte de la economía política.
Sobre este punto particularmente ahondaremos en próximas notas.
Pero afirmamos que en realidad se la piensa como una estrategia de contener el gasto público.
Segundo porque la eliminar la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios por inclusión financiera así como grandes pagos, abre el camino a la reducción de la transparencia por un lado y a impactar sobre los mas débiles. Otra vez el rol del estado para equilibrar poder se reduce para beneficiar a los más poderosos.
Tercero porque abre un amplio espectro de limitaciones a las empresas públicas, dando mayor poder a los organismos reguladores y en particular insiste con la derogación del monopolio de importación y refinación de ANCAP que claramente pone en peligro la empresa pública. También sobre esto profundizaremos en notas posteriores y sobre esto también el debate se centra entre una supuesta economía técnica que pretende dar fundamento a una visión empresarial de estas empresas con una visión de economía política.
En síntesis, y más allá de la versión final y del desarrollo en profundidad de cada punto que iremos desarrollando la primera visión nos da pautas de identidad con el modelo LACE (liberal aperturista concentrador y excluyente).
Otro tema que quiero insistir en este debate sobre nuestro futuro es la repetida frase de: Hay que ser cauteloso en la política salarial para no afectar el empleo».
Esta frase de orientación neoclásica traslada la contradicción capital – trabajo al ámbito de unos trabajadores contra otros, no presenta evidencia empírica de que el problema del empleo obedece a los salarios. De hechos en los dos últimos años el salario real creció 1,44 promedio y si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2017 no creció y sin embargo el empleo no se reactivó.
Por ello, y a espera de cual será la pauta salarial para la ronda de consejo de salarios, advertimos sobre esta insistencia y la de vincular el aumento salarial a la productividad.
En síntesis vemos con preocupación el futuro.
Visión Universitaria 