Entrevista a Alfredo Rada Vélez, viceministro de coordinación con movimientos sociales
“Es hora de separar a patrones de trabajadores dentro del cooperativismo minero”
Revista Rebelión
Las organizaciones de las cooperativas mineras efectuaron durante una semana bloqueos de caminos que afectaron a los departamentos de la parte occidental de Bolivia. La acción de protesta alcanzó su pico máximo de violencia el jueves 25 de agosto con el asesinato del viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes. Luego de ese crimen y el repudio ciudadano que generó hacia los cooperativistas, sus bloqueos fueron inmediatamente levantados. Sobre estos hechos conversamos con el viceministro de coordinación con movimientos sociales, Alfredo Rada.
-¿Cómo puede explicarse este conflicto con los cooperativistas mineros?
-Se explica en el contexto de una situación económica que se deteriora por el impacto de la caída de los precios internacionales de los minerales, además de los otros exportables que tiene Bolivia (gas, soya, quinua entre otros). Ante esta caída la dirigencia del cooperativismo minero, en la que predominan cada vez más los sectores patronales que han acumulado poder económico al interior de las cooperativas, reacciona violentamente buscando tres objetivos: 1) Lograr más concesiones, subvenciones y financiamientos estatales destinados a su sector, 2) Preservar dentro de las cooperativas las formas flexibilizadas de explotación de la fuerza de trabajo, evitando cualquier tipo de organización sindical dentro de las cooperativas, 3) Lograr el reconocimiento de facto de las sociedades entre el capital manejado por los patrones cooperativistas con el capital privado nacional y extranjero.
Los tres objetivos tienen un claro contenido de clase, en este caso de una nueva burguesía que en la última década fue incubándose en las cooperativas más grandes hasta que éstas dejaron de ser “entidades sin fines de lucro” para convertirse en empresas capitalistas semiformales. Cuando hablo de nueva burguesía me refiero a los nuevos ricos que se han encumbrado gracias a la explotación del trabajo de los llamados “segundas manos” o peones, a los que incorporan en las minas bajo la modalidad de pago a destajo, sin contrato de trabajo, sin derechos laborales y por supuesto sin derecho a organizarse en sindicato. Para prohibir la organización sindical acuden a un embuste: “dentro de las cooperativas todos somos iguales”; sabemos que eso no es cierto, que al interior de las cooperativas hay patrones y hay peones.
Pero volviendo al actual conflicto con las cooperativas mineras, si el movimiento de protesta tiene orientación y objetivos patronales, ¿cómo logran movilizar a grandes contingentes de trabajadores? Lo hacen convirtiendo su interés particular en interés general bajo la consigna de “estabilidad laboral”; los patrones les dicen a los trabajadores: “si no te movilizas para que el gobierno nos atienda entonces dentro de un tiempo ya no tendrás trabajo”. De esta forma los jerarcas del cooperativismo minero (que son por lo general los socios más antiguos) se aprovechan de una base social a la que convierten en grupo de choque, que llega a actuar con la saña que mostró en el brutal asesinato del compañero viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, ocurrido en la localidad de Panduro.
-¿Cómo pudo ocurrir que esta fracción patronal se adueñe de las organizaciones que representan al conjunto del cooperativismo minero?
-Porque dentro del gobierno el tema de la política hacia el cooperativismo minero nunca fue resuelto bajo un enfoque revolucionario. Se comete el error de considerar al conjunto de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) como entidad aliada, sin ver que a su interior se han ido constituyendo clases sociales, una burguesía semiformal por un lado y por el otro un proletariado precarizado, al que como gobierno debíamos sumarlo para el proceso de cambio apoyando su organización y defendiendo sus derechos laborales de los abusos que cometen los patrones. En otras palabras, dotarnos de una estrategia que diferencie la base laboral de la jerarquía patronal dentro de las cooperativas. En vez de esto se confiaba en los dirigentes, muchos de ellos afines al gobierno no por convicción y principios, sino por interés y conveniencia. Para mantener la alianza el gobierno no intervino en asuntos laborales dentro de las cooperativas, era flexible con ellas en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental, no acentuaba la presión tributaria. Hoy vemos que esta orientación pragmática sólo condujo a fortalecer al enemigo de clase.
El tema de la relación entre patrones y trabajadores es medular para el cooperativismo; por ello no es ninguna casualidad que lo que originó este conflicto fue la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de una ley que reconoce a los sindicatos dentro de las cooperativas. Si al interior de las cooperativas mineras crece la tendencia hacia la autorganización de los trabajadores, entonces una de las fuentes del poderío económico de los patrones –la precariedad laboral- comienza a ser erosionado.
El momento actual de condena ciudadana generalizada a la dirigencia del cooperativismo minero es parecido por las circunstancias a la tragedia de septiembre de 2006, cuando la matanza entre cooperativistas y asalariados por el control del cerro Posokoni en Huanuni, devino en el cierre de 4 cooperativas y la estatización de todo ese distrito minero, además de la destitución del ministro de minería quien era nada menos que el presidente de la FENCOMIN. Ojalá que ahora sepamos como gobierno actuar sin vacilaciones ni pactismos, mandando mensajes claros a la base laboral del cooperativismo que ha sido engañada por su dirigencia patronal, sentando claramente la posición de que somos un gobierno de los trabajadores que no permitiremos más abusos y explotación dentro de las cooperativas mineras.
-¿Y qué hacer respecto a esa dirigencia patronal que controla la FENCOMIN?, ¿seguirá siendo aliada del gobierno?
-La dirigencia patronal de FENCOMIN deberá rendir cuentas ante la justicia por el intento desestabilizador de la democracia que ha realizado, por el atentado a la economía nacional y, fundamentalmente, por el vil secuestro, tortura y asesinato del compañero Rodolfo Illanes. Su autoría –intelectual, material o ambas- tiene que establecerse en los ámbitos judiciales. Pero además, hay que recortar el poderío económico de la burguesía “cooperativista”, que ya hemos visto que no vacilará un segundo en tumbar a este proceso y a Evo. Ese poderío económico se origina en su propia acumulación de capital, gracias a la explotación laboral y a la depredación de la naturaleza; pero no hay que olvidar que también esa acumulación es facilitada por las concesiones gubernamentales.
Este conflicto ha puesto en la mesa nacional de debate los siguientes temas: 1) El rol del cooperativismo minero en la economía nacional, planteando el imperativo de cernir del sistema cooperativo a las empresas capitalistas semiformales que parasitan a su interior. 2) La necesidad de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, lo que tiende un puente de reconciliación con la Central Obrera Boliviana (COB) y debe servir para acercarnos a los trabajadores de las propias cooperativas mineras, 3) La necesidad de defender la Madre Tierra, tan dañada en sus aguas y tierras por la depredación que efectúan las cooperativas en su conjunto.
El enorme descrédito en que ha caído la dirigencia del cooperativismo minero, luego del asesinato del compañero Illanes, ha diezmado un movimiento desestabilizador que tuvo un enorme despliegue de recursos económicos y logística. La FENCOMIN atraviesa por una de sus peores crisis en que puede terminar perdiendo todas las concesiones obtenidas del gobierno. Se abre una oportunidad para avanzar con una política nacionalizadora en la minería, pues ha saltado uno de los obstáculos que siempre se ha opuesto a este avance.
Hay que honrar el sacrificio del compañero Illanes y la mejor forma es luchando por la justicia social y la plena soberanía sobre nuestra riqueza minera.
Se firmó el Acuerdo Final en La Habana
El Espectador / Colombia
Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP anunciamos que hemos llegado a un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.
Preámbulo
Recordando que los diálogos de La Habana entre delegados y delegadas del Gobierno Nacional, presidido por el Presidente Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, con la decisión mutua de poner fin al conflicto armado nacional, tuvieron origen como resultado del Encuentro Exploratorio sucedido en la capital de la República de Cuba entre el día 23 de febrero y el día 26 de agosto de 2012;
Teniendo presente que como resultado de los diálogos exploratorios referidos se produjo un Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la fecha última citada ante testigos nacionales y ante delegados de la República de Cuba y del Reino de Noruega que sirvieron igualmente como testigos, y que, desde entonces, asienten el proceso como países garantes;
Poniendo de presente que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes;
Recordando que en desarrollo de la agenda aprobada en el Acuerdo en mención se dio inicio a la Mesa de Conversaciones el día 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, para luego continuar en la capital cubana sin solución de continuidad hasta el día de hoy que se firma el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera;
Subrayando que el Acuerdo Final que se suscribe en la fecha corresponde a la libre manifestación de la voluntad del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, al haber obrado de buena fe y con la plena intención de cumplir lo acordado;
Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; que el Artículo 95 afirma que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional por lo que es deber de todos engrandecerla y dignificarla; que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz;
Subrayando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y la ciudadanía;
Poniendo de presente que el Acuerdo Final recoge todos y cada uno de los acuerdos alcanzados sobre la Agenda del Acuerdo General suscrito en La Habana en agosto de 2012; y que para alcanzarlo el Gobierno Nacional y las FARC-EP siempre y en cada momento nos ceñimos al espíritu y respeto de la Constitución Nacional, de los principios del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos;
Recordando que el Artículo 94 manifiesta que “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”, que los tratados sobre derechos humanos, aprobados por el Congreso, y que no pueden ser suspendidos ni siquiera durante los estados de excepción, prevalecen en el orden interno;
Poniendo en consideración que la suma de los acuerdos que conforman el Acuerdo Final contribuyen a la satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, y los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho fundamental de la seguridad jurídica individual o colectiva y la seguridad física, y el derecho fundamental de cada individuo en particular y de la sociedad sin distingos en general, a la no repetición de la tragedia del conflicto armado interno que con el presente Acuerdo se propone superar;
Subrayando que el Acuerdo Final presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, los de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados; los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas en condición de discapacidad y de los desplazados por razones del conflicto; los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y de la población LGBTI;
Considerando que a juicio del Gobierno Nacional las transformaciones que conlleva la implementación del presente Acuerdo deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.
Valorando y exaltando que el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y la desesperanza;
Reconociendo los derechos de la sociedad a una seguridad humana integral con participación de las autoridades civiles;
Exaltando y consagrando la justicia prospectiva en tanto reconoce derechos fundamentales esenciales para las nuevas y futuras generaciones como son el derecho a una tierra preservada, el derecho a la preservación de la especie humana, el derecho a conocer sus orígenes y su identidad, el derecho a la exención de responsabilidades por las acciones cometidas por las generaciones precedentes, el derecho a la preservación de la libertad de opción, y otros derechos, sin perjuicio de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;
Recordando que el pasado 23 de junio del año en curso, las Delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la capital cubana los acuerdos de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y Garantías de Seguridad, en presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, del Secretario General de Naciones Unidas, del Presidente de la Asamblea General de la ONU, del Presidente del Consejo de Seguridad de la misma organización, del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, de los Jefes de Estado de los países acompañantes, de Jefes de Gobierno de países de la región, del Enviado Especial de los Estados Unidos de América y del Representante Especial de la Unión Europea;
Aceptando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”;
Reconociendo el mandato constitucional que afirma que corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa convenir y ratificar acuerdos de paz;
El Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, hemos acordado:
Suscribir el presente Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, cuya ejecución pondrá fin de manera definitiva a un conflicto armado de más de cincuenta años y que a continuación se consigna.
El presente Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera se suscribe por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949.
El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), firman siete originales incluidos sus anexos, uno para cada una de las partes, uno para cada uno de los países garantes y uno para cada uno de los países acompañantes. El séptimo ejemplar original se depositará inmediatamente tras su firma, ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de las Convenciones de Ginebra.
Introducción
Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno.
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.
En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política.
Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz, acordamos los puntos de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012, que desarrolla el presente Acuerdo.
El Acuerdo está compuesto de una serie de acuerdos, que sin embargo constituyen un todo indisoluble, porque están permeados por un mismo enfoque de derechos, para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables, en especial los niños y las niñas, las mujeres, las personas en condición de discapacidad y las víctimas; y en especial por un mismo enfoque territorial.
El enfoque territorial del Acuerdo supone reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental; y procurar implementar las diferentes medidas de manera integral y coordinada, con la participación activa de la ciudadanía. La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad.
La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia.
Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto. Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.
Por lo anterior, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.
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El Acuerdo Final contiene los siguientes puntos, con sus correspondientes acuerdos, que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera.
El Punto 1 contiene el acuerdo “Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.
El Punto 2 contiene el acuerdo “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.
En especial, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.
El Punto 3 contiene el acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”, que tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el Cese, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
Contiene también el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político- de acuerdo con sus intereses”. Sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera requiere de la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país. La reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.
El Punto 3 también incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Para cumplir con este fin, el acuerdo incluye medidas como el Pacto Político Nacional; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional; el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción.
El Punto 4 contiene el acuerdo “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género.
El Punto 5 contiene el acuerdo “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. El acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.
El Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.
El Punto 6 contiene el acuerdo “ Mecanismos de implementación y verificación” en el que se crea una “Comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias”, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP con el fin, entre otros, de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, servir de instancia para la resolución de diferencias, y el impulso y seguimiento a la implementación legislativa.
Adicionalmente crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final y en materia de verificación se pone en marcha un modelo con un componente internacional integrado por los países que durante el proceso han tenido el papel de garantes y acompañantes y dos vocerías internacionales, todo ello soportado en la capacidad técnica del Proyecto del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos.
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Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reiteramos nuestro profundo agradecimiento a todas las víctimas, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos, las comunidades incluyendo los grupos étnicos, a las organizaciones de mujeres, a los campesinos y campesinas, a los jóvenes, la academia, los empresarios, la Iglesia y comunidades de fe, y en general a los ciudadanos y ciudadanas que participaron activamente y que a través de sus propuestas contribuyeron al Acuerdo Final. Con su participación lograremos la construcción de una paz estable y duradera.
180 años de qué…
Los festejos del Partido Nacional de sus 180 años de vida, al parecer no les había pasado nada hasta el 2004 cuando el Frente Amplio llega al gobierno nacional al ganar en primera vuelta con la obtención de la mayoría absoluta en ambas Cámaras.
Es a partir de ahí si se quiere, que la derecha de este país, compuesta por blancos y colorados, se lame sus heridas. Por primera vez en la historia, 175 años si contamos desde 1830, este país no será gobernado ni por los blancos ni por los colorados, es decir desaparecen los rancios apellidos, de políticos de fustes, desaparece el 3 y 2 dejando sin cargos en ministerios, entes o servicios públicos. Aun se sienten sus lloros, pidiendo cargos a grito, peor que niño pidiendo un juguete. Lo que en el periodo anterior (2000-2004), le negaron cargos de fiscalización como le dicen ellos, a un partido que había sacado más del 40% de la votación. En 2005 piden y exigen, ya los rosados lo pedían en la Junta Departamental de Montevideo, “queremos que nos den cargos, para fiscalizar esa mayoría absoluta”, cuando podían decir que querían cargos para su gente, para gente que le habían “prometido” algo si salían electos; pero no, ellos no salieron ni diputados ni senadores, por lo tanto había que ver cómo iban al seguro de paro, si es que les correspondían. Pero aun cuando a los altos dirigentes rosados no les gustaba, perdieron las dos elecciones siguientes; perdieron y reconquistaron Intendencias del Interior del país, no porque ellos sean mejores que el Frente Amplio, sino porque de pronto son más hábiles, porque tienen más cancha y son más unidos. Ellos, sus dirigentes, saben que blancos y colorados son uno solo, ambos respondían al gran capital, uno del campo y el otro de la ciudad. Con solo leer los nombres de los grandes terratenientes, los grandes industriales, de la gran banca, nos daríamos cuenta quienes eran los gobernantes de este país, a lo largo de 175 años, desde su fundación. Hoy a ninguno de los dirigentes, desde el que realizó la pose de “banderita”, hasta el otro personaje que no daba su apellido, pues el mismo está asociado a lo peor de la última dictadura militar, ninguno ya ni se refieren a las luchas entre blancos y colorados, luchas en las que salía lo peor del ser humano. No olvidar la historia de alianzas de colorados con los colonialistas europeos y de blancos con el “gobierno” de Rosas en Argentina, de ellos los propios protagonistas. En 1835 se realiza un encuentro en la ciudad de Cerro Largo, entre Oribe y Rivera, tiempo después, noviembre 1857 Juan José de Herrera le escribirá una carta a Andrés Lamas sobre dicho encuentro en la que dirá que “sus alojamientos parecían dos campos rivales”, “los dos generales ya se sentían, se miraban como dos adversarios, dos enemigos”.
Los dirigentes de hoy al parecer se olvidan de la batalla de Carpintería, o de Paysandú, “La heroica”, la de Leandro Gómez, que fuera fusilado por Venancio Flores. Venancio, hombre de triste historia, será “propuesto” para formar un gobierno en los días posteriores a la toma y destrucción de Paysandú, y eso será por parte de unos “blancos”. Los asesinatos de Flores y de Berro, colorado y blanco, son un icono más en estas luchas, al decir de ellos mismos “lucha entre hermanos”. Luego seguirá el levantamiento “de las lanzas” y la muerte en combate de Anacleto Medina, posteriormente Aparicio Saravia, el querido pero también traicionado, por su propio partido cuando no lo quiso ayudar en 1904. Con su muerte, este no fue el último levantamiento armado de los blancos.
Cuando Terra da el golpe de Estado 1933, colorado él, lo da con el apoyo del sector de Luis A. de Herrera, por esos años surgirá el “Pacto del Chinchulín”, más conocido como el del 3 y 2, que se regirá hasta el golpe cívico-militar de 1973 en el que sectores de ambos partidos darán un nuevo golpe de estado. Solo hay que ver la lista de quienes integraron los Consejos de Estado, la Junta de Vecinos y los nombres de los civiles que ocuparon cargos políticos durante la dictadura.
Por eso ellos pueden decir “nos peleamos pero cuando hay que ir contra los de abajo nos unimos como lo hicimos siempre”.
“Cuando la cosa es recuperar los carguitos allí sale nuevamente, el Partido de la Concertación”.
MERCOSUR, bajo fuego cruzado de Washington
Patricio Montesinos / Rebelión
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), una organización integracionista y autóctona de la Patria Grande, está hoy bajo fuego cruzado de Estados Unidos y sus tres principales regímenes aliados en nuestra región, los de Brasil, Argentina y Paraguay.
Recientes revelaciones del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, sobre el intento del gobierno ilegitimo brasileño de Michel Temer de tratar de impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur, evidenciaron los claros objetivos de Washington de destruir esa entidad económica-comercial, hasta ahora bajo preceptos solidarios y de cooperación mutua.
Nin Novoa denunció que el régimen golpista de Temer, en componenda con sus similares de Argentina, Mauricio Macri, y de Paraguay, Horacio Cartes, quisieron comprar a las autoridades de Montevideo, por supuesto, para cumplir claras instrucciones de la Casa Blanca.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia uruguaya pusieron al descubierto una vez más los planes actuales de Estados Unidos en la Patria Grande: continuar cercando a la Revolución Bolivariana, y demoler las organizaciones autóctonas como el MERCOSUR, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Temer, Macri y Cartes conforman una «triple alianza golpista» en Latinoamérica, como la denominó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, encargada de materializar los planes de Washington de desunir a cualquier precio a Nuestra América.
Maduro aseguró que defenderá el MERCOSUR de los ataques perpetrados por Brasil, Argentina y Paraguay, como parte de la arremetida que la derecha recalcitrante escenifica actualmente desde el sur del Rio Bravo y hasta la Patagonia, con el aliento y el financiamiento de la Casa Blanca y el Pentágono.
Agradeció asimismo al presidente Tabaré Vázquez y al pueblo uruguayo por toda la fuerza moral que han demostrado, ante los ensayos persistentes de arruinar al MERCOSUR desde adentro y agredir a Venezuela.
El ejecutivo ilegítimo brasileño de Temer, la dictadura macrista y Cartes, quien recordamos llegó al poder en Asunción tras el “golpe blando” al exmandatario Fernando Lugo, han sido entrenados por la administración norteamericana para truncar los procesos de integración en Nuestra América.
Igual, con opositores construidos en Venezuela y en otras naciones como Bolivia y Ecuador, son los encomendados a pretender frenar todos los procesos revolucionarios en Latinoamérica y revertir la correlación de fuerzas a favor de los intereses imperiales de Estados Unidos en su otrora traspatio.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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