Archivo de diciembre 2020
28
Dic
20
FMI y el Uruguay …
Uruguay y el FMI
Los uruguayos tenemos bastante que estudiar y afirmar sobre nuestras relaciones con el FMI.
escribe: Danilo Astori / senador del FRENTE AMPLIO
Como era previsible, el tramo final de la discusión presupuestal no fue la excepción. Exhibió, una vez más, conductas políticas de baja calidad y constituyó la pérdida de una buena oportunidad para demostrar que más allá de diferencias sobre la realidad nacional que no habrán de cambiar, existe un intento permanente de la coalición oficialista de desmerecer el análisis y las consiguientes propuestas de la oposición. Entiéndase bien, no estoy sosteniendo que la defensa de su política económica por parte del gobierno constituya una postura de baja calidad. Lo que si cae en esta calificación son los argumentos que se utilizan y hasta el talante con el que se expresan.
Un ejemplo bien simple y concreto nos ayuda a comprender esta afirmación. Como se sabe, desde la oposición sostenemos que el gobierno debería actuar con otra conducta fiscal. Sabiendo que el país ha construido fortalezas que se lo permiten, proponemos no continuar con el ajuste que se está practicando hoy y proyectando para mañana, y adoptar una conducta contracíclica que – entre otras cosas – supone dedicar más recursos para frenar el deterioro que está sufriendo el mundo del trabajo. Por su parte, el gobierno responde que las restricciones fiscales no se lo permiten.
Ante un debate como el señalado, resulta lógico que se apele a la experiencia internacional para disponer de fundamentos sin duda valiosos, aunque siempre ubicándolos en los contextos generales y las historias sobre el tema que están asociados a la materia sobre la que se discute.
A partir de estas condiciones, la bancada del Frente Amplio comprobó que Uruguay se encuentra entre los países en los que, con referencia al Producto Bruto Interno, se dedican menos recursos para apoyar los niveles de actividad, la situación laboral y las condiciones de vida de la población más castigada por los efectos de la pandemia que sufrimos. Y para sostener esta apreciación citó estudios sobre este aspecto que el Fondo Monetario Internacional ha venido realizando y acumulando para que los gobiernos del mundo dispongan de antecedentes al respecto.
La respuesta del gobierno fue decepcionante. Para neutralizar esta afirmación no se apeló a la discusión sobre la calidad de esos números, sino – con la consabida dosis de sarcasmo – a la descalificación de la fuente de aquellos, agregando que el Frente Amplio recurría ahora al Fondo para definir el rumbo de su política económica.
Los uruguayos tenemos bastante que estudiar y afirmar sobre nuestras relaciones con el Fondo Monetario Internacional, que comenzaron en 1959 con la primera carta – intención que firmó el entonces gobierno del Partido Nacional. Ese acuerdo incluía apoyo crediticio del Fondo y un conjunto de exigentes condiciones como contrapartida, todas ellas orientadas por una indiscutible concepción neoliberal.
Ese fue el comienzo de una larga historia que mantendría tales características y finalizaría recién en 2006, cuando el primer gobierno del Frente Amplio canceló la deuda con quien era nuestro principal acreedor institucional, terminando con las condiciones que nos impusieron durante 46 años. Esa historia incluye un tramo final con muchas tensiones, que también hay que conocer antes de realizar afirmaciones como las que motivan estos comentarios.
Por ejemplo, es preciso tener en cuenta que en 2002 el Uruguay vivió una importante crisis bancaria, financiera y de endeudamiento. Y en aquellas circunstancias al país se le abrían dos caminos posibles. Declararse en «default» o negociar acuerdos con los acreedores que permitieran disponer de tiempo para superar los desequilibrios graves que se habían configurado en las áreas mencionadas, interrelacionados a su vez entre sí.
Y el gobierno de entonces eligió el camino que correspondía y que la realidad posterior avaló a partir de sus resultados. Negoció con sus acreedores, cumplió con sus compromisos e instauró normas de supervisión de instituciones financieras con criterios macroprudenciales y microprudenciales. No voy a dejar de reconocer que en aquel escenario tuvimos diferencias en el Frente Amplio. Pero creo que es justo reconocer que se hizo una oposición responsable, dada la gravedad que tenía la crisis planteada. Recuerdo estos antecedentes porque, aunque parezca mentira, este debate también se planteó dentro del FMI. Había entonces autoridades importantes de la institución que sostenían que Uruguay debía declararse en «default» y presionaban al gobierno uruguayo para que tomara por este camino. Para bien del país, esta propuesta fue rechazada, lo que permitió dar comienzo a la construcción de una de las fortalezas de la economía, que luego se profundizaron y consolidaron durante los gobiernos del Frente Amplio.
Pero también los recuerdo para fundamentar mis críticas a la postura asumida en la discusión presupuestal por parte del gobierno actual sobre este tema. Apenas instalado el primer gobierno del Frente Amplio se encontró con dos opciones. Continuar cumpliendo con los compromisos asumidos, incluyendo la cancelación de la deuda con el Fondo – lo que implicaba terminar con las condiciones que se le imponían al país – o dedicar el estrecho margen financiero existente al llamado Plan de Emergencia, dedicado al combate a la pobreza. El gobierno tomó la segunda opción y al año siguiente, esto es en 2006, pudo hacerse cargo de la primera, cancelando deuda y condiciones del Fondo por primera vez en 47 años.
Desde entonces no hay injerencia en la política económica interna, lo que no implica prescindir de reuniones anuales que como miembros de la institución realizamos con sus encargados de misión. En dichos encuentros se proporcionan datos correspondientes a otras realidades, que son de consulta muy útil a los efectos de tomar algunas decisiones sobre las que existen antecedentes en otras partes del mundo.
En suma, no confundir – y mucho menos irónicamente – los papeles del Fondo y sus relaciones con Uruguay. Una característica es su carácter de prestamista y el planteo de condiciones que constituyen la contrapartida del financiamiento que se proporciona. Esto, en Uruguay, no existe desde 2006. No obstante, no sería equitativa ni seria esta afirmación si no incluyera un dato muy importante, que es el que nos dice que el 62 por ciento de los préstamos que concedió el Fondo como consecuencia de la irrupción y la expansión de la pandemia, se destinó a 21 países de la América Latina. Imponiendo condiciones sin duda, pero seguramente también contribuyendo a salvar vidas.
El otro rol que cumple la institución es el de elaborar y difundir información sobre la economía mundial que sería ridículo ignorar porque limitaríamos seriamente nuestra capacidad de conocimiento acerca de problemas que hoy afectan a gran parte de la humanidad.
Con ese espíritu es que la bancada de la oposición hizo referencia a información recopilada y elaborada por el Fondo Monetario Internacional. Discrepemos con los contenidos si corresponde, pero no con una función que no podemos ni debemos desaprovechar.
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No llores hoy lo que no supiste defender ayer
escribe: Enrique Ortega Salinas
escribe: Enrique Ortega Salinas
El Parlamento acaba de perpetrar la infamia pergeñada por Luis Lacalle Pou.
Tras la inmoralidad del 30 de noviembre, cuando durante la votación del Presupuesto la Cámara de Senadores aprobó la derogación de la ley 19.771 (del gobierno de Tabaré) que obligaba a presentar comprobantes de los gastos incurridos en el marco de misiones oficiales, ahora han alcanzado el pico máximo de sumisión a los intereses de la clase dominante. Los oficialistas aprobaron un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que permite postergar hasta diciembre de 2021 la licencia y el pago del salario vacacional de 2019 a trabajadores del sector privado, a la vez que se priva, a los trabajadores que hubieran cobrado subsidio especial por desempleo, de la generación de licencia por el período no trabajado. Todo con la bendición de Mieres.
Tal como señaló Óscar Andrade, esto implica un financiamiento por parte de los trabajadores, contra su voluntad, a las empresas. La aprobación de este proyecto ampara la ilegalidad. Tiene razón el Boca cuando afirma que el Parlamento da un mensaje a los empresarios: “Los financiaremos, pero no con apoyos del Estado, sino con el salario vacacional y la licencia de los trabajadores”.
Pobrecito, mi patrón
Graciela Bianchi acusó a la oposición de no ser consciente de la situación crítica que vive el país. Así piensa la derecha. Si las cosas van mal, quienes deben sufrir las consecuencias son los de abajo; jamás los de arriba. Siempre el empleado; jamás el patrón. La mucama, el peón, el albañil que esperaba esos pesos para ponerse al día con sus deudas, tendrán que ver cómo solucionan sus problemas; porque el patrón tiene “un nivel de vida que mantener”. No le pidas que venda uno de sus automóviles para cumplir con sus empleados; no le pidas que consiga un préstamo al banco para estar al día con sus obligaciones. El neoliberalismo no es una ideología; es un modus operandi, un plan de explotación y robo descarado, profundamente inmoral.
Ni Bianchi ni sus cómplices tienen idea de lo que es pasar hambre y miseria, ni el dolor de un padre o de una madre por no poder dar a sus hijos cosas elementales, ni la vergüenza de pedir algo a sus vecinos para poder alimentar a su familia. No tienen idea de lo que sufrirá con esta medida una madre soltera. Mientras los patrones festejarán las fiestas con sus tradicionales bacanales, a los trabajadores les esperan unos días de mierda. No me jodan con que estoy usando malas palabras. Malas palabras son neoliberalismo, coalición multicolor, explotación, demagogia, mentira y cinismo. Podrán acusarme de ser irrespetuoso, pues sí. Es que cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo perdemos el respeto.
Lo confesaron y no quisiste oírlos
Cuando un periodista le recordó al entonces candidato Luis Lacalle Pou que el Frente Amplio había aumentado siempre los salarios por encima de la inflación y que teníamos el Salario Mínimo Nacional más alto de América Latina y el Caribe, el hoy presidente señaló que no sabía si eso era bueno, dando a entender que habría más empleo si los salarios fueran más bajos. Consecuente con aquella confesión neoliberal, desde marzo ha hecho todo lo posible para paraguayizar la economía. Hace pocos años, la ministra de Trabajo de Paraguay visitó Uruguay y se jactó de lo bajo que era el SMN en su país y que la mayoría de los empleadores pagaban por debajo de la cifra fijada por el Estado. Repito: se jactó, no se lamentó. Lacalle va por ese camino.
Uno de los popes neoliberales del Partido Nacional, Gustavo Licandro, que fuera subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Lacalle I, clama por la eliminación de los Consejos de Salarios y el Salario Minino Nacional. “Los Consejos de Salarios son los enemigos de los desempleados, solo son queridos por los negociadores y por los sindicalistas; pero, en definitiva, los Consejos de Salarios, para aquella persona que perdió su trabajo, le ponen una barrera tan alta que no logra recomponer su vida laboral”.
Por supuesto que quien lo dice tiene el estómago y los bolsillos repletos. Por supuesto que si permitimos la explotación laboral, llegarán legiones de inversores al país, porque pagarán una miseria a los empleados; pero ¿en eso queremos convertir a Uruguay? ¿En una republiqueta bananera? El Partido Nacional y sus cómplices multicolores así lo están demostrando. Para ellos, el problema del país es que los trabajadores, jubilados y pensionistas ganan demasiado y bastaría con que comieran salteado para vivir muy bien con la mitad de los ingresos actuales.
No mintió Julio María Sanguinetti cuando durante una cena prometió a un grupo de empresarios negreros que la coalición iba a “desplumar al pollo, pluma por pluma, para que no grite tanto”. Efectivamente, uno a uno, van cayendo los derechos de los trabajadores con la excusa de la pandemia.
El directorio de Antel acaba de aprobar un aumento cercano al 10% para los servicios de datos y al 7% para la telefonía móvil. En momentos en que la situación nos empuja hacia el teletrabajo, aumentan el costo de internet. Por otra parte, los recortes continúan dañando siempre a los más débiles. Primaria ha decidido dejar sin clases de psicomotricidad a unos 200 niños y niñas de jardines de Montevideo y Paysandú. El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) no renovó el convenio de Educación Psicomotriz con la Universidad de la República por el cual se atendían a estos niños. También se perjudica, y en un momento crítico en lo económico y laboral, a las personas asignadas a estas tareas. Eso sí; para aumentar los salarios de los jerarcas políticos y comprar aviones y metralletas, siempre hay dinero.
Nos ganó el flautista
Mientras tanto, Lacalle II hace lo que mejor le sale: mantener amarrados los votos de militares y policías. No ha hecho nada positivo por ellos; pero sabe endulzarles el oído. Tras saludar a los policías en su día, mostró el regalo que una niña, hija de una mujer policía asesinada, le había obsequiado. “Una niña cuya madre policía fue asesinada me hizo este regalo. Desde ese momento me acompaña en mi escritorio”.
¿Está mal? ¡No! Está genial. ¿Quién puede ser tan miserable de no enternecerse ante esta escena? Ahora, policía que lees, salgamos brevemente del estado de hipnosis y extrema sensibilidad. ¿Qué gobierno fue el que multiplicó tu salario? No fue este. Por el contrario, Lacalle Pou te ha quitado salario real y aumentó las tarifas de los servicios públicos en plena pandemia. ¿Qué gobierno modernizó tu equipo, armamento y tecnología? ¿Qué gobierno terminó con la dictatorial costumbre de los oficiales de ponerte preso, como si fueras un delincuente, por una falta administrativa? ¿Con qué gobierno pudiste sindicalizarte? Fue en 2006; así que la respuesta es obvia. Antes, te daban de baja si protestabas por tus derechos. Sin embargo, el Frente Amplio, cometió un error garrafal y estúpido: creer que alcanzaba con dar a la Policía lo que jamás hizo otro gobierno. Fallamos en algo elemental, como hacer acto de presencia durante el velatorio de un policía asesinado por criminales o ir a visitar a un policía herido. Los homenajes a los héroes se hicieron de manera tardía y ni Dios se enteró de ellos.
Allí, en filas azules, teníamos el puñado de votos que nos faltaron para ganar la elección. Perdimos contra el flautista de Hamelin, y para eso, no tenemos excusas.
Tampoco son admisibles las excusas de los que votaron a la derecha y ahora se están lamentando. Por ahí andan algunos llorando porque cayeron los convenios laborales para cientos de miles de trabajadores y la Unatra se queja de que no podrá negociar otro convenio. “Lamentablemente implica, desde el comienzo, una pérdida de salario”, comentó el dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales, Marcelo Amaya.
Sí, muy triste; pero no recuerdo marchas de trabajadores rurales copando las avenidas con sus caballos y banderas para defender al gobierno que los sacó de la explotación laboral de las familias blanqui-coloradas.
Nadie tiene derecho a quejarse o mostrarse engañado; porque se les avisó, con la mayor insistencia, de lo que sucedería si retornaba la derecha. Increíblemente, mucamas, peones rurales, jubilados y personas de los sectores más reivindicados por los gobiernos frenteamplistas, votaron al representante de los intereses de la oligarquía. La cereza sobre la torta fue Sergio Puglia, votando al sector más homofóbico de todo el país. Votaron al más carismático, al más joven, al más marketinero, sin considerar que estaban eligiendo al peor enemigo de los humildes y al mejor amigo de los negreros.
Alguna vez, no sé en qué ciudad o país, vi un muro y en el muro un grafiti que rescataba una frase de John William Cooke: “Los pobres que votan a la derecha son como los perros. Cuidan la mansión; pero duermen afuera”.
Yo diría que también son como esos carneros que generan mucha lana, pero terminan esquilados.
UNDISOS SOLAMENTE POR AUA-F.A (alianza uruguaya anti FRENTE AMPLIO)
MANINI ABRE UNA GRIETA EN LA COALICIÓN
Se picó
escribe: Alberto Grille / revista Caras y Caretas
Nueve meses después de asumir el gobierno, la coalición ya no puede barrer bajo la alfombra sus pecados más íntimos y al igual que en algunas parejas desgastadas, poco a poco, comienzan a salir a la luz sus más crudas diferencias.
Hoy porque perdiste las llaves, mañana porque usaste mi cepillo de dientes, pasado porque dejaste abierta la heladera, regaste las migas en la alfombra o agarraste el corta uñas, se van acumulando las diferencias y alargando las distancias hasta llegar a la pulsera electrónica que, como las de Luis A. Heber y Álvaro Delgado, sellan definitivamente el desenlace.
En la coalición de gobierno hay diferencias tácitas y explícitas, algunas casi no se notan, pero están.
Algunas vienen del pasado, pero no se olvidan, como la de Larrañaga con Lacalle, otras son más personales, otras vienen marcadas por las ambiciones futuras como las de Heber y Delgado. Las hay que ya pasaron y dejaron cadáveres por el camino, como la de Ernesto Talvi con Lacalle Pou. Las más son muy sutiles, como las de la 404 con la 71 o el sanguinettismo con Ciudadanos. Otras explotan con más estruendo como las que separan a Cabildo Abierto del Partido Nacional.
Bien podría usarse la frase «se acabó el recreo», que patentó en la campaña Guido Manini Ríos, para describir la serie de continuos desencuentros que vienen manteniendo en los últimos meses cabildantes y nacionalistas.
El duro cruce interno por la ley de forestación fue solo la gota que colmó la copa después de una cadena de cortocircuitos que buscaron taparse a lo largo del año. Esta vez, Cabildo Abierto no aceptó la presión de sus «socios» ni guardó silencio para disimular sus propios conflictos, esta vez se aferró a sus convicciones, y terminó acordando con el Frente Amplio para dar media sanción en Diputados a su proyecto de limitar la superficie de tierras destinada a la forestación. Por 54 votos en 97, la Cámara de Representantes dio vía libre al proyecto, cuyo objetivo es limitar los territorios destinados a la producción forestal en el país.
Por primera vez, blancos y colorados quedaron en minoría. Fue una pequeña revancha para el Frente Amplio porque la inédita «sociedad» parlamentaria impuso como “grave y urgente” (sí, igual que la LUC) la necesidad de aprobar la normativa, dados los crecientes permisos que se otorgan a nivel departamental para forestar en distintas áreas del país.
De nada valió que los legisladores rosados cuestionaran a viva voz que no hubo un debido tratamiento del proyecto que modifica la Ley Forestal de 1987, por falta de tiempo.
Con una sonrisa en el rostro, los legisladores del FA levantaron las dos manos apoyando el proyecto de Cabildo y respondieron que les parecía «insólito» que ahora pidan tiempo, cuando antes mandaron «una ley con más de 500 artículos que tenía 45 leyes, 45 políticas públicas y que hubo que recibir en tres o cuatro subgrupos delegaciones por 10 minutos cada una, para que pudieran decir algo sobre la LUC que fue votada sobre tablas y con muy poco estudio”.
El susto más grande para la coalición fue ver a los diputados de Cabildo Abierto votando junto al Frente Amplio y al PERI en una inesperada mayoría que terminó dando media sanción a la ley y dejando formalmente planteado un quiebre que puede tener inesperadas consecuencias políticas para el gobierno.
Acosado por la prensa oficialista, Manini Ríos aclaró que «Cabildo Abierto solo está obligado con la coalición, por aquello que firmó en el ‘Compromiso por el país’, pero que por lo que no está allí, se siente en absoluta libertad de acción”.
Acusaciones cruzadas
En la última sesión ordinaria del año, la mayoría parlamentaria del oficialismo se desmoronó como un castillo de arena, y en el duro cruce retórico, aparecieron incluso algunos «trapitos sucios» del pasado, con graves acusaciones cruzadas de actos antidemocráticos y golpes de Estado.
El combate principal de la semana fue entre el colorado Ope Pasquet y el cabildante Ernesto Lust.
El colorado acusó a Cabildo Abierto de despreciar «la actividad política y los sistemas democráticos” y el legislador de Manini Ríos sintió el golpe y dobló la apuesta. Llamó «atrevido» a su compañero de coalición y le recordó que integra un partido que «ha dado golpes de Estado» en el pasado. El espectáculo resultó un poco vergonzoso para el espectador desprevenido que no esperaba que un par de diputados del gobierno debatieran sobre quién era más facho de los dos.
El escandalete era un cruce demasiado fuerte para pasar inadvertido. Ni las disculpas posteriores ni el abrazo para la foto con que buscaron sellar la paz pudieron ocultar la magnitud de la herida abierta.
La grieta entre cabildantes y Ciudadanos es una fractura que viene desde hace bastante tiempo.
El desafuero
Hay que recordar que en setiembre, el sector Ciudadanos del Partido Colorado votó a favor del desafuero de Manini Ríos, poniéndose en contra del resto de su bancada y acompañando la posición del Frente Amplio. Fue el único sector de la coalición que quiso quitarle los fueros al ex comandante en jefe del Ejército.
Las diferencias también se habían manifestado durante el debate por la Ley de Urgente Consideración, y una vez más, el conflicto giró en torno al tema ambiental. Cabildo Abierto se negó a votar los artículos sobre las áreas protegidas que envió el Ejecutivo, argumentando que sus criterios no formaban parte del acuerdo original de la coalición.
El medioambiente
Es que los temas ambientales y de manejo de las tierras significaron siempre un quiebre con el Partido Nacional. Por eso no sorprendió que Cabildo resolviera no acompañar los artículos 501 y 502 que habían sido agregados en el último borrador y pretendían modificar la manera en que se crean las nuevas áreas protegidas en Uruguay.
El gobierno quería establecer como condición que los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las áreas de interés brinden su consentimiento expreso. De esa manera, la incorporación de nuevas áreas dependía de la voluntad de los particulares, primando el interés individual sobre el interés general.
Cabildo Abierto lo rechazó por completo y acusó al gobierno de pretender legislar en beneficio de un terrateniente. El diputado por Tacuarembó Rafael Menéndez lanzó la bomba y aseguró que estos artículos «fueron redactados por un particular» que presionó al presidente, Luis Lacalle Pou para que los incorporara en el texto de la LUC.
«Se trata de alguien que tiene campos en áreas protegidas y sabemos que ejerce una gran presión sobre el gobierno», denunció el legislador.
Consultado sobre el nombre de esta persona, prefirió mantenerlo en reserva, aunque manifestó que prácticamente obligó al gobierno a incorporar esto «en el minuto 90».
Finalmente, ambos artículos fueron modificados por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, pero no se lograron los votos necesarios para imponerlos en el Plenario, por lo que se acordó desglosarlos para la LUC y derivar su estudio a la comisión correspondiente.
Y esta no fue la única discrepancia en la LUC. El sector de Manini Ríos también se plantó en contra de las modificaciones que el gobierno pretendía imponer en lo referente al Instituto Nacional de Colonización (INC).
«Cabildo Abierto no quiere que Colonización se transforme en una especie de inmobiliaria, sino que se favorezca la acción colonizadora, y por eso se hizo hincapié en que las personas que adquieren tierras en el INC tienen que trabajar directamente en el predio”, explicó el senador Guillermo Domenech ante la presión blanca, dejándole una banderilla clavada a Álvaro Delgado y otros dirigentes blancos que usufructuaron tierras de Colonización sin trabajar personalmente los predios ni vivir en los padrones adjudicados.
Ancap divide aguas
Aunque parezca que no, las discrepancias de Cabildo con el Partido Nacional vienen de antes. Ya en la campaña electoral una de las diferencias más marcadas se planteó con el tema de la desmonopolización de los combustibles, un tema que el herrerismo y especialmente la 404 tienen como eje de su visión privatizadora y pretenden llevar a la práctica en este período.
Manini lo sabe muy bien y se posiciona en las antípodas, sosteniendo que la defensa de los entes públicos es equivalente a resguardar la soberanía del país.
Así lo dejó planteado en una entrevista con Caras y Caretas antes de la asunción del nuevo gobierno. “Si se liberaliza el combustible, quedamos a expensas de algún proveedor y creemos que eso no es bueno para un país que se precie de soberano e independiente. Eso no es bueno. Hay cosas que el país tiene que mantener porque son sustanciales para su autonomía de funcionamiento […] No es lo mismo -continuó- quedar dependiendo de proveedores sobre cualquier otra materia prima que de los combustibles, que significan la marcha del país. Si faltan combustibles en algún momento, el país colapsa totalmente”, afirmó en esa entrevista.
“Nosotros no podemos quedar a expensas de un proveedor internacional. Si se hace la desmonopolización de un día para otro, puede significar el colapso de Ancap y del país, por eso estamos estudiando este tema en profundidad para decidir lo que vamos a votar en su momento. En este punto tenemos diferencias. Eso no quiere decir que hayamos agotado todas las instancias de estudio y asesoramiento”, agregó.
El excomandante consideró que Ancap puede llegar a colapsar rápidamente: “Si se liberaliza el combustible, quedamos en manos de algún proveedor y creemos que eso no es bueno para un país que se precie de soberano e independiente. Eso no es bueno. Hay cosas que el país tiene que mantener porque son sustanciales para su autonomía de funcionamiento», indicó.
Tampoco los colorados quisieron embarcarse en ese debate a pocos meses de asumir el gobierno, por lo que rechazaron la propuesta de Lacalle Pou que llegó mezclada en los más de 500 artículos de la Ley de Urgencia. Ambos sectores se unieron para rechazar la avanzada «lacallista» y votaron a favor de desglosar el tema de la LUC y dejarlo para su debate posterior en otro período parlamentario.
El gobierno aceptó poner en «pausa» la iniciativa para evitar choques con sus socios, pero meses después «metió a prepo» en el Presupuesto la desmonopolización de los combustibles para los puertos y aeropuertos del país, dejando en claro que nunca se apartará de su libreto privatizador y volverá el año próximo a la carga por Ancap.
Manini Ríos ya dejó en claro en Caras y Caretas que no lo llevarán a los empujones y resistirá cualquier «verticalazo, de que esto se vota sí o sí», ya que los legisladores de su partido «no se rigen por disciplina partidaria».
Aquella entrevista resultó premonitoria de lo que terminaría sucediendo al final de este año, ya que el excomandante advirtió en aquel momento que no tendría inconvenientes en votar junto al Frente Amplio.
“Por supuesto que lo haríamos. Si tenemos la misma visión en algún tema particular, no tendríamos ningún problema en votar un proyecto del Frente Amplio”, aseveró.
Durmiendo con el enemigo
Las advertencias del exjefe del Ejército nunca cayeron bien a Lacalle Pou, que sabe que está «durmiendo con el enemigo», y lo pudo comprobar meses después, cuando intentó debilitar al Ministerio de Vivienda, dirigido por la esposa de Manini, Irene Moreira.
El presidente de la República intentó darle un golpe bajo estableciendo en el Presupuesto que el Programa de Mejoramiento de Barrios, dedicado a la regularización de los asentamientos irregulares, pasaba del Ministerio de Vivienda a la Presidencia de la República. La intención era quitarle a Cabildo Abierto una de sus principales promesas electorales y manejarla directamente desde la Torre Ejecutiva.
La medida hizo estallar el conflicto. Los 11 diputados de Cabildo Abierto resolvieron no acompañar el artículo enviado por el gobierno e inesperadamente contaron con el respaldo del sector Ciudadanos del Partido Colorado, por lo que el oficialismo decidió retirarlo para evitar nuevos choques.
Sin embargo, el Ejecutivo no cedió a la presión de aumentar el presupuesto para viviendas y redujo 17,10% el Fonavi, limitando la capacidad de maniobra de Cabildo Abierto.
La tierra
La «guerra fría» no terminó allí porque apareció otro tema que operó como un parte aguas entre ambos bandos: la decisión de Cabildo Abierto de respaldar la propuesta legislativa del Frente Amplio de limitar la venta de tierras a extranjeros.
El propio Guido Manini Ríos adelantó que su partido apoyará el proyecto, «siempre y cuando se logren algunos cambios puntuales», con lo cual garantizó que se reunirían los votos necesarios para aprobar en ambas cámaras el proyecto de ley que restringe la venta de campos a extranjeros.
Solo nueve senadores del FA presentaron la iniciativa, que todavía no cuenta con pleno consenso en la izquierda, aunque Mahía, Kechichian, Bergara y Rubio votarían por disciplina partidaria al tratarse el tema en el pleno.
El proyecto de ley fue presentado en julio de 2020 por las senadoras Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo y Lucía Topolansky y los senadores Óscar Andrade, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, José Mujica y Daniel Olesker, todos del FA.
La iniciativa establece que “solo podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión las personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio o residencia en el territorio, cuando cumplan alguno de los siguientes requisitos: 1) Que hubiesen adquirido la ciudadanía legal […] 2) Que cuenten con 10 años de residencia continua, permanente y comprobada en el país”, entre otros.
También se plantea que no podrán comprar tierras “personas jurídicas constituidas en un país extranjero” o cuyo capital sea en su mayoría “de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”.
El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech aseguró que comparte “algunos aspectos” del proyecto, mientras que su par Raúl Lozano aseguró que «todo lo que se entienda que es bueno para el país se va a apoyar, venga de donde venga. Apuntamos hacia el país productivo de verdad, y la concentración de la tierra en manos de multinacionales no es beneficiosa para Uruguay, que en los últimos años ha tenido una muy alta extranjerización de la tierra. No estamos de acuerdo con eso y estamos abiertos al diálogo para buscar otras alternativas», aseveró.
Todo indica que esta nueva «sociedad» parlamentaria que se inauguró la semana pasada entre el FA y Cabildo Abierto llegó para quedarse y que no serán pocas las oportunidades en que la coalición de gobierno se convierta en ocasional minoría.
Los temas en que, en la coalición, el herrerismo no tiene todas las de ganar no se reducen a los de la tierra o las empresas públicas.
Los medios
La preocupación de los editorialistas de La Mañana por la concentración de medios y por la Ley de Medios promovida por el herrerismo y Andebu y redactada por los propios dueños de la televisión hegemónica también evidencian reticencias en Cabildo Abierto, que tal vez se amplíen a otros integrantes de la coalición.
Al mismo tiempo, La Mañana mantiene un fuerte enfrentamiento editorial con El Observador y Búsqueda, que en las últimas semanas ha tenido también expresiones en la página editorial de El País, que reiteradamente hacen referencia a la unión de los extremos en referencia a la votación parlamentaria de la ley de forestación por cabildantes y frenteamplistas.
La pandemia
No ha pasado desapercibido tampoco el distanciamiento del ministro Daniel Salinas, integrante Cabildo Abierto, con la mesa chica del gobierno que lleva adelante las disposiciones más políticas sobre el combate al coronavirus, así como el fuerte relacionamiento de la comunidad científica con las posiciones del ministro, que, según Manini, habría propuesto medidas más enérgicas que las adoptadas por el presidente Lacalle, quien se ha mostrado más sensible a la presión de las cámaras empresariales y especialmente de la cámara de comercio, que a las propuestas del GACH, sugeridas para intentar poner freno al crecimiento exponencial de las infecciones por covid-19.
El propio diario El Observador ha señalado también este distanciamiento entre ministro y presidente, observando que en la conferencia de prensa del día 16, Daniel Salinas no acompañó al presidente sentándose a su lado, sino que estuvo sentado en la primera fila de la improvisada platea.
Conste además que en la misma conferencia, el presidente anunció que él mismo y su hombre de mayor confianza, el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, se encargarían de obtener las vacunas, relegando al ministro de Salud Pública que hasta ese día llevaba adelante las gestiones para la obtención de las mismas y parecería, según algunos allegados, que se inclinaba, al igual que el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, a avanzar en las gestiones para obtener la vacuna china del laboratorio Sinovac, que según los estudios comparativos ocasionaría menos reacciones y requeriría una logística más accesible.
Llama la atención que un día antes de la conferencia de prensa, el diario El País, vocero del herrerismo, informara de la preferencia de Lacalle Pou por la vacuna estadounidense del laboratorio Pfizer y sus disposición a viajar a negociarla personalmente, haciendo un pormenorizado detalle de las gestiones realizadas con algunos proveedores de cámaras refrigeradoras apropiadas para su logística, costosas, sofisticadas y difíciles de obtener.
El año que aún no termina deja demasiadas interrogantes para el futuro, una epidemia que no cede, sino que se agrava, un gobierno que no hace nueve meses que se inició y da muestras de desgaste, una economía que está peor que cuando Lacalle asumió y en la que hay pocos ganadores y muchos perdedores, un montón de promesas incumplidas y un creciente descontento incluso en sectores que lo apoyaron y que le reclaman por las palabras que se llevó el viento.
Diciembre se va mal y enero empieza peor. Poco a poco se le van a ir retirando los incondicionales y se amargará la luna de miel.
23
Dic
20
teatro y cultura en Uruguay…
EL ODIO HACIA LA CULTURA POPULAR Y AL TEATRO EN ESPECIAL, DE PARTE DE LA DERECHA CRIOLLA
Teatro Circular, un polo de resistencia
El teatro sigue “aguantando el chaparrón” en tiempos de pandemia y la emblemática institución de la Plaza Cagancha es una muestro de ello.
Hoy existe la certeza sobre la fecha en que el Teatro Circular abrió sus puertas al público por primera vez, el 16 de diciembre de 1954. Se sabe que en abril de ese mismo año se habían iniciado los trabajos de instalación de la futura sala en un local de la avenida Rondeau 1388, en el subsuelo del Ateneo donde antes estuviera por un corto lapso el primitivo Teatro del Pueblo, y obtenido merced a entusiasta intervención de la profesora Reina Reyes, jerarca del Ateneo. (Espacio lindero al que entonces ocupaba el famoso y casi mítico Taller Torres García que en 1977 pasaría a ser la segunda sala del Teatro Circular).
Y seguramente —hay testimonios— antes de que se pusieran manos a la obra existieron cabildeos y reuniones que condujeron a un acuerdo tácito y no necesariamente documentado acerca del emprendimiento artístico que se iba a acometer. De manera que hablar de un proceso fundacional del Teatro Circular sin fecha precisa, es perfectamente razonable.
Manos a la obra
Eduardo Malet estuvo acompañado en la empresa por Gloria Levy, María Teresa Villanueva, Salomón Melamed, José Sosa, Manuel Campos y, especialmente su hermano Hugo Mazza, a quien Malet ha considerado el alma mater del emprendimiento. Mazza encontró el sitio adecuado; coordinó los trabajos siguiendo los planos elaborados por los arquitectos Carlos Clermont y Justino Serralta —alumnos del gran maestro Le Corbusier—; consiguió la colaboración financiera, paciente y generosa, de un ciudadano inglés llamado Frank Miller. Posteriormente dirigió una decena de espectáculos, entre ellos los exitosos El caso de Isabel Collins de Elsa Shelley (1956) que los catapultó tempranamente a un lugar destacado en la consideración de crítica y público; y Rencor hacia el pasado de John Osborne (1960), con Antonio Larreta en el memorable e iracundo Jimmy Porter, que los afirmó definitivamente.
A poco andar se les había incorporado Eduardo Prous —infatigable luchador del teatro uruguayo fallecido en 2003—, que integró la primera promoción egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático y que unos meses más tarde, en febrero de 1955, junto con Rubén Castillo, Homero Zirollo y Flor de María Bonino fundarían el Teatro Libre. Además de actor, Prous poseía innata habilidad artesanal (carpintero, escenógrafo) con la que acaudilló a los colaboradores de Malet que, en algunos casos, revelaron insospechada habilidad manual.
Ese imaginable entusiasmo no se detenía en la construcción de la sala, pues todos tenían la mira puesta en el espectáculo inaugural, cuya preparación avanzaba paralelamente y consistió en un triple programa de obras en un acto, dirigidas por Malet: Feliz viaje, de Thornton Wilder, Un día estupendo, de Emile Mazaud, y Cómo le mintió él al marido de ella, de George Bernard Shaw.
Simultáneamente proseguían los infaltables trámites para la obtención de la personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro (¿es concebible el lucro en un teatro independiente?), cuyo primer Consejo Directivo integrado por Malet, Mazza, Levy, Villanueva y Melamed entró en funciones poco después de inaugurado el Teatro Circular de Montevideo, que fue la denominación finalmente adoptada cuyo trámite recordaba Eduardo Prous: «Una preocupación era la denominación del teatro, cómo sin encontrar un nombre suficientemente significativo y novedoso que abarcara toda la propuesta. Se colocaron grandes carteles y cada uno de nosotros anotaba su sugerencia, no recuerdo cuántos fueron los nombres que se colocaron y sin que apenas nos diéramos cuenta lo natural se convirtió en lo importante, en lo trascendente, lo objetivo lo decía todo y así fue que nació Teatro Circular».
Inserción en el medio
El impulso inicial conoció altibajos, pero se ha mantenido prácticamente hasta el presente, y en su transcurso hay hitos ineludibles. Uno de los primeros fue la citada puesta en escena de la obra de Elsa Shelley El caso de Isabel Collins con la que, a un año y medio de su creación, Teatro Circular sobrepasaba las setenta representaciones (después llegaría a las trescientas) de una obra que había convocado a más de 15.000 espectadores, lo que llevaba a un periodista a reconocer que el público había «hecho justicia al teatro, que además de diversión es doctrina y cátedra de orientaciones».
O, como afirmara el crítico Gustavo Adolfo Ruegger (en El País), el Teatro Circular había acertado en muchos sentidos con este espectáculo al elegir la obra… «porque su línea de repertorio deja de lado las comedias fáciles y agradables para aventurarse en un teatro dirigido al espectador de hoy, un teatro sin amabilidades pero con algo actual y urgente que decir»; y concluía afirmando que el Teatro Circular alcanzaba así el espectáculo estimable en texto, puesta en escena e interpretación que es capaz de brindar un elenco cuando abandona las improvisaciones y las obras que lo superan.
Mantenerse en esa línea implicó para el Teatro Circular involucrarse en la práctica de los siete principios que en 1963 aprobó la Federación Uruguaya de Teatros Independientes: independencia, teatro de arte, teatro nacional, teatro popular, organización democrática, intercambio cultural y militancia. Conceptos harto conocidos, pero de cuya aplicación derivarían algunas de las más comprometidas instancias en la vida de la institución, sin dejar por ello de acumular éxitos y distinciones que la fueron afirmando en los ámbitos de la cultura popular, y extendiendo su prestigio fuera de fronteras.
En materia de éxitos y distinciones se destaca la reiteración con que obtuvo el premio Florencio de la crítica teatral por El jardín de los cerezos de Chejov (1967), y Lorenzaccio de Alfred de Musset (1968), dirigidos por Ornar Grasso; Arlecchino, servidor de dos patrones, de Goldoni (1970), dirigido por Villanueva Cosse; El herrero y la muerte (1981) y El coronel no tiene quien le escriba (1988), ambos en versiones de Mercedes Rein y Jorge Curi dirigidas por este último quien, a su vez, lo
ganó en 1982 por su puesta de Doña Ramona, de Víctor Manuel Leites. En 1985 Carlos Maggi lo ganó por su obra Frutos que dirigió Stella Santos.
Además, en 1981 obtuvieron el premio Hermes; en 1983 el Ollantay otorgado por el CELCIT y el Ateneo de Caracas; y en 1991 el Bambalina en el VI Festival Iberoamericano de Cádiz. Paralelamente participaron en numerosos festivales iberoamericanos (Córdoba y Rosario, en Argentina; Brasilia, Londrina y Pelotas, en Brasil; Caracas, Manizales, Bogotá, Islas Canarias, Cádiz) y realizaron giras por casi todos los países del subcontinente.
Polo de resistencia
En cuanto a compromiso, el Teatro Circular fue puesto a dura prueba durante los años previos a la dictadura militar, la que se haría más severa una vez implantado el régimen de facto. Sin embargo, una sagaz estrategia en materia de repertorio le permitió jugar el doble papel de caja de resonancia de las inquietudes del pueblo sometido y de polo de resistencia frente a la represión, sin desatender la exigencia estética de un nivel artístico generalmente reconocido.
Esa estrategia arrancó cuestionando los abusos del poder en Lorenzaccio de Alfred de Musset (1968) y, sobre el filo del golpe de estado. Operación Masacre del argentino Rodolfo Walsh (1973) que trajo a primer plano los excesos de la represión. Mientras, abundantes dosis de Bertolt Brecht reforzaban aquel doble papel, ya fuera al pie de la letra (Los días de la comuna de París) o adaptado a las circunstancias (Los fusiles de la Patria Vieja); o, incluso, envuelto en las pegadizas melodías de Kurt Weill y Hanns Eisler (Moritat).
Ya en plena dictadura, y seguramente alertado por la desfavorable repercusión internacional que alcanzara la clausura de El Galpón y el exilio de buena parte de sus integrantes, el régimen militar optó por moderar cautelosamente la presión sobre el Teatro Circular.
No obstante, la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior los sometió durante varios meses a una minuciosa investigación; y uno de sus esbirros no exento de cierto nivel cultural y que ocultaba su verdadero nombre bajo el alias de Allen Castro, visitaba casi a diario la sede del teatro, revisaba de cabo a rabo los libretos, asistía a algunos ensayos, y mientras le palmeaba hipócritamente la espalda a alguna primera figura fingiendo alentarlo, por otro lado tramitaba su posible exclusión de los repartos.
Esto terminó por alejar a muchos integrantes, al punto que, en un momento dado, la Asamblea y la Mesa Directiva (compuesta de siete empecinados miembros) llegaron a ser la misma cosa.
Pero esa doble táctica de ablande no impidió que el público creciente captara las sutiles entrelineas qua espejaban la realidad imperante, a través de un repertorio en cuya preparación fue fundamental la presencia de directores como Omar Grasso, Villanueva Cosse y Jorge Curi, que imprimieron su sello personal y cuyo magisterio abonó el terreno para el desempeño de otros más jóvenes (y no tan jóvenes) que en ese duro lapso y en los años siguientes se alternaron en la dirección y puesta en escena de espectáculos.
El papel de los censores (en Los comediantes, de Rein/Curi); las diferencias de clases (en Babilonia, de Discépolo); la nostalgia de tiempos felices (en Las tres hermanas, de Chejov); las tirantes relaciones familiares como parábola de otras relaciones difíciles (en Esperando la carroza, de Langsner); las persecuciones ideológicas y sindicales (en Emigrados, de Mrozek): la represión forzosa (en La casa de Bernarda Alba, de García Lorca); el ejercicio despótico del poder (en Tirano Banderas, de Valle Inclán); o la historia como fuente y explicación de conductas (Frutos, de Carlos Maggi), y hasta alguna reflexión filosófica revestida de humor (en El herrero y la muerte, de Rein/Curi) fueron algunas de las muchas formas que Teatro Circular encontró para tender puentes con un público necesitado de respuestas.
Docencia y estímulos
La obra de Teatro Circular no se limitó a la puesta en escena de sucesivos títulos para poblar temporadas. Una Escuela de Arte Dramático propia funcionó desde 1968, revistando en su cuerpo docente muchos de los más importantes nombres en cada una de las especialidades, como arte escénico (Omar Grasso, Rubén Yáñez, Jorge Curi, Rosita Baffico, Dervy Vilas), expresión corporal (Mary Minetti, Teresa Trujillo, Norma Quijano), foniatría e impostación de la voz (Roberto Fontana), danza (Graciela Figueroa), historia del arte (Olga Larnaudie), música (Coriún Aharonian, Nelly Pacheco), ética (Nelly Goitiño), literatura, gimnasia, escenografía. En esa escuela, además, y en una manifestación de amplio espíritu solidario, tuvieron cabida en momentos críticos los alumnos de su similar de El Galpón.
Seis o siete generaciones de figuras surgidas de esa escuela se han insertado en el movimiento teatral uruguayo, ya sea permaneciendo en la institución cuyo elenco estable pasaron a integrar (Patricia Yosi, Ángel Medina, Diego Rovira, Paola Venditto, Denise Daragnes); ingresando a la Comedia Nacional (Gloria Demassi, Isabel Legarra); continuando una carrera independiente en el propio medio (Jorge Bolani, Ricardo Couto, Lucio Hernández) o en el exterior (Ademar Bianchi y Francisco Nápoli en Buenos Aires, Joselo Novoa en el cine y teatro de Venezuela, Liliana García en Chile); o dedicándose con preferencia a la dirección y la dramaturgia (Luis Vidal, Femando Toja, Juan Graña). Pero siempre con señales o aportes de calidad y alto oficio.
También el autor nacional figuró entre las prioridades del Teatro Circular mediante frecuentes concursos, el último de los cuales fue convocado en conmemoración del cincuentenario y ha dado el fruto de dos jóvenes dramaturgos de considerable interés, como Álvaro Dell´Acqua (Pabellón, 1er. premio) y Gabriel Calderón (Las buenas muertes, mención especial), obras ambas que integraron la cartelera del Circular.
Pero mucho antes, en 1978, Carlos Manuel Varela lo ganó con Las gaviotas no beben petróleo, donde puso en marcha un estilo de dramaturgia que él mismo rotularía años después como «la técnica del espejo fracturado».
La puesta en escena de algún título que su comisión de lectura consideraba de interés y tenía cabida en su política de repertorio, fue otra vía que transitaron con éxito Víctor Manuel Leites (Quiroga, 1978; Doña Ramona, 1982 y Varela, el reformador, 1990, ambas ganadoras de sendos premios Florencio como mejores textos de autor nacional); Carlos Maggi (Frutos, 1985, también Florencio); y Alberto Paredes (Los mendigos, 1971; Lo veremos triste y amargado, 1978; Decir adiós, 1979). Sin olvidar las exitosas adaptaciones y reescrituras del binomio Mercedes Rein-Jorge Curi (Los comediantes, El herrero y la muerte, El coronel no tiene quien le escriba).
En 1971, el quemante impulso realizador de Omar Grasso se puso de relieve una vez más, creando el seminario de dramaturgia, que, si bien duró poco, más de una década, sus efectos se proyectaron en el tiempo. Tal como viene ocurriendo con todo lo que el Teatro Circular de Montevideo ha sembrado a lo largo de estos más de 60 años.
22
Dic
20
Danilo Astori al pueblo …
Una sabia y rotunda decisión
escribe: Danilo Astori / senador del FRENTE AMPLIO
El Referéndum de 13 de diciembre de 1992 representó la oposición de nuestra ciudadanía a recorrer el camino del neoliberalismo en la visión general del país y –en especial– el ámbito de la política económica y social.
Hace 28 años, y más concretamente el 13 de diciembre de 1992, el pueblo uruguayo tomó una histórica, rotunda y muy inteligente decisión. Se trata del referéndum que determinó la derogación de cinco artículos de la ley 16.211, llamada de empresas públicas. En rigor, como veremos después, el efecto fue mucho más allá de dicha derogación. Fue la oposición de nuestra ciudadanía a recorrer el camino del neoliberalismo en la visión general del país y – en especial – el ámbito de la política económica y social.
En realidad, valen todos los esfuerzos de memoria que se puedan realizar acerca de los aspectos específicos que tuvo la experiencia que estamos recordando. Pero tengamos en cuenta que hoy está vigente en el gobierno nacional una concepción muy similar a aquella contra la que la sociedad uruguaya se levantó y derrotó aplastantemente, sumando más del 80 por ciento de los votos emitidos para rechazar la ley cuestionada.
Si nos colocamos al más alto nivel de abstracción, la gran continuidad entre el gobierno encabezado por Luis Alberto Lacalle Herrera y el actual no radica, ni mucho menos, en los apellidos y los parentescos entre ambos titulares del Poder Ejecutivo. Descansa en sus convicciones acerca de la necesidad de reducir el rol de Estado en la sociedad, con lo que proponen disminuir todo lo posible el gasto público, prescindiendo de un análisis serio e inclusivo, aunque ello significa perjudicar derechos, y condiciones de vida de una proporción importante de la población.
Si comparamos los dos procesos desde la perspectiva de los instrumentos a los que apelaron, comprobamos que en 1992 se libró una batalla contra la enajenación de activos y funciones públicas fundamentales para el Uruguay. En la actualidad se ha elegido el camino del ajuste fiscal, basado en una reducción de grandes proporciones en el monto de recursos que es preciso asignar para que áreas estratégicas de la sociedad eviten su deterioro y, en la medida de lo posible, mejoren. Me refiero, desde luego, a la economía, pero también a la salud, a la educación, a la ciencia, al cuidado del ambiente, a la seguridad pública.
No obstante, y retornando al motivo central de esta conmemoración, que refiere al pronunciamiento del pueblo uruguayo contra la privatización de activos y funciones públicas, dos de los artículos derogados – el primero y el segundo – constituían verdaderos cheques en blanco para que el gobierno recorriera ese camino sin obstáculos.
Para apreciar dicha intención, basta recordar el primer inciso del artículo 1, que establece que «el Poder Ejecutivo podrá conceder u otorgar permisos para la ejecución de servicios públicos nacionales a su cargo. En caso que la ley haya asignado a un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado la prestación de un servicio público, el Directorio o Director del Ente o Servicio podrá otorgar la concesión o permiso con aprobación del Poder Ejecutivo. En todos los casos, el otorgamiento deberá ser efectuado mediante llamado público a los interesados sobre la base de igualdad de oferentes (artículo 482 y siguientes de la Ley Nro. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y artículos 653 y 655 de la Ley Nro. 16.170, de 28 de diciembre de 1990). La concesión o el permiso podrán incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y personales, así como la constitución de derechos reales o personales, respecto de los bienes muebles, útiles o necesarios para la ejecución del servicio por el periodo de concesión». ¡¡¡Casi nada!!!
Sin perjuicio de la enormidad que venimos de comentar, la gran propuesta del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera estaba concentrada primordialmente en ANTEL. Tanto por lo que ya había logrado en aquel entonces, como por lo que ya se proyectaba ocurriría después, ANTEL era la joya de la corona. Como indicadores importantes de la ubicación de ANTEL en el área de las comunicaciones, digamos que ya en 1991 operaba la telefonía celular, que en 1994 alcanzaría los 3000 aparatos en funcionamiento. Por otra parte, en diciembre de 1988, el Instituto de Computación (INCO) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Republica instaló la primera conexión estable de correo electrónico con el resto del mundo. El principal operador al frente de estos tempranos resultados era, obviamente, ANTEL. Que también lo es hoy, cuando el país ha logrado ubicarse a la cabeza de las telecomunicaciones en la región latinoamericana. Se puede elegir cualquiera de los indicadores en la materia para fundamentarlo, como por ejemplo la cantidad y la calidad de los teléfonos celulares, que han llegado a un total que supera los 5 millones, la fibra óptica al hogar, la banda ancha y su velocidad de bajada, el cable submarino y el volumen de información al que nos permite acceder.
Estos atributos ya se intuían en 1992 y por eso estábamos ante un bocado muy apetecible. El gobierno de entonces propuso su asociación a través de una elevada proporción de su paquete accionario. En un mundo de las telecomunicaciones totalmente dominado por grandes consorcios privados y transnacionales, dicho camino hubiera significado una verdadera absorción por parte del socio seguramente más potente y una pérdida de la soberanía nacional sobre la trayectoria que ya en 1992 exhibía la empresa. Por ese camino, hoy no estaríamos sintiéndonos orgullosos del protagonismo de ANTEL en la era de la explosión digital.
Los pueblos saben tomar decisiones sabias. En definitiva, son las que marcan el rumbo de la política y de las transformaciones que una sociedad necesita. La que estamos conmemorando, es un excelente ejemplo al respecto.
EN SU PROPIA BURBUJA, DISOCIADO DEL PUEBLO y SUS NECESIDADES…
Un paquete sin plata
escribe: Leandro Grille
Como podía anticiparse, el presidente presentó un paquete de medidas y exhortaciones para frenar la ola de contagios del virus que no incluye ningún apoyo económico a la población. Si las medidas cumplen con su cometido epidemiológico, lo sabremos con datos en un par de semanas, pero ya se sabe que se apartan decididamente de las recomendaciones del grupo asesor científico, por lo que no parecen estar basadas en la evidencia local ni en la internacional. De todas las medidas proclamadas, la reglamentación del derecho de reunión entraña un riesgo superior que el Parlamento tendrá que estudiar y sopesar con sumo cuidado. Sin ley, ya hemos observado en estos meses una cantidad importante de operativos policiales abusivos en espacios públicos y, si además tomamos en cuenta el contenido represivo de la Ley de Urgente Consideración, es de orden concluir que a este gobierno no le desagrada la idea de “des aglomerar” algunas expresiones por la fuerza, con virus o sin virus que lo justifique. Fuera de esta incursión potencialmente peligrosa en el ámbito de los derechos ciudadanos y la suspensión de los espectáculos públicos, las medidas no parecen nada del otro mundo y, en algún caso, como la extensión del horario de shoppings y centros comerciales, resultan bastante anti intuitivas.
Ahora bien, las curvas de nuevos contagios, número de personas en cuidados intensivos y muertes diarias por covid-19 han adquirido una forma de crecimiento tan empinada, que solo cabe encomendarse a este paquete de medidas y rezar para que funcione. En caso contrario, cuando termine el año el panorama estimado por el grupo científico es desolador: más de 1.000 nuevos casos diarios, 10.000 casos activos y más de 100 personas en CTI, en una carrera hacia el colapso del sistema sanitario que podría llegar tan pronto como en el mes de enero.
Pase lo que pase con la evolución de la epidemia, es evidente que las medidas restrictivas de la movilidad social producen caída de la actividad económica, y si no se acompañan de estímulos y ayuda a las personas y a las empresas, son muy difíciles de cumplir, porque funden y empobrecen. Ya este ha sido un año durísimo para la gente y eso que recién nos comenzó a golpear la primera ola de la pandemia, de la cual habíamos zafado antes, quizá por ciertas características de nuestros país, pero, sobre toda las cosas, porque ni bien apareció el virus entre nosotros, la sociedad se confinó masivamente, aunque no fuera obligatoria la cuarentena. Los datos de movilidad demuestran que entre el 13 de marzo y los dos o tres meses subsiguientes, la inmensa mayoría de nuestro pueblo se quedó en sus casas y tomó todos los recaudos posibles para evitar que se propagara la enfermedad.
El gobierno se ha adjudicado y ha publicitado desde el principio el éxito sobre el control de la pandemia, pero el tiempo va a demostrar que las claves determinantes de ese control inicial que se proyectó por los meses siguientes estriban en la conducta ciudadana de esos meses y en un fuerte de sistema de seguridad social que permitió que cientos de miles accedieran al seguro de desempleo, porque eran trabajadores formales en el país con mayor proporción de formalidad de América Latina, pero no con las medidas de apoyo específicas adoptadas por el gobierno y, mucho menos, con el concepto de la “libertad responsable”, que fue el latiguillo utilizado por Lacalle Pou para no verse conminado a establecer renta básica, ni salario de emergencia, ni subsidio a las empresas ni ninguna medida significativa para sostener los ingresos de la población. De hecho, durante estos nueve meses, la agenda gubernamental ha sido proponer una Ley de Urgente Consideración completamente irritante y cuestionada hasta por organismos internacionales de derechos humanos y un presupuesto de ajuste descomunal que implementó una caída absoluta del salario real que no va a ser compensada en todo el período. En suma, no solo no han invertido plata para ayudar al pueblo a sobrellevar esta emergencia, sino que han promovido una agenda antipopular e inoportuna, cultivando bronca y esquivando el diálogo y la búsqueda de consensos.
Como buen neoliberal, Lacalle Pou se jugó por un conjunto de medidas con intenciones sanitarias que no afecten la economía de las grandes empresas y que no le supongan gastos al Estado. Según expresó en la conferencia, si funcionan, serán mérito de la gente, pero si no funcionan, el gobierno se hará cargo de la responsabilidad. Es un discurso que se da de bruces con la constante prédica de culpar a la gente cuando las cosas no salen bien y la permanente jactancia sobre su gestión de la pandemia, pero algo es algo. De corazón, esperemos que estas medidas anunciadas, ahora que terminaron las clases y se acercan las fiestas, junto a la conciencia social sobre la gravedad de las circunstancias, nos permitan sortear esta amenaza con la menor cantidad de pérdidas humanas, pero si no funcionan, si rápidamente se observa que son insuficientes o están mal orientadas, ojalá que el presidente tenga la humildad de reconocer y corregir el rumbo a tiempo, porque si no es así, las próximas conferencias van a ser sobre escombros.
20
Dic
20
un sencillo hombre del pueblo
Canzani: Tabaré Vázquez «cambió la historia; hizo posible la conquista de objetivos largamente buscados»
Entrevistado por LA REPÚBLICA, el sociólogo y analista político reflexionó sobre el legado del ex presidente.
El sociólogo, analista político y director de la Fundación Liber Seregni, Agustín Canzani, consideró que la figura de Tabaré Vázquez, para el Frente Amplio (FA) vino, «de alguna manera», para «ganar y cambiar la historia» del país.
La capacidad de relación con los medios de comunicación y de estar cerca a la gente fue lo que hizo llegar a ser líder de la coalición de izquierdas, opinó. «Su perfil genuinamente popular, fueron básicos en esa construcción del liderazgo», apuntó.
Asimismo, Canzani expresó que Vázquez fue, en su momento, «un candidato hasta cierto punto atípico para la izquierda» y fue «por eso mismo que le permitió al FA crecer en sectores de la población que hasta ese entonces le eran esquivos, como grupos de sectores bajos del área metropolitana y sectores medios en el interior del país».
A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con LA REPÚBLICA.
¿Qué legado dejó Tabaré Vázquez para el país pero principalmente en el Frente Amplio (FA)?
Vázquez se consolidó hace tiempo como una figura de la democracia uruguaya en su etapa post dictadura. No sólo es el resultado de sus dos presidencias, sino también de su capacidad para lograr verdaderos logros políticos de enorme peso simbólico primer intendente y primer presidente que no pertenecía a los partidos tradicionales, candidato más votado, presidente que se retira con evaluación ampliamente positiva desde el retorno de la democracia, etcétera. Para el FA, fue de alguna manera, el hombre que vino para ganar y cambiar la historia.
No fue únicamente por él, pero fue con el. Hizo posible la conquista de objetivos largamente buscados, pero también fue capaz de mantener cohesionada a la fuerza política orientándola claramente a objetivos políticos y electorales.
¿Cómo se construyó el liderazgo del expresidente?
Aunque llega a la política de manera en cierta forma casual, Vázquez construye un fuerte liderazgo desde la Intendencia de Montevideo, en una carrera que, para los cánones uruguayos, es meteórica. Su período en la Intendencia le permitió ganar notoriedad, consolidar un perfil ejecutivo y transformarse en el principal referente de la izquierda.
Ciertos elementos como su capacidad para manejarse ante los medios y, a la vez, establecer relación directa con la gente expresando un perfil genuinamente popular, fueron básicos en esa construcción. Sin duda, no fueron los únicos, porque también fue tejiendo un liderazgo casi sin antecedentes a la interna del FA.
La relación con el general Seregni pareció ser clave para consolidarse como líder. ¿Qué vio Seregni en él para liderar todo ese proceso de, primero ir por la Intendencia de Montevideo en 1989, y luego para la presidencia en 3 ocasiones?
Aunque tuvieron diferencias, es evidente que Seregni advirtió rápidamente el potencial electoral de Vázquez.
¿Cuál fue el diferencial de Vázquez para que el FA llegara al poder, por primera vez, hace 15 años?
Probablemente, fue en su momento un candidato hasta cierto punto atípico para la izquierda, pero eso mismo le permitió al FA crecer en sectores de la población que hasta ese entonces le eran esquivos, como grupos de sectores bajos del área metropolitana y sectores medios en el interior del país.
El politólogo Antonio Cardarello comparó el primer gobierno de Vázquez con el segundo de Batlle y Ordóñez. El académico entiende que ambos apostaron al Estado de bienestar y se llevaron a cabo políticas claves. Entre ellas, por parte de Vázquez, el Plan Ceibal, la vuelta de los Consejos de Salarios, la creación del Mides, entre otras. ¿Qué opinión le merece?
Es evidente que el primer gobierno de Vázquez marca un hito en el reingreso y la consolidación del Estado en varias áreas de política pública. El entramado de políticas laborales y sociales juega un papel fundamental en esa concepción, y los cambios en la protección y el bienestar social que experimentó el país en los últimos tres lustros están estrechamente ligados a esas intervenciones.
¿A qué se debió ese proceso de cambios que implementó Vázquez en su primera administración?
Para 2004, el FA había desarrollado un programa que tenía mojones muy claros, y al llegar al gobierno con mayoría parlamentaria se vio en una situación ideal para aplicarlo. La mejora de la situación económica también influyó para que esos cambios pudieran implementarse. Por otra parte, es evidente que sintonizaban bien con las principales demandas de la sociedad uruguaya en ese momento.
En cuanto al segundo gobierno, que fue más criticado, ¿ qué fue lo que dejó ?
Sin duda, el segundo gobierno de Vázquez fue menos exitoso y, probablemente, menos ambicioso. Pero no hay que olvidar que se desarrolló en un contexto económico regional mucho más restrictivo, y aún así logró mantener cierto dinamismo de la economía y, creo que es muy importante, logró que los impactos negativos en la mayoría de los indicadores sociales o no existieran o fueran minimizados.
A nivel internacional, ¿ qué significó Vázquez?
Aunque quizás no fue tan famoso ni popular como otros presidentes latinoamericanos, las reacciones ante su muerte muestran la alta valoración que tenía fuera del país. Su lucha para imponer políticas contra el tabaquismo también hizo que se convirtiera en una figura relevante en políticas de salud.
Luego del fallecimiento de Vázquez, ¿ cómo avanzará el proceso de autocrítica tras perder las pasadas elecciones ?
Es un proceso independiente, que presenta sus propios desafíos. No veo que vaya a cambiar por ese hecho, aún en un contexto en que el golpe afectivo es muy importante para el FA.
¿Quién o qué sector representaría el «vazquismo» hoy en día?
La figura deTabaré sin duda será una referencia para el FA, especialmente en términos de su práctica política. No creo que su herencia pueda considerarse patrimonio de un sector.
«Siempre me impresionaron dos cosas: su tranquilidad y su calidez»
¿Qué relación tuvo usted con Vázquez?
Trabajé profesionalmente en estudios de opinión pública en su etapa en la Intendencia y durante la primera presidencia, y luego lo traté como integrante de la Directiva de la Fundación Liber Seregni.
Siempre me impresionaron dos cosas: su tranquilidad y su calidez.
En 2005, cuando comenzaba su mandato, en medio de una cumbre iberoamericana con una de esas parafernalias de seguridad habituales, yo estaba en la recepción de un hotel en Salamanca y veo a Tabaré saliendo del ascensor. Lo saludé tímidamente desde lejos, y él atravesó todo el salón para charlar unos minutos.
Los escoltas españoles quedaron desorientados, no sabían muy bien qué hacer. Tabaré era así, sencillo, cálido y poco protocolar. Luego, terminamos compartiendo una cena para mí inolvidable con parte de su gabinete.
SE PARECE AL PACHEQUISMO PERO ES EL HERRERISMO…
INDDHH
«No puede admitirse la detención de personas si no existe in fraganti delito»
En la jornada de ayer viernes 18 de diciembre mientras el parlamento votaba el proyecto de ley para reglamentar el artículo 38 de la Constitución, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos emitía una declaración, advirtiendo de los alcances de actuación que debería tener dicha reglamentación.
Luego de una breve interpretación del Artículo 38 a reglamentar, la INDDHH enumera una serie de situaciones que la actuación del Estado debería tomar en cuenta para no violar los derechos constitucionales y humanos.
«El artículo 38 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas, previendo que su ejercicio no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Los instrumentos internacionales ratificados por Uruguay también reconocen el derecho de reunión pacifica. El ejercicio de este derecho puede, sin embargo, ser limitado por ley y sólo por razones como la protección de la salud o los derechos de los demás.
Ante el crecimiento exponencial de casos positivos de coronavirus en nuestro país y el riesgo de saturación del sistema de salud, el Poder Ejecutivo ha anunciado el envío al Parlamento de un anteproyecto de Ley para reglamentar el derecho de reunión pacífica. El proyecto otorgaría a las autoridades públicas la potestad de disolver reuniones que amenacen la salud pública.
La INDDHH considera acertada la iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar una propuesta de reglamentación al Poder Legislativo dado que el ejercicio del derecho de reunión admite restricciones por razones específicas como las mencionadas, siempre que estén dispuestas por ley.
Salvada esta garantía de reserva legal y ajuste de las restricciones a una razón de interés general como lo es la salud pública, la INDDHH considera oportuno recordar, desde un enfoque de Derechos Humanos, los principios que deben regir las limitaciones legales al ejercicio de los derechos humanos:
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Toda limitación al ejercicio de un derecho y como es, en este caso, la prohibición o limitación de determinado tipo de reuniones, debe considerarse como una medida de último recurso. Se debe demostrar que esas reuniones constituyen un riesgo claro para la salud de la población.
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Las disposiciones legales deben ser precisas y concretas en sus definiciones como para permitir que los miembros de la sociedad decidan de manera libre e informada sobre la mejor manera de regular su conducta. Se deben evitar las ambigüedades en las definiciones; por ejemplo es importante dar contenidos precisos a la expresión “aglomeración que amenaza la salud” de la población.
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La Ley debe prever que toda actuación de un agente estatal tendiente a su aplicación, deba realizarse estrictamente bajo los términos por ella establecidos, privilegiando siempre las acciones preventivas y disuasorias frente a las represivas. La INDDHH se pronunció sobre las limitaciones a los derechos de reunión y circulación en 2017, al comentar sobre el Decreto No. 76/2017 sobre el derecho de libre circulación en calles, caminos o carreteras. En la ocasión la INDDHH instó al gobierno de la época a “adecuar el marco jurídico (…) dando cumplimiento a las normas del Derecho de los Derechos Humanos en el momento de disponer (…) restricciones a las libertades de expresión y reunión pacíficas”.
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Las limitaciones establecidas por la Ley deben ser razonables y proporcionales al peligro que se desea evitar. Se debe asegurar en todo momento que exista una adecuación entre el fin buscado y los medios para lograrlo.
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La limitación del derecho de reunión no debe ser usada para justificar la restricción de otros derechos humanos, y particularmente no debe afectar la libertad de expresión, el derecho de asociación o el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos.
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Las medidas a adoptar deben ser estrictamente necesarias e idóneas. Esto quiere decir que los fundamentos de la ley deben demostrar que no existe otra forma justa y razonable de proteger la salud pública sin negar el ejercicio del derecho de reunión o limitándolo en menor medida. Se debe justificar que las medidas adoptadas sean las menos perturbadoras entre las que podrían permitir lograr la función protectora pertinente. En todos los casos debe existir una adecuada ponderación entre el costo de inhibir el ejercicio del derecho de reunión y la satisfacción del fin de protección de la salud pública buscado.
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La causal de la limitación siempre debe basarse en el riesgo que el derecho de reunión pacifica conlleva para la salud pública y nunca en las razones por la cual las personas se encuentran reunidas. En la adopción y puesta en práctica de las medidas que la ley establezca se debe evitar todo tipo de discriminación.
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En caso que la Ley faculte a la fuerza pública a disolver reuniones pacíficas, se le debe advertir la prohibición de adoptar medidas que apelen al uso de violencia para ese fin, así como la obligación de respetar las disposiciones constitucionales relativas a la privación de libertad de personas (arts. 15 y 16). En este sentido no puede admitirse la detención de personas si no existe in fraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, con orden escrita de Juez competente.
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Los recursos judiciales y garantías para la protección de los derechos humanos tales como el amparo y habeas corpus permanecerán en vigencia y no serán afectados por las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica.
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