Lacalle pou y la derecha uruguaya

Lacalle Pou, aplaude como loco; 

obstinada contumacia del gran capital

escribe: Hugo Acevedo, Analista

 

La regresiva reforma laboral aprobada por el Congreso de Brasil-que es una suerte de cheque en blanco para el gran capital – ha tenido disímiles repercusiones en Uruguay, acorde a la indudable incidencia que ostenta el gigante sudamericano en el mapa económico regional y en la arquitectura de integración del Mercosur.

Mientras el oficialismo criticó las medidas a través del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a nadie sorprendió que la Cámara de Industrias del Uruguay compartiera el espíritu de la flamante legislación.

En una nota enviada al gobierno del usurpador Michel Temer, el Secretario de Estado cuestionó el impacto que esa iniciativa tendrá en los trabajadores, afirmando que “si vale más un acuerdo individual entre un trabajador y un empresario que una ley o un convenio, retrocedimos dos o tres siglos”.

La declaración del ministro está en sintonía con el nuevo esquema de relacionamiento laboral de nuestro país implantado por los gobiernos del Frente Amplio, a partir de la aprobación de la Ley de Negociación Colectiva, la Ley de Fuero Sindical y la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, entre otras prerrogativas legales.

A estos sustantivos avances se suma la inédita inclusión de las empleadas domésticas y de los peones rurales en la negociación salarial, dos sectores históricamente explotados, abusados y sojuzgados por las patronales.

No en vano Uruguay ocupa el primer lugar en América y el 18º en el mundo entre los países con mejores condiciones para desempeñarse laboralmente, según un estudio presentado en el Congreso Mundial de la Confederación Sindical Internacional.

En efecto, el informe -que analiza las condiciones laborales en 140 países evaluados de todos los continentes- ubica a nuestro país entre las naciones donde se constata el mayor respeto por los derechos de los trabajadores.

Sin embargo, esta democratización de las relaciones laborales ha sido ácidamente criticada por las cámaras empresariales, que mantienen su queja ante la Organización Internacional del Trabajo, y reclaman cambios en la normativa vigente.

Esa previsible dicotomía entre el gobierno y un empresariado profundamente politizado y alineado con los postulados de la derecha más cerril, ha originado una brecha que tiene obviamente una connotación ideológica.

El primer elogio a la controvertida reforma laboral brasileña partió del Presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, quien reclamó que en Uruguay se deben “flexibilizar las relaciones laborales” y abogó por analizar el camino emprendido por Brasil.

En declaraciones formuladas a la prensa, el empresario señaló que “Uruguay es uno de los países más avanzados del mundo en legislación laboral, pero sus principales reformas refieren al período 1915-1919. Estamos en 2017, con un mundo y un mercado cambiante”.

El absurdo de su razonamiento es ignorar deliberadamente que nuestro país progresó mucho en esta materia durante los últimos doce años y la actual normativa poco se parece a la de hace un siglo, cuando el batllismo impulsó las primeras reformas para la modernización de las relaciones laborales.

Corrallo afirmó que “flexibilizar no quiere decir estar en contra de los trabajadores”, al tiempo de elogiar la polémica reforma brasileña, que, a su juicio, “es lo que más le conviene a Brasil para salir de la recesión”.

Esta reflexión constituye también un flagrante desaguisado conceptual, en tanto el camino para superar una situación de estancamiento económico no es recortando derechos.

Bien conocemos los uruguayos las graves consecuencias de las políticas de desregulación implantadas durante la década del noventa del siglo pasado, que devinieron -entre otros factores endógenos y no exógenos- en la devastadora crisis de 2002.

Corallo culminó agitando el inverosímil fantasma de la “pérdida de la competitividad”, una de las falacias más recurrentes del gran capital para justificar la supresión de puestos de empleo.

Para nada sorprende que el alto empresariado uruguayo se manifieste seducido por la reforma laboral brasileña, que es -a todas luces- un auténtico paradigma de perfecta utopía capitalista.

La transformación que tanto pondera el vocero empresarial uruguayo establece una suerte de libertinaje de mercado, en cuyo contexto los patrones podrán negociar directamente con su personal, tanto los montos de los salarios como las condiciones de trabajo.

Una de las prerrogativas más polémicas es que se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual, estableciéndose jornadas laborales de hasta doce horas.

Además, quedarán fuera del área de negociación temas como el salario mínimo, el aguinaldo, las horas extra, la licencia por maternidad y las normas de seguridad.

Incluso, los capitalistas podrán hacer valer en los tribunales cláusulas mucho más flexibles, pactar sueldos a la baja, así como horarios de trabajo, tiempos de descanso, asuetos y hasta la división de las licencias.

Otro aspecto revulsivo de la reforma es la cancelación de la obligatoriedad de los aportes a los sindicatos, lo cual constituye un artero ataque a las organizaciones que representan a los trabajadores.

Además, la nueva legislación prevé agilizar sustantivamente los trámites de contratación y despido de personal, lo cual horadará las garantías con las que cuenta la clase obrera.

Ese draconiano paquete de medidas coincide, en lo sustantivo, con las aspiraciones de las cámaras empresariales uruguayas y, obviamente, con los programas de gobierno de los partidos de la oposición que aspiran a desplazar al Frente Amplio del gobierno.

La idea del bloque conservador es exhumar las fracasadas recetas neoliberales de la aciaga década del noventa, que eliminaron la negociación salarial, flexibilizaron el mercado de trabajo, precarizaron los vínculos laborales y sumieron a la clase trabajadora en la incertidumbre y la desesperanza.

Todos sabemos que el corolario de ese malogrado experimento fue la dramática crisis económica social de 2002, que originó una desocupación de casi un 20%, una pérdida de casi un 30% del valor de los salarios y las jubilaciones y una dantesca tasa de pobreza que trepó al 40%, entre otras tantas calamidades.

La simpatía del empresariado uruguayo hacia la regresiva reforma laboral brasileña es una señal inquietante, en la medida que esta oligarquía auspicia y apuesta a un triunfo electoral de la derecha.

Es también un llamado de alerta para la multitud de ciudadanos desencantados que, según las empresas encuestadoras, no tienen definido su voto para los comicios de 2019.

ddhh

¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos?

escribe: Aldo Marchesi doctor en historia / Dínamo

En 1971, al inaugurar el Foro Internacional sobre la Vigencia de los Derechos Humanos en América Latina, el rector de la Universidad de la República Óscar Maggiolo decía que “tortura, represión, terror y muerte” eran “cada vez más el principal instrumento de poder de las oligarquías gobernantes. Son ellas las responsables de que sea imposible imponer la vigencia de los derechos humanos; ello no se conseguirá hasta que la oligarquía […] desaparezca”. Y reivindicaba “el derecho a la rebelión como un derecho humano si el estado no protege al individuo para que pueda gozar de la justicia y el bienestar”.

En 1989, luego de la dictadura, Servicio Paz y Justicia publicaba Uruguay nunca más, donde se proponía denunciar “[l]a tortura, la prisión por razones ideológicas, la desaparición forzada, la coordinación represiva y tantas otras maneras de conculcar derechos elementales que se dieron en el marco de la doctrina de la Seguridad Nacional”. El libro procuraba ser una herramienta que contribuyera a conocer la verdad de lo ocurrido, promover la justicia con los victimarios y asegurar garantías de no repetición. Ambos ejemplos muestran las enormes diferencias entre las maneras de concebir lo que entendemos por derechos humanos en diferentes momentos de la sociedad uruguaya durante la segunda mitad del siglo XX. Las diferencias radican en la forma en que conceptualizamos, definimos y proponemos soluciones para las violaciones a los derechos humanos.

En términos generales, podemos decir que hoy el término derechos humanos todavía está asociado con las prácticas de violencia estatal denunciadas en Uruguay nunca más. En esos procesos, los movimientos sociales tuvieron un particular protagonismo: ejercieron sus reclamos frente al Estado, pero también frente a una serie de organismos internacionales que desde los 70, gradualmente, han estado prestando especial atención a estos asuntos.

Como el trabajo de Vania Markarian ha mostrado, la noción de derechos humanos llegó a Uruguay en la década del 70, como consecuencia del encuentro de la izquierda uruguaya en el exilio con diversas organizaciones de solidaridad internacional que se expandieron en la segunda mitad de esa década, cuando el gobierno norteamericano de Jimmy Carter puso especial atención en la violación de derechos humanos cometidos por gobiernos autoritarios en diferentes zonas del mundo.

Dicho momento debe ser entendido en el contexto de la Guerra Fría. La política de Carter implicó una renovación del discurso estadounidense luego del ciclo que se cerraba con Watergate y la derrota imperial en Vietnam. El Cono Sur y la Europa comunista fueron los principales destinatarios de esta renovación de la política exterior estadounidense. Estados Unidos promovió sanciones y cuestionamientos por medio de diversos organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos en alianza con organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y en diálogo con las organizaciones de víctimas en los países. Dicha política tuvo sus resultados en el corto y mediano plazo en el mundo comunista y en el Cono Sur. Las transiciones de los años 80 y 90 en ambas zonas del mundo tuvieron que ver, entre otras cosas, con estas políticas.

En ese encuentro entre estados, organismos internacionales y organizaciones de solidaridad, se construyó un lenguaje de los derechos humanos que fue fundacional y que en cierta medida continúa hasta hoy. Por un lado, dicho lenguaje tuvo una fuerte dimensión emocional que buscaba construir una empatía con la víctima por medio de campañas de solidaridad. Por otro lado, existió un énfasis en las violaciones a los derechos humanos relativas a las violaciones a los derechos políticos; otras formas de violencia estatal, social o cultural quedaron eclipsadas por esta lectura liberal de inspiración anglosajona. Por último, los derechos humanos quedaron asociados con la lucha por la libertad y contra el autoritarismo y adquirieron una fuerte dimensión ética que posicionaba a los defensores de dicha causa en un lugar que resultaba imposible de interpelar. Un paradigma moral que se transformó en “la última utopía”, en palabras de Samuel Moyn, en un contexto de creciente crisis de los paradigmas emancipatorios del siglo XX. Pero, como el mismo Moyn sugiere, dicho programa fue minimalista y tuvo una muy limitada capacidad de incidencia en el futuro.

Sin embargo, en el caso del Cono Sur las denuncias internacionales lograron que las dictaduras por primera vez se vieran cuestionadas por el mundo occidental, que inicialmente permitió, y en algunos casos alentó, los golpes de Estado. Los derechos humanos sirvieron para contener el avance represivo y ambientaron nuevas alianzas en los sectores opositores que se podían unir en este lenguaje frente a las discrepancias previas entre centros e izquierdas.

En el contexto de las transiciones, el de los derechos humanos se transformó en un tema de desavenencias dentro del bloque democratizador. Todos estaban de acuerdo en culminar con las violaciones cometidas por la dictadura, pero el tema de la justicia y la reparación abrió fuertes debates que en última instancia tenían que ver con cuál sería el lugar de los victimarios en las nuevas democracias. Algunas derechas civiles lograron un aprendizaje en dicho proceso y no continuaron reivindicando las violaciones a los derechos humanos justificadas en el discurso anticomunista de la Guerra Fría. Asimismo, para las izquierdas implicó una reevaluación de sus propias experiencias y prácticas.

En el caso de Uruguay, la interpelación que el clima de los derechos humanos hizo a los partidos políticos no se expresó en una autocrítica explícita sobre el pasado. El Partido Colorado nunca se autocriticó por las prácticas autoritarias desarrolladas en el período previo al golpe. En la izquierda el panorama fue más matizado. A lo largo de estas décadas, hemos presenciado una crisis política e ideológica vinculada con la caída del socialismo real y con cierta evaluación de la experiencia armada de los 60, cuando el autoritarismo estatal de izquierda y la violencia revolucionaria fueron interpelados desde el paradigma de los derechos humanos. Aunque el tema no se ha saldado y renace cíclicamente, como ocurre hoy con la discusión sobre Venezuela.

A diferencia de lo ocurrido con el movimiento global, una de las características peculiares del movimiento de derechos humanos del Cono Sur es que mantuvo cierta familiaridad con las izquierdas. Es así que en las últimas décadas el avance del movimiento de derechos humanos en verdad, justicia y memoria estuvo asociado con el avance de los gobiernos progresistas. Aunque no siempre sin conflictos, ambos movimientos resultaron complementarios en la reducción de los enclaves autoritarios y las prácticas autoritarias que quedaban de las dictaduras, y en la reivindicación de las memorias de los pasados predictatoriales, quitando los estigmas sobre la izquierda y los movimientos populares que las dictaduras plantearon.

Otra de las peculiaridades que el debate sobre los derechos humanos tuvo en el Cono Sur fue que, a diferencia de la perspectiva minimalista a nivel global, aquí se ambientó una ampliación de la noción. A partir de los 80 comenzamos a ver cómo un conjunto de colectivos comenzó a tomar el paradigma de los derechos humanos para reivindicar su propia dignidad, al denunciar décadas de discriminación y violencia estatal. Entre otros, podemos nombrar los movimientos de diversidad sexual, de género, afro, de salud mental, de menores recluidos, que se ampararon en ese paradigma para desarrollar sus reclamos. Sin embargo, el lenguaje de los derechos humanos no pareció extenderse a temáticas vinculadas con la desigualdad social y los procesos de fragmentación social y estigmatización de los sectores más pobres.

Simultáneamente, el lenguaje de los derechos humanos se fue instalando como un marco del sistema internacional. Dentro de este se han dado múltiples tensiones entre activistas que han reclamado una visión internacionalista que aspiraba a una suerte de justicia global y el secuestro de los derechos humanos como una causa política asociada con los intereses de diversas potencias. Fue así que hechos tan diferentes como el encarcelamiento de Augusto Pinochet en Londres y la caída y posterior ejecución de Saddam Hussein en Irak fueron justificados con el argumento de la defensa de los derechos humanos. La guerra contra el terrorismo y la ausencia de Estados Unidos en las principales iniciativas que procuraban internacionalizar la justicia, y el escenario presente de la administración Trump, hacen que el sueño de una justicia global independiente del interés de las potencias parezca cada vez más alejado.

Aquella experiencia desarrollada en los 70, que se concentró en ciertos derechos individuales y se fortaleció en la globalización de la pos Guerra Fría, hoy parece interpelada por un orden internacional cada vez más adverso. Asimismo, corre el riesgo de quedarse en una mera institucionalidad desligada de las movilizaciones de varios sectores desposeídos en múltiples sentidos. En este sentido, la pregunta de qué derechos humanos para qué tiempo histórico parece pertinente. Esto no implica abandonar las luchas que importantes sectores del pueblo uruguayo dieron. Por el contrario, se trata de cómo integrar aquellas luchas a nuevos procesos que amplíen la idea de derecho humano, que en última instancia es un reclamo por la igualdad y la dignidad humanas.

 

eeuu y la guerra fría

El intento exitoso de reavivar la Guerra Fría en EE.UU.

escribe: Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Columnista en el periódico Público de España.

Si usted viaja a EEUU este verano y lee los rotativos más importantes del país como el New York Times, el Washington Post o Los Angeles Times, o ve las cadenas de televisión más vistas como CBS, ABC o NBC, verá que el gran tema que indigna al establishment político-mediático del país son las interferencias del gobierno ruso presidido por el Sr. Putin o de agencias próximas a él en las últimas elecciones presidenciales de EEUU, mediante las cuales supuestamente proveyeron toda la información posible, conseguida ilegalmente (a través del hackeo de las instituciones del Partido Demócrata), a los miembros del equipo electoral del candidato Trump, facilitando su victoria sobre la candidata demócrata, la Sra. Hillary Clinton. Dicho establishment está escandalizado porque un país extranjero estuviera influenciando las elecciones estadounidenses, práctica que denuncian intensamente, acusando al gobierno ruso de todo tipo de comportamientos, llamándole de todo. En realidad, están intentando reavivar la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética (ahora Rusia).

Quisiera aclarar de entrada que mi simpatía por el gobierno Putin y por el gobierno Trump es nula. Ahora bien, considero de una enorme hipocresía que tal establishment político-mediático (que constantemente presenta la política exterior de su país como “la máxima fuerza promotora de la democracia en el mundo”, tal como la definió el viceministro de Asuntos Exteriores durante la administración Obama, el Sr. Tom Malinowski) se escandalice por lo que hace el gobierno Putin, a la vez que ha apoyado todo tipo de intervenciones del gobierno federal estadounidense en otros países para cambiar gobiernos, convirtiéndolo en el Estado más intervencionista conocido, utilizando todo tipo de acciones, desde asesinatos políticos e intervenciones militares, a financiación de partidos y movimientos políticos y sociales. Melvin Goodman ha provisto una lista de estas supuestas intervenciones para defender y promover la democracia en el último número de Counterpunch (27.07.17), una de las revistas progresistas de mayor difusión en aquel país. Paso a resumir algunas de las mayores intervenciones del gobierno estadounidense en el exterior:
•En 1953, EEUU y el Reino Unido intervinieron en Irán para expulsar al gobierno democráticamente elegido de Mohammed Mossadegh.
•En 1954 el gobierno de EEUU apoyó un golpe militar en Guatemala que instauró una de las dictaduras más crueles de las que han existido en Centroamérica. Esto ocurrió durante la presidencia del general Eisenhower.
•El mismo gobierno presidido por Eisenhower apoyó la campaña para asesinar a Patrice Lumumba en el Congo, dando pie al establecimiento de una de las dictaduras más brutales en la historia de África, la dictadura de Sese Seku Mobutu.
•El gobierno del presidente Kennedy apoyó la invasión de la Bahía de los Cochinos en Cuba, financiada por la CIA.
•El gobierno del presidente Nixon apoyó el golpe militar del general Pinochet en contra del gobierno democráticamente elegido del presidente Allende, argumentando, en boca de su ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Henry Kissinger, que “EEUU no podía permitir que Chile fuera tan estúpido como para escoger a un gobierno comunista”.
•El gobierno estadounidense ha intentado asesinar a los presidentes de Cuba, República Dominicana y Vietnam, asesinatos programados por la CIA, que al descubrirse crearon un rechazo popular que forzó a que el Congreso apoyara una ley prohibiendo la participación del Estado de EEUU en tal tipo de intervenciones a mediados de los 70.
•Dicha ley, sin embargo, ha dejado de respetarse en muchísimas ocasiones, como lo fue en el caso del asesinato y golpe militar contra el coronel Gadafi en Libia, promocionado por la ministra de Asuntos Exteriores de EEUU, la Sra. Clinton, que orgullosamente utilizó la famosa frase “fuimos a ver qué pasaba y en consecuencia él murió”. Desde entonces, Libia se ha sumido en el caos, convirtiéndose en uno de los centros del yihadismo.
•El gobierno Bush invadió Irak para expulsar a Saddam Hussein, argumentando que tenía armas de destrucción masiva (lo cual el gobierno sabía que no era cierto). Es importante señalar que fue el mismo gobierno de EEUU el que ayudó en el golpe en contra del coronel Abdul Kassem, que facilitó el establecimiento de Saddam Hussein.

Intervenciones en Europa
•En Europa, el gobierno estadounidense intervino en múltiples ocasiones para desestabilizar Polonia en los años 80, Georgia en los años 90 y más recientemente Ucrania.
•Su intervención en Italia fue una constante, apoyando al gobierno cristianodemócrata, temeroso del poder del Partido Comunista Italiano.
•Y en España, los gobiernos estadounidenses, que en su día habían jugado un papel clave (bajo la administración Eisenhower) en promover a uno de los regímenes dictatoriales más sangrientos que haya habido en Europa, la España de Franco, intervinieron activamente durante la transición, muy temerosos de que la Revolución de los Claveles contagiara a la oposición democrática española.

¿Por qué tanta sensibilidad ante el tema ruso?

Las causas de la enorme sensibilidad mediática ante el supuesto intervencionismo ruso en las elecciones estadounidenses son múltiples, como por ejemplo el deseo por parte del complejo político-militar de EEUU de reavivar la Guerra Fría, necesaria para continuar el enorme gasto militar que alimenta a dicho complejo. Tal complejo, enormemente influyente en EEUU, necesita un enemigo, y Rusia cumple esa función.

Pero otra causa es el deseo de expulsar al presidente Trump del poder. Es conocido que el hombre de negocios Trump, uno de los titanes del capital especulativo inmobiliario, hizo grandes negocios en Rusia, en colaboración con la oligarquía rusa, dirigida por el Sr. Putin. Y es más que seguro que estas conexiones incluyan gran cantidad de trabajos sucios, característicos de la actividad económica empresarial y muy en especial de la financiera y de la inmobiliaria. Y es ahí donde el establishment del Partido Demócrata y un número creciente de figuras del establishment político-mediático estadounidense, alarmados por lo que ellos consideran incompetencia y la manera errática de comportarse característica hoy de la rama ejecutiva del Estado federal (ver mi artículo El capitalismo de amiguetes: Coca-Cola y el presidente Trump, Público, 27.07.17), están intentando hurgar para poder expulsarlo del poder. Pero es improbable que el impeachment de Trump ocurra, pues el Congreso está controlado por el Partido Republicano, hoy controlado por la ultraderecha libertaria. La única posibilidad es que este partido pierda el control del Congreso en las próximas elecciones a dicha institución, lo cual es también improbable, ya que el Partido Demócrata no ha entendido lo que ha ocurrido en EEUU (ver mi artículo “Es sorprendente que se considere sorprendente la victoria de Trump”, Público, 11.11.16), y Trump continúa ganando elecciones. El futuro es muy oscuro en EEUU.

Venezuela … atacada pero no derrotada

La gira de Pence

Contra Venezuela y por la salud de los mercados

escribe:_Silvina Romano / CELAG

El viernes 11 de agosto el presidente Trump amenazó con una probable intervención armada a Venezuela, sintetizando con claridad las intenciones y acciones injerencistas en Venezuela. Claro que esto provocó numerosas controversias, sobre todo en EEUU, porque “esa no es la forma de hacer las cosas”, no por tratarse de una declaración de guerra porque el gobierno venezolano no se pliega a los lineamientos políticos y económicos de Estados Unidos, o porque implica un acto de poder unilateral que no considera el daño al pueblo venezolano (que es quien eligió a sus actuales gobernantes), sino porque este tipo de declaraciones proporcionan “argumentos a Maduro” para hablar del intervencionismo estadounidense [1] . Lo cierto es que la declaración fue una clara demostración de poder impune, además de medir el escenario de legitimidad de una decisión tan contundente (que, por otra parte, no es nueva, se barajaba al menos desde que se filtró el Operativo Freedom II del Comando Sur) [2] .
En este caldeado escenario, el vicepresidente Michael Pence (el lado “serio” de Trump) salió de gira por América Latina, incluyendo visitas a Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Según comunicado oficial de la Casa Blanca, el motivo del viaje es profundizar los lazos comerciales y la cooperación en seguridad e infraestructura [3] . Además de esto, la razón principal es qué harán y cómo harán para “resolver” el asunto de Venezuela (lograr el ansiado cambio de régimen).

En efecto, durante su breve paso por Colombia, Pence brindó una conferencia conjunta con el presidente Juan Manuel Santos, destacando los siguientes puntos: descartó de modo contundente una posible intervención armada a Venezuela; al contrario, remarcó repetidas veces la necesidad de “restaurar la democracia” (léase cambio de régimen) por “medios pacíficos”. Para lograr este objetivo, habría que implementar “una amplia gama de sanciones económicas” y presiones por la vía diplomática para “aislar a Venezuela” [4] , vías que requieren reforzar la alianza con los países de la región (en contra de Venezuela), en la que tanto Colombia como Argentina (junto con México) vienen jugando un rol protagónico.

En Argentina, el discurso fue similar, remarcando la “preocupación por cómo están sufriendo los venezolanos” a la vez que volvió a recordar lo mismo que dijo en Colombia: que EEUU quiere trabajar con sus aliados de la región para una solución pacífica a la crisis que enfrenta, reforzando la urgencia: “Tenemos que extremar la posición política y económica para que lo antes posible se vuelva a restaurar la democracia en Venezuela» [5] . Considerando estas declaraciones, vale la pena recordar que la presión diplomática y política y especialmente las sanciones económicas, están orientadas a lograr por medios pacíficos lo que otrora se buscaría por medios “violentos”. Sin embargo, se trata de estrategias que pueden perjudicar gravemente a la población (tal como lo afirman los expertos en política exterior estadounidense) [6] , generando un escenario que no dista tanto de la “guerra real”.

Celebrando el “cambio” (¿hacia dónde?)

En otro orden de cosas, llegado a Argentina, Pence felicitó al presidente Macri por los cambios en la economía, por “llevar a Argentina de vuelta al mundo”. El presidente argentino subrayó la predisposición para recibir inversiones y la llegada de empresas estadounidenses, como un modo “de generar empleo, que es la única manera de acabar con la pobreza” [7] . Prometen que el sector empresarial de Argentina y de EEUU trabajarán juntos para procurar la esperada “lluvia de dólares” auguradas por las reformas (el ajuste) implementado por el gobierno de Macri. Para ello, Pence viajó acompañado de ejecutivos de Lockheed Martin, Clorox, Boeing, HSBC, Monsanto, DHL, Meflife, CH2M, Nike, AES Energy, Citi y Exxon Mobile [8] . Se trata de buena parte de las transnacionales más importantes de los EEUU.

Desde un análisis serio sobre el “efecto positivo” de las inversiones extranjeras en cuanto a creación de fuentes laborales o incluso un impacto en el “desarrollo” (entendido en su versión amplia, no solo como crecimiento económico) el historial de estas empresas en países periféricos da cuenta de que, en general, tienden a contribuir a con una mayor precarización/explotación laboral que se suma a una extracción de excedentes y desinversión en un mediano plazo, además de que no contribuyen al desarrollo de know-how tecnológico a nivel local [9] . Precisamente, representantes de la Cámara de Comercio de EEUU advierten que las inversiones no llegarán de inmediato porque antes es necesario profundizar el proceso de cambio en Argentina, avanzando en reforma laboral, tributaria y aduanera, aclarando que, por ejemplo “el costo laboral es muy alto en Argentina” [10] . Agrega además que los tres sectores “clave” en el vínculo comercial entre Argentina y EEUU son: los limones, la carne y el biodiesel.

Por un lado, llama la atención la advertencia sobre la necesidad de una reforma laboral, en vista de lo que ha sucedido en Brasil en torno a una reforma laboral sumamente regresiva [11] . Por otro lado, considerando los sectores “clave”, parece que se busca reforzar relaciones totalmente asimétricas, en las que Argentina se compromete a profundizar su rol de primario exportador, apuntalado por la presencia de multinacionales estadounidense que competirán duramente con las iniciativas de industria nacional o local. Este panorama, además, nos brinda un indicio sobre el rumbo real de los lineamientos de la gestión Trump (más allá de las declaraciones trasnochadas) que parecen encaminadas a seguir con una larga tradición en la política estadounidense: promover proteccionismo y una amplia selectividad respecto de sus importaciones, a la vez que el gobierno presiona para expandir capital y mercados estadounidenses hacia el exterior.

El escenario se presenta complejo: Estados Unidos se arroga sin eufemismos el rol de “policía hemisférica” (rol que también asumió con Obama, pero desde un discurso menos injerencista) junto con una política de expansión comercial y de inversiones. Se propone salvar a la región de los Estados fallidos y las dictaduras “porque eso es lo correcto” (tal como sentenció Pence en Colombia). Para ello, procurará reforzar las democracias neoliberales y los Estados criminales (como México o Colombia) que sí se presentan como una garantía para la “estabilidad regional” y la seguridad de EEUU, condición fundamental para la salud de los negocios y de una política solo capaz de operar por y para los mercados.

 

 

trump y la supremacía blanca

La supremacía blanca y la permisividad del presidente Trump

escribe: Amy Goodman y Denis Moynihan / Democracy Now!

La vida es efímera, los monumentos perduran. Heather Heyer murió el sábado en Charlottesville, Virginia, cuando un automóvil, supuestamente conducido por un neonazi, embistió contra una multitud que se estaba manifestando en contra de un acto de supremacistas blancos. Alrededor de 20 personas resultaron heridas. El supremacista blanco acusado del homicidio de Heyer, James Alex Fields Jr., de 20 años de edad, estaba en Charlottesville para participar en un acto denominado “Unite the Right” (Unir a la Derecha), junto con otros miles de supremacistas blancos, neonazis y miembros del Ku Klux Klan que se oponen al plan de la ciudad de retirar una estatua del General del ejército confederado Robert E. Lee. Cientos de activistas que condenan el racismo se congregaron para protestar contra el acto de la derecha y para “defender a Charlottesville”. Dos oficiales de la policía estatal de Virginia murieron al estrellarse su helicóptero de vigilancia.
La noche anterior al acto, los organizadores realizaron una marcha evocativa de los desfiles con antorchas de la Alemania nazi. Cientos de personas de raza blanca, en su mayoría jóvenes, coreaban “¡No nos reemplazarán! ¡Los judíos no nos reemplazarán!” y el eslogan nazi de la década de 1930: “¡Sangre y tierra!”: “Blood and Soil! Blood and Soil! Blood and Soil”.

El sábado, el Presidente Donald Trump causó indignación en todo el espectro político (salvo en los supremacistas blancos, que lo elogiaron) cuando culpó de la violencia en Charlottesville a “muchas partes”: “Condenamos en los términos más enérgicos este flagrante despliegue de odio, intolerancia y violencia de muchas partes; de muchas partes”. El lunes, bajo mucha presión, Trump leyó una declaración en la que denunció a los neonazis, la supremacía blanca y el Ku Klux Klan. Su declaración, leída de una pantalla, pareció forzada, al punto que un observador afirmó que parecía el video de un rehén. Un día más tarde, Trump se desdijo. En una acalorada conferencia de prensa sin restricciones ni libreto, Trump declaró que muchos manifestantes de “Unite the Right” eran “buenas personas” y sostuvo que quienes se manifestaron en contra de ellos también deberían ser culpabilizados de la violencia: “Creo que ambas partes son responsables, no me caben dudas al respecto y a ud. tampoco. Y si informaran la verdad, dirían esto”. Tras la pregunta de un periodista acerca del grupo “Unite the Right”, respondió: “Disculpen, había gente muy mala en ese grupo, pero también había muy buenas personas”.

Según el centro de estudios legales Southern Poverty Law Center, hay al menos 1.500 estatuas, placas y monumentos conmemorativos de la Confederación no solo en el sur de Estados Unidos, sino en todo el país. La decisión de retirar la estatua de Robert E. Lee de Charlottesville no fue espontánea, sino que tuvo lugar tras mucha movilización popular, como parte de un creciente movimiento nacional liderado por jóvenes valientes. Una de las acciones más destacadas contra la exhibición de imágenes racistas tuvo lugar el 27 de junio de 2015, en la mañana posterior a una misa en honor a los nueve afroestadounidenses asesinados por el supremacista blanco Dylann Roof en la iglesia Emanuel A.M.E., en Charleston, Carolina del Sur. Bree Newsome, una joven activista y artista afroestradounidense trepó el mástil del edificio del Gobierno estatal de Carolina del Sur y retiró la bandera confederada mientras gritaba: “Vienen a mí con odio, opresión y violencia; yo vengo en nombre de Dios. Esta bandera será retirada hoy”. Tras el ataque de los supremacistas blancos en Charlottesville, Bree Newsome dijo en el programa “DemocracyNow!”: “Esto forma parte de una larga historia y de un patrón terrorista de la supremacía blanca en este país. No solo se trata de actos de violencia que intentan provocar terror, sino que son actos políticos. Es terrorismo. Debería ser calificado como tal, debería ser abordado como tal”.

Dos días después de los incidentes violentos en Charlottesville, un grupo de personas reunidas en el tribunal del condado de Durham en Carolina del Norte retiraron el monumento a los soldados del ejército confederado. Takiyah Thompsonn, una de las activistas presentes allí, dijo en el programa “DemocracyNow!” antes de dirigirse al tribunal para afrontar dos acusaciones por el delito de incitación a la violencia y tres acusaciones de delitos menores, incluido el de desfigurar una estatua: “Todo lo que aliente a esas personas, todo lo que las haga sentirse orgullosas debe ser destruido, del mismo modo que quieren destruir a las personas negras y a los demás grupos a los que atacan. Debemos retirar todas las estatuas de soldados confederados y todo vestigio de la supremacía blanca”. Si bien Takiyah Thompson podría ser condenada a varios años de prisión, se mostró imperturbable: “No se puede mantener a las personas oprimidas por siempre. La gente se alzará, como está ocurriendo en todo el país”.

El lunes, el Concejo Municipal de la ciudad de Baltimore votó a favor de que se retiraran varias estatuas confederadas. El martes, en el silencio de la noche, varios funcionarios municipales retiraron, entre otras, las estatuas ecuestres de los generales Robert E. Lee y Stonewall Jackson. Dos de los tataranietos de Stonewall Jackson enviaron una carta al alcalde de Richmond, Virginia, Levar Stoney, y a la comisión de monumentos de la ciudad para instarlos a que retiraran la estatua ecuestre de su famoso antepasado. Los hermanos William y Warren Christian leyeron un fragmento de su carta en el programa “DemocracyNow!”. Esto leyó William Christian: “Somos originarios de Richmond y también somos tataranietos de Stonewall Jackson. Como dos de los familiares con vida más cercanos de Stonewall escribimos esta carta para solicitar que se retire su estatua y que se retiren todas las estatuas confederadas de la Avenida de los Monumentos. Son símbolos claros del racismo y la supremacía blanca, y hace tiempo que ya no deberían exhibirse en público. Creemos que retirar la estatua de Jackson y de otras figuras necesariamente hará que mantengamos conversaciones difíciles sobre la justicia racial y será el primer paso para que recapacitemos”.

Su hermano, Warren Christian, continuó: “La persistente desigualdad racial en el encarcelamiento, los logros educativos, la violencia policial, las prácticas de contratación, el acceso a la salud y, quizá lo más evidente, la riqueza, dejan en claro que estos monumentos no están por fuera de la historia. El racismo y la supremacía blanca, que sin duda continúan en el día de hoy, no son ni naturales ni inevitables, sino que fueron creados para justificar lo injustificable…”.

El 3 de agosto de 1857, unos años antes de que estallara la Guerra de Secesión y 160 años antes del violento asesinato de Heather Heyer, el legendario esclavo fugitivo y reconocido abolicionista Frederick Douglass pronunció un discurso en el que dijo: “El poder no concede nada sin que se le exija. Nunca lo hizo y nunca lo hará”. El creciente movimiento por la justicia racial está exigiendo y se está movilizando. Los supremacistas blancos tendrán cada día menos estatuas confederadas a las que aferrarse.

cannabis … uruguay

Emilia Perez, de Proderechos, Julia Galcerano del SMU y Miguel Taberne, directivo de la Asociación de Farmacias del Interior, ayer, en la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay.

Cannabis: Iniciativa Ciudadana presenta petición a la INDDHH para que el Ejecutivo “encuentre medidas bancarias”

“Iniciativa Ciudadana en defensa de la Ley 19.172 (Regulación del cannabis) y de derechos y libertades de nuestra institucionalidad democrática” es el nombre de un grupo conformado para reivindicar y promover la aplicación de dicha ley. El grupo se activó rápidamente y convocó una conferencia de prensa a cuatro días de que se conociera que el Banco República (BROU) no mantendrá las cuentas de farmacias que venden marihuana; el problema, no previsto por el Ejecutivo, se evidenció luego de que el Bank of America, corresponsal del BROU para transferencias internacionales, emitiera una advertencia de que dejaría de venderle dólares al BROU si mantenía cuentas vinculadas con el comercio de marihuana.

La conferencia tuvo lugar en la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). Los voceros fueron Fernando Gambera, de AEBU; Julia Galzerano, representante del Sindicato Médico del Uruguay, y Emilia Pérez, integrante de Proderechos y abogada. Los acompañaban, sentados a la mesa, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT; Miguel Taberne, de la Asociación de Farmacias del Interior; Julio Calzada y Milton Romani, ex secretarios de la Junta Nacional de Drogas, y el ex diputado Rafael Sanseviero, entre otros. Asistieron, también, los diputados de la Lista 609 Julio Battistoni, Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini y Daniel Caggiani.

Razones para el optimismo

Galzerano comenzó leyendo la argumentación, que recuerda que en los 33 meses transcurridos desde la aprobación de la ley “ninguna de sus disposiciones se implementó sin tensiones, y queda todavía sin implementar todo lo referido al Cannabis Medicinal”. Mencionó el conflicto con el BROU, y Pérez remarcó que “se trata de un problema real, pero no insalvable”.

El texto que leyeron enumeró “seis razones para el optimismo”. Detallaron que la operativa –de empresas productoras, farmacias dispensadoras, clubes– “está regulada” y es analizada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Aseguraron que “para el Estado uruguayo no existen dudas acerca de la legitimidad de los fondos que operan en esas cuentas” y que los organismos estadounidenses “deben respetar la legitimidad que garantiza el Estado uruguayo”.

La segunda razón es que en Estados Unidos la Justicia acepta operativa bancaria para empresas vinculadas al cannabis y que hay “soluciones legales referidas a empresas vinculadas al cannabis y sus derivados que operan en más de 29 estados de Estados Unidos”. El tercer dato refiere al grupo de trabajo creado por el fiscal general Jeff Sessions, que “está aconsejando no tocar las jurisdicciones estatales” y alienta a la operación de industrias del cannabis dentro del sistema bancario. En cuarto lugar, citaron información de la Financial Crimes Enforcment Network (FinCEN, “que busca salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito y combatir el lavado de dinero”) que muestra que más de 250 bancos –pequeños y que operan a nivel nacional en Estados Unidos– trabajan con empresas del rubro del cannabis. La quinta razón está ligada a la cuarta, puesto que, según una guía de la FinCEN, las empresas uruguayas vinculadas al cannabis reúnen las condiciones para clasificarse como habilitadas para mantener una relación financiera. El último de los datos es que desde el 27 de abril el Congreso estadounidense discute un proyecto de ley “para crear protecciones para las instituciones depositarias que proporcionan servicios financieros a las empresas legítimas relacionadas con el cannabis y para otros fines”, aunque, de aprobarse, sólo tendría validez dentro del territorio estadounidense.

Por todo eso, Galzerano insistió en que “existen condiciones para una rápida superación del problema que afrontan las instituciones financieras con sede en Uruguay (incluido el BROU)”.

Soluciones

Como “alternativa posible” el grupo propone “analizar con corresponsales que trabajen en euros si el camino les resulta viable, asegurándose de que los corresponsales en dólares no encuentren obstáculos en aislar las transacciones que pasen por Europa”. La abogada reconoció desconocer si de esa forma se terminaría el problema, porque los corresponsales pueden considerar que se mantiene “si hay otras cuentas de esa misma empresa en el mismo banco”, pero alegó que en Uruguay “hay un registro tal que permite demostrar todo el origen del dinero”. Puntualizó que el sistema está diagramado de tal manera que “se puede aislar la actividad económica referida al cannabis, se puede registrar en forma separada y se puede demostrar toda la trazabilidad del sistema”, desde el origen del dinero, que “viene desde el propio Estado, hasta que se termina la cadena”. Pero además, recalcó que es una actividad legal en Uruguay y que el país ha ganado un prestigio internacional, tanto en asuntos vinculados al derecho humanitario como a la actividad financiera, porque ha superado observaciones internacionales que le permitieron, por ejemplo, salir del nivel de zona gris de paraíso fiscal. “Sería cuestión de un acuerdo entre estados”, comentó. Agregó que Uruguay “tiene un proceso de acumulación de nuevos controles en el sistema financiero”, que se ha defendido la inclusión financiera porque “es mejor que todo esté registrado”, y deslizó que no sería conveniente que esta actividad quedara “actuando en efectivo”.

La petición que anoche iba a ser entregada a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicita al organismo que intervenga y “emita una recomendación a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Banco Central del Uruguay y del Banco República Oriental del Uruguay para que encuentren las medidas bancarias necesarias para que se pueda ejercer los derechos establecidos en la Ley 19.172, así como asegurar la inclusión financiera”. Le solicita, además, que se pronuncie sobre si la decisión de bancos de plaza y del Directorio del BROU de cerrar cuentas bancarias de empresas y clubes canábicos y de distribución “resulta ser una medida que atenta contra los derechos y libertades” consagrados en la Constitución de la República. La petición menciona, además, que se “viola la seguridad y los derechos de más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas que, acatando la ley, se han registrado” en el Instituto de Control y Regulación del Cannabis. La petición podrá firmarse escribiendo al correo electrónico 19172soberanaley@gmail.com.

Se mencionó la expresión “voluntad política” y asomaron las diferencias entre los bancos estatales, puesto que el BROU dijo que no había manera de solucionar el problema y el BCU dijo que había que buscar soluciones. Hoy se reunirán integrantes de la lista 609 para ver cómo seguir, informó Sabini a la diaria. Acotó que ven el tema con mucha preocupación, pero esperan “que se pueda encontrar una rápida solución”.

Es entendible | El presidente Tabaré Vázquez dijo ayer que comprende “perfectamente la posición y el sentimiento” del senador y ex presidente José Mujica con relación a la venta de marihuana en farmacias. A la salida de la planta de Nordex, Vázquez se refirió a la situación creada en torno a la negativa de los bancos de operar con las farmacias que venden marihuana, y dijo que cuando una ley se vota y está vigente, se tiene que aplicar y no archivar. En ese sentido, dijo que se seguirá dando “todos los pasos necesarios”, y agregó que en Estados Unidos se está estudiando una ley que permitiría a los comercios que venden cannabis tener cuentas en los bancos. Sobre la posibilidad de que los bancos no cierren las cuentas de las farmacias, dijo: “No es fácil. No podemos abrigar falsas expectativas, pero estamos y seguiremos trabajando muy fuerte para encontrar alguna solución”. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo a la salida del Consejo de Ministros que el gobierno “va a seguir buscando la defensa del equilibrio entre dos aspectos fundamentales en el tema de venta legal de cannabis […]. Por un lado, está el derecho que tienen los uruguayos sobre consumo y circulación del producto y, por otro, normas bancarias internacionales que el país debe respetar”. “Ese respeto no puede conducir a la neutralización de ese derecho, que se ganó el pueblo con medidas que tomó el gobierno anterior [de José Mujica]. Por lo tanto, seguiremos trabajando para buscar equilibrarlos”, aseguró.

eeuu … una nación de mentira

el terrorismo yihadista y no me arrepiento!»

escribe: Nazanín Armanian / Público

“¿Qué es lo más importante para la historia del mundo? ¿El Talibán o el colapso del imperio soviético?” Es la respuesta de quién fue el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, a la pregunta de la revista francesa Le Nouvel Observateur (del 21 de enero de 1998) sobre las atrocidades que cometen los yihadistas de Al Qaeda. Una escalofriante falta de ética de individuos como él que destruyen la vida de millones de personas para alcanzar sus objetivos.

En esta entrevista, Brzezinski confiesa otra realidad: que los yihadistas no entraron desde Pakistán para liberar su patria de los ocupantes infieles soviéticos, sino que seis meses antes de la entrada del Ejército Rojo a Afganistán, EEUU puso en marcha la Operación Ciclón el 3 de julio de 1979, enviando a 30.000 mercenarios armados incluso con misiles Tomahawk a Afganistán para arrasar el país, difundir el terror, derrocar el gobierno marxista del Doctor Nayibolá y tender una trampa a la URSS: convertirlo en su Vietnam. Y lo consiguieron. A su paso, violaron a miles de mujeres, decapitaron a miles de hombres y provocaron la huida de cerca de 18 millones de personas de sus hogares, casi nada. Caos que continúa hasta hoy.

Esta ha sido la piedra angular sobre la que se levanta el terrorismo “yihadista” y al que Samuel Huntington dio cobertura teórica con su Choque de Civilizaciones. Así, consiguieron dividir a los pobres y desheredados de Occidente y de Oriente, haciendo que se mataran en Afganistán, Irak, Yugoslavia, Yemen, Libia y Siria, confirmado la sentencia de Paul Valéry: “La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para el provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran” .

Consiguieron neutralizar la oposición de millones de personas a las guerras y convertir en odio la empatía. Con el método nazi de «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad»:
•El atentado del 11S no lo cometieron los talibanes afganos. La CIA en 2001 había implicado al gobierno de Arabia Saudí en la masacre. ¿Por qué, entonces, EEUU invadió y ocupó Afganistán?
•Las armas de destrucción masiva no las tenía Irak. El único país en Oriente Próximo que las posee, y de forma ilegal, es Israel y gracias a EEUU y Francia.
•Tampoco EEUU necesitaba invadir a Irak para hacerse con su petróleo. Demoler el estado iraquí tenía varios motivos, como eliminar un potencial enemigo de Israel y ocupar militarmente el corazón de Oriente Próximo, convirtiéndose en el vecino de Irán, Arabia Saudí y Turquía.
•Las cartas con ántrax que en EEUU mataron a 5 personas en 2001, no las enviaba Saddam Husein como juraba Kolin Powell, sino Bruce Ivins, biólogo de los laboratorios militares de Fort Derrick, Maryland, quien “se suicidó” en 2008.
•Ocultaron la (posible) muerte de Bin Laden agente de la CIA, hasta la pantomima organizada el 1 de mayo del 2011 por Obama, en el asalto hollywoodiense de los SEAL a un domicilio en Abottabad, a pesar de que la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, ya había afirmado el 2 de noviembre del 2007 que el saudí había sido asesinado, por un posible agente de MI6 (quizás en 2002). Benazir fue asesinada casi un mes después de esta revelación. Mantener “vivo” a Bin Laden durante 8-9 años le sirvió a EEUU aumentar el presupuesto del Pentágono (de 301.000 millones de dólares en 2001 a 720.000 en 2011), incrementar los contratos de armas de Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, etc. y vender millones aparatos de seguridad y cámaras de vídeo-vigilancia, montar cárceles ilegales por el mundo, legitimar y legalizar el uso de la tortura, practicar asesinatos selectivos y colectivos (llamados “daños colaterales”) y concederse el derecho exclusivo de invadir y bombardear al país que desee.

Una vez testados en Afganistán, la OTAN envió a éstos “yihadistas” a Yugoslavia con el nombre del Ejercito de Liberación de Kosovo; luego a Libia y les puso el nombre de “Ansar al Sharia, y a Siria, donde primero les denominó “rebeldes” y luego les dio otros 5-6 nombres diferentes. En esta corporación terrorista internacional, la CIA se encarga del entrenamiento, Arabia Saudí y Qatar de “cajero automático” como dijo el ministro alemán de Desarrollo, Gerd Mueller, y Turquía, miembro de la OTAN, acoge, entrena y cura a los hombres del Estado Islámico. ¡Son los mismos países que forman la “coalición antiterrorista!

¿Cómo decenas de servicios de inteligencia y los ejércitos de cerca de 50 países, medio millones de efectivos de la OTAN instalados en Irak y Afganistán, que han gastado miles de millones de dólares y euros en la “guerra mundial contra el terrorismo” durante 15 largos años, no han podido acabar con unos miles de hombres armados con espada y daga de Al Qaeda?

Así fabricaron al Estado Islámico

Siria, finales del 2013. Los neocon aumentan la presión sobre el presidente Obama para enviar tropas a Siria, y necesitan una casus belli. El veto de Rusia y China a una intervención militar en el Consejo de Seguridad, la ausencia de una alternativa capaz de gobernar el país una vez derrocado o asesinado el presidente Asad, el temor a una situación caótica en la frontera de Israel, eran parte de a los motivos de Obama a negarse. Sin embargo, el presidente y sus generales pierden la batalla y los sectores más belicistas del Pentágono y la CIA, Qatar, Arabia Saudí, Turquí y los medios de comunicación afines asaltan la opinión pública con las imágenes de las decapitaciones y violaciones cometidas por un tal Estado Islámico. Una vez que el mundo acepta que “hay que hacer algo”, y al no tener el permiso de la ONU para atacar Siria, el Pentágono, el bombero pirómano, diseña una especial ingeniería militar:
1.Traslada en junio de 2014 a un sector del Estado Islámico de Siria a Irak, país bajo su control, dejando que ocupe tranquilamente el 40% del país, aterrorizando a cerca de ocho millones de personas, matando a miles de iraquíes, violando a las mujeres y niñas.
2.Organizó una potente campaña de propaganda sobre la crueldad del Estado Islámico, semejante a la que hicieron con las lapidaciones de los talibanes a las mujeres afganas, y así poder “liberar” a aquel país. ¡Hasta la eurodiputada Emma Bonino cayó en la trampa, encabezando la lucha contra el burka, mirando al dedo en vez de la luna!
3.Afirmó que al ubicarse el cuartel general de los terroristas en Siria, debían atacar Siria.
4.Obama cesó de forma fulminante al primer ministro iraquí Nuri al Maliki, por oponerse al uso del territorio iraquí para atacar a Siria.
5.Objetivo conseguido: EEUU por fin pudo bombardear, ilegalmente, Siria el 23 de septiembre del 2014, sin tocar a los “yihadistas” de Irak. Gracias al Estado Islámico, hoy EEUU (y Francia, Gran Bretaña y Alemania) cuentan con bases militares en Siria, por primera vez en su historia desde donde podrán controlar toda Eurasia. Siria deja de ser (tras la caída de Libia en 2001 por la OTAN) el único país del Mediterráneo libre de bases militares de EEUU.
6.Y lo sorprendente: desde esta fecha hasta el julio del 2017, el Estado Islámico mantiene ocupado el norte de Irak sin que decenas de miles de soldados de EEUU hayan hecho absolutamente NADA. Al final, el ejército iraquí y las milicias extranjeras chiítas liberan Mosul, eso sí, cometiendo terribles crímenes de guerra contra los civiles.

El terrorismo en la estrategia del “Imperio del Caos”

El terrorismo “yihadista” cumple cuatro principales funciones para EEUU: militarizar la atmósfera en las relaciones internacionales, en perjuicio de la diplomacia; arrebatar las conquistas sociales, instalando estados policiales (los atentados de Boston, de París e incluso el de Orlando) y una vigilancia a nivel mundial; ocultar las decisiones vitales a los ciudadanos; hacer de bulldozer, allanando el camino de la invasión de sus tropas en determinados países, y provocar caos, y no como medio sino como un objetivo en sí.

Si durante la Guerra Fría Washington cambiaba los regímenes en Asia, África y América Latina mediante golpes de Estado, hoy para arrodillar a los pueblos indomables recurre a bombardeos, enviar escuadrones de muerte, y sanciones económicas, para matarles, debilitarles dejarles sin hospitales, agua potable y alimentos, con el fin de que no levanten cabeza durante generaciones. Así, convierte a poderosos estados en fallidos para moverse sin trabas por sus territorios sin gobierno.

EEUU que desde 1991 es la única superpotencia mundial, ha sido incapaz de hacerse con el control de los países invadidos, debido al surgimiento de otros actores y alianzas regionales que reivindican su lugar en el nuevo mundo. Y como el perro del hortelano, ha decidido sabotear la creación de un orden multipolar que intenta gestarse, provocando el caos: debilita BRICS conspirando contra Dilma Russef y Lula en Brasil; impide una integración Económica en Eurasia, propuesta por Rusia a Alemania archivada con la guerra en Ucrania, y mina el proyecto chino de la Nueva Ruta de la Seda y una integración geoeconómica de Asia-Pacífico que cubriría dos tercios de la población mundial, y en cambio crea alianzas militares como la “OTAN sunnita” y organizaciones terroristas con el fin de hundir Oriente Próximo en largas guerras religiosas.

Anunciar que ha diseñado un plan para el “cambio de régimen” en Irán –un inmenso y poblado país-, ante la dificultad de una agresión militar, significa que pondrá en marcha una política de desestabilización del país mediante atentados y tensiones étnico-religiosas. La misma política que puede aplicar Corea del Norte, Venezuela, o Bolivia, y otros de su lista del “Eje del Mal”, y todo el servicio de perpetuar su absolutista hegemonía global: que intentase derrocar a su aliado Tayyeb Erdogan es el colmo de la intolerancia.

Antes de los trágicos atentados en Catalunya, el Estado Islámico atacó a la aldea afgana de Mirza Olang. Llenó varias fosas comunes con al menos 54 cadáveres de mujeres y hombres y tres niños decapitados, y se llevó a unas 40 mujeres y niñas para violarlas.

Conclusión: que el “yihadismo” no es fruto de la exclusión de los musulmanes, ni siquiera se trata de la lógica de los vasos comunicantes y el regreso de los “terroristas que hemos criado en Oriente”. “Vuestra causa es noble y Dios está con vosotros”, dijo Zbigniew Brzezinski a sus criaturas, los yihadistas.

uruguay … la derecha putrefacta

Silencio derechista ante amenaza militar

escribe: Hugo Acevedo

La inverosímil amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no descartó la posibilidad de emprender acciones militares contra la República Bolivariana de Venezuela, supone un abrupto retroceso de los relojes de la historia a los tiempos pretéritos de la denominada guerra fría.

El anuncio, que recreó los fantasmas del pasado de las dictaduras títere del imperialismo de las décadas del sesenta y el setenta del siglo pasado, provocó una profunda conmoción en el continente.

Coincidentemente y sin que pueda sorprender a nadie, el vicepresidente estadounidense Mike Pence -quien afirmó que su país “no se quedará con los brazos cruzados”- está intentando concitar adhesiones entre los mandatarios latinoamericanos para forzar un cambio de gobierno en Venezuela.

Apenas unos días antes de ambos pronunciamientos, El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, aseguró que el gobierno de su país trabaja, conjuntamente con México y Colombia, para entender la dinámica de Venezuela y garantizar una transición.

Sus expresiones, que no fueron nada subliminales, confirman que el imperialismo está operando fuertemente para derrocar a Maduro e imponer un gobierno obsecuente en la patria de Simón Bolívar, para apropiarse de sus cuantiosas reservas petroleras.

Luego de la reacción regional de rechazo a tales actos de prepotencia verbal dignos de la peor laya, el único partido político de nuestro país que repudió las expresiones del mandatario norteamericano fue el Frente Amplio.

Por supuesto, para nada sorprende el silencio cómplice de la derecha uruguaya, que pese a que se rasga permanentemente las vestiduras denunciando al gobierno de Nicolás Maduro, toleró en silencio la grave intromisión de la Casa Blanca.

Obviamente, la actitud de blancos y colorados es consecuente con la postura asumida, por ejemplo, ante el golpe de Estado perpetrado contra la presidenta constitucional de Brasil Dilma Rousseff, que instaló en el gobierno a un oscuro personaje imputado judicialmente de graves delitos de corrupción.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario”, afirmó en tono amenazante el inefable Donald Trump, quien añadió que “tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos y Venezuela no está muy lejos”.

El tenor de sus declaraciones, que destacan por su frontalidad, no deja dudas con respecto a las intenciones de Washington, que -bajo la presidencia de este ultra-derechista- ha retomado la lógica de la confrontación y la dialéctica geopolítica de los aciagos tiempos de la bipolaridad.

La propia oposición venezolana, que reclama permanente la partida de Maduro, no dudó en repudiar la proclama del obcecado mandatario, a lo cual se sumaron los cancilleres del Mercosur, tres de los cuales representan a gobiernos conservadores de la región, como los de Argentina, Brasil y Paraguay.

El otro silencio sugestivo y nuevamente decepcionante es el del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien omitió fustigar la amenaza norteamericana.

Como quien calla otorga, es evidente que el bloque conservador uruguayo -que ha desconocido a la Asamblea Nacional Constituyente que está en funciones en Venezuela- se plegó, sin explicitarlo, a la postura belicista.

Obviamente, ello supone avalar una eventual nueva agresión militar contra la soberanía de un país latinoamericano, una práctica que, en el pasado, era habitual en las administraciones imperiales norteamericanas.

Esa actitud prescindente pone en tela de juicio la ética de colectividades que suelen ufanarse de su apego a la democracia y la legalidad, aunque siempre convalidaron, por acción u omisión, el inmoral bloqueo contra Cuba y las políticas imperialistas.

No en vano el principio de no intervención y de prohibición del uso de la fuerza -que es intrínseco a las normas del derecho internacional- está expresamente consagrado en la Carta de la propia Organización de las Naciones Unidas.

Por ende, cualquier actitud promotora de la intervención militar y de la violación de la soberanía de los estados, debe tomarse como una gruesa trasgresión de ese postulado.

Por vía indirecta y por extensión, también es condenable el silencio de actores políticos de países suscritores de este documento, que están obligados jurídica y moralmente a rechazar tajantemente toda acción que lo contravenga.

Aunque la política de intromisión del imperio en la región data por lo menos desde 1823, cuando la denominada Doctrina Monroe declaró que América Latina es “esfera de influencia” para Estados Unidos, las agresiones más frecuentes se registraron a partir de la década del cincuenta, en el marco de la guerra fría.

Las acciones comenzaron en 1952, cuando la Casa Blanca apoyó y auspició el golpe de Estado que ungió en el poder al dictador cubano Fulgencio Batista.

En 1954, la CIA orquestó y planeó el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala, lo cual inició un largo período de violencia política en la nación centroamericana.

Luego, en 1960 comenzaron los planes desestabilizadores para deponer a Fidel Castro en Cuba, que incluyeron operativos militares como la malograda invasión a la isla por Bahía de Cochinos (Playa Girón), en 1961.

El derrocamiento del presidente brasileño Joao Goulart, en 1964, y la invasión a República Dominicana, en 1965, constituyeron otros repudiables actos de agresión.

Durante toda la década del sesenta, se registraron desembozados episodios de injerencia en la región, ya sea por el envío de tropas o de meros asesores militares. Un ejemplo concreto es el asesinato del guerrillero Ernesto “Che” Guevara en 1967 en Bolivia, en el cual participó un grupo de “boinas verdes” con el apoyo logístico de la CIA.

Por supuesto, se impusieron dictaduras financiadas por el gobierno norteamericano, asesoradas en técnicas de tortura para reprimir a los opositores.

La instalación de regímenes autoritarios en Uruguay, Argentina y Chile durante la década del setenta con el apoyo del “gran gendarme”, cerró el círculo de gobiernos títere en el continente.

La década del ochenta estuvo también jalonada por intervenciones militares directas o solapadas en Nicaragua, Panamá y Granada, a los efectos de preservar la supremacía geopolítica y los intereses económicos de la potencia.

Esta escalada verbal contemporánea -que pone en jaque la paz y la estabilidad en la región- debe ser condenada enérgicamente por los actores democráticos de nuestro país, aunque la derecha uruguaya, como siempre, se haga la distraída y permanezca en silencio.

macri …

La guerra de Macri contra el pueblo mapuche

escribe: Raúl Zibechi / La Jornada

«Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación, dijo Esteban Bullrich, entonces ministro de Educación y Deportes al inaugurar un hospital-escuela en septiembre del año pasado (goo.gl/JxD7Wl). Más allá de la brutalidad de las palabras del actual candidato a senador que compitió con Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires, la frase desnuda lo que piensan los de arriba de los pueblos originarios.
La Campaña o Conquista del Desierto fue un genocidio perpetrado por el Estado argentino entre 1878 y 1885, cuando arrebató grandes extensiones de territorio a los pueblos mapuche, ranquel y tehuelche. Los indígenas derrotados por las fuerzas comandadas por Julio Argentino Roca fueron deportados por la fuerza a campos de concentración, exhibidos en museos o trasladados para servir como mano de obra forzada.

El objetivo de fondo, ese que no se puede expresar en público pero es la fuerza motriz oscura de las acciones, fue la expropiación de sus territorios para incorporar tierras al mercado y expandir la república en zonas que, antes y ahora, son consideradas como «desierto», porque son espacios poco fértiles para la acumulación de capital.

Los Bullrich (el candidato macrista y su tía Patricia, actual ministra de Seguridad) forman parte de una distinguida familia de la oligarquía argentina, que jugó un papel directo en la Campaña del Desierto.

El historiador Osvaldo Bayer mostró, con base en documentos de la Sociedad Rural, que entre 1876 y 1903 se otorgaron casi 42 millones de hectáreas a mil 800 familiares y empresarios amigos del presidente Roca. Algunas familias, como la del ex ministro de Economía de la última dictadura, Martínez de Hoz, obtuvieron gratis 2.5 millones de hectáreas.

Según un informe de la BBC, una buena parte de esas tierras pertenecen actualmente a Benetton, que posee casi un millón de hectáreas, siendo uno de los principales dueños de la Patagonia, en conflicto permanente con las comunidades mapuche, ya que la multinacional ocupa parte de sus territorios ancestrales (goo.gl/73JZTy).

El extractivismo es la continuación de la Campaña del Desierto. Según el periodista Darío Aranda, de los 40 proyectos mineros en estudios (en 2003), se avanzó hasta 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soya transgénica se pasó a 22 millones en el mismo periodo. «Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras) que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos» (goo.gl/71ckCG).

Los medios hacen un trabajo sucio al vincular a los mapuche a las FARC, a grupos kurdos y a ETA, sin prueba alguna, sólo apoyados en declaraciones del gobernador de Chubut, al servicio del avance de la frontera extractiva. La ministra de Seguridad, Bullrich, dio un paso más al señalar que los mapuches son un problema para la seguridad nacional y acusarlos de «terroristas», a la vez que asegura que enarbolan un proyecto secesionista.

«No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista», dice quien en los setenta militaba en el entorno de la organización armada Montoneros (goo.gl/yp2hfU).

Detrás de todo este cacareo hay una realidad que es la que realmente molesta: en los últimos 15 años, luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes, asegura Aranda. O sea, pese a la represión, la criminalización y la difamación, los mapuche están ganando.

El conflicto del Estado con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut, se intensificó en 2015 a raíz de la represión y criminalización de sus líderes. El lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche de la comunidad, fue detenido el 28 de junio de este año, el mismo día en que se reunieron los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, acusado por los gobiernos de terrorismo, incendios, robos, amenazas e, incluso, haberle «declarado la guerra a Chile y Argentina» (goo.gl/1khbBy).

El primero de agosto efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron y quemaron instalaciones de la comunidad. En el marco de la represión desapareció el activista solidario Santiago Maldonado, cuando no pudo cruzar un río junto a sus compañeros perseguidos por los policías. Hasta ahora nada se sabe de su paradero, el gobierno se niega a responder mientras arrecian las marchas y concentraciones exigiendo su aparición con vida.

Hay tres hechos que desesperan a los de arriba y explican la brutalidad represiva.

Uno, el pueblo mapuche sigue vivo, no se rinde y recupera tierras, que es la base de su reconstrucción como nación.

Dos, la campaña nacional e internacional en su apoyo. Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, emitieron un comunicado titulado La lucha indígena no es delito, donde dicen que «el Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche».

Tres, que los mapuche han construido las más diversas organizaciones, entre ellas la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), dedicada a recuperar tierras. Daniel Loncon, integrante de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dijo que entre los mapuche «algunos prefieren la vía diplomática, pero también hemos sido testigos de nuestros abuelos que se han muerto yendo de oficina en oficina buscando la legitimación de sus tierras. El RAM en ese sentido es una expresión del pueblo mapuche cansado de esta injusticia histórica, pero consciente de dónde está el poderío económico que maneja todo esto. Porque la recuperación no se hizo a un vecino, sino a una multinacional» (goo.gl/GEqKq9).

¡Marichiweu!

partido nacional …otra vez corrupción ?

Secretaría anti lavado investiga al estudio Posadas y Vecino y a sociedades uruguayas involucradas en coimas de Odebrecht

escribe: Natalia Uval

El costado uruguayo de la red de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht está bajo investigación de la Justicia uruguaya, con colaboración de la Secretaría Nacional Antilavado. Al pedido de extradición a Andorra del dirigente de Peñarol Andrés Betingo Sanguinetti por su presunta participación en maniobras de pago de coimas de Odebrecht se suman varios casos que involucran a sociedades uruguayas.

En enero de este año, Montevideo Portal informó que las sociedades uruguayas Sherkson y Havinsur recibieron dinero de Odebrecht y los transfirieron a cuentas suizas de personas que, a la postre, fueron procesadas por corrupción en Petrobras. Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por 22,5 millones de dólares y los colocó en una cuenta suiza a nombre de la empresa Klienfeld, con sede en Antigua y Barbuda. Havinsur recibió 565.000 dólares y los depositó en la panameña Millzart, que manejaban los mismos titulares de Klienfeld.

En marzo de este año, Jornal Nacional de Brasil informó que el empresario Vinícius Claret, detenido en Uruguay en marzo de este año –actualmente a disposición de la Justicia del Crimen Organizado y con un pedido de extradición pesando sobre él por un esquema de corrupción que involucra al ex gobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral–, tendría vínculos con el sector de Odebrecht que instrumentaba las coimas. Según Jornal Nacional, la ex secretaria de Odebrecht Maria Lúcia Tavares tenía en su agenda el número de teléfono del comercio que Claret tenía en Punta del Este, bajo el rótulo “Montevideo” y con la indicación de que Claret era el contacto en Uruguay. Ese mismo mes, Estadão de Brasil informó que Claret traspasó tres millones de dólares de dinero ilícito de Odebrecht al gobernador Cabral por medio del Banco BPA de Andorra.

En junio, el portal Sudestada informó sobre un nuevo nexo uruguayo en la causa Odebrecht: el estudio Posadas & Vecino, del ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Ignacio de Posadas. El estudio recibió al menos 264.000 dólares del ex diputado brasileño Eduardo Cunha, preso por cobrar 1,5 millones de dólares de coima en la transferencia de los derechos de explotación de un pozo petrolero en Benín. Esos 264.000 dólares habrían sido pagados por la petrolera. Según publicó Sudestada el 1º de agosto, la fiscalía brasileña evalúa que el estudio de Posadas tuvo “una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado”.

Este mes se supo, según delaciones premiadas y otras acusaciones de actores involucrados, que en Uruguay funcionó una sociedad anónima, denominada Sabrimol SA, que habría sido el canal para el pago de coimas de la constructora a funcionarios del gobierno argentino, según informó la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas de Armando.Info de Venezuela, La Nación de Argentina, La Prensa de Panamá, Sudestada de Uruguay, Quinto Elemento Lab de México e IDL-Reporteros de Perú.

El 3 de agosto, La Nación publicó, en base a documentos secretos de la investigación Lava Jato, que Odebrecht pagó coimas por intermedio de la uruguaya Sabrimol a funcionarios del entorno de Julio de Vido, del Ministerio de Planificación, para hacerse del proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento.

El 3 de setiembre de 2014 se transfirieron cerca de 200.000 dólares a la cuenta bancaria de Sabrimol Trading en el banco Itaú, con la referencia “Gigolino M”, el apodo del “doleiro” Olívio Rodrigues Junior. Esta persona operaba sociedades offshore para pagar coimas a funcionarios brasileños y de otros países por encargo de Odebrecht y se convirtió luego en delator. Sabrimol fue creada en 2007 y, según informó La Nación, fue destinataria de dinero proveniente de otras coimas de Odebrecht que incluyeron el proyecto de Paraná de las Palmas de la empresa argentina Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Hasta 2014, cuando los titulares cerraron la sociedad, la cuenta de Sabrimol fue depositaria de millones de dólares provenientes de sociedades offshore de Panamá y Antigua y Barbuda.

La cabeza visible de Sabrimol era el abogado uruguayo Carlos Dentone, quien dio entrevistas sobre este tema a medios argentinos como La Nación y TN. Explicó que integró el directorio de esa sociedad anónima, que operó en Zonamérica, a pedido del empresario argentino Jorge Corcho Rodríguez, conocido por haber sido pareja de la conductora argentina Susana Giménez. “Jorge Rodríguez realizaba actividades en el exterior, de lobby, y las prestaciones ingresaban en la cuenta bancaria de la sociedad”, contó Dentone a La Nación. De todos modos, aseguró que se verificaba el destino de los fondos y que era Rodríguez quien manejaba las entradas y salidas de dinero; estimó que la cuenta de Sabrimol Trading movió seis millones de dólares.

Sin embargo, Rodríguez dijo a La Nación que Sabrimol Trading no era suya, aunque confirmó que Dentone fue su contador.

Investigaciones locales

Los dos juzgados del Crimen Organizado en Uruguay tienen expedientes vinculados a Odebrecht. La jueza María Elena Mainard tiene a su cargo la causa de las empresas Havinsur y Sherkson. La magistrada dijo a la diaria que recibió varios exhortos por vía de cooperación internacional que solicitan información en causas vinculadas a Odebrecht, pero no quiso dar mayores detalles.

El programa Todo pasa, de Océano FM, informó la semana pasada que la otra jueza del Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, resolvió investigar el papel de Sabrimol SA en la ruta de las maniobras ilícitas de Odebrecht. En esta investigación colabora también la Secretaría Antilavado, que además determinará las eventuales responsabilidades administrativas de los profesionales que participaron en las maniobras, dijo a la diaria el secretario antilavado Daniel Espinosa.

Espinosa explicó que la secretaría está colaborando con la Justicia para determinar los movimientos financieros y los informes patrimoniales de las empresas, y para clarificar la actuación de los profesionales que intervinieron en las maniobras. Luego hará las actuaciones administrativas que corresponda para determinar si los profesionales incumplieron con su obligación de reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central. Si incumplieron, se les puede imponer una multa de hasta dos millones de dólares y suspensiones administrativas, recordó Espinosa.

Uno de los profesionales investigados es Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio Posadas & Vecino, que según informó Sudestada fue quien abrió una cuenta en Ginebra a nombre de una offshore de Singapur que realizó transacciones para vehiculizar el pago de coimas de Odebrecht.