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Oct
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uruguay, delito de menores

Estudio sobre delincuencia juvenil en Uruguay

Mitos y falacias sobre los “pibes chorros”

escribe: Manuel González Ayestarán / Caras y Caretas

La tasa de menores privados de libertad en Uruguay es una de las más elevadas de la región, llegando a triplicar la de países como Colombia y Argentina. Esto, lejos de terminar con el problema lo acrecienta. Sin embargo, el discurso conservador continúa reclamando el endurecimiento de penas.
Es un lugar común en el imaginario colectivo considerar que Uruguay es un país demasiado benevolente con los jóvenes delincuentes. Los “pibes chorros”, que no tienen ganas de estudiar ni de trabajar, no son convenientemente castigados por el Estado hasta el punto de que la opción del delito les llega a beneficiar más que ponerse a laburar. Esta visión simplista de una realidad social compleja conlleva una solución: aumentar el costo punitivo que reciben los jóvenes delincuentes para que esta ecuación les deje de dar resultado. Sin embargo, esta sarta de tópicos se contradice diametralmente con los estudios sociológicos, así como con la experiencia empírica que evidencia un aumento de los hurtos y rapiñas a pesar del endurecimiento de penas. Aun así, los medios de comunicación de masas más poderosos del país, portadores del discurso más conservador, continúan reproduciendo esta cosmovisión en la cobertura que realizan del delito.

El doctor en Sociología y grado cinco de la Udelar, Luis Eduardo Morás, publicó este mes su último libro Los enemigos de la seguridad: Desigualdades y privación de libertad adolescente. En sus páginas, el experto desmonta los principales mitos creados sobre la delincuencia juvenil mediante un estudio realizado sobre los 530 jóvenes que en 2015 se encontraban privados de libertad en locales del Sirpa. En primer lugar, la falacia más evidente que predomina en el imaginario público es la concepción del supuesto carácter permisivo que manifiesta la Justicia uruguaya con los menores infractores. Según cifras de Unicef, Uruguay presenta una de las mayores tasas de privación de libertad de adolescentes de América Latina (16,06 cada 100.000 habitantes). En su dimensión represiva de la juventud, el Estado uruguayo supera a países con mayores índices delictivos como Brasil (10,35), Paraguay (5,62), Colombia (7,43), Ecuador (4,06) o Argentina (3,76), llegando incluso a triplicar la tasa de encarcelación de adolescentes de algunos de ellos. Esto se debe a una “excesiva utilización de la internación como medida cautelar, situación que podría llegar a considerarse ‘inconstitucional’”, según el autor.

El reclamo del endurecimiento de penas para frenar el crimen parte de la conocida como “teoría de la elección racional” del delito. Esta visión considera al sujeto infractor como un individuo que se involucra en la ilegalidad tras haber realizado un cálculo racional en clave economicista de los costos y beneficios que ello implica. Así, lo que el delincuente obtiene en el botín de sus acciones ilegales supera lo que podría recibir en el mercado de trabajo legal y llega a compensarle debido a la supuesta benevolencia que las instituciones judiciales y represivas tienen con él cuando es capturado. Esta benevolencia se manifiesta en las consideradas como penas suaves que son impuestas a los infractores y en la facilidad que brindan las instituciones penitenciarias para darse a la fuga. Para Morás, la promoción de esta cosmovisión obedece a “fines electorales del sistema político, influenciado por los medios de comunicación y por las encuestas de opinión pública. En lugar de guiar a la sociedad, este discurso lo que hace es recoger las demandas más primarias del ciudadano que se siente inseguro y que pide un conjunto de medidas de tipo represivo, que no son en absoluto efectivas”.

Esta concepción del delito continúa arraigada aun en un gobierno de tinte progresista como el uruguayo. En 2013, con la publicación de la ley 19.055, se impuso la sanción privativa de libertad, con un mínimo de un año, para castigar delitos graves entre los que se incluyó la rapiña, que ya entonces era la principal causa del ingreso de menores en el sistema penal. Desde esa fecha también se han fortalecido los sistemas de vigilancia de los centros de internación de adolescentes para dificultar las fugas, tratando así de incrementar el costo que el delito tiene para los adolescentes infractores. No obstante, Luis Morás denuncia que desde 2012 las rapiñas no han dejado de crecer. Así se evidencia que la represión por sí sola no hace sino recrudecer el problema en la medida en que aísla a los jóvenes de los ámbitos de socialización comunes, introduciéndoles en entornos conflictivos aislados de la sociedad, a la vez que les adjudica la etiqueta de “delincuentes”.

Y hablando de etiquetas aparece, cómo no, el tan pregonado concepto de ni-ni (joven que ni estudia ni trabaja). “El ni-ni es una visión adultocéntrica que responsabiliza al propio adolescente de la condición en la cual está”, explicó el autor en entrevista con Caras y Caretas. Por ello, puestos a categorizar, Morás prefiere referirse a jóvenes sin-sin, ya que “cuando hablaba con los gurises, aparecía mucho más la palabra sin que la palabra ni: ‘me quedé sin empleo’, “sin trabajo”, ‘ya no puede seguir en el liceo, no me daba la cabeza”. Esta sustitución de preposiciones en la expresión cambia radicalmente el contenido de esta etiqueta, aludiendo a los deficientes recursos laborales y educativos que la sociedad de mercado ofrece a los adolescentes procedentes de los sectores carenciados de la sociedad.

En este sentido, contrariamente a lo que se tiende a pensar, casi 60 por ciento de los jóvenes privados de libertad en el momento de la realización de esta investigación estudiaban o trabajaban bajo condiciones precarias e informales. La mayoría de internados estudiados tuvieron vínculos previos con el sistema educativo. Concretamente, en el momento de su detención, 60 por ciento de los jóvenes cursaba o recién había abandonado sus estudios en el nivel de secundaria. Asimismo cuestiones como el rezago en la educación y su posterior abandono afectan por igual a los adolescentes infractores que a la mayoría de adolescentes que se ubican en el quintil más pobre de la población. Estos niveles deficientes de avance en el sistema educativo coinciden con los que también presentan la mayoría de adultos que habitan en los mismos territorios que ellos (ocho años de educación formal de promedio). Esto nos habla de un factor estructural que echa por tierra los argumentos individualistas propios del discurso conservador. Ante la pregunta “¿Qué pensás que necesitás para seguir estudiando?”, la mayoría de entrevistados emitió respuestas como: “Necesito plata para los boletos”; “Que se pague por estudiar”; “Trabajo que me ayude a mí y a mi familia”; “Preciso las cosas para estudiar y alguien que me cuide a la bebé”.

Las causas del problema

“Las carencias económicas de los hogares implican un círculo vicioso en el que al abandono de los estudios le sigue una temprana inserción al mercado laboral de la precariedad y los bajos salarios, condición de la cual no es posible salir en el futuro por el escaso avance logrado en el ámbito educativo”, señala el autor. En este sentido, la primera conclusión de su estudio es que tres de cada cuatro menores privados de libertad provienen de barrios maltratados en los que se acumulan profundas carencias en términos de pobreza, necesidades básicas insatisfechas (NBI), vivienda inadecuada y hacinamiento, desempleo, informalidad laboral y escasos logros educativos.

Muchos de estos barrios fueron afectados por los procesos de desindustrialización que se derivaron de la ola de reformas de corte neoliberal que se llevaron a cabo en los años 80 y 90, una vez que la dictadura militar había deshecho las fórmulas tradicionales de organización de los trabajadores. Hasta ese momento, Uruguay tuvo un sector industrial vinculado a la sustitución de importaciones muy fuerte, que contaba con subvenciones del Estado y garantizaba fuentes de trabajo estables. “Esto generaba una cultura obrera ligada a los sindicatos, que no eran simplemente un lugar de demanda salarial, sino que eran instituciones de las que se derivaba todo un mecanismo de sociabilidad e interrelacionamiento, toda una cultura del trabajo muy vinculada a la industria”, explicó el autor en diálogo con este medio.

Con la llegada de las reformas neoliberales y el desmantelamiento de este tejido industrial, llegaron trabajos cada vez más precarios, la acentuación de las desigualdades sociales y el pronunciamiento de los valores individualistas que rigen nuestra sociedad actual. “Hay lugares de Montevideo que han sido prácticamente abandonados, donde había una gran cantidad de fábricas textiles que ahora son depósitos de autos nuevos; Camino Maldonado, la Aguada, La Teja, los frigoríficos, la compañía Bão. Así, toda esa red de relaciones, de apoyos y de solidaridades gestada alrededor de las fábricas empezó a desfallecer”, señaló Morás.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define “trabajo decente” como “trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, así como en la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres”.

Los indicadores laborales actuales muestran la distancia abismal que existe entre la realidad del mercado de trabajo para los jóvenes y este ideal: precariedad, alto nivel de desempleo, bajos niveles de ingreso percibidos, trabajo informal.

El empleo en una sociedad basada en la sobreproducción y el consumismo no es únicamente un sustento; es también una identidad que forja la autopercepción y la autoestima de los individuos. La transición al mundo adulto culmina cuando el individuo consigue un mínimo de identidad y autonomía socioeconómica. Hoy el proceso de transición a la vida adulta se ve bloqueado en muchas de sus fases debido fundamentalmente a la precariedad laboral y la pérdida de derechos; esto se pronuncia especialmente en los segmentos sociales más desfavorecidos. Así, una educación pública deficiente, que hoy no garantiza una mejor integración en el mundo laboral, sumada a fuentes de trabajo informales y con bajos salarios, impiden que los jóvenes de bajos recursos puedan seguir trayectorias de transición a la vida adulta aceptables. “Antes, el sinsentido de la escuela llevaba al trabajo. Hoy el sinsentido del trabajo lleva a la migración, la evasión y la criminalidad. Todas ellas, formas diferentes de una situación común de exclusión”, expresa Morás.

Las cifras de organizaciones internacionales demuestran que los jóvenes latinoamericanos tienen serias dificultades para acceder a un “empleo decente” aun atravesando ciclos económicos expansivos en países gobernados por gobiernos progresistas. Eso influye de forma determinante en el desarrollo de la personalidad de los individuos en su transición a la vida adulta. Aquellos que experimentan un bloqueo en esta transición experimentan un proceso de degradación de su persona que va más allá de lo económico, manifestándose en descalificación personal e imposibilidad de construir una identidad.

Jóvenes, violencia y drogas

El trabajo de Morás matiza otro mito común que asocia a la delincuencia con el consumo excesivo de drogas. “No son todos consumidores de drogas y mucho menos en un grado problemático”, explica el sociólogo. Del total de individuos estudiados, 17 por ciento no consumía ningún tipo de sustancia, 31 por ciento consumía de forma ocasional o con frecuencia (pero no en un grado problemático) y 52 por ciento sí lo hacía en forma problemática. No obstante, Morás especifica que “siempre que había consumo problemático, existía antes una serie de situaciones familiares, de episodios de violencia y de instancias que habían llevado a ese consumo problemático”. Por ello, “muchas veces se ve la rapiña asociada al consumo de drogas, pero la línea causal de la problemática empieza bastante antes”, explicó.

Asimismo otro mito usualmente atribuido a la delincuencia juvenil es el crecimiento de la violencia en sus acciones delictivas: “Los ‘pibes chorros’ son cada vez más violentos”. Este tópico tampoco es avalado por los datos recabados por el autor, ya que 80 por ciento de intervenciones de la Justicia sobre menores se realiza por delitos contra la propiedad. Los delitos que manifiestan importantes grados de violencia, como el homicidio, el copamiento o la violación, son una pequeña proporción del total. Además, entre 2009 y 2013 los procesamientos de jóvenes por rapiña descendieron 15 por ciento y por homicidio, 12 por ciento. En el segundo caso, de 65 adolescentes internados por este delito, 46 involucran a mayores de 18 años, los cuales desde hace años se encontraban bajo medidas de privación de libertad.

Fuente: http://www.carasycaretas.com.uy/mitos-falacias-los-pibes-chorros/
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