el popular editorial/uruguay

SALUD, OBREROS CHILENOS.

 Editorial de El Popular, Uruguay.

 

“¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿Adónde fueron sus constructores la noche que terminaron la Muralla China? Roma la magna está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó?¿A quiénes vencieron los Césares? Bizancio, tan loada, ¿acaso sólo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántica, la noche que fue devorada por el mar, los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos”. (De Bertolt Brecht “Preguntas de un obrero que lee”)

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de más de dos meses fueron rescatados los 33 mineros chilenos atrapados 700 metros bajo tierra en la mina San José de la empresa San Esteban. Nos alegra profundamente: por los trabajadores y sus familias, y además porque demostró una enorme solidaridad del pueblo chileno que tomó el rescate como una causa común. Algo nada despreciable en el país de América en el cual se aplicó más profundamente la estrategia neoliberal, que desde el punto de vista ideológico apuntó a la exacerbación del individualismo y a la falta de solidaridad. La entereza demostrada por estos 33 obreros conmovió a la población mundial y su situación puso sobre el tapete las condiciones de trabajo en las que viven miles cada día. Esto sucedía en el Chile mostrado como ejemplo de “crecimiento económico” aunque allí aún subsisten leyes laborales creadas durante la dictadura militar. Algo demasiado oprobioso para ser mostrado tal cual es y que era necesario- para los intereses de las clases dominantes- desembarazarlo de su profunda injusticia y utilizarlo en beneficio propio. La industria del consumo, de la información morbosa, impactante y superflua, ha pretendido hacer de lo que es un canto a la vida, a la esperanza y a la capacidad del ser humano de sobreponerse a las peores circunstancias, un nuevo reality-show. Asistimos a una transmisión en directo de cada uno de los rescates. Los mismos eran anunciados con flashes previos (generando la expectativa), con una presentación superficial de cada protagonista y en los que se aclaraba previamente que podía existir la posibilidad del fracaso y por lo tanto la muerte del minero (la pizca de morbo). Dirigiendo este espectáculo montado por los medios encontramos al presidente de Chile que no perdió la oportunidad de mostrarse como un mandatario involucrado con la situación de su pueblo, algo que estaba garantizado al ser la televisión chilena la única habilitada para transmitir desde el lugar de los hechos (vaya como anécdota que fue casi imposible encontrar una foto para ilustrar este número que no tuviera a Piñera en primer plano). Desde la pantalla varios comunicadores relataban como natural las enfermedades pulmonares de algunos de los mineros (que son producto de su trabajo y que se podrían evitar) o de que alguno de ellos haya comenzado a trabajar a los 12 años. El enfoque superficial y hasta ignorado de la lucha de estos obreros por sobrevivir y que generó la empatía de millones sirvió también, lamentablemente, para ocultar el conflicto mapuche (huelga de hambre de por medio), la represión contra el movimiento estudiantil y la huelga de trabajadores del sector público. Los lectores que gustan del buen cine seguramente se acordarán de una hermosa y cruda película francesa basada en un relato de Emile Zola: Germinal. Situada a mediados del siglo XIX, cuenta la historia de una familia de mineros, en la que todos trabajan (incluso niños y ancianos) en pésimas condiciones (en una escena se ve cómo escupe carbón un anciano que ha bajado a la empresa desde niño). Los reclamos de los trabajadores surgen a partir de que la empresa no quiere gastar en los entablados para mantener las galerías de las minas y esto provoca el derrumbe de la misma. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre esta situación de los trabajadores del siglo XIX y estos mineros chilenos de comienzos del siglo XXI? Han cambiado las técnicas pero la explotación del trabajador permanece. Al modo de producción capitalista no le interesa el bienestar de los explotados. Recordemos los intereses económicos que se mueven detrás de la explotación minera y cómo se opusieron a la nacionalización llevada adelante por Salvador Allende y por tanto cómo apoyaron el golpe de Estado de Pinochet. El derrumbe del 5 de agosto fue producto de una empresa que no cumplía con las normas de seguridad necesarias y de un gobierno omiso en primer lugar al habilitar la explotación en estas condiciones y posteriormente al no controlar si se aplicaban las normas laborales. Mientras que las acciones transcurrían para rescatar a los mineros las empresas aún no han pagado los salarios atrasados a los 300 trabajadores que se salvaron del derrumbe. La CUT (central obrera chilena) ha denunciado que en este “país modelo” la precariedad de los trabajadores es una constante. El 23% están sin contrato y el 40 % no cotizan a la seguridad social. Hasta el día de hoy Chile no ha ratificado el convenio 176 de la OIT relativo a la higiene y seguridad en el trabajo minero. Algunas de las declaraciones de los mineros rescatados han puesto el tema de las condiciones de trabajo nuevamente arriba de la mesa. No sabemos qué difusión tendrán las expresiones que contradigan el discurso dominante o cómo afrontarán estos obreros ser el centro de atención del conjunto del país. Lo que sí sabemos es que los trabajadores mineros han escrito con su lucha muy importantes páginas de la historia de nuestra América. La presencia de Evo Morales en este acontecimiento va más allá de que uno de los rescatados sea boliviano; obedece seguramente a un reconocimiento a los trabajadores mineros. La COB (central obrera boliviana) ha estado presente en las luchas contra la aplicación del neoliberalismo en Bolivia en la década de los noventa y permitieron al MAS obtener el gobierno. Incluso muchos de sus compañeros cocacoleros habían sido antiguos mineros. En particular en Chile los mineros estuvieron en los orígenes del Partido Socialista Obrero que posteriormente sería la base del Partido Comunista. Tradición de lucha que se mantuvo en todas las circunstancias apoyando a Allende o enfrentando a la dictadura. Nuestro saludo al rescate de los 33 mineros, es también un reconocimiento a la tradición de lucha que llevan sobre sus hombros. Este hecho que ha conmovido al mundo nos llama a impulsar medidas que mejoren las condiciones de los miles de trabajadores que día a día bajan “al infierno”. En las minas sin duda bajando; en muchos otros casos “subiendo” en andamios sin protección o librados a la falta total de seguridad que deberían brindar empresas que por no hacerlo son inescrupulosas. Aun teniendo en cuenta que la necesidad imperiosa de trabajo lleva a muchos obreros inexperientes a asumir riesgos de vida. Pero el capital –con las excepciones que se logran por la lucha sindical- no atiende esos problemas. Como bien decía Bertolt Brecht, en todo caso, “cuando se ahoga clama por sus esclavos”. Pero si los esclavos se ahogan, apenas constituyen accidentes. Eso sí: si se salvan tendremos a esos representantes del capital recibiendo en un abrazo que incluso desplaza a segundo plano el de los familiares. Es el show montado que ninguna solidaridad auténtica puede dejar de identificar.

el estado uruguayo

 ESTADO Y CONTRATOS A TERMINO

 Gonzalo Perera / matemàtico

De mi adolescencia rochense, recuerdo interminables discusiones nocturnas entre dos amigos, uno de los cuales abogaba (con toda razón, para mi muy objetivo juicio) por la supremacía del Palermo Fútbol Club y su oponente, por la arriesgada tesis de la superioridad del Club Atlético Lavalleja ( los dos clásicos rivales rochenses). La discusión no terminaba jamás, sino que cada fin de semana recomenzaba exactamente en el mismo punto y repetía cuasi milimétricamente los mismos argumentos, como suerte de liturgia futbolera.

Sinceramente, querido lector, tengo exactamente la misma impresión cuando una y otra vez, gobierno tras gobierno, escucho algunas opiniones extremadamente superficiales sobre la Reforma del Estado. En dicho enfoque se me representan con la camiseta rojiblanca del Palermo, los funcionarios públicos y la albiverde del Lavalleja, los privados. Y se repite la misma liturgia, cuasi letanía, una y otra vez: «el tema es público vs. privados, los públicos ganan más y laburan menos, el PIT- CNT representa a los públicos, este es un país de funcionarios públicos que sobran y no sirven para nada salvo excepciones, bajen el costo del Estado por favoooooor…» y una otra y otra vez, cual en pesadilla mafaldesca, no salpica la misma sopa repetida por consagrados (¿?) opinantes en tertulias, columnas, dimes y diretes y otras vías de reiteración del pensamiento.

Pues bien, hablemos un poco de Reforma del Estado, pero desde un ángulo diferente. No porque pensemos mejor que los demás ni porque sepamos resolver problemas de difícil dilucidación, sino porque no nos creemos iluminados, creemos imprescindible escuchar a la opinión de los lectores y atesoramos en la memoria los problemas que no vemos explicar claramente.

El tema a plantear es el de los funcionarios contratados a términos y/o tercerizados que revistan en las filas del Estado. El lector seguramente piensa que el 100% de los funcionarios de una empresa pública son funcionarios públicos ¿verdad? Pues esto es rematadamente falso. En algunas dependencias del Estado, al menos un 30% son funcionarios contratados a término. Y antes, eran personal tercerizado.

Expliquemos los términos: la administración Batlle, en un verdadero saludo a la bandera, prohibió nuevos ingresos a la función pública, por lo que las diversas dependencias estatales procedieron a contratar a empresas proveedoras de mano de obra, personal tercerizado. Esto es, personal que formalmente depende de la empresa privada que celebra el contrato como el Estado, que por ende es un funcionario estrictamente privado, así cumpla funciones en cualquier dependencia estatal. Obviamente, el Estado obtenía así personal de alta rotatividad, menos «caro», escasamente motivado, el trabajador en una plaza inestable, mal remunerada y stressante y por ende, el único ganador, en esta curiosa ecuación, era la empresa proveedora de mano de obra.

En la primera administración del FA, se pautó como objetivo la sustititución de estas formas de contrato por otras más sanas. Fue así que una gran cantidad de funcionarios «tercerizados» pasaron a la categoría de «contratados a término». Esto es, el funcionario era ahora contratado por la entidad estatal, pero no en el status de funcionario público, sino, como el nombre lo indica en un status privisorio, no necesariamente renovable al vencimiento. El progreso era claro y a menudo el incremento salarial más que apreciable. Bravo por ello. Pero nuevos problemas surgían. Yo no creo que la precariedad laboral ( o «flexibilización laboral», para decirlo en términos empresarialmente aceptados) favorezca la calidad del trabajo. Pero si alguien, como me consta que existen destacados compañeros que lo sustentan, apuestan a un modelo de Estado donde las funciones cruciales y de mayor jerarquía las cumplen funcionarios públicos y todo el resto de las funciones las cumple personal contratado a término (por ende en una relación de 1 funcionario público cada 5 contratados a término, para dar una idea aproximada), discreparé radicalmente con esta apuesta a la precarización como modelo de desarrollo, pero al menos reconoceré cierta coherencia. Al menos en cuanto a que tendrá mejores condiciones de trabajo sólo aquel que tenga un trabajo de «mayor jerarquía y exigencia». Insisto, es un modelo que no comparto, pues creo que debe apostarse a la capacitación y la exigencia colectiva mas que a la estelarización de una élite, pero al menos detecto una cierta lógica tras dicho modelo.

Pero lo que es una flagrante incoherencia es lo que ocurre hoy y ahora en varias dependencias del Estado. Sentados uno al lado del otro, trabajan un funcionario público y un contratado a término. Hacen la misma función. Ganan sueldos muy distintos. Tienen beneficios secundarios muy diferentes. Para mencionar uno muy flagrante: en las dependencias del Estado donde suele cobrarse una compensación adicional por productividad, esta no es individual, sino generada por todo un equipo de trabajo. Pero mientras el funcionario público la percibe, el contratado a término, no. O sea, si Ud. es contratado a término, y su esfuerzo aumentó la productividad de su núcleo de trabajo, su aporte será cobrado por el funcionario público que se sienta a su lado, pero no por Ud. Que es un modelo insano de trabajo y relacionamiento laboral, no creo posible discutirlo. Hagamos dos salvedades para evitar confrontar Palermo con Lavalleja. Que hay funcionarios públicos ineficientes y excededentarios en diversas reparticiones, y que faltan funcionarios calificados en otras, no lo discuto. Que hay burocracia excesiva en diversos ámbitos públicos, tampoco. Pero que la eficiencia sea sinónimo de «privado» es falso. Hay empresa estatales que superan ampliamente- mano a mano y en la misma cancha- a empresas privadas multinacionales que les compiten. Hay empresas privadas cuasi monopólicas que han quebrado o se encaminan a hacerlo. Hay grandes empresarios privados que han huído del país dejando tras de sí una gran cantidad de vidas quebradas, de préstamos impagos y de negocios turbios sin dilucidar.

La segunda salvedad es que la plata es limitada y que solucionar la situación de los contratados a términos es evidentemente difícil de solucionar. Porque la equiparación lisa y llana con el funcionario público, dada la magnitud actual del problema, supera las capacidades presupuestales de cualquier repartición del Estado y practicar el facilismo puede resultar muy cómodo pero no es responsable.

Lo que no se puede hacer es tapar el sol con el dedo. O discutir si es más grande Palermo que Lavalleja. Porque si se ha de hablar de la Reforma del Estado, no es posible seguir hablando de la falaz oposición funcionario público vs empleado privado, y es imprescindible incorporar la casi desconocida (para la población en general) categoría de funcionarios en contratos a términos con el Estado o tercerizados a través de empresas proveedoras de recursos humanos.

A diferencia de la adolescencia, si algo ya no tolero, es discutir entre dos opciones pasionales y no racionales, definidas de antemano e imposibles de contrastar con argumentos. En honor a ello, pido que, si hemos de discutir en serio la Reforma del Estado, analicemos a fondo la situación del Estado, sin prejuicios ni clichés y veamos cuántos compatriotas jóvenes y extremadamente capacitados revistan en categorías que nada tienen que ver con la de funcionario público, haciendo las mismas tareas que muchos funcionarios y con diversas desventajas salariales y laborales.

Para la izquierda «reformar» no es «achicar», es » corregir y mejorar». Y este punto es muy arduo de corregir y mejorar, pero si no se hace, no habrá reforma, así los eternos polemistas de Palermo y Lavalleja se abrazaran y consagraran por fin un milagroso , imposible, inverosímil y absoluto consenso.

uruguay; economía y política

LA COYUNTURA ECONOMICA Y POLITICA

Alberto Couriel/senador del frente amplio

El Uruguay vive una etapa histórica de bonanza económica y estabilidad política que es observada con admiración en el plano internacional. La figura del Presidente Mujica goza de un extraordinario prestigio nacional y regional. En el ámbito económico, el primer semestre del 2010 muestra un muy elevado ritmo de crecimiento, al igual que en otros países de la región como Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. El aumento de los precios internacionales de sus productos de exportación tiene una influencia relevante. En el caso de Uruguay, se agrega el elevado dinamismo de la inversión extranjera directa que alcanza al 4% del PBI, una cifra muy elevada para la historia del país.

Las exportaciones crecen tanto en precios como en su volumen físico. Por otro lado, crece la demanda interna, por el aumento de la inversión privada y el consumo privado. Sobre éstos influyen las mejoras salariales y el significativo descenso del desempleo abierto. La inflación se encuentra controlada y la balanza de pagos no presenta problemas.

Hay serios problemas con la política cambiaria, porque el tipo de cambio real se ubica en uno de los puntos más bajos de las últimas décadas. En el plano internacional hay un descenso del valor del dólar. Por otro lado, el accionar del Banco Central ha coadyuvado a este significativo descenso en el Uruguay, por la emisión de títulos en moneda nacional a tasas de interés elevadas, como la despreocupación por el tipo de cambio cuando se eleva en un cuarto de punto la tasa de interés de referencia. La competitividad de algunos rubros se viene compensando por el alza de sus precios internacionales y por la mayor apreciación del real brasileño.

En materia de política fiscal, en las próximas semanas se va a dilucidar el grado de influencia y autonomía de la bancada parlamentaria del FA en materia presupuestal. Recordemos que la proyección del PBI para los próximos 5 años es del 25% mientras que el aumento del gasto público sería de 18%.

En el campo político, al influjo del presidente Mujica, se lograron avances significativos hacia una imagen de unidad nacional. Desde el principio de su gestión se han alcanzado acuerdos políticos inéditos en el país. Se avanzaron acuerdos programáticos en materia de seguridad, medio ambiente, energía y educación. El gobierno acordó otorgar 56 cargos a la oposición para integrar los entes autónomos y servicios descentralizados, incluyendo algunas comisiones de carácter internacional.

Uruguay se caracteriza por un sistema político muy civilizado, con partidos muy estables, lo que facilita las posibilidades de acuerdos políticos. En estos días seguimos trabajando para lograr un acuerdo político con sectores del Partido Nacional, sobre el impuesto a la renta de las personas físicas a residentes que obtienen rentas por inversiones financieras realizadas en el exterior y para flexibilizar las normas sobre secreto bancario. Este es un acuerdo político sobre bases estrictamente programáticas, lo que marca una mayor calidad del propio acuerdo. Es un proyecto de ley controvertible, porque afecta determinados intereses de algunos sectores económicos, y es combatido muy fuertemente por la Asociación de Bancos del Uruguay. Para una ley de esta naturaleza, hemos intentado alcanzar las más amplias mayorías para facilitar su implementación y aplicación.

El acuerdo, en sí mismo, muestra la cercanía programática sobre algunos temas de interés común y, por supuesto, de interés nacional. De aquí surge el papel de la oposición en el régimen democrático. Cuando los programas de los partidos se encuentran muy alejados, se dificultan los acuerdos y la confrontación se vuelve inevitable. La confrontación es parte de la propia esencia de la democracia. Los partidos políticos elaboran sus programas, que tienen que aplicar ganen o pierdan, para asegurar la representatividad de sus electores. Si pierden, pasan a la oposición, y pueden enfrentar las políticas del gobierno si no las comparten, por objetivos electorales o por sus posiciones ideológicas y programáticas. Pero si hacen acuerdos políticos con el gobierno, especialmente alejados en el tiempo de los procesos electorales, por razones programáticas, están ayudando al desarrollo del país, a la buena imagen del Uruguay en el exterior y, obviamente, están representando fielmente a sus electores y jamás podría considerarse que los traicionen.

Los partidos de la oposición en los distintos cargos parlamentarios y en las empresas públicas tienen como función central la tarea de contralor, pero también la de ayudar a la eficacia del gobierno e, inclusive, a mejorar la propia gestión para atender los principales objetivos nacionales. Si un partido de la oposición apoya y mejora la gestión del gobierno, de ninguna manera puede tildársele de traicionar a sus electores.

En el ámbito político social, la semana pasada se cumplió un paro general organizado por el conjunto del movimiento sindical con un alto nivel de acatamiento.

La sociedad uruguaya tiene incorporadas, en sus valores, las características de estos paros, estén o no de acuerdo con los mismos.

Vivimos en estos días la discusión del presupuesto nacional, en un contexto de bonanza económica, lo que facilita la puja y la confrontación por el logro de mayores recursos financieros. En el régimen democrático ello es perfectamente comprensible. Lo que es más difícil de captar es que sea organizado por los trabajadores que han obtenido los más diversos beneficios en los gobiernos del FA, tanto en mejoras del empleo y del salario real, en sus fueros sindicales, en la negociación colectiva y así sucesivamente. Los gobiernos del FA han ayudado a que el movimiento sindical mejore sensiblemente su poder de negociación, tenga más sindicatos y un aumento relevante en el número de afiliados. Por ello, parecerían muy débiles los argumentos para realizar un paro general en los primeros siete meses del gobierno de Mujica, que realiza permanentes esfuerzos de diálogo, de acuerdos y de negociación con todos los sectores sociales del país, incluidos por supuesto los movimientos de los trabajadores.

En la coyuntura política, surgen diversos ámbitos de discusión y análisis de los distintos problemas que aquejan al FA. Sin discutir la extraordinaria capacidad de unidad, paradigma de la izquierda latinoamericana, el frenteamplismo se ve afectado por pujas internas de poder entre sus distintos sectores. La unidad y disciplina partidaria en el gobierno y en las tareas parlamentarias se mantienen intactas. Muchas veces el problema deriva de las formas que toman los distintos nombramientos en los distintos cargos de gobierno. En función de determinadas cuotas, los distintos sectores políticos del FA realizan sus designaciones, donde en muchas ocasiones predominan los criterios de confianza política por encima de la calificación y capacitación para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les fueron encomendadas. Inclusive, quedan sin posibilidad de designación frentistas no sectorizados de elevado nivel de calificación. Como el criterio central es la confianza política terminan respondiendo y representando a su sector político correspondiente, más que al FA en su conjunto, más que al propio gobierno y por supuesto más que al propio Estado, para el que cumplen funciones centrales. Este es uno de los tantos problemas que el FA deberá discutir para mejorar la gestión de gobierno, para no desperdiciar importantes figuras partidarias y para que el frenteamplismo siga siendo un movimiento político que supere ampliamente la suma de los distintos sectores que lo componen.