25
Jun
17

podredumbre social

El decálogo de la rancia ideología neoliberal

escribe: Hugo Acevedo

 

La extensa carta enviada al Presidente de la República Tabaré Vázquez por parte de la Confederación de Cámaras Empresariales, la cual aglutina a veintitrés grupos económicos que constituyen el sustento de la oligarquía económica uruguaya, es un auténtico decálogo de la más rancia ideología neoliberal.

En cierto sentido, también es una suerte de programa de gobierno, que competiría perfectamente con la propuesta regresiva de la derecha reaccionaria representada por los partidos tradicionales, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.

Este manifiesto, que pretende ser un auténtico manual en materia de gestión, exhibe los rasgos más grotescos de un sistema concentrador con visibles síntomas de agotamiento tanto en su discurso cuanto en su mera praxis.

Si bien algunas de las recomendaciones pueden ser compartibles, en todas ellas subyace la intención de favorecer los intereses de la clase dominante de la sociedad uruguaya, que es la que detenta la mayor porción de la renta.

Obviamente, el gran capital vuelve a confundir gestión estatal con gestión privada -que en realidad son dos lógicas en permanente tensión y dicotomía- por la naturaleza misma de los roles.

Por supuesto, no es lo mismo administrar una empresa que gestionar el Estado, porque en el primer caso la actividad está inspirada en el mero lucro y la acumulación. En cambio un gobierno ungido por la voluntad ciudadana, debe atender y solventar las promesas electorales y las demandas colectivas, particularmente en lo que atañe a políticas sociales.

Partiendo de la premisa que la economía no es una ciencia exacta, se debe priorizar a la sociedad, más allá de los equilibrios macroeconómicos y de la fría contabilidad fiscal que emerge de la binaria relación entre ingresos y egresos.

Por supuesto, las cámaras empresariales reiteraron su demanda de rebaja del gasto público y de abatimiento del déficit de las cuentas estatales, sin reparar, como siempre, en los legítimos reclamos, expectativas y necesidades de la colectividad.

Obviamente, reclamaron suprimir el ingreso de nuevos funcionarios a la órbita pública, no advirtiendo que estos son necesarios para procesar una indispensable renovación generacional de una plantilla de empleados notoriamente envejecida.

Naturalmente, la creación de puestos de trabajo en dependencias estatales también compensa la falta de oportunidades de un sector privado que actualmente solo atiende a la reducción de costos y no a las reales necesidades del mercado laboral.

La plataforma empresarial no soslaya su reiterado reclamo de rebaja de la carga impositivo aunque nuestro sistema tributario siga siendo funcional al sector productivo, pese a los avances logrados en materia de equidad en la última década.

En ese contexto, lo más insólito es el explícito reconocimiento- sin ningún atisbo de rubor ni de autocrítica- que el capital “destruye sistemáticamente puestos de trabajo” y genera, consecuentemente, un aumento de la tasa de desempleo.

En un país donde aun hay 370.000 trabajadores que perciben salarios de hambre de $ 15.000 o de menos, no parece congruente que el empresariado se queje por los costos laborales.

Asimismo, es insostenible que clamen por una rebaja o la eliminación del aporte patronal al Banco de la Previsión Social, que es la mitad del aporte de los trabajadores cotizantes.

El documento reclama una regla fiscal para “limitar la discrecionalidad” en el manejo de las finanzas públicas, que coincide y no es casual, con la propuesta del líder y senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

No en vano el Partido Nacional y en particular el ala más conservadora que es el herrerismo, siempre tuvo una fuerte sintonía ideológica con los propietarios de los medios de producción.

Corroborando que la oligarquía vernácula promueve un modelo de país funcional a sus intereses, las cámaras también demandan ajustes a la baja del precio de los combustibles, en particular del gasoil y de las tarifas energéticas.

Obviamente, esta inquietud no tiene ninguna relación con los intereses ni con el bolsillo de las clases populares, sino con la tan mentada competitividad cuya protección tanto han reclamado.

Un auténtico desiderátum en materia de injerencia en los asuntos de gobierno, es la impertinente referencia al sistema de seguridad social administrado por el BPS.

Sobre el particular, reclaman cortapisas a la mejora de las pasividades, siendo que el monto de estos debe ajustarse en función del mandato constitucional. Al respecto, el artículo 67 de la Carta Magna establece: “Los ajustes de las asignaciones de Jubilación y Pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.

¿Las cámaras empresariales pretenden que el gobierno viole la Constitución como sucedía en las administraciones de derecha que precedieron al Frente Amplio?

Al tiempo de hacer una clara opción por las AFAP, que están en el ojo de la tormenta por el conflicto con los denominados cincuentones, demandan el aumento de la edad de retiro.

Ambos petitorios son congruentes con la privatizadora reforma de la seguridad social de 1996, cuyo estrepitoso fracaso comenzó a percibirse dos décadas después de su instauración.

Para nada sorprende -por una razón de afinidad- que no se reclame la reforma de la Caja Militar, pese a que esta ocasiona un agujero negro al Estado de 480 millones de dólares anuales, que equivale a casi un punto de déficit fiscal que tanto se cuestiona.

Para plegarse a la plataforma política del bloque conservador, los empleadores critican los resultados educativos. En tal sentido, la cúpula empresarial eleva su tradicional bandera de que la enseñanza esté únicamente orientada al desarrollo de competencias y al servicio del mercado.

Más allá de la necesidad de mejorar la calidad de los aprendizajes en clave inclusiva, a esta elite no le conviene que los jóvenes se formen como ciudadanos, conozcan sus derechos y tengan una arraigada conciencia social, porque esa circunstancia haría peligrar los indebidos privilegios de las clases altas.

En síntesis, la carta enviada al Presidente es un auténtico y grotesco retrato de una oligarquía egoísta y descontextualizada, que persiste en su aspiración de seguir viviendo en el limbo.

Obviamente, la utopía de estos señores de rancia prosapia es un país con un Estado meramente decorativo que no regule ni cobre impuestos, sin aumentos de salarios ni de pasividades.

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