Nunca menos, ni un paso atrás
Gonzalo Perera – Científico y analista
«Nunca menos, ni un paso atrás» es el slogan de quienes proponen en Argentina la continuidad del muy exitoso modelo político llevado adelante desde 2003
Soy consciente que en Uruguay, como en toda antigua colonia, el virus del chauvinismo y de la pelea entre hermanos sigue activo. En particular, como respuesta antipodal a la «Ley de Unión» que acompañaba a nuestra Declaración de Independencia, el culto anti-argentino en Uruguay es tan irracional, injustificado y anti-histórico, como extendido y redituable para «quedar bien con la tribuna». Y sobre los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el llamado «modelo K», la difusión del odio ha sido aún más intensa, con dos ondas portadoras principales: a) Las rémoras de los desencuentros entre ambos países por el tema de «las pasteras»; b) Salvo honrosísimas excepciones, los medios de comunicación uruguayos actúan como repetidoras de los grandes grupos hegemónicos argentinos, acérrimos enemigos del «proyecto K».
El «Nunca Menos», es un enunciado por la positiva, que es el paso siguiente al «Nunca Más». El «proceso K» llevó la política de Derechos Humanos hasta sus últimas consecuencias (incluyendo a los grandes terroristas de Estado encubiertos, los poderosos grupos económicos que gestaron la dictadura), hizo conquista inamovible el «Nunca Más» . Y eso, además de hacer justicia, habilita a pensar en positivo el futuro sin olvidar jamás el horror pasado, pero con fe renovada.
Primera conclusión:
1. El 19 nos debemos a nosotros mismos «Nunca Más». Las instituciones democráticas deben respetarse, salvo cuando por intentar hacerlo se avale una violación mayor. La Ley de Caducidad no debió existir jamás, no se debió plebiscitar jamás, y las dos veces que se hizo fue en circunstancias irregulares. En el primer caso por el clima imperante, en el segundo caso, porque no había voto por «NO», con lo cual la apatía era lo mismo que oposición, aberración evidente. Pero además: ¿Qué votos aprobaron la reforma vareliana? El Decreto Ley de Educación Común del 24 de agosto de 1877 fue promulgado por el coronel Lorenzo Latorre, quien detentaba la presidencia en ese momento ¿No es válida? ¿No es una de nuestras «raisons d´être» el sistema vareliano? Pongamos ejemplos más modernos, Antel fue creada por la Ley Nº 14.235 del 25 de julio de 1974, cuando el Parlamento llevaba algo más de un año de disuelto, sin más avales que las firmas de Walter Ravenna y Juan María Bordaberry. ¿Qué votos democráticos avalaron esa creación? Ninguno. La oposición que señala en estos días la falta de democraticidad de quienes queremos terminar con la maldita ley, debería entonces- por coherencia elemental- clamar porque Antel vuelva a ser el Sector Telecomunicaciones de la UTE, anular todo acto político y administrativo en el terreno de las telecomunicaciones de allí en más, reestablecer el monopolio absoluto del Estado en las telecomunicaciones, retirar las licencias a las operadoras privadas de telefonía celular, a las empresas privadas que ofrecen servicios de datos en el Urguay, a la empresas que ofrecen llamadas internacionales por la modalidad de telefonía IP, etc. Quedo a la espera de esta interesante novedad, que sería de absoluta coherencia discursiva.
«El proyecto K» ha pautado además, una modalidad nueva de relacionamiento con los trabajadores. Ha construido las bases de su sustentación en política en: i) La juventud que ha vuelto a creer que la política cambia la vida de un país y de las personas, ii) Sectores del empresariado nacional – fundamentalmente pequeño y medio- que quieren crecer sin engullirse toda la torta, iii) Amplios sectores de la intelectualidad y iv) La clase trabajadora. Al respecto, las leyes de coparticipación en las ganancias de las empresas, la participación de los trabajadores en instancias de contralor, el respeto a sus reivindicaciones, son hechos insólitos en la Argentina post-55.
Segunda conclusión.
2. El rol de los trabajadores es decisivo para el rumbo estratégico del país. El desarrollo del Uruguay no puede basarse en la cesión de sus commodities o bienes primarios a grandes inversiones internacionales, sino a la capacidad nacional y regional de agregación de valor. No digo que toda inversión extranjera sea mala. Digo que debemos apostar a nuestra capacidad de agregar valor nosotros mismos en el marco de alianzas regionales, por la talla del país- de forma de generar la multiplicación del empleo digno, calificado y ambientalmente sustentable. Si en algún caso esto se apuntala en inversión extranjera, no veo ningún drama. Pero la opinión del trabajador es un insumo vital para distinguir entre las buenas «inversiones» y las otras, meras «extracciones», puesto que no ve los papeles, «ve la cancha». Ejemplos bien concretos: la Industria del Software en Uruguay es muy pujante. Si el Estado debe adquirir software vital para el funcionamiento de alguno de sus organismos, debe apuntar a la capacidad propia, la que existe en el propio Estado y en la industria nacional privada. Si eso no alcanza, debe apuntar a complementarse con capacidades de la región. No se debe apuntar a comprar «llave en mano» , a grandes multinacionales, «soluciones cerradas». Que en general son más costosas, demoran más en funcionar y no acrecientan el «know how» local. El trabajador que está «en la cancha» es el primero que «la ve» y ante las seductoras presentaciones de las soluciones multinacionales, advierte a quien le quiera oír sobre en qué puntos hay que «abrir el ojo». Y rara vez se equivoca, el tema es simplemente escucharlo. Por eso, por ejemplo, este segundo gobierno del FA debe incorporar en los directorios de empresas públicas y afines, como miembros de pleno derecho, a representantes de los trabajadores. ¿Bajo qué lógica lo que es posible en el BPS no es posible en UTE, Ancap, Antel, etc? La forma y modo se puede discutir, pero el principio es un genuino «Nunca Menos». ¿Cuánto se acortaría la solución de problemas si la propia conducción de las empresas contara con la voz de los trabajadores? Por otro lado, ha pasado de Diputados a Senadores la Ley de Participación Público Privada ( que merece nota aparte), con varios reparos de los trabajadores. Porque la puerta a la participación privada que se abre hoy debe ser cuidadosa, no solo para nuestros días, sino a futuro ¿O alguien sabe quién gobernará mañana el Uruguay? Y defender el rol de Estado en Uruguay es vital. Por más que se le denoste, fue sólo cuando el Estado- admitiendo que haya habido fallas – se propuso desde el Mides fuertes políticas específicas hacia la emergencia social, es que pudieron llegar ciertos servicios muy básicos a los sectores más carenciados. El Estado es el amparo de los débiles pero también plataforma para el país pujante. Y la clase trabajadora, estigmatizada por la derecha, no es palo, sino palanca para un país más inclusivo y para todos.
La inteligencia no viene ni con la corbata ni con los títulos académicos. La da la vida, el estudio y la reflexión sobre la experiencia.Y el trabajador con conciencia de clase nunca quiere un país que vaya peor, quiere para él, su familia y todas las familias trabajadoras, mejores condiciones de vida. Y conoce desde adentro lo que muchos conocemos de lejos o desde un escritorio. Un poco de humildad y hacer el debido lugar a su opinión, a nivel institucional y a nivel de procesos de discusión ciudadana es una seña de identidad ya no para la izquierda sino para cualquier proyecto de avance social.
Allí este, nuestro gobierno, debe dejar marcada su huella para que este Uruguay tome rumbo al genuino desarrollo productivo social. Para que no tengamos nunca menos nivel de genuina democracia, que no es votar cada cinco años, sino real participación societaria.