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17
Feb
18

uruguay y el frente amplio

 

Un sistema nacional de participación

 

escribe: Camilo Álvarez

 

 

 

La construcción de poder nacional y popular es una de las principales tareas de la etapa y debe ser impulsada desde los distintos frentes y escenarios de lucha.

Esta construcción debe ir atada a reinterpretar y reimpulsar procesos de acumulación estratégica que fueron obturados en los últimos años como producto de una desvinculación clara del Frente Amplio en su tarea de profundizar alianzas sociales y de visualizar los nuevos escenarios de lucha que se están gestando en la sociedad.

Para este caso, entiendo imprescindible convocar y convencer de la importancia de llevar adelante estas tareas desde los espacios que brinda el ejercicio de gobierno. Esto implica pensar la gestión como un campo de la política y no al revés. La gestión no es nunca una actividad neutra, sirve siempre a intereses y opciones políticas. Los modelos que intentan jerarquizar la gestión de gobierno sin vincularla a la política, lo que hacen es construir una mentira y desvalorizar la gestión.

Nos convencimos hace tiempo que la gestión, como actividad es tan importante, que inexorablemente debe estar dentro de la política, porque la política nos proporciona los horizontes y los pisos sobre los cuales tomamos definiciones. Que, para el caso de la izquierda, esas definiciones estarán siempre vinculadas a proteger a los más débiles, al tiempo que generamos escenarios para su desarrollo como sujetos históricos de transformación.

Porque en definitiva, la política es lo que nos permite mirar y trabajar por aquello que hoy parece imposible. Por eso la política es el arte de hacer posible mañana lo que hoy parece imposible. La política es la facultad de los agrupamientos humanos para resolver los problemas de su época. Desvalorizar la política es dar paso a la prepotencia de lo autoritario, a lomos de un empresario, de un ultra-conservador, de un teólogo de la prosperidad, etc.

Es necesario y bueno que se impulsen, desde las políticas públicas, procesos que permitan acercar a los ciudadanos a la tarea de gobernar. Impulsar procesos políticos pedagógicos, que además de dar voz, permitan nutrir sus decisiones con la opinión de quienes son, en definitiva, el motivo fundamental de esas políticas. En estos procesos, siempre hay momentos de formación ciudadana que generan un impacto importante, cuando el ciudadano pasa a ser un actor con relevancia que es escuchado, y protagonista.

Participación como proceso y ejercicio ya no únicamente como dato a medir para realizar sendos informes a organismos financiadores. Participar en medio de un océano cuya corriente invita a lo contrario.

Participación para la autonomía y no para la dependencia, sea del Estado, de una ONG, de la Universidad, de la Iglesia o alguna empresa (valgan las redundancias).

Debemos impulsar como mecanismo de formación ciudadana, de mejorar nuestras democracias y de crear valor ciudadano, valor que mejorará nuestras sociedades y las enriquecerá. Estos mecanismos tienen que ver con abrir las puertas y ventanas de las políticas públicas a que la sociedad opine y participe en su diseño, en su ejecución, en su evaluación.

No se trata de privatizar en manos de grupos u organizaciones sociales, no gubernamentales, etc., la acción del Estado, como ya se intentó en los 90 de la mano de los fondos internacionales de crédito. Se trata de comprender la acción política y gubernamental como una acción constantemente colectiva. No se trata, tampoco, de llenar estadios de fútbol para tomar decisiones a mano alzada, sino de repensar la participación social a la luz de procesos que faciliten escuchar y acercar la gente a los procesos de toma de decisión.

Una forma de combatir la pobreza es promover una ciudadanía protagónica, en el marco de un nuevo contrato social.

Estamos contra la pobreza, lo hemos manifestado, incluso promovemos la creación de un movimiento contra la pobreza, que no solo implica reconocer objetivamente la situación de un conjunto de personas en la estructura de la sociedad, implica además construir una identidad, un movimiento cultural que desnaturalice el destino que el sistema tenía pensado para ellos. Algunos nos acusan de que hablamos mucho contra la pobreza y poco o nada contra la riqueza. Sobre todo nos llueven estas críticas desde algunos escritorios universitarios.

En verdad, deberíamos decir que precisamos de la riqueza. Sin embargo, los ricos no generan riqueza alguna. Los ricos se apropian de la riqueza que generan los trabajadores. Aunque, es bueno mencionar que hoy, la plata se inventa, se emiten y emiten billetes cuyo único respaldo es nuestra creencia en ellos, nuestra fe. Así las cosas, deberemos esperar las consecuencias del respaldo en oro generado por China en los últimos años.

El ser humano es un animal de vida en colectivo, no está hecho para la soledad. Cuando aparece la soledad aparecen las enfermedades. Y ojo, porque se puede estar solo rodeado de gente…me refiero a esa soledad que no permite ver el otro.

Precisamos “pedagogizar” la política y sobre todo las políticas públicas. Pues, por mejor gestión de gobierno que realicemos, sino logramos conectar con nuestro pueblo, dialogar, permitir la voz, la expresión y el encuentro, caerán en saco roto a la hora del resumen no ya electoral sino ciudadano.

Y si bien esta es una tarea fundamental de la fuerza política, tal vez la tarea más importante cuando se está en el gobierno. Me refiero a la tarea de estar los más cerca y próximo posible de los sectores sociales que pretendemos representar, sin suplantar.

Es tiempo de pensar en la creación de un Sistema Nacional de Participación, que acompañe los impulsos generados con la ley de descentralización y participación ciudadana. Además de vincular otras políticas públicas que promueven la participación, sin embargo siempre de manera fragmentaria y nunca sistémica. Que pueda apoyar los procesos participativos y hacerlos cada vez más fuertes. Implica sobre todo construir capacidades para no terminar inculpando equivocadamente.

Hoy tenemos representantes de trabajadores participando en varios organismos públicos, tenemos leyes que establecen la participación para otras acciones de la política pública. No estamos diciendo que el PIT-CNT participe en el Directorio del Banco Central (ya vendrá ese día). Sin embargo, precisamos dar un salto en la forma, el alcance y las posibilidades que tiene el impulso de la participación desde las políticas públicas. Que claramente refleja solo una parte del tremendo movimiento social, comunitario y cultural que existe en nuestro país más allá de la gestión de gobierno.

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08
Feb
18

los patrones en uruguay …

Partido hasta mancharse

entrevista: Natalia Uval / La Diaria-Uruguay

 

El relator para la libertad de expresión de OEA dijo que adhesión de Andebu a movilización de Durazno no tiene antecedentes y alertó sobre los riesgos de la polarización.

El 22 de enero, a pocas horas de la manifestación de sectores rurales en Durazno, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que nuclea a los dueños de las radios y canales de televisión privados, emitió un comunicado en apoyo a la actividad. Además de exigir mejores “condiciones de competitividad”, agregó a la plataforma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que, según entiende la agremiación, “impone costos y riesgos adicionales” para la industria mediática. En este contexto, la diaria conversó con el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Edison Lanza, sobre los conflictos entre medios y gobiernos en la región y las consecuencias que esto tiene para el ejercicio del periodismo.

–En otros países de la región, los medios de comunicación se han parado explícitamente como actores políticos en disputa con los gobiernos de turno. ¿Qué impacto tiene esto en el derecho a la información de la población y cómo calificarías la situación en Uruguay?

–La región está viviendo momentos de polarización política muy fuertes. No sólo en América Latina, también aquí, en Estados Unidos, es evidente la polarización política. Ahí están muchas veces el riesgo y la tentación de que los periodistas y los medios de comunicación tomen partido. Eso genera un problema para hacer periodismo. Si bien el paradigma del periodismo objetivo y aséptico no existe en la práctica, sino que es una suerte de aspiración mediada por el background y el perfil editorial de los medios y de los propios periodistas, lo que no es deseable es que [los medios] sigan la polarización política que llevan adelante los actores políticos. Es deseable que tengan cierta equidistancia, que puedan aportar primero información sobre los hechos, más allá de que siempre hay opinión de distintas maneras en los medios de comunicación. Esto [la polarización] está pasando en muchos países; pasó en Argentina y todavía pasa con mucha fuerza, pasó en Colombia, en Venezuela, en Ecuador durante la administración de [Rafael] Correa, en Estados Unidos ahora durante la administración de [Donald] Trump. Y es una discusión permanente en los medios de comunicación. De hecho, aquí Washington Post el otro día organizó una mesa de discusión con periodistas no sólo de The New York Times y de Washington Post, que hoy tienen una postura crítica del gobierno de Trump, sino que también había gente de Fox y de otras cadenas. Y había consenso en cuanto a que muchas veces está el riesgo no sólo de sesgar la información sino de caer incluso en errores por esa hiperpolitización que se filtra en las redacciones. En ese sentido, es un fenómeno que está apareciendo en Uruguay con más fuerza. Hay que tener cuidado y estar alertas ante esta situación, porque puede afectar el rol de los medios, su credibilidad, y, eventualmente, pueden cometerse errores al entrar en esa suerte de manija polarizante.

–Cuando Andebu se posicionó a favor de la movilización de los sectores rurales, algunos comentarios en las redes sociales celebraban que se estuviera transparentando la línea política que siempre tuvieron los canales de televisión privados. ¿Qué te parece esa valoración?

–Creo que hay que hacer una distinción. Andebu es una asociación de empresas de la comunicación. Dentro del derecho de asociación está implícita la posibilidad de que cualquier organización, tanto de trabajadores como de empresarios, se exprese. Pero, en general, las asociaciones tanto de medios como de periodistas se pronuncian –y me parece muy bien– en caso de posibles afectaciones a la libertad de expresión, porque es parte de su razón de ser. Esa es la práctica más usual. No recuerdo oportunidades en las que haya habido pronunciamientos contra la política general de un gobierno en materia económica y social; eso ya es más complejo de ver. Incluso en situaciones muy polarizadas, como la de Ecuador durante el gobierno de Correa, donde los medios, a raíz de restricciones a la libertad de expresión, incluso sufrieron patrimonialmente porque se les pusieron multas, en general las posiciones estaban vinculadas a la libertad de expresión. Obviamente, los periodistas nunca están ajenos a un ambiente en el que se ventilan estas cuestiones, y supongo que una organización de medios de comunicación que se pronuncia en general contra un gobierno debe contar con el aval de los medios que lo integran. Supongo que es un elemento que genera una situación que en Uruguay no conocíamos antes con esa claridad. Ahora, que los medios tengan una línea editorial y una posición política frente a lo que hace un gobierno, eso sí es natural. En Estados Unidos, las televisoras como CNN y Fox están asumiendo un papel editorial cada vez más explícito, y en ese caso sí puede ser hasta más claro [para la población]. Confío plenamente en los periodistas de Uruguay, en el sentido de que conserven su independencia. Tengo muy claro que muchas veces los intereses de los propietarios de los medios o de las asociaciones gremiales son distintos de los de los periodistas. Y muchas veces tenemos que hacer valer la independencia frente a presiones externas e internas. En los momentos de polarización es cuando cobra más relevancia la independencia periodística, para tratar de establecer con claridad que el periodista va a seguir fiel a la verdad, o por lo menos a aproximarse a la verdad lo más posible, e informar a los lectores y cumplir con el derecho del público a la información.

–Las redes sociales muchas veces incrementan la polarización, incluso entre los periodistas. ¿Qué impacto tienen estos alineamientos a la hora de informar?

–Ahí hay un fenómeno con el que hay que tener cierto cuidado. Me parece que es muy legítimo que se haga periodismo desde posiciones ideológicas predeterminadas –eso siempre existió, a ambos lados del espectro–, pero una regla de oro es que uno hace un periodismo con sentido, pero siempre apegado a la verdad, a los hechos y al rigor. Eso es difícil, pero es posible. Pero lo que ahora es más problemático es que se mezcla demasiado –sobre todo en las redes sociales, donde a veces no se medita o se hace en forma acelerada– la visión ideológica con los hechos y con la realidad, y se ingresa en la dinámica de la gente común en Twitter y en Facebook, que muchas veces son discursos hiperpolarizados, agresivos, de descalificación y de violencia hacia el que piensa distinto. Todo se vuelve un insulto o una descalificación permanente y no se discuten ideas o información. Porque el debate público es eso; una democracia tiene que canalizar las distintas formas de pensar, las ideas. En las redes sociales, los periodistas deberían tener eso presente. Cualquiera puede opinar, pero no cualquiera puede hacer el trabajo de un periodista apegado al rigor, más allá de las posiciones, que son legítimas.

–Hablamos de la actitud de Andebu respecto del gobierno. ¿Cómo calificarías la actitud de los gobiernos del Frente Amplio respecto de los medios?

–Hace pocos días se publicó el índice de Freedom House y de Reporteros sin Fronteras, y en ambos casos Uruguay está muy bien calificado. Para Freedom House está en el quinto lugar, por primera vez en la historia de este índice, que tiene 25 años. Uruguay ha escalado posiciones: del lugar 40 o 50 hace 15 años, hoy se ubica apenas por debajo de los países nórdicos, que tienen 300 años de historia de respeto a las libertades fundamentales. Entonces, me parece que eso es un dato objetivo de lo que el país ha alcanzado en cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de expresión: un debate público robusto y un gobierno que, más allá de las discusiones puntuales que pueda haber, no ha tenido como política atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, o estigmatizarlos y desacreditarlos, en un mundo en el que esto se ha vuelto una práctica usual. Uruguay mejora manteniendo unos estándares que otros han empeorado. Era absolutamente inusual que el presidente de Estados Unidos llamara deshonestos, enemigos del pueblo, falsos, y una cantidad de cuestiones, a periodistas y a medios de comunicación, y muchas veces con nombre y apellido. Eso pasa, y no sólo en Estados Unidos, también en Europa, en América Latina, en Filipinas; en distintas partes del mundo. En cambio, Uruguay mantiene esos grados de debate público y civilidad, y además se aprueban leyes que han resultado hoy una garantía para ejercer la libertad de expresión: los cambios en materia penal, la Ley de Acceso a la Información Pública, la propia ley de medios, que fue convalidada en general por la Suprema Corte de Justicia. Todo esto da un indicio de que lo que dicen los índices es real. El marco hoy es bueno, nadie puede decir lo contrario.

07
Feb
18

cia … drogas y algo más

Conoce a la CIA: armas, drogas y dinero

 

escribe: Jeffrey St. Clair y Alexander Cockburn / CounterPunch / Rebelión

 

El 22 de noviembre de 1996 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al general Ramón Guillén Dávila de Venezuela de introducir cocaína en los Estados Unidos. Los fiscales federales alegaron que mientras dirigía la unidad antidrogas de Venezuela, el General Guillén contrabandeó más de 22 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa para los cárteles de Cali y Bogotá. Guillén respondió a la acusación desde su asilo de Caracas, cuyo gobierno se negó a extraditarlo a Miami mientras lo honraba con un perdón por posibles crímenes cometidos en el cumplimiento del deber. Sostuvo que los envíos de cocaína a EE.UU. habían sido aprobados por la CIA, y continuó diciendo que “se perdieron algunas drogas y ni la CIA ni la DEA quieren aceptar ninguna responsabilidad por ello”.

La CIA había contratado a Guillén en 1988 para que le ayudase a averiguar algo sobre los cárteles de la droga colombianos. La Agencia y Guillén establecieron una operación de tráfico de drogas con agentes de Guillén en la Guardia Nacional venezolana para comprar cocaína al cártel de Cali y enviarla a Venezuela, donde fue almacenada en depósitos mantenidos por el Centro de Inteligencia de Narcóticos de Caracas, que era dirigido por Guillén y totalmente financiado por la CIA.

Para evitar que el cártel de Cali hiciera preguntas incómodas sobre el inventario creciente de cocaína en los almacenes del Centro de Inteligencia de Narcóticos y, como dijo un agente de la CIA, “para mantener nuestra credibilidad con los traficantes”, la CIA decidió que era astuto permitir que la cocaína pasase a la red de distribuidores del cártel en los Estados Unidos. Como dijo otro agente de la CIA, querían “dejar que la droga caminase”, es decir, permitir que se vendiera en las calles de Miami, Nueva York y Los Ángeles.

Cuando se trata de lo que se denominan “envíos controlados” de drogas a los EE.UU., la ley federal exige que dichas importaciones cuenten con una aprobación de la DEA, que la CIA solicitó debidamente. Sin embargo, esto fue negado por el agregado de la DEA en Caracas. Entonces, la CIA se dirigió a la sede de la DEA en Washington, pero se encontró con un rechazo similar, por lo que el servicio secreto siguió adelante con el envío de todos modos. Uno de los hombres de la CIA que trabajaba con Guillén era Mark McFarlin quien en 1989 testificó sobre el asunto en el tribunal federal de Miami. Allí le dijo a su jefe de estación de la CIA en Caracas que la operación Guillén, que ya estaba en marcha, acababa de enviar 3.000 libras de cocaína a Estados Unidos. Cuando el jefe de la estación preguntó a McFarlin si la DEA estaba enterada de esto, McFarlin respondió que no. “Sigamos así”, le dijo el jefe de la estación.

Durante los siguientes tres años, más de 22 toneladas de cocaína se abrieron paso a través de este conducto hacia los EE.UU., Y los envíos llegaron a Miami en paletas de envío ahuecadas o en cajas de pantalones blue jeans. En 1990, los agentes de la DEA en Caracas se enteraron de lo que estaba sucediendo, pero la seguridad era poco estricta ya que una agente de la DEA en Venezuela estaba durmiendo allí con un agente de la CIA y otra, según los informes, con el propio General Guillén. La CIA y Guillén cambiaron sus modos de operación, y los cargamentos de cocaína de Caracas a Miami continuaron por otros dos años. Finalmente, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos cerró el telón de la operación y en 1992 confiscó un cargamento de cocaína de 800 libras en Miami.

Uno de los subordinados de Guillén, Adolfo Romero, fue arrestado y finalmente condenado por cargos de conspiración por drogas. Ninguno de los narcotraficantes colombianos fue molestado por este proyecto, a pesar de que la CIA afirmó que estaba detrás el cártel de Cali. Guillén fue acusado, pero se mantuvo a salvo en Caracas. McFarlin y su jefe finalmente fueron separados de la Agencia. Ninguna otra cabeza rodó después de una operación que no produjo más que la llegada, bajo la supervisión de la CIA, de 22 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La CIA realizó una revisión interna de esta debacle y afirmó que no había “evidencia de delito criminal”.

Una investigación de la DEA llegó a una conclusión bastante diferente, alegando que la agencia de espionaje había participado en “envíos controlados no autorizados” de narcóticos a los EE.UU. Y que la CIA retuvo “información vital” sobre el cártel de Cali de parte de la DEA y fiscales federales.

La negación hipócrita ha sido durante mucho tiempo una especialidad de la Agencia Central de Inteligencia. En 1971, uno de los predecesores más conocidos de John Deutch como director de inteligencia, Richard Helms, se dirigió a la Asociación de Editores de periódicos estadounidenses en un momento en que la Agencia había sido acusada de infiltrarse en nuevas organizaciones y de realizar una operación de espionaje doméstico para el presidente Richard Nixon. The Nation cuenta que Helms dijo a los editores reunidos, “deberían confiar en que nosotros también somos hombres honorables dedicados al servicio de la nación”. Seguramente Helms no estaba en territorio hostil, tampoco John Deutch en el New York Times, que publicó su artículo que afirma la inocencia de la CIA. Más que cualquier otro director, Helms fue parte del circuito de Georgetown, con vínculos cercanos con periodistas como Joseph Alsop, James Reston, Joseph Kraft, Chalmers Roberts y CL. Sulzberger. Helms a menudo se jactaba de sus días de reportero de United Press, durante los cuales había tenido entrevistas exclusivas con Adolf Hitler y la patinadora de hielo Sonja Henie.

Menos de dos años después de sus declaraciones a la Asociación de Editores de Prensa, Helms compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y fue interrogado sobre la participación de la Agencia en el Watergate. En respuesta mintió descaradamente sobre los vínculos de Howard Hunt y Gordon Liddy con la CIA. Aunque el presidente del comité, el senador William Fulbright, estaba incrédulo con razón, Helms no fue formalmente colocado en su sitio.

Esta no era la primera vez que mentía Helms, quien dirigió la Agencia desde 1966 hasta 1972, ni era su declaración más taimada. A lo largo de la Guerra de Vietnam, Helms había ocultado al Congreso información crucial sobre la fuerza de las tropas del Frente de Liberación Nacional Vietnamita (NLF, también conocido como Viet Cong) desarrollado por un joven analista de la CIA llamado Sam Adams. Los números de Adams mostraron que el apoyo al NLF en Vietnam del Sur era mucho mayor que las estimaciones de los militares, tan fuerte, de hecho, que la guerra parecía imposible de ganar. Helms, sin embargo, se puso del lado de los militares y buscó implacablemente alejar a Adams de la Agencia.

Más tarde, en 1973, el atildado espía volvió a dar falsos testimonios al Congreso, esta vez sobre la participación de la CIA en derrocar al gobierno de Salvador Allende en Chile. Por supuesto, el apoyo al golpe contra Allende se llevó a cabo ante la insistencia de corporaciones estadounidenses como ITT y Anaconda Copper. Según los informes, la Agencia envió a un contrabandista de drogas a Santiago con un pago en efectivo para un sicario chileno que intentaría asesinar a Allende. En 1977, el Departamento de Justicia, encabezado por Griffin Bell, designado por Carter, acusó de mala gana a Helms por perjurio. El exdirector de la CIA tomó el consejo del superintendente de Washington Edwin Bennett Williams y se declaró inocente. Fue multado con 2.000 dólares y recibió una sentencia suspendida.

Hubo otros contrapuntos históricos a las declaraciones de Deutch. En 1976, en uno de los momentos más tensos de la relación desde su inicio de la Agencia con el Congreso, el Director William Colby (quien antes había denunciado las mentiras de Helms sobre Chile) se presentó ante el Comité restringido de Inteligencia dirigido por el Senador Frank Church de Idaho. Esta vez, el clima del Congreso fue más afilado, provocado por las declaraciones de Seymour Hersh en el New York Times sobre el espionaje doméstico y también por los cargos de que la CIA había estado ejecutando un programa de asesinatos en el extranjero.

Sí, dijo Colby, la posibilidad de usar el asesinato había sido barajada en la Agencia, pero en ningún momento había alcanzado el nivel de una aplicación práctica exitosa. En cuanto al espionaje interno, había habido programas de vigilancia por correo y similares, pero estaban lejos de las operaciones “masivas” alegadas por Hersh, y hace tiempo que se habían suspendido.

Colby estaba siendo típicamente modesto. La CIA, a través de la Operación CHAOS y programas similares, había compilado archivos de más de 10.000 estadounidenses y tenía una base de datos con más de 300.000 nombres. Había interceptado los teléfonos de los reporteros estadounidenses, se había infiltrado en grupos disidentes y había tratado de interrumpir las protestas contra la guerra. Gastó 33.000 dólares en apoyo de una campaña de redacción de cartas para apoyar la invasión de Camboya.

Al igual que con las acusaciones de complicidad en el tráfico de drogas, el papel de la CIA en el asesinato es uno de esos temas tratados de vez en cuando con cautela por la prensa o el Congreso y luego, de forma apresurada, ocurre la habitual confirmación con la que la CIA puede haber soñado. Un concepto en el cual pensó y tal vez incluso incursionó en él, pero nunca había tenido éxito en todo el camino. Pero, de hecho, la Agencia ha recorrido todo el camino muchas veces y deberíamos examinar esta historia con cierto detalle ya que el patrón de negación en estos casos es muy similar a la relación de la CIA con el negocio de las drogas.

No hay duda de que la CIA ha utilizado el asesinato como un arma por debajo del orden jerárquico político y social, y que nadie lo sabía mejor que William Colby. Él había admitido, según reconoció, el Programa Phoenix y otras operaciones llamadas “antiterroristas” en Vietnam. Phoenix tenía como objetivo “neutralizar” a los líderes políticos y organizadores del Frente de Liberación Nacional en zonas rurales de Vietnam del Sur. En su testimonio ante el Congreso Colby se jactó de que 20.587 activistas del FLN habían sido asesinados solo entre 1967 y 1971. Los vietnamitas del sur publicaron una estimación mucho más alta, declarando casi 41.000 asesinados. Barton Osborn, un oficial de inteligencia en el Programa Phoenix, describió en términos escalofriantes la actitud burocrática de muchos de los agentes hacia sus asignaciones asesinas.

Los asesinados directamente en las operaciones de Phoenix pueden haber sido más afortunados que los 29.000 presuntos miembros del FLN arrestados e interrogados con técnicas horribles incluso para los estándares del Pol Pot y Mobutu. En 1972, un desfile de testigos ante el Congreso testificó sobre las técnicas de los interrogadores de Phoenix: cómo entrevistaron a los sospechosos y luego los sacaron de los aviones, cómo les cortaron los dedos, las orejas y los testículos, cómo usaron el electrochoque, pusieron tacos de madera en los cerebros de algunos presos y sondas eléctricas apisonadas en el recto de otros.

Para muchas de las incursiones de Phoenix, la agencia empleó los servicios de tribus y grupos étnicos de delincuentes, como el Khmer Kampuchean Kram, el KKK –formado por anticomunistas camboyanos y narcotraficantes- que, como dijo un veterano de Phoenix, “matarían a cualquier persona siempre que hubiera algo para ellos”. El KKK incluso se ofreció a noquear al príncipe Sihanouk para los estadounidenses y adjudicar al FLN el asesinato.

Estos escuadrones de la muerte estadounidenses fueron unos de los favoritos de Richard Nixon. Después de la masacre de My Lai, una operación con todas las características de un exterminio al estilo de Phoenix, hubo un movimiento para reducir la financiación de estos programas de asesinatos de civiles. Nixon, según un reporte de Seymour Hersh, se opuso enérgicamente. “No”, exigió Nixon, “tenemos que tener más de esto. Asesinatos. Matanzas”. Los fondos se restauraron rápidamente y el número de muertos continuó creciendo.

Incluso en el alto nivel ejecutivo, Colby estaba siendo corto sobre las ambiciones y logros de la CIA. En 1955 la CIA casi había logrado asesinar al líder comunista chino Chou En-lai. Se lanzaron bombas sobre el avión de Chou mientras volaba de Hong Kong a Indonesia para la conferencia de Bandung. En el último momento Chou cambió de avión, evitando así una caída terminal al Mar del Sur de China, ya que el avión estalló. Más tarde, el papel de la CIA fue descrito en detalle por un agente de inteligencia británico que desertó a la Unión Soviética y las pruebas de partes del avión -incluidos los mecanismos de tiempo para dos bombas- recuperadas por los buceadores, confirmaron sus declaraciones. La policía de Hong Kong calificó el accidente de “caso de asesinato masivo cuidadosamente planeado”.

En 1960, Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, se tornó molesto con los responsables de la política exterior de los Estados Unidos. Su flagrante corrupción parecía provocar una revuelta similar al alzamiento que había llevado a Fidel Castro al poder. La mejor manera de evitar esta contingencia no deseada era asegurar que la carrera política de Trujillo cesase inmediatamente, lo que sucedió a principios de 1961. Trujillo fue baleado en su auto frente a su propia mansión en Ciudad Trujillo. Resultó que la CIA había entregado armas y entrenamiento a los asesinos, aunque la Agencia se ocupó de señalar que no era completamente seguro de que fueran las mismas armas que finalmente depusieron al tirano (que originalmente había sido instalado en el poder por la CIA).

Casi al mismo tiempo, el director de la CIA, Allen Dulles, decidió que el líder del Congo, Patrice Lumumba, era una amenaza inaceptable para el mundo libre y su eliminación era “un objetivo urgente y primordial”. Para ayudar en la tarea de terminar con esta amenaza la CIA recurrió a su propia División de Servicios Técnicos (TSD), dirigida por ese hombre en la sombra, Sidney Gottlieb. La división de Gottlieb albergaba una sala de laboratorios de terror cuyas investigaciones incluían lavado de cerebro, guerra química y biológica, uso de drogas y electrochoque como modos de interrogación, además del desarrollo de toxinas letales, junto con los medios más eficientes para aplicarlas a la víctima, como la famosa pistola de dardos envenenados que el Senador Frank Church mostró ante las cámaras.

En el caso de Lumumba, Gottlieb desarrolló un bioveneno que simularía una enfermedad endémica en el Congo. Él personalmente entregó los gérmenes mortales junto con una jeringa hipodérmica especial, máscaras de gas y guantes de goma a Lawrence Devlin, jefe de la estación de la CIA en el Congo. Los implementos letales fueron llevados al país en una valija diplomática. Gottlieb instruyó a Devlin y a sus agentes sobre cómo aplicar la toxina a la pasta de dientes y la comida de Lumumba. Sin embargo, los bioasesinos de la CIA no pudieron acercarse lo suficiente a Lumumba, por lo que la “acción ejecutiva” procedió por una ruta más tradicional. Lumumba fue capturado, torturado y asesinado por soldados seleccionados por la CIA y el seleccionado para el reemplazo del líder, Mobutu Sese Seko. Ell cuerpo de Lumumba terminó en el baúl de un oficial de la CIA que manejó alrededor de Lumumbashi tratando de decidir cómo deshacerse de él.

Cuando se trataba de Fidel Castro, la Agencia no escatimó esfuerzos a lo largo de un cuarto de siglo. Colby admitió ante el comité institucional que la agencia había intentado en varias ocasiones matar a Castro en varias ocasiones, pero no tantas veces como alegaban sus críticos. “No fue por falta de intentos”, observó Colby. “Castro le dio a McGovern en 1975 una lista de los intentos realizados contra su vida -dijo que fueron alrededor de treinta en ese momento- por la CIA. McGovern me lo dio, lo revisé y lo comparé con nuestros registros y dijimos que podíamos dar cuenta de aproximadamente cinco o seis. Acerca de los otros, puedo entender el sentimiento de Castro sobre ellos porque todos eran expersonas de Bahía de Cochinos o algo así, así que él pensaba que todos eran CIA. Una vez que te metes en uno de ellos, ¡bingo! te culpan por todos los demás. No teníamos ninguna conexión con el resto de ellos, pero nunca convenceríamos a Castro de eso.

Cinco o seis complots de asesinato es un número aleccionador, especialmente si usted es el objetivo deseado de estas “acciones ejecutivas”. Pero incluso aquí Colby estaba ocultando. Ciertamente tuvo la oportunidad de consultar un informe secreto de 1967 sobre las conspiraciones contra Castro por el Inspector General de la CIA, John S. Earman, y aprobado por Richard Helms. La CIA, de hecho, había incubado intentos contra el líder cubano incluso antes de la revolución. Uno de los primeros ocurrió en 1958, cuando Eutimio Rojas, un miembro de la guerrilla cubana, fue contratado para matar a Castro mientras dormía en un campo en la Sierra Maestra.

El 2 de febrero de 1959, guardias de seguridad cubanos arrestaron a Allan Robert Nye, un estadounidense, en una habitación de hotel frente al palacio presidencial. Nye tenía en su poder un rifle de alta gama equipado con mira telescópica y había sido contratado para disparar a Castro cuando llegase al palacio. Un mes más tarde Rolando Masferrer, un exlíder de los escuadrones de la muerte de Batista, se presentó en una reunión en Miami con mafiosos estadounidenses y un oficial de la CIA. Allí, este conglomerado mortal planeó otro escenario para matar a Castro fuera del palacio presidencial.

La agencia intentó idear una manera de saturar el estudio de radio donde Castro transmitió sus discursos con una forma de aerosol de LSD y otros “energizantes psíquicos”. Otro plan requería la utilización del tipo de cigarros favoritos de Castro con drogas psicoactivas. Los puros dopados se guardaron en la caja fuerte de Jake Easterline, que encabezó la fuerza de tarea anticubana en los días previos a la época de la Bahía de Cochinos, mientras trataba de encontrar la forma de entregárselos a Castro sin arriesgarse a un “serio retroceso” en la Agencia. Los ingredientes para ambos esquemas se desarrollaron en los laboratorios de Sydney Gottlieb. En 1967, Gottlieb habló al Inspector General Earman de otro plan en el que se le pedía que impregnara algunos cigarros para Castro con venenos letales.

En 1960, durante el viaje de Castro a Nueva York para su aparición en las Naciones Unidas, agentes de la CIA intentaron llevar a cabo lo que se conoce como la “acción depilatoria”. El plan era colocar sales de talio en los zapatos de Castro y en su mesa de noche con la esperanza de que los venenos hicieran caer la barba del líder. En dosis altas, el talio puede causar parálisis o la muerte. Este plan colapsó en el último minuto.

En agosto de 1960 la eliminación de Castro se había convertido en una prioridad para el liderazgo de la CIA. Allen Dulles y su adjunto Richard Bissell pagaron a Johnny Roselli, un mafioso de Hollywood y amigo de Frank Sinatra, 150.000 dólares para arreglar un golpe a Castro. Roselli rápidamente trajo a dos drogadictos de la mafia a la trama: Sam Giancana, el gángster de Chicago, y Santos Trafficante, el supervisor de las operaciones de Lansky/Luciano en La Habana. Inicialmente la CIA recomendó un golpe estilo mafia en el que Castro sería asesinado a balazos con una lluvia de ametralladoras. Pero Giancana sugirió un enfoque más sutil, una píldora venenosa que podría introducirse en la comida o bebida de Castro. Seis pastillas botulínicas mortales, “del tamaño de tabletas de sacarina”, se cocinaron en los laboratorios TSD de la CIA, se ocultaron en un lápiz hueco y se entregaron a Roselli. El 13 de febrero de 1961, a solo un mes de la asunción de Kennedy, Trafficante llevó las píldoras botulínicas a La Habana y se las dio a su hombre dentro del Gobierno cubano, Jorge Orta, que trabajó en el equipo ejecutivo de Castro y tenía con los mafiosos una gran deuda de juego.

Junto con las píldoras, Trafficante también entregó una caja de cigarros empapados en toxina botulínica, que mata en cuestión de horas. Los cigarros fueron preparados por el doctor Edward Gunn, jefe de la división médica de la CIA. Gunn guardó uno de los cigarros en su caja fuerte como recuerdo. Lo probó para el Inspector General en 1967 y descubrió que retenía el 94 por ciento de su nivel original de toxicidad. El cigarro era tan letal, dijo Gunn, que bastaba con tocarlo, sin fumarlo, para matar a su víctima.

Posteriormente Trafficante informó de que las pastillas y los cigarros no se le dieron a Castro porque “Orta se acobardó”.

En abril Roselli se acercó a sus respaldos de la CIA con un nuevo plan, demanda de 50.000 dólares y un nuevo lote de píldoras. Esta vez la operación sería llevada a cabo por el amigo de Trafficante, el doctor Manuel Antonio de Varona, líder del Frente Revolucionario Democrático anticastrista. Verona y Trafficante se habían conocido a través de Edward K. Moss, el recaudador de fondos y vendedor de influencias políticas de Washington, DC. Moss estaba presionando por la causa de los exiliados cubanos en el Cerro y se acostaba con Julia Cellini, hermana de los famosos hermanos Cellini, Eddie y Dino, ejecutivos de las operaciones de juego de Meyer Lansky en el Caribe. Varona pasó de contrabando las pastillas botulínicas a una camarera en un restaurante frecuentado por Castro. Pero según el hombre de la CIA Sheffield Edwards, el plan fracasó cuando el líder cubano repentinamente “dejó de visitar ese restaurante en particular”.

Estos mafiosos a menudo son mencionados en los documentos de la CIA como el sindicato de juegos de azar de La Habana, por los hoteles casinos que hacían funcionar durante el régimen de Batista.

Pero los capos de la mafia también estaban involucrados en una empresa mucho más lucrativa: las drogas. La Habana se había convertido en el principal punto de transferencia a los Estados Unidos de gran parte de la heroína producida por Lucky Luciano y por los sindicatos corsos en Marsella. Lansky, que era el hombre de dinero de Luciano en los Estados Unidos, ofreció un contrato de 1 millón de dólares por la cabeza de Castro poco después de la revolución.

Durante el año siguiente, después del desastre de Bahía de Cochinos, la CIA apuntó a Castro a través de su programa de capacidad de acción ejecutiva, cuyo nombre en código es ZR/RIFLE. Esta operación fue dirigida por William “la pera” Harvey, un exagente del FBI de quien algunos sospechaban que era el topo de J. Edgar Hoover dentro de la CIA. Harvey, uno de los personajes reales de los años formativos de la Agencia, era conocido por portar sus pistolas para trabajar en la oficina, durmiendo en reuniones de personal y por su especial animadversión hacia Robert Kennedy, a quien llamaba “ese pequeño cabrón”.

Fue a finales de 1961 cuando Sam Giancana se acercó a su contacto de la CIA, un detective privado basado en DC llamado Robert Maheu, con un problema personal: sospechaba que su novia, Phyllis McGuire, una de las hermanas cantantes McGuire, tenía una aventura en Las Vegas con el comediante Dan Rowan, de Rowan y Martin. A cambio de su asistencia en las conspiraciones de asesinato de Castro, Giancana quería que la Agencia ocultase un micrófono en la habitación de hotel de Rowan en Las Vegas. El teléfono de Rowan fue debidamente intervenido, pero el dispositivo de grabación fue descubierto por una empleada del hotel, quien informó a la policía. La policía de Las Vegas pasó el asunto al FBI, que quería enjuiciar a Giancana por las escuchas telefónicas. En última instancia, Robert Kennedy tuvo que ser informado del asunto para cancelar el servicio del FBI.

Años más tarde Richard Bissell, subdirector de planos de la CIA y arquitecto del desastre de Bahía de Cochinos, dijo que lamentaba algunas de las empresas cubanas. Bissell dijo a Bill Moyers: “Creo que no deberíamos habernos involucrado con la mafia. Creo que una organización que lo hace está perdiendo el control de su información. Creo que deberíamos haber tenido miedo de abrir la puerta al chantaje”. Moyers le preguntó a Bissell si lo que le preocupaba era solo la asociación con los mafiosos, no la capacidad de la CIA para asesinar a líderes extranjeros. Bissell respondió: “Exacto”.

Robert Kennedy, por su parte, no compartía la delicadeza de Bissell. Kennedy, que estaba obsesionado con la eliminación de Castro, le dijo a Allen Dulles que no le importaba si la Agencia empleaba a la mafia para el golpe, siempre y cuando lo mantuvieran completamente informado. Robert Kennedy iría a su tumba para defender a la Agencia. “Lo que usted no sabe es qué papel desempeña la CIA en el Gobierno”, le dijo JFK a Jack Newfield de Village Voice poco antes de su asesinato. “Durante la década de 1950, por ejemplo, muchos de los liberales que fueron expulsados ​​de otros departamentos encontraron un santuario, un enclave, en la CIA. Así que algunas de las mejores personas en Washington y en todo el país comenzaron a recalar allí. Un resultado de eso fue que la CIA desarrolló una visión muy saludable del comunismo, especialmente en comparación con el Estado y algunos otros departamentos. Fueron muy comprensivos, por ejemplo, con gobiernos y movimientos nacionalistas e incluso socialistas. Y creo que ahora la CIA se está volviendo mucho más realista y crítica sobre la guerra que otros departamentos o incluso la gente de la Casa Blanca. Por lo tanto, no es tan blanco y negro como lo ves”.

En 1963, el amigo de Robert Kennedy Desmond Fitzgerald se había hecho cargo de las operaciones cubanas de Harvey. Fitzgerald perdió poco tiempo en perseguir a Castro. Uno de los primeros planes de Fitzgerald fue hacer que James Donovan, que estaba negociando la liberación de los prisioneros de Bahía de Cochinos, entregara involuntariamente como regalo a Castro un costoso equipo de buceo. Sid Gottlieb trató el revestimiento del traje con un hongo de Madura e implantó bacilos de tuberculosis, un brebaje letal. Al mismo tiempo Fitzgerald había estado leyendo sobre las almejas de aguas profundas y le había pedido al laboratorio de Gottlieb que armara algunos especímenes excepcionalmente atractivos con altos explosivos. Las almejas luego se dejarían caer en un área donde Castro frecuentemente se zambullía y emergerían para explotar cuando se el líder cubano volviera a la superficie.

En noviembre de 1963 Desmond Fitzgerald, de la CIA, estaba en París para entrevistarse con Rolando Cubela, un cubano anticastrista al que se hace referencia en documentos de la CIA como AM-LASH. Fitzgerald se presentó como emisario de Robert Kennedy y pidió ayuda a Cubela para asesinar a Castro. El 22 de noviembre Cubela recibió un bolígrafo amañado como una jeringa llena de Blackleaf-40 mortal, un insecticida de alta potencia compuesto por un 40 por ciento de sulfato de nicotina. Como señala secamente el informe del Inspector General, “es probable que en el momento en que mataron al presidente Kennedy, un agente de la CIA se reuniera con un agente cubano en París y le diera un dispositivo de asesinato para usar contra Castro”.

Fidel Castro no fue el único objetivo. También hubo repetidos intentos de asesinar a su hermano Raúl y al Che Guevara. J.C. King de la CIA suplicó a Allen Dulles que adoptara un plan que mataría a Fidel, a Raúl y al Che al mismo tiempo, “como un paquete”. Finalmente el Che, a quien la Agencia persiguió alrededor del mundo, fue rastreado en las selvas de Bolivia. Presente en su ejecución en 1967 estaba Félix Rodríguez de la CIA, un antiguo peón en Cuba que luego se convertiría en una figura central en las operaciones de drogas y armas de los contras en la base aérea de Ilopango en El Salvador.

El director de la CIA de Jimmy Carter, el almirante Stansfield Turner, fue ultrajado por muchos dentro de la Agencia por purgar a algunos de la vieja guardia. Pero Turner no era muy reformista y tenía sus propios problemas con la verdad. En 1977, como resultado de una demanda de la Ley de Libertad de Información presentada por el periodista de investigación John Marks, la CIA se vio obligada a revelar la existencia de siete cajas de información sobre el programa de veinte años de investigación de la Agencia sobre drogas psicoactivas y modificación del comportamiento, conocido como MK/ULTRA.

El descubrimiento de los registros por el archivista de la Agencia fue una sorpresa para los líderes de la CIA, ya que Richard Helms en sus últimos días como director había ordenado la destrucción de todos los documentos de MK/ULTRA. Cuando Turner informó a los comités del Congreso y la prensa, insistió en que el programa había sido eliminado en 1963 y que solo había involucrado la experimentación con drogas. De hecho, MK/ULTRA y una serie de proyectos similares persistieron al menos hasta 1973 e involucraron una búsqueda para desarrollar técnicas de control mental, incluidos el electrochoque y la psicocirugía. La CIA quería crear una especie de “candidato manchuriano”, una lista de asesinos y espías programados química y psicológicamente.

Turner, quien habló de crear una nueva apertura en la Agencia, demostró rápidamente que no era amigo de la libertad de expresión cuando intentó suprimir la publicación de Decent Interval, un libro del exagente de la CIA Frank Snepp. La CIA afirmó que Snepp había violado su contrato de trabajo al no enviar el libro a la Agencia para su aprobación antes de la publicación. Más tarde los abogados de la CIA ganaron una demanda que requería que Snepp le entregara todas sus regalías al Gobierno.

Por pura maldad y grado de criminalidad, es difícil encontrar un mejor espécimen que William Casey, el director de la CIA durante la mayor parte de los años de Reagan. Casey pasó directamente de la gestión de la campaña de Reagan a la sede de la CIA en Langley, donde contrató a algunas de las principales firmas de relaciones públicas de la nación para asesorarlo sobre cómo vender sus dos proyectos favoritos, los contras y los muyahidines afganos, a un desconfiado público estadounidense. Casey llamó a este trabajo “gestión de la percepción”, pero en realidad fue una campaña de propaganda doméstica, una operación psicológica para el público local.

El 4 de diciembre de 1981, Reagan firmó la Orden Ejecutiva 12333 sobre asesinatos. Dice: “Ninguna persona empleada o que actúe en nombre del Gobierno de los EE.UU. participará o conspirará para cometer asesinatos”. Esta restricción legal no disuadió al nuevo líder de la CIA, que en ese momento estaba ocupado abogando por la eliminación de Desi Bouterse, el líder de Surinam, un país sudamericano que había ingresado en “la órbita cubana”.

Del mismo modo, Casey y sus subordinados estaban supervisando la producción de un manual de asesinatos para los contras nicaragüenses llamado Operaciones psicológicas en Guerrilla Warfare. El manual, que se lee como una actualización del Programa Phoenix, pidió el uso de la violencia “para neutralizar objetivos cuidadosamente seleccionados y planificados como jueces de tribunales, policías y funcionarios de seguridad del Estado, etc.”. Aconsejó a los contras que desarrollaran “tropas de choque” para “infiltrarse en los mítines sandinistas”. “Estos hombres deberían estar equipados con armas (cuchillos, navajas, cadenas, palos, garrotes) y deberían marchar un poco detrás de los inocentes y crédulos participantes”. Como un eco de las operaciones de la mafia contra Castro, el manual también exigía que los contras contrataran figuras del crimen organizado para llevar a cabo muchas de estas delicadas operaciones. “Si es posible”, aconseja el manual, “se contratará a delincuentes profesionales para llevar a cabo ‘trabajos’ selectivos'”. Las operaciones psicológicas de la Guerrilla Warfare no fueron solo un ejercicio académico, se puso en acción. Dos veces la agencia envió equipos para asesinar al canciller nicaragüense Miguel d’Escoto, un sacerdote católico. En una ocasión, los aspirantes a asesinos intentaron envenenarlo con una botella de licor benedictino enriquecida con talio, una de las toxinas favoritas de la agencia. El agente de la CIA Michael Tock fue arrestado por los sandinistas por su papel en uno de los complots. Cuando el New York Times finalmente pasó a contar una historia sobre el manual de asesinatos, el propio Reagan acudió en defensa de su viejo amigo Casey, desestimando el asunto como “mucho ruido y pocas nueces”.

Casey también puso una recompensa de tres millones de dólares por la cabeza de Sheikh Fadlallah, un chiíta libanés. Casey pagó a los saudíes y a un técnico de armas británico para colocar una bomba en un automóvil frente a la mezquita donde Fadlallah supervisaba las celebraciones religiosas. Lo detonaron el 8 de marzo de 1985, en un momento en que los bombarderos supusieron que el shiekh había salido. De hecho, se había entretenido para hablar con algunos de sus feligreses dentro de la mezquita. La bomba mató a 80 personas, muchas de ellas escolares, e hirieron a 200. Más tarde, la CIA y los sauditas pagaron a Fadlallah un soborno de 2 millones de dólares para que no tomase represalias.

Al año siguiente Casey tomó el control personalmente en un esfuerzo para matar a Muammar Gadafi de Libia, una obsesión de los hombres de Reagan. El diputado de Casey, Robert Gates, desarrolló un plan para una toma de posesión conjunta de EE.UU. y Egipto de Libia, un movimiento audaz que “rediseñaría el mapa del norte de África”. Al final, el propio Casey fue tras Gadafi. Los movimientos del líder libio fueron rastreados de cerca a principios de abril de 1986 con la ayuda del Mossad israelí. Un pretexto para una acción contra Gadafi se confabuló alegando la responsabilidad libia de una bomba lanzada en el club nocturno La Belle en Berlín que mató a un soldado estadounidense, el sargento Kenneth Ford. El 14 de abril, se enviaron nueve F-111 para atacar el complejo de Gadafi con una carga de treinta y seis bombas guiadas por láser de 2.000 libras. La redada fue programada para preceder estrechamente a las noticias de la noche y se había preparado un comunicado de prensa para anunciar que la muerte de Gadafi había sido una consecuencia accidental de este “acto de autodefensa”.

Pero el líder libio escapó, aunque dos de sus hijos resultaron mutilados y su hija y un centenar de residentes cercanos asesinados por los ataques. Hubo negaciones inmediatas de que el gobernante libio había sido el blanco. “No hubo una decisión de matar a Gadafi”, murmuró Casey. “Hay elementos disidentes dentro de Libia. Podrían haber considerado sus posibilidades de levantarse y lanzar un golpe. Lamento que no haya sucedido”. Casey dijo más tarde que el ataque a Libia tenía la intención de enviar un mensaje. “Como Castro y Ortega entendieron el mensaje cuando llegamos a Granada, este ataque asustará a Gadafi”.

En los años siguientes, ningún director de la CIA ha igualado al espantoso Casey. Después de Casey, el trabajo fue para William Webster, quien rápidamente señaló al hombre fuerte panameño Manuel Noriega como un aliado en la guerra contra las drogas. Webster, que pasó gran parte de su tiempo en la cancha de tenis, observó que el colapso de la Unión Soviética había confundido medio siglo de análisis de inteligencia de la CIA. La elección de Bush para encabezar la Agencia fue el vicepresidente de Casey, Robert Gates, quien apenas sobrevivió a una polémica audiencia de confirmación luego de que los senadores recibieran información de Lawrence Walsh, fiscal del Irán/contra que les dijo que Gates probablemente mintió al Congreso sobre su conocimiento de los acuerdos de armas en ese tratado. Gates se mantuvo al margen cuando los matones entrenados por la CIA derrocaron al Gobierno del presidente haitiano Jean Baptiste Aristide y lo reemplazaron por una pandilla de oficiales militares encabezados por el general Raoul Cédras.

Con Clinton eventualmente vino el académico y empresario del MIT John Deutch y su apasionada defensa de la Agencia como el reducto de la gente honorable. Deutch estaba en negación más o menos permanente durante su paso por la Agencia. No solo negó la participación de la CIA en el tráfico de drogas, sino que con igual calor negó cualquier rol de la Agencia en los asesinatos en Guatemala del estadounidense Michael DeVine y el líder rebelde Efraín Bámaca. DeVine fue secuestrado y decapitado en 1990. Bamaca fue capturado, torturado y asesinado en 1992. Ambos asesinatos fueron ordenados por el Coronel Julio Roberto Alpírez, quien estaba en la nómina de la CIA. Cuando el oficial del Departamento de Estado Richard Nuccio intentó investigar el asunto, Deutch revocó su autorización de seguridad. Deutch también ayudó a ocultar la información recopilada por sus propios analistas de que más de 100.000 soldados habían estado expuestos a armas químicas durante la Guerra del Golfo y en su lugar ayudaron a inventar la estratagema de que las enfermedades de la Guerra del Golfo fueron simplemente el resultado de estrés psicológico.

En 1997 George Tenet asumió el mando de la Agencia después de que Anthony Lake se viera obligado a retirarse por no revelar completamente su posesión de acciones en compañías petroleras con un interés financiero en acciones de la Agencia. Tenet es mejor conocido por sus esfuerzos para asegurar el asesinato de Saddam Hussein. Para esta tarea, Tenet empleó un grupo conocido como el Acuerdo Nacional Iraquí. Al no poder acercarse al propio Saddam, este grupo tomó el camino más fácil de dejar bombas en los cines de Bagdad, matando a un gran número de personas.

Como nos recuerdan esas viñetas, la Agencia Central de Inteligencia es exactamente lo que uno esperaría de una organización con un mandato que abarca desde la recopilación y el análisis de datos de inteligencia hasta la subversión, la manipulación de elecciones, el asesinato y la ejecución de guerras secretas. Mentir es parte de la descripción del trabajo en la CIA, donde las falsedades se envían regularmente a los aliados, la prensa, otras agencias federales y el Congreso. “Bajaríamos y les mentiríamos consistentemente”, dice el exoficial de la CIA Ralph McGehee. “En mis 25 años, nunca he visto a la agencia decir la verdad a un comité del Congreso”.

Los funcionarios de la agencia tienen poco miedo de que les abofeteen las mentiras al estilo Helms. Joseph Fernández, jefe de estación de la CIA en Costa Rica durante la guerra secreta contra Nicaragua, mintió sobre su papel en la canalización de dinero y armas a los contras en violación de la ley estadounidense. También lo hizo el subdirector de la CIA, Clair George. También el tiempo. “Creamos una clase de oficiales de inteligencia que no pueden ser enjuiciados”, concluyó el fiscal del Irán-contra, Lawrence Walsh.

Las organizaciones como la CIA requieren la inmersión en medios criminales, suministros virtualmente ilimitados de dinero “negro” o lavado y un cuadro a largo plazo de ejecutivos totalmente despiadados (algunos de ellos no son reacios a hacer fortunas personales de sus actividades encubiertas). El tráfico de drogas es una parte integral de ese mundo. Las zonas de producción primaria de opio y coca han caído en zonas disputadas de la Guerra Fría: sudeste de Asia, Asia Central y los países andinos. Las redes de distribución de drogas nuevamente pasaron a través de territorios disputados como Afganistán, Vietnam y América Central. Los traficantes de drogas -desde señores de la guerra rurales en Laos hasta la policía tailandesa y generales hondureños- también eran de un enorme interés para cualquier agencia de inteligencia. El dinero de la droga involucrado es profuso y está fuera de los libros.

El ambiente de las drogas también está -en sus diversas etapas de producción y transmisión- inevitablemente asociado a la violencia organizada, desde los ejecutores hasta los paramilitares, los supervisores de la guerrilla, los destacamentos militares y los generales que controlan su sector comercial. Todas estas áreas son una vez más centrales para las preocupaciones de una organización como la CIA. Y los traficantes de drogas (a menos que operen como un brazo del Gobierno, como en México) a menudo se oponen al poder gobernante, una situación que es de interés primordial para un organismo como la CIA.

Desde la perspectiva de los capos de la droga, una alianza con la CIA o su empleo es igualmente fructífera. Pueden usar los servicios de la CIA para reprimir a sus rivales y proteger su territorio. Los propietarios de la CIA, como Air America, se pueden usar para proporcionar acceso a los mercados internacionales. Y, a pesar de las protestas de Deutch por lo contrario, la CIA ha reprimido repetidas veces las investigaciones criminales de sus operativos por parte del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, la Agencia Antidrogas y el FBI.

Dadas estas áreas de interés mutuo, no es sorprendente que desde su creación la Agencia Central de Inteligencia haya estado en colusión permanente con narcotraficantes, ayudándoles a su paso seguro, protegiendo sus actividades, recompensando a los capos de la droga, contratándolos para misiones encubiertas y usando dinero derivado de estas operaciones para otras actividades. El hecho de que estas drogas terminen en las venas de los estadounidenses nunca ha disuadido a la Agencia y, dado el tono de la piel que a menudo cubre esas venas, tal vez incluso fuera visto como un resultado positivo.

Este artículo es un resumen de: Whiteout: The CIA, Drugs and the Press

06
Feb
18

macri … el fascismo blanco

El racismo macrista y el re-blanqueamiento de América Latina

escribe: Esther Pineda G.
Doctora en Ciencias Sociales, Magister Scientiarum en Estudios de la Mujer, Socióloga UCV. Escritora y Fundadora de EPG Consultora de Género y Equidad.

América Latina puede considerarse como un continente heterogéneo y multicultural, en primer término, como consecuencia del violento proceso de colonización europea y genocidio indígena, aunado al secuestro y movilización forzada de la población africana hacia América para la explotación de los recursos. En segundo término, como consecuencia de los procesos migratorios hacia el continente americano, principalmente desde Europa durante la primera y segunda guerra mundial. Estos hechos han consolidado la hibridación cultural definida por Macionis y Plummer (2007) como las diferentes maneras en que elementos de una cultura (lenguaje, costumbres, símbolos) se recombinan con elementos de otra.

Esta diversidad generalmente es presentada y representada, discursiva y mediáticamente en términos de armonía; sin embargo, el estigma, los prejuicios y estereotipos, compaginado a las concepciones y prácticas racistas se hacen manifiestas en la comunidad Latinoamérica, principalmente sobre aquellas cuya pertenencia étnica se ve explicitada en rasgos visibles e inmutables (indígenas y afrodescendientes); lo cual ha sentado las bases de una organización social en torno a tensiones y jerarquías, convirtiéndola es una comunidad fragmentada. Este racismo y endorracismo en América Latina se manifiesta en el hecho de que:

•En América Latina y El Caribe predomina la tendencia a reconocer como latinoamericano a quienes poseen características eurodescendientes.
•El latinoamericano y caribeño quiere parecerse al europeo, quiere ser europeo, y exalta como constitutivo, característico y representativo de su cultura y su sociedad aquello heredado de los europeos durante el periodo colonial, considerándolo además como mesías, aquel capaz de haber posibilitado la superación de la condición de atraso y primitivismo atribuida a los pueblos originarios.
•La sociedad latinoamericana y caribeña puede considerarse racista al discriminar a otras por su composición étnica, pero además racistas al discriminar a la población de su país al no responder al criterio de europeización.
•Las sociedades latinoamericanas y caribeñas también pueden ser consideradas sociedades endorracistas, al rechazar su herencia pese a su carácter pluriétnico y multicultural.

•La organización Latinoamericana y Caribeña se ha caracterizado por sus repetidos y sistemáticos intentos de blanqueamiento mediante mecanismos prácticos como el exterminio, la confinación a la pobreza y la estimulación de la migración europea que ayudase a diluir la herencia no deseada de las pieles de sus descendientes.

Por estas y otras razones es posible afirmar que nuestras sociedades continúan siendo etnocéntricas, es decir, que giran en torno a una etnia, y que en el caso que nos ocupa es la europea. Esta perspectiva ha contribuido a sobrestimar y enaltecer la cultura europea, a justificar el proceso de invasión, explotación y esclavización; así como, a obviar la importancia de la participación indígena y africana en la constitución y organización de la sociedad. De este modo, se ha configurado una narrativa hegemónica, la cual según Frigerio (2008) se caracteriza por presentar a las sociedades Latinoamericanas y Caribeñas como blancas, europeas, modernas, lo cual necesariamente ha implicado la exclusión de lo indígena y lo afrodescendiente, considerado primitivo e incivilizado.

El predominio de este pensamiento en la actualidad ha quedado en evidencia en las declaraciones del presidente argentino Mauricio Macri. En el año 2016 durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia afirmó que: “Somos todos hijos de europeos en América Latina”, y recientemente durante la conferencia de prensa del Foro Económico Mundial en Davos, -en un intento de argumentar un posible acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea- señaló: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”.

Mauricio Macri ha asumido una postura abiertamente etnocentrista, en la cual de acuerdo a Michael Biuig (1986) se centra étnicamente, es decir, acepta a aquellos que son “parecidos” a él y a rechazar a aquellos que son “diferentes”. Pero esto no es un hecho casual, no son “comentarios desafortunados” como algunos han querido hacerlo parecer, por el contrario, son una toma de posición ideológica racista, que pone en evidencia su explicito rechazo y desprecio a la diversidad de nuestro continente, pluriétnico y multicultural; postura que además determina y direcciona sus actuaciones políticas, económicas, sociales y culturales.

No, esta no ha sido una imprudencia o un error mediático, Macri no reconoce y no le interesa reconocer el origen indígena de las sociedades latinoamericanas masacradas y aniquiladas por esos europeos de los que siente tanto orgullo. Macri no reconoce a la población afroamericana secuestrada y esclavizada por esos europeos que idolatra. Para Macri no existe más que aquellos de origen europeo porque es para ellos para quienes gobierna. Macri desconoce a los indígenas porque así es más fácil continuar desapareciéndolos y asesinándolos cuando protestan por aquello que les ha sido arrebatado. Macri invisibiliza a los indígenas y afrodescendientes porque así es mas fácil continuar expoliando sus recursos y seguir explotándolos.

No, en Sudamérica no todos somos descendientes de europeos, pero el eurocentrismo de Macri es un intento de re-blanqueamiento de los sujetos racializados de la región que pese a los embates del racismo; física, discursiva y representativamente no hemos podido ser aniquilados.

05
Feb
18

astori … uruguay

 

 

Chapeau, Danilo

A una oposición cada vez más fragmentada y sin un rumbo claro, le será difícil derrotar al FA en el 2019

Danilo Astori dijo que no hay más espacio para subir impuestos

escribe:Nicasio del Castillo*

Es difícil encontrar ejemplos similares en otros países del mundo. En Uruguay lo tenemos: un equipo económico que ha mantenido continuidad durante tres períodos consecutivos de gobierno y que ha manejado consistentemente las finanzas públicas con probidad, profesionalismo, prudencia y efectividad. El mayor mérito es atribuible a Danilo Astori que ha dirigido este equipo desde que el Frente Amplio ascendió al poder en el 2005.

Dado el título y el tenor de esta nota creo que es importante aclarar que con Astori apenas nos conocemos de intercambiarnos saludos.

Aclarado este punto, volvamos al tema y comencemos señalando que durante todos estos años algunos errores se cometieron, siendo ANCAP y Pluna los más notorios. El caso de ANCAP fue el más serio y costoso para el país. Como consecuencia de una desastrosa administración incurrió en perdidas cuantiosas. Una lección a sacar de esta triste experiencia es que quizá no se deba poner al frente de una empresa de esta magnitud y complejidad a un político con aspiraciones presidenciales pero sin la necesaria experiencia gerencial, por más licenciaturas que haya obtenido a lo largo de su carrera.

El caso de Pluna es más discutible. Es posible que los beneficios resultantes de aspectos estratégicos como ser conectividad e imagen de país justificaran mantener una aerolínea nacional no viable comercialmente. La realidad, sin embargo, es que nunca existió la voluntad política para que el estado cubriera sus perennes déficits. En vista de esa realidad, su cierre parece haber sido la decisión correcta. El proceso de su liquidación, sin embargo, fue mal manejado por el gobierno. Como consecuencia tanto Fernando Lorenzo, ministro de Economía, como Fernando Calloia, presidente del Banco República, debieron renunciar. Esto le significó al equipo económico la pérdida de dos profesionales de primer nivel que estaban cumpliendo gestiones ejemplares en sus respectivos cargos.

El mayor logro del FA es haber alcanzado logros importantes en términos de asistencia e inclusión social manteniendo, al mismo tiempo, las condiciones para que la economía creciera en forma significativa durante todos los años de su gobierno –4,6% anual en promedio en el período 2005-2016, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional–.

Se cubrieron, principalmente a través del Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (Panmes), las necesidades básicas de los desempleados. Este plan operó entre el 2005 y el 2007, un período durante el que, debido a la crisis del 2002, el desempleo llegó casi a 14%. A través de la ley que en el 2007 instituyó el Sistema Nacional Integrado de Salud, se le extendió cobertura médica a importantes sectores de la población que hasta ese momento carecían de la misma.

El número de personas que viven por debajo del nivel de pobreza se redujo en 10 años del 32,5% en el 2006 al 9,4% en el 2016, de acuerdo al Banco Mundial.

El buen manejo se mantuvo a través de muy diferentes etapas en el ciclo económico. Durante el período de pos crisis, se adoptaron políticas de estímulo, como ser el mencionado Panes que, no solo protegieron a los trabajadores que habían quedado desocupados, sino que aceleraron la recuperación económica del país.

Durante los años del llamado “viento de cola”, al mismo tiempo que se aumentó el gasto público para financiar programas de ayuda social, se redujo la deuda pública bruta de 65% del PIB en el 2006 a 43% en el 2011. El déficit fiscal se mantuvo durante esos años consistentemente por debajo del 2% y en el 2010 y el 2011 fue menor al 1%.

Cuando a partir del 2011 se empezó a desinflar el llamado “boom de commodities” y, cuando muchos países de la región dejaron de crecer, se adoptaron nuevamente políticas de estímulo y la economía uruguaya, si bien a un ritmo más lento, continuó creciendo a una tasa anual promedio del 2,7% en el período 2012-2016.

La buena performance del Uruguay se refleja en los indicadores macroeconómicos computados por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que consistentemente muestran al Uruguay en el tope de toda América Latina en términos de ingreso per cápita.

Esta situación es obviamente tenida en cuenta por las agencias calificadoras de deuda que le otorgan al país una calificación por encima del grado de inversión. La inversión extranjera continúa llegando y la excelente imagen internacional del país está claramente consolidada.

Se han hecho inversiones importantes en infraestructura. Un buen ejemplo es la transformación energética de los últimos años. Inversiones adicionales por US$ 12,3 mil millones han sido aprobadas para el período 2015-2019.

La gestión de Astori ha sido uno de los pilares del FA. Independientemente de las discrepancias que pudieran tener con él, tanto Vázquez como Mujica se aseguraron de contar con su apoyo. Además de los aspectos referentes a la conducción de la economía, a ese apoyo se deben, en gran parte, sus respectivos éxitos electorales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04
Feb
18

lula …

Los jueces corruptos brasileños

Elecciones en Brasil

escribe: Juan Raúl Ferreira, analista

 

En el marco de un año en el que la agenda electoral de América Latina está a cartón lleno: fin de semana Costa Rica; luego Colombia, legislativas, primera y segunda vuelta presidencial; México, igual; referéndum en Ecuador, para definir si puede regresar Correa; elecciones presidenciales en El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela; más las legislativas de EEUU.

El continente enfrenta su más difícil encrucijada en muchas décadas. El año pasado culminó con el escandaloso fraude de Honduras para perpetrar al dictador, invalidadas por los observadores internacionales y por todos los países de la Unión Europea y por la opinión pública salvadoreña. Solo fueron saludadas por Donald Trump.

Muchas de estas elecciones, en lo personal, me motivan tremendamente por los desafíos que plantean: México, Colombia, El Salvador por citar algunas. Pero hay una que me preocupa. Mucho y especialmente y trataré de explicar por qué. Son las elecciones de Brasil, donde el candidato que está al frente de las preferencias está condenado por la Justicia y eventualmente esta podría disponer su inhabilitación. Mientras tanto, el presidente Michel Temer, que desplazó del poder a Dilma Rousseff en una cruzada “moralizadora”, ve día a día caer en picada su popularidad.

No es menos preocupante que, aunque muchos más puntos por debajo de Lula, la extrema derecha neonazi de Jair Bollonado, como se ha puesto de moda en varios países, se encuentra en segundo lugar con un 13%. Si Lula fuera impedido de su derecho de “elegir y ser elegido” las cosas serían de lo que alguien pudiera imaginar. Si no aparece la mano negra del imperio, Lula tiene encima de tres puntos porcentuales más.

El presidente de la Cámara Diputados, Eduardo Cunha fue detenido por corrupción (sigue preso) antes de que terminara el juicio político. El que sucede a Dilma (Temer) está acusado ante la Corte Suprema por una grabación donde autoriza a un diputado a recibir de la empresa Oderbrecht la suma de 1.600 millones de dólares. Su defensa no niega la veracidad de los dichos. Sostiene solamente que la prueba no es legítima porque él no autorizó la grabación.

En su momento, así lo comenté en mi columna radial, me tomé el trabajo de leer los 47 tomos (cuadernillos) de la acusación contra la presidenta Dilma por lo que en Brasil se llama “delito de responsabilidad”. No voy a sostener acá la validez de la prueba, porque no soy experto en el tema. Voy a afirmar la inexistencia de la prueba. En los 47 tomos no hay una sola acusación en su contra. La separan del cargo, asume el corrupto -de gran nivel Temer- y a Dilma ni la citaron por una boleta de mal estacionamiento. Ahí está, sentada en su casa.

Fue este el debut del nuevo estilo de desestabilización en América marcado por la era Trump. Apenas Temer toma el timón, se ven los verdaderos motivos de la remoción de Dilma. El forzado cambio no era por corrupción. Sacaron una presidenta sobre la que no había cargos, para poner un presidente coimero. Pero este traía debajo del brazo el modelo de ajuste sobre la base de que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, y sobre todo terminar, casi que como revancha de esa insolencia, el que 40 millones de brasileños que estaban por debajo de la línea de pobreza pudieran pasar a integrar la clase media.

El tiempo pasa, la popularidad del presidente se viene desmoronando. Sigue el proceso hasta el punto de llevar al histórico PMDB, el Partido de Tancredo Neves (líder de la resistencia anti-militar que murió de apendicitis el día de su asunción presidencial dando lugar al vice José Sarney). Ese histórico Partido, ganador de las primeras elecciones democráticas, llega a índices inferiores al 3%.

Lula se va definiendo como el candidato y luego ganador del PT para las próximas elecciones de octubre, entonces: ¡Juicio a Lula! Si de muestra vale un botón, en vez de opinar vamos a leer el interrogatorio del juez a Lula. Ocupará espacio para respetar el diálogo pero no es tan largo:

Juez Sergio Moro: -¿El departamento es suyo?

Lula: – No.

– ¿Seguro?

– Seguro.

– ¿Entonces no es suyo?

– No.

– ¿Ni un poquito?

– No.

– ¿O sea que usted niega que sea suyo?

– Lo niego.

– ¿Y cuándo lo compró?

– Nunca.

– ¿Y cuánto le costó?

– Nada.

– ¿Y desde cuándo lo tiene?

– Desde nunca.

– ¿O sea que no es suyo?

– No.

– ¿Está seguro?

– Lo estoy.

– Y, dígame: ¿por qué eligió ese departamento y no otro?

– No lo elegí.

– ¿Lo eligió su mujer?

– No.

– ¿Quién lo eligió?

– Nadie.

– ¿Y entonces por qué lo compró?

– No lo compré.

– Se lo regalaron…

– No.

– ¿Y cómo lo consiguió?

– No es mío.

– ¿Niega que sea suyo?

– Ya se lo dije.

– Responda la pregunta.

– Ya la respondí.

– ¿Lo niega?

– Lo niego.

– O sea que no es suyo…

– No

– Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?

– No, por eso le pregunto.

– Ya le respondí.

Sin comentarios. Así funciona la Justicia en Brasil en este régimen.

Pero el tema se agrava al ser condenado Lula y por lo tanto, estar la Justicia en condiciones de inhibirle de ser candidato. Si esto llegara a ocurrir, la desestabilización interna sería tremenda, seguramente traería de la mano un baño de sangre. Y además, sería contagiosa a una región que tiene que pararse ante los permanentes intentos de desestabilización del imperio, vengan disfrazados de lo que vengan disfrazados. Ahí está el pueblo hondureño en las calles demostrando que ya no permite más que se le tome el pelo.

Apostamos a la paz y a la justicia. La justicia institucional y jurisdiccional, sobre todo, y la que impida que un país tan rico tenga concentrada cada vez más su riqueza entre unos pocos. En momentos en que el PBI brasileño se multiplicó por 110, el 1% de la población ganó lo mismo que el 50% de más bajos ingresos. Todo para ese 1%. Ese mundo se acabó aunque algunos trasnochados se resistan a aceptarlo.

03
Feb
18

el agro en uruguay

Los históricos explotares se quejan …

La ofensiva de la rosca oligárquica

escribe: Hugo Acevedo

Pese a que el presidente Tabaré Vázquez accedió a recibir a las agremiaciones rurales y habilitó espacios de análisis y negociación para abordar los problemas del sector con criterio selectivo, los supuestos productores auto-convocados mantienen posturas intransigentes.

Evidentemente, no valoran el espíritu dialoguista del jefe de Estado y elevan una plataforma reivindicativa insólita e inaceptable: dólar a 36 pesos, gasoil a 26 pesos y rebajas impositivas y de aportes patronales, entre otras medidas. Es decir, un traje a la medida de sus intereses sectoriales.

Ello corrobora que este movimiento, que se autodefine como apolítico aunque no deja de expresarse políticamente, sólo quiere confrontar y desgastar al oficialismo.

No en vano uno de sus voceros es Santiago Bordaberry, connotado latifundista, hermano del senador colorado Pedro Bordaberry e hijo del dictador Juan María Bordaberry.

Si bien nadie niega que algunos sectores de la actividad agropecuaria se encuentren en una compleja situación, otros que no lo están se suman a la protesta no por solidaridad sino por mero oportunismo.

Incluso, el fundador de la Unión de Asalariados y Trabajadores Rurales y Afines Dardo Pérez denunció que los patrones están obligando a sus empleados a participar en las marchas de protesta.

Históricamente, el agro ha sido uno de los sectores más favorecidos por dádivas y generosas quitas y refinanciaciones, en muchos casos al barrer y sin un estudio previo que determine el origen de las respectivas deudas y la eventual viabilidad de los negocios.

Así sucedió a la salida de la dictadura -cuando el aparato productivo estaba desmantelado- y en otras coyunturas de crisis, incluyendo la primera administración del Frente Amplio, que asumió en medio de una auténtica debacle económica y social, luego del dramático tsunami de 2002.

A diferencia de otros actores de la sociedad uruguaya, los empresarios siempre tuvieron el suficiente poder para chantajear a los gobiernos del turno, aduciendo que el agro es el “motor” del país, ya que representa más del 70% de las exportaciones.

Aunque nadie ignora el peso cualitativo de esta actividad, en el campo se registran las peores y más flagrantes asimetrías de la sociedad uruguaya, entre quienes todo lo poseen y los que nada tienen, más que sus brazos para laborar de sol a sol, a menudo en condición de semi-esclavitud y servidumbre.

Esa radicalidad se dirime entre quienes poseen y exhiben con soberbia sus automóviles de alta gama y camionetas 4X4, visten camisas de seda importadas y vacacionan en el Caribe y Miami y los paisanos, que sobreviven malamente en precarios ranchos, enfundan ropas de pordioseros y sólo aspiran a seguir respirando, una función biológica indispensable para mantenerse con vida y seguir generando riqueza y plusvalía para sus voraces patrones.

Más allá del príncipe y el mendigo a quienes aludía el inconmensurable Mark Twain en su clásica novela homónima, la convivencia entre esas dos clases sociales -la de los capitalistas privilegiados y la de los peones pobres y cuasi marginales- constituye el más grotesco rostro del sistema de la acumulación en su versión más salvaje y despiadada.

Por más que durante décadas los obreros del campo soportaron estoicamente la inmoral explotación con la complacencia del bloque conservador, la aprobación de una nueva normativa a partir de 2008 ha dignificado en parte el trabajo rural, con la limitación de la jornada de labor y el establecimiento de laudos salariales.

Por primera vez en la historia de esta democracia liberal burguesa contaminada por mitos, falacias y prejuicios, los peones rurales ostentan derechos y pueden reivindicar un espacio de negociación colectiva otorgado por ley, que es férreamente resistido por los grandes terratenientes.

Sin embargo, las remuneraciones que perciben siguen siendo de hambre, porque quienes se rasgan las vestiduras reclamando medidas para mejorar la competitividad, paradójicamente los insultan con retribuciones indignas y hasta consideran que los costos salariales afectan la rentabilidad.

La mayor contradicción -que desafía toda lógica- es que el agro genera cuantiosas rentas pero concentra y no redistribuye, acorde a las ortodoxas e inmutables reglas de la economía de mercado.

Como antes, ahora los grandes estancieros que usan como carne de cañón a los pequeños productores y hasta a sus desarrapados peones, pretenden que el gobierno deje a la deriva a toda la sociedad, a la clase trabajadora y en particular a los más vulnerables, para solucionar problemas coyunturales que, en muchos casos, son sistémicos.

Así lo corroboró el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, quien responsabilizó a las políticas sociales que ha implementado el gobierno de izquierda por la situación del negocio agropecuario.

En ese contexto, el empresario afirmó que “hoy estamos en otra situación. La bonanza se terminó. Deshacer las políticas sociales, que son las que nos están complicando, es difícil”.

Al respecto, es pertinente recordar que, en setiembre del año pasado, en oportunidad de asumir la titularidad de la cúpula de la ARU, Zerbino se erigió en un abanderado de los reclamos de las cámaras empresariales y esbozó una suerte de programa de gobierno, que incluye rebajas o eliminación de impuestos, el abatimiento del gasto público, un dólar más alto y la reducción de los costos salariales, entre otras medidas incluidas en el decálogo del perfecto oligarca.

Ahora, aunque parezca inverosímil, reclama la eliminación o la minimización de las políticas sociales, lo cual supone invertir menos en educación, en salud, en vivienda y en asistencia a los uruguayos pertenecientes a los estratos sociales más desfavorecidos.

En esa hipótesis, caería la inversión en desarrollo humano integral, que resulta crucial para construir una sociedad más justa, democrática y con igualdad de oportunidades, acorde a lo que determina el mandato constitucional.

Obviamente, tanto a Zerbino como a sus colegas de la Federación Rural y de las cámaras empresariales, poco les importa el desarrollo de la sociedad uruguaya.

Lo único que le interesa a estos patricios es preservar su statu quo de privilegio, lo cual demostraron incluso durante la dictadura, cuando se enriquecieron gracias a la represión autoritaria que ilegalizó a las organizaciones sindicales y persiguió, encarceló, torturó y asesinó a sus dirigentes más combativos.

Los reclamos del presidente de la ARU coinciden con los de los protagonistas de las actuales movilizaciones y con los de los partidos de derecha. Por supuesto, no es casualidad sino causalidad.




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