Archive Page 2

17
May
18

cuba y trump …

Cuba, Trump y el diálogo coreano

 

escribe: Atilio Borón / Politólogo y sociólogo argentino, doctorado en la Universidad de Harvard. Profesor de Teoría Política y Social en la Universidad de Buenos Aires

De regreso de un viaje a Cuba quisiéramos compartir unas pocas reflexiones sobre el momento actual de la isla. El endurecimiento del bloqueo ordenado por Donald Trump complica la situación económica de la isla rebelde. Pone piedras en el camino de la actualización del modelo económico pero no hace mella en la moral de los cubanos que a lo largo de casi sesenta años aprendieron a convivir con tanta malevolencia que, como el mal tiempo, viene del Norte.

Con Trump ya son doce los inquilinos de la Casa Blanca que quisieron derribar a la Revolución Cubana, o producir el tan ansiado “cambio de régimen”. Los once anteriores mordieron el polvo de la derrota, y al magnate neoyorquino le espera más de lo mismo. Ordenó el retiro de numerosos diplomáticos de la reabierta embajada de EEUU en La Habana (la mayoría de los cuales eran agentes de inteligencia o personal adiestrado para “reanimar” con diversos subsidios y programas a la “sociedad civil” cubana) e impuso renovados obstáculos al comercio exterior de la isla, a las inversiones norteamericanas y también al turismo de ese origen que se dirige a Cuba, exhortando al ciudadano a “reconsiderar su decisión de viajar” a la isla.

El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, deberá transitar por un sendero erizado de dificultades: desde la ilegal extraterritorialidad de las leyes de EEUU que, con la aquiescencia de gobiernos serviles (empezando por los europeos y siguiendo por los latinoamericanos) impone sanciones a bancos y empresas de terceros países que intervengan en el comercio exterior de Cuba hasta los vetos a la importación de productos que contengan más de un diez por ciento de componentes estadounidenses o de patentes radicadas en ese país, pasando por la prohibición de entrar a puertos de Estados Unidos a buques de carga que en los seis meses anteriores lo hubiesen hecho en alguno de Cuba.

El repertorio del chantaje mafioso al que someten a la isla rebelde es tan grande como enfermiza su vieja obsesión por apoderarse de ella, que comienza con la célebre exhortación de John Adams en 1783 para acelerar la anexión de Cuba a las Trece Colonias. Pero la patria de Martí y Fidel ha dado sobradas muestras de tenacidad para defender su revolución y de su capacidad para, en medio de tan desfavorables circunstancias, garantizar para su población estándares de salud, educación y seguridad social y ciudadana como ningún otro país de la región.

Es obvio que se avecinan tiempos difíciles para Cuba, pero nada que no se haya experimentado antes. Hay un gobierno de super-halcones como también lo había, sobre todo, en tiempos de Ronald Reagan.

La diferencia es que ahora la CIA adquirió una muy visible pre-eminencia en el staff presidencial. Siniestros personajes como Michael Pompeo (ex Director de la CIA) ahora es Secretario de Estado; John Bolton, el matón del barrio, dirige el Consejo de Seguridad Nacional; un ignoto (por buenas razones) Juan Cruz fue designado por Bolton Director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

Decíamos “ignoto” porque Cruz fue un hombre de acción en la Agencia, no un simple analista sino un killer. Según el vicepresidente de Colombia, el General Oscar Naranjo, el puertorriqueño participó “en varias de las operaciones de inteligencia más productivas y eficientes”, incluyendo golpes militares contra los principales líderes de las FARC, Raúl Reyes y el Mono Jojoy, y la importante liberación en 2008 de un grupo de rehenes de las FARC, entre ellos tres contratistas del gobierno estadounidense e Ingrid Betancourt. O sea, un hombre de armas llevar (y disparar).

La cadena Univisión comentó que “no pudo encontrar una fotografía de Cruz ni ninguna referencia a él en Internet, una muestra de su trabajo como espía.” Pues ese se encargará ahora de todos nosotros, los del Hemisferio Occidental. A estas enternecedoras figuras hay que agregar los nombres de John Kelly, ex general de los Marines y ex Jefe del Comando Sur es Jefe de Gabinete de Trump; de Liliana Ayalde, número dos del Comando Sur y casualmente ex embajadora en Paraguay y Brasil en tiempos de los “golpes blandos” contra Lugo y Dilma; y el de la actual jefa de la CIA, Gina Haspel, una mujer de rostro encantador con más de treinta años de carrera en la agencia y el mérito de haber dirigido una prisión clandestina en Tailandia en el 2002, donde sospechosos de terrorismo fueron objeto de torturas aplicándoseles la técnica del “submarino” bajo su supervisión y, al menos en un caso, su personal administración.

No es la primera vez que Cuba tiene que vérselas con personajes como estos. Lo que ocurre es que ahora están en la superficie; antes, en cambio, se movían tras bambalinas pero de una forma u otra siempre estuvieron allí, en lo que se llama en Washington el “deep state”, el estado profundo, elegido por nadie y que ante nadie da cuenta de sus actos. Sin dudas que el gobierno y el pueblo cubanos sabrán enfrentar esta nueva ofensiva. Y que los halcones de Washington tampoco podrán enfilar todas sus baterías en contra de Cuba, y de Venezuela, porque toda su atención está concentrada en la histórica reunión de los dos jefes de estado de Corea del Norte y Corea del Sur que provocó un terremoto de vastas proporciones en el tablero de la geopolítica mundial.

La guerra comercial declarada contra China requiere más que nunca mantener, en Corea del Sur y a tiro de cañón del litoral marítimo chino, un inmenso aparato militar con unos 35 mil hombres y equipamiento de última generación. Si el diálogo entre las dos Coreas prospera a Washington le será muy difícil continuar con sus tropas y armamentos en el Sur. Y el objetivo militar más importante no es Corea del Norte sino China. Podría parecer exagerado pero el sorpresivo acuerdo entre las dos Coreas es una da las mayores humillaciones diplomáticas sufridas por la Casa Blanca en mucho tiempo, y de una trascendencia que nos atreveríamos a decir superior a la que en su momento tuvo la derrota del ALCA en Mar del Plata en el 2005. Y un inesperado dolor de cabeza para la Casa Blanca que estará muy ocupada (y sin tanto tiempo ni gente para acosar a Cuba) para evitar que la situación en el Sudeste asiático se le escape de las manos.

Anuncios
16
May
18

urrs … derrotó al nazismo

A 73 AÑOS DE LA DERROTA DEL NAZISMO POR EL EJÉRCITO ROJO

Cte. FA en México por la izquierda <frenteamplistasenmexico.mx@gmail.com>

EL 9 DE MAYO HACE 73 AÑOS EL GLORIOSO EJÉRCITO ROJO SALVÓ A LA HUMANIDAD DE LA ESCLAVITUD FASCISTA HITLERIANA CON EL SACRIFICIO DE 27 MILLONES DE VIDAS DEL PUEBLO SOVIÉTICO, EL MAYOR HOLOCAUSTO DE LA HISTORIA.

NOS UNIMOS SOLIDARIAMENTE A LA CONMEMORACIÓN DE ESE MAGNO ACONTECIMIENTO.

MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD NUESTRA AMÉRICA

COMITÉ DEL FRENTE AMPLIO DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA

EL ESPÍRITU DEL DIA DE LA VICTORIA INUNDÓ NUEVAMENTE LAS CALLES DE MOSCÚ

Moscú, mayo de 2018

En 1945, año en que culminó la Segunda Guerra Mundial, se libró la batalla de Stalingrado entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, en la cual se decidió gran parte del conflicto bélico luego de que las fuerzas soviéticas repelieran a los invasores alemanes.

El 9 de mayo de 1945 el Ejército nazi firmó su rendición incondicional ante el Ejército Rojo. Empero, a pesar del decisivo triunfo de la extinta URSS, países de Occidente y particularmente Estados Unidos (EEUU.) se otorgaron el rótulo de grandes vencedores de la contienda, aún cuando fallecieron aproximadamente 27 millones de personas en territorio ruso.

“Están tratando de distorsionar los acontecimientos, reescribir la historia de la guerra. Nunca permitiremos reescribir la historia y no permitiremos olvidar a aquellos que salvaron al mundo de la esclavitud y el exterminio”, resaltó Putin.

Más de 55.000 personas y 1.200 unidades de equipamiento militar participaron en el tradicional desfile conmemorativo por el Día de la Victoria.
La apertura de la sección mecanizada del desfile corrió a cargo de un T-34, un carro de combate que se convirtió en toda una leyenda en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y que fue la pesadilla de los temibles Panzer de la Alemania nazi.

 

 

 

 

 

 

15
May
18

macri … ¿aún creen en él?

El mercado lo hizo de nuevo

La crisis nos llevó al Fondo

escribe: Eduardo Lucita / Rebelión

Una visión superficial pone la causal de la corrida cambiaria de estos días en la combinación de factores internos y externos, que indudablemente influyeron, pero las causales reales son más profundas. La situación política ha cambiado.
Escribo esta nota en medio de la segunda oleada de la crisis cambiaria. La pulseada la ganó el mercado, como tantas otras veces en nuestra historia reciente, le torció el brazo al gobierno, y hoy se lo está volviendo a torcer. Hace unos minutos el presidente anunció el regreso del país al FMI, al que se le pedirá un crédito de emergencia. Un préstamo de este tipo y de este monto, se habla de 30.000 millones de dólares, no es gratuito. Los condicionamientos que impone el fondo empujarán a la recesión. El impacto en la economía y la sociedad ya se siente y se intensificará en los próximos meses.

Malgastando reservas

No fue sorpresa, se anticipaba que en algún momento iba a pasar. Desde esta misma columna alertamos más de una vez sobre las inconsistencias del programa en curso, que se acumulaban tensiones, que la inflación no cedía, que presionaba sobre el dólar, que la dependencia del endeudamiento no era sostenible en el tiempo. En paralelo los acontecimientos del 14 y 18 de diciembre, y la insólita conferencia de prensa del 28 donde se anunció el cambio de metas y se obligó al BCRA a bajar las tasas; el tarifazo y la renuncia anticipada de Emilio Monzó en diputados fueron armando el combo perfecto para que creciera la desconfianza sobre la capacidad de gestión del gobierno.

No ayudó mucho la política errática del BCRA. Primero hizo teoría y virtud de la flotación cambiaria, luego fijó el tipo de cambio para usarlo como ancla frente a la inflación, finalmente dejó que el dólar subiera para recién intervenir en el mercado (¿tal vez para favorecer a algún comprador o para aprovechar una devaluación encubierta?). Las disputas entre los ministros por el curso a seguir y al interior de Cambiemos por el tarifazo completaron el cuadro.

No por esperada resultó menos impactante la crisis cambiaria. Nunca en la historia de nuestras crisis el BCRA se vi obligado a vender casi 1.500 millones de dólares en un día. En solo tres días fueron 3.700, y si se toma el período del 5 de marzo al 3 de mayo se llega a 7.700, con lo que, si se le suman salidas por remesas y turismo, prácticamente se dilapidó el préstamo de 9.000 tomado en enero pasado.

Una cosa es la superficie y otra el fondo

En un mundo globalizado la interconexión de los mercados es un hecho de ahí que efectivamente el impacto de la combinación del alza de tasas en EEUU y la aplicación de un impuesto a las rentas de las Lebacs provocara una masiva salida de los fondos de inversión, algo que se verifica en toda América latina, y disparara la corrida cambiaria. Pero esto es la superficie del problema, en realidad se levantó el velo sobre el fondo de la cuestión: la fragilidad de la economía y del programa de gobierno. No es solo el déficit fiscal sino que más grave aún es el del sector externo (saldo comercial, pago de remesas y utilidades, turismo, fuga de capitales) que requiere cada vez mas divisas, que solo se consiguen con más deuda, pero los mercados están alarmados y tomando sus precauciones, no estan dispuestos a seguir prestando. No en vano titulaba la revista Forbes “Llegó el momento de salir de Argentina.

Ortodoxia al palo

La respuesta de urgencia del gobierno ha sido bien ortodoxa: dilapidar reservas, subir la tasa de referencia al 40 por ciento, anunciar un mayor ajuste fiscal, imponer a los bancos que desarmen sus posiciones en dólares, ratificar la meta del 15 por ciento. Solo mensajes para tranquilizar a los acreedores y rogarles que no retiren los dólares. Fue en vano, dos días de tregua y volver a empezar con la presión compradora. El regreso al FMI resultó así inevitable, si acuerda el préstamo por 30.000 millones el gobierno se garantizaría financiamiento para lo que resta del año y también para el 2019.

No será gratuito. Los condicionamientos significarán profundizar el ajuste, se encarecerá el crédito, habrá una nueva ronda de aumentos de precios, la carga de intereses será mayor y el consumo caerá más todavía. En síntesis que el PBI crecerá menos de lo poco que estaba previsto creciera y el costo social será elevado.

Nuevo escenario político

El gradualismo está agotado y el gobierno se encontraba en un punto –como lo fue 1976, 1989/91 o 2001- en que debe aplicar un fuerte ajuste para poder relanzar el proceso de acumulación de capitales. Pero la situación política no es la misma que en aquellos años –no hay un gobierno militar, no se sale de una hiperinflación como en tiempos de Alfonsín, tampoco es el descalabro de la convertibilidad que dejó De La Rúa- y han sido las resistencias sociales al ajuste las que impusieron el gradualismo y este llegó a sus límites.

El acuerdo con el FMI viene a destrabar por derecha esta situación.

Así el escenario político ha cambiado, el recorte de la obra pública se sentirá en el crecimiento y también en los votos, el archipiélago peronista se está recomponiendo alrededor de los tarifazos y la reforma laboral, aunque aún no encuentra un liderazgo, la CGT se ve empujada a dejar su quietismo colaboracionista (¿lo hará?). Ya nadie asegura la reelección presidencial en 2019.

Se vienen tiempos más duros. Todo depende de la reacción social.

14
May
18

uruguay … vacunas para la salud

“Antivacunas”: la nueva caza de brujas

escribe: Virginia Cardozo / médica especialista en medicina familiar y comunitaria

Si usted fuera padre, madre o tutor de un escolar de sexto año y recibiera un día en el cuaderno de comunicados una nota que le pide la firma del siguiente texto: “Yo autorizo a mi hijo/a ha recibir las vacunas correspondientes a sexto año escolar”, ¿ qué sentiría ? Sería razonable que ante un texto tan poco explicativo sienta, por lo menos, dudas. ¿Cuáles vacunas? ¿Qué significa “correspondientes a sexto año”? ¿La antitetánica? ¿Por qué no vacunarlo cuando estoy presente? ¿Por qué no vacunarlo donde lo hago siempre y ya tengo confianza? ¿Las vacunas que planean administrarle son obligatorias? ¿Qué efectos adversos tienen? Si usted, padre, madre o tutor, piensa que es mejor consultar al servicio de salud donde atiende habitualmente al niño o niña, no sería un razonamiento muy alocado.

Ahora, si usted fuera un gestor en salud sorprendido y molesto por este tipo de reacciones ¿ qué haría ? ¿Evaluaría si la estrategia desarrollada fue correcta? No, le echaría la culpa a los “anti-vacunas”.

Este año se ha vacunado a niños y niñas que cursan sexto año escolar, en las instituciones educativas, contra el tétanos, la difteria y la tos convulsa, y a las niñas también contra el virus del papiloma humano (HPV por su sigla en inglés). La semana pasada salió en la prensa el dato de que 70% de los padres y madres vacunaron a sus hijas en las escuelas contra el HPV, mientras que 30% no lo hicieron. En el último mes me he encontrado con muchísimos padres y madres con preocupación, ya que al recibir esa nota de autorización no comprendían y se acercaban a sacarse dudas a la policlínica. La carta venía de la escuela, pero al ir a preguntar a esa institución se les decía que venía del Ministerio de Salud Pública (MSP) y que no contaban con mayor información. Algunos, en su malestar, afirmaban que preferían vacunar a sus hijos o hijas en la policlínica donde se vacuna el resto de los miembros de la familia. Esta actitud, muy lejos de ser anti-vacunas, refleja el valor que tiene que procedimientos como la vacunación se lleven a cabo en el marco de un encuentro clínico, en un centro de atención con personal formado para responder con información sobre esto. Es más: para bien o para mal, cuando la indicación de vacunas se hace en este marco, son pocas las preguntas que se hacen, porque se asume que si se da en el marco de la consulta médica está bien indicada. Yo creo en el modelo de toma de decisiones compartidas con las personas, no en el modelo paternalista de atención que impone decisiones sobre los cuerpos de la gente, por lo que me parece saludable que las personas se informen y pregunte sobre la pertinencia de los procedimientos. Pero quiero dejar en claro que la actitud de los padres y madres que se acercaron no estaba vinculada centralmente a que rechazaran la vacuna, sino a que no les satisfacía un procedimiento hecho con soberbia, a la espera de que las personas acaten una indicación de dar “alguna vacuna” en un permiso que sólo daba la opción de autorizar, que no informaba sobre la vacuna a la que se refería y que no aportaba información sobre los riesgos y beneficios de la inmunización a administrar. No podemos decir, por tanto, que esto conforme realmente un consentimiento informado; me atrevería a decir que ni siquiera es un consentimiento válido, directamente.

Este procedimiento no amerita comentarios públicos por parte de los gestores, que en cambio optan por el ataque a los “anti-vacunas”. En Uruguay se está repitiendo un discurso que ha sido promovido por la industria farmacéutica. El de los “anti-vacunas” es un discurso de moda en el mundo, chivo expiatorio para no discutir los verdaderos problemas que tenemos vinculados a la administración de vacunas. España, Estados Unidos, Chile y México son sólo algunos de los países en los que este tema ha cobrado fuerza. Los “anti-vacunas” son para las inmunizaciones lo que los “terroristas” son para las guerras: el enemigo público que debemos crear para generar miedo y lograr autorización en el imaginario colectivo para hacer cualquier cosa que en otro contexto la población desaprobaría.

Las vacunas han sido uno de los principales aportes que la ciencia le dio a la humanidad. Esto es innegable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de dos a tres millones de vidas se salvan cada año en el mundo gracias a las inmunizaciones. Pero esto no quiere decir que todas las vacunas tienen el mismo valor. Los fundamentalistas científicos que, fomentados por la industria, defienden todas las vacunas por igual y tratan como inferiores a quienes se animan a decir que tal vez no todas deberían ser obligatorias promueven una caza de brujas. Esta perspectiva, que no tolera la discrepancia, tiene la misma irracionalidad que algunos científicos suelen adjudicar a las religiones, y está igualmente basada en la fe y no en la ciencia. No todas las vacunas son iguales, no atacan problemas de salud con igual relevancia, no tienen el mismo perfil de efectos adversos posibles; se destinan a grupos distintos, tienen diferentes variables clínicas que se deben tener en cuenta para ser efectivas, y no todas cuentan con evidencia científica de igual fuerza.

En Uruguay los anti-vacunas reales son escasos; se trata de situaciones anecdóticas. Lo que existen son grupos, algunos muy respetados en el ámbito de la promoción de derechos, como la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que manifiestan su preocupación por los procedimientos que se han utilizado para llegar a la vacunación, en particular por la inmunización para el HPV, vacuna que ha sido objeto de cuestionamientos que deberíamos atender en vez de ningunear a quien piensa diferente. Por otra parte, estos grupos, más que anti cualquier cosa, son pro defensa de la autonomía de las personas para decidir sobre su cuerpo y, por lo tanto, cuestionan la obligatoriedad. Este es un punto interesante en un mundo médico que, cuando más conocimiento tiene, posee cada vez menos certeza y más incertidumbre. Esto hiere el ego médico, ya que hoy, frente a muchas situaciones, no podemos asegurar que algo le hará bien y que no le hará mal a una persona. Podemos decirle que hay más probabilidades de beneficios que de riesgos, pero es el cuerpo de la otra persona el que se expondrá a esos riesgos, no el nuestro, y por lo tanto la opinión de esa persona debería ser tenida en cuenta. Por otra parte, la obligatoriedad de las intervenciones médicas (carné de salud, mamografía, vacunas, etcétera) es un invento bien uruguayo, que ha sido cuestionado por poco ético en otras partes del mundo y ha ameritado artículos críticos en el British Medical Journal (BMJ).

Los que trabajamos en territorio y dedicamos grandes esfuerzos para que los niños y niñas de nuestro país reciban adecuadamente las inmunizaciones correspondientes según el Esquema de Vacunación pautado por el MSP sabemos las dificultades que este proceso conlleva. Pero esas dificultades no se deben a ningún grupo “anti-vacunas” y sí dependen de cómo se organiza el sistema de salud, de lo fuerte que sea el Primer Nivel de Atención, de la accesibilidad, de la relación medicina-paciente, del trabajo comunitario desde los equipos de salud, de la información adecuada que logremos darle a la población para que pueda ser parte del proceso de decisión sobre su salud y enfermedad, de las políticas de inmunización racionales.

¿Estamos poniendo primero los intereses de las personas? ¿O estamos imponiendo un producto promovido por la industria? Si lo que nos desvela es la salud de la personas, hagamos las cosas de forma acorde.

 

13
May
18

udelar en tiempos de progresismo

La necesaria transformación universitaria

escribe: Rodrigo Arim / decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración

La Universidad del presente y del futuro es tensionada por los imperativos de democratizar el conocimiento avanzado y el impulso decidido a la creación científica y cultural de calidad. La historia de la educación superior en Uruguay y sus cambios institucionales recientes conducen a que cualquier elaboración y propuesta sobre el futuro de la Universidad de la República (Udelar) resulte simultáneamente una propuesta sobre el futuro de la educación avanzada y de la investigación en el país. Independientemente del indicador utilizado –estudiantes universitarios, publicaciones científicas, docentes universitarios, etcétera–, la Udelar representa más de 75% de las actividades universitarias desarrolladas en Uruguay. Muchas veces, los propios universitarios perdemos de vista esta singularidad. Es nuestra obligación transparentar la discusión hacia el país, señalar con claridad la importancia del desarrollo de un verdadero Sistema de Educación Terciaria –enunciado, pero no efectivizado en los temas sustanciales–, así como del desarrollo de una matriz de generación de conocimiento diversa y de calidad, donde la Udelar no tiene pretensiones de exclusividad. A continuación, sin pretensiones taxativas y como aporte a un debate amplio, desarrollo algunos ingredientes clave de un necesario proceso de transformación. (1)

Ley orgánica: la construcción de una agenda de cambio institucional

No hay transformación profunda y sistemática de la Udelar que pueda desarrollarse sin cambios sustantivos en sus marcos normativos. La Ley Orgánica de 1958, pensada para otro Uruguay y otra Universidad, constituye hoy una traba objetiva a los imprescindibles cambios que se deben afrontar. Recorriendo los bordes de la norma, se han brindado respuestas imperfectas y ad hoc a algunas realidades que cuestionan la pertinencia de su actual estructura de gobierno.

La ausencia de una reformulación global de la Ley Orgánica perpetúa inequidades, introduce ineficiencias y rigidiza a una institución cuyos procedimientos centrales fueron definidos para un demos más acotado y menos diverso.

La institución avanzó en aspectos medulares –carrera docente, descentralización, planes de estudio, etcétera–, pero esos mismos cambios imponen una presión adicional al marco normativo, haciendo que, en prospectiva, la camisa de fuerza de nuestra estructura actual se convierta en una traba relevante para su desarrollo. Predomina una estructura federativa, que dificulta el diseño efectivo de políticas horizontales y la generación de mecanismos de seguimiento de los objetivos que la institución se traza.

Hay una diversificación y densificación de la oferta académica de grado y posgrado, así como programas de investigación que desbordan los límites rígidos de las disciplinas (y de los servicios) y que no tienen una ubicación institucional clara y sufren problemas serios de gobernanza.

Es necesario modificar la Ley Orgánica para tener posibilidades reales de trazar una estrategia universitaria acorde a los requerimientos de la sociedad, compatible con la evolución del conocimiento y suficientemente flexible para habilitar el desarrollo de sus actividades sustantivas por parte de estudiantes y docentes, sin la carga de un proceso burocrático que pone en riesgo la realización de las funciones sustantivas. La peor respuesta es la resignación, ubicando a la Ley Orgánica en el cono de sombra de los temas vedados para la discusión como antídoto a explicitar las diferencias internas. La Udelar debe demostrarse a sí misma y al país que es capaz de procesar y elaborar una propuesta de cambio de la Ley Orgánica que elimine inequidades evidentes, que construya un marco de transparencia, que aliente la participación de sus colectivos en su máxima expresión, que promueva la flexibilidad y la desburocratización, que premie con nitidez el compromiso con la generación de conocimiento de calidad y su democratización.

Condiciones y estímulos para la creación científica y cultural

Crear condiciones para la investigación científica y la creación cultural se encuentra en el núcleo de las definiciones de la Udelar. Sin embargo, el postulado puede transformarse en una aseveración estéril si no es posible brindar certezas básicas a los docentes –en especial a los más jóvenes, que inician su carrera y se encuentran en un momento de su ciclo vital en el que se toman decisiones de radicación y otras apuestas de largo plazo– sobre la disponibilidad de oportunidades de superación y condiciones adecuadas mínimas para el desarrollo de sus actividades sustantivas.

El Estatuto de Personal Docente, cuya aprobación es de esperar que suceda en las próximas semanas, constituye una pieza clave en esta dirección. No obstante, una vez aprobado, resta definir recursos y mecanismos para su completa instrumentación. Debe asegurarse que existan oportunidades periódicas y efectivas de acceso a la carrera docente, basadas en evaluaciones de desempeño, en el acceso a la principal política de alta dedicación con que cuenta la institución –el régimen de Dedicación Total– y en ampliar los sistemas de becas para la formación de posgrado, como mecanismo de mejora sostenida de la masa crítica de docentes con alto nivel de formación.

Es necesario considerar la arquitectura académica de los servicios y la generación de incentivos claros en aspectos relevantes para la calidad de la vida universitaria, como ser el fomento del trabajo en equipo y la articulación creativa con otros actores que coadyuven a un desarrollo equitativo. Estas acciones favorecen la cohesión académica y constituyen un camino para sostener acumulaciones en el tiempo sin que descansen, exclusivamente, en la experiencia individual. En la misma dirección, es necesario aprovechar las instancias de conformación de redes internacionales, consolidando vínculos y apostando al desarrollo institucional integral. En este siglo, el riesgo al aislamiento y encapsulamiento es preocupante más que nunca para la actividad universitaria.

Un capítulo aparte merece el Hospital de Clínicas. Las condiciones de formación e investigación clínica no son ideales y, lo que es aun más serio, tampoco son razonables las circunstancias en las que se brinda atención sanitaria. La necesidad de una reestructura profunda es evidente. Desde la apertura democrática, sucesivos proyectos se han esbozado y no concretado. Diseñar e impulsar un cambio de magnitud, en articulación con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), es clave para evitar un deterioro aun mayor y para revertir el proceso que se ha puesto en evidencia en las últimas décadas en una institución relevante para la Udelar, pero sobre todo para el país.

Hacia la generalización de la educación terciaria y superior

El acceso a la educación superior es un condicionante de las posibilidades efectivas que las personas tienen a lo largo de su ciclo de vida y de la capacidad para participar en sociedades abiertas. Las viejas concepciones elitistas que asumen que la educación superior es un espacio de privilegio al que pueden acceder sólo los más dotados –ya sea por supuestas capacidades innatas o por derroteros vitales más favorecidos– desconocen la urgente necesidad de democratizar el acceso al conocimiento. Las diferencias en el acervo de conocimiento a disposición de individuos y colectivos constituyen una piedra angular en las relaciones de poder, y en las posibilidades efectivas de construir bases sólidas para una vida republicana rica y equitativa.

Avanzar hacia la generalización de la educación superior es un objetivo complejo. El país enfrenta un problema de base: el estancamiento del egreso de educación secundaria. Sobre este aspecto, la Udelar puede y debe colaborar en un marco para la conformación efectiva de un sistema de educación pública, pero no es la principal responsable institucional. Sí es su responsabilidad abatir la desvinculación de aquellos estudiantes que arriban a la Universidad pero no encuentran en ella un espacio educativo capaz de generar, a partir de puntos de partida heterogéneos (contextos familiares, formaciones previas, etcétera), trayectorias articuladas y coherentes. Abatir sistemáticamente la proporción de estudiantes que no logran culminar la formación de grado debe volver a ser un objetivo explícito.

La nueva Ordenanza de Estudios de Grado generó un marco para cambios relevantes en los planes de estudio –en particular en algunos servicios que registraban un atraso muy relevante en la materia– que permitió mejorar la retención. Evaluar lo hecho es prioritario, en tanto la creditización y flexibilización requieren mucha más conducción académica que bajo los viejos esquemas de formación tubular. Una finalidad importante es corregir errores de diseño o dirección académica que hayan llevado a configuraciones de dudosa coherencia formativa. La creditización y flexibilización habilitan distintas trayectorias formativas, pero estas no pueden conformarse al azar y sin dirección académica.

A su vez, las políticas de acompañamiento de los estudiantes, imprescindibles en contextos de masificación, deben configurarse dinámicamente, incorporando su evaluación permanente en contextos en los que no existen respuestas de política simples para abatir la desvinculación.

Posgrado

Facilitar los procesos de formación a nivel de posgrado en condiciones adecuadas implica profundizar algunas líneas ya existentes, como sistemas de becas que permitan una alta dedicación al estudio, e innovar en otras. Una tarea relevante es revisar grados de superposición entre los posgrados, duplicación de programas, posibilidad de utilización de recursos académicos conjuntos y diseño de ofertas de calidad a nivel de doctorado en todas las áreas del conocimiento, entendidas en un sentido amplio. Presupone, también, promover la colaboración sistemática con universidades del extranjero, bajo la diversidad de modalidades posible. En este marco, es deseable pensar en un sistema de becas en programas de calidad fuera del país, incluyendo doctorados “sándwich” que se adapten a las posibilidades efectivas de un segmento del cuerpo docente y de egresados para acceder a una formación de alta calidad.

La Comisión Académica de Posgrados ha cumplido un rol importante como ámbito central que construye bases mínimas de requerimientos que aseguran calidad académica. No obstante, el acceso a las ofertas de formación de posgrado es un área que requiere un esfuerzo relevante y articulado con múltiples actores. En algunos servicios, los posgrados son sostenidos por grupos reducidos de docentes, con vínculos débiles con las estructuras académicas –institutos y departamentos– e incluso con mecanismos de remuneración diferenciados. En otros, los cupos constituyen una limitante de primer orden, por lo que se requiere identificar el tipo de política que podría actuar sobre ellos sin afectar la calidad académica. Es imprescindible continuar la realización de evaluaciones internas y externas periódicas de todas las ofertas de posgrado, como ejercicio de autorreflexión y espejo sistemático para la mejora de los programas existentes. Esta práctica, además, puede contribuir a evitar el anquilosamiento y constituirse en un insumo para la discusión de políticas institucionales.

Descentralización

La descentralización universitaria combina nuevas ofertas de grado y posgrado con el desarrollo de capacidades de investigación en el territorio. Ambas facetas no son separables, salvo a riesgo de sacrificar calidad y profundidad y construir una “oferta de segunda”. En los últimos años, el estancamiento de la agenda institucional es evidente en esta dimensión, con fragilidades de distinto tenor que se perpetúan en el tiempo e indefiniciones sustantivas. Es el momento de avanzar en la consolidación de una nueva institucionalidad, que incluye la discusión sobre la pertinencia de un prorrectorado de Descentralización.

La consolidación de las estructuras institucionales y la evaluación institucional de procesos y resultados por subprogramas y líneas específicas – desde cada Polo de Desarrollo Universitario hasta las carreras de grado– son insumos para el crecimiento ordenado de una experiencia innovadora. En este plano, la construcción de confianza es medular para que la evaluación no se perciba como señalamiento sino como fuente de información para reestructurar programas y dar un nuevo impulso a la descentralización.

A manera de cierre: clima interno y construcción de coaliciones

El futuro no se nutre sólo de la enumeración de objetivos loables; los medios y procedimientos para alcanzarlos importan. Ninguna transformación profunda y democrática puede transitarse en un clima de crispación interno. En los últimos años, con demasiada frecuencia se ha recurrido a la confrontación ríspida y a la adjetivación de personas y grupos como mecanismo para desacreditar opiniones e imponer posiciones. Es un camino esterilizante, que abre brechas y dificulta el ejercicio efectivo de la argumentación y contraposición como fuente de síntesis institucionales creativas.

La Universidad necesita intercambios profundos y áridos sobre temas en los que no existen unanimidades. Crear las condiciones para discusiones fermentales depende también de la instauración de un clima de respeto generalizado. En tiempos en que los órganos centrales de la Universidad –colectivos y unipersonales– verán renovar su composición, un papel central de quienes asuman roles de liderazgo no es sólo generar una “lista” de objetivos programáticos, sino demostrar, durante el propio proceso de elección, condiciones para nuclear colectivos que, desde las diferencias, logren impulsar los cambios. Si los procesos de renovación de autoridades se limitan a “juntar votos” sin importar la explicitación de acuerdos amplios para avanzar, podrán ganarse elecciones, pero ninguna transformación profunda emergerá.

 

(1) Muchas, aunque no todas las líneas desarrolladas requieren recursos presupuestales. El atraso relativo y los problemas ocasionados por la dotación presupuestal ameritan una reflexión en sí misma, que excede el alcance de este artículo.

12
May
18

Lacalle pou …

BLANCOS PILLOS / BLANCOS BARATOS … frase de Wilson …

PARA NO OLVIDAR NUNCA MÁS !!

El inolvidable gobierno de Lacalle Herrera: Así es el herrerismo.

Conviene comenzar este segundo abordaje (que hemos llamado segunda parte) con una visión panorámica de una gestión que no tiene cabos sueltos y está profundamente integrada en su ideología y su praxis.

escribe: A. Grille / revista Caras y Caretas

 

El gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera fue fiel a sus convicciones ideológicas, autoritarias, oligárquicas, neoliberales, antiestatistas, agraristas, desindustrializadoras y muy consecuente con la ausencia total de interés por las clases medias y bajas, por los estudiantes, los empleados, los comerciantes y empresarios medianos y pequeños, y por trabajadores y jubilados, y muy enfocado a la apertura indiscriminada al capital extranjero.

Lacalle trabajó durante su gobierno por un país que fuera ante todo una plaza de servicios, preferentemente financieros, con un neto predominio de la actividad agropecuaria.

También apuntó al desmantelamiento del aparato industrial y, hasta donde pudo, de la actividad sindical (a la que quiso reglamentar), de los mecanismos de protección social a los trabajadores, como los consejos de salarios, y toda forma de subsidio a los sectores más desprotegidos, a las empresas y bancos públicos, a los que quiso privatizar y no pudo porque el intento fue frenado en plebiscito memorable por el pueblo uruguayo.

“Vamos a quedarnos 30 años”

Su plan estratégico era que el Partido Nacional gobernara treinta años, y para ello concertó con su familia, que incluye en primer término a su esposa, María Julia Pou Brito del Pino, a sus cinco primos Heber Fontana, dos primos Heber Füllgraf, la Ing. Agron. Rosario Pou Ferrari, y el directo asesoramiento de Ignacio de Posadas Montero, una serie de estructuras empresariales que debía proporcionar capital para sostener la actividad política durante ese lapso.

En los corrillos del Partido Nacional se comenta que ese plan se expuso e instrumentó en una reunión celebrada a principios de 1990 en la estancia de Lacalle ubicada en Cerro Colorado, Florida, donde el ya presidente habría dicho: “Vamos a quedarnos treinta años. Para esto tiene que haber plata. Unos se dedicarán a la actividad política y otros a mantener la casa. Tengo varios planes para esto y una pieza fundamental será Rosario”. Se refería a Rosario Pou Ferrari, prima de su esposa, Julia Pou, quien se destacaría por sus operaciones forestales, actividades que fueron abordadas también por el resto de la familia. “En el Partido Nacional es como en el tango –habría dicho solemnemente aquel sábado a mediodía cuando aún crepitaban las brasas que asaban unas costillas en la parrilla de la estancia–, aquí el que tiene mucha plata vale mucho, mucho más”.

El resultado fue el directo involucramiento de familiares y operadores políticos en actividades como la forestación (el único sector protegido de un gobierno rabiosamente neoliberal que desmanteló toda protección a las industrias tradicionales de Uruguay), la liquidación de los “bancos gestionados” (Comercial y Pan de Azúcar, lo que determinó en 1996 el procesamiento del ex ministro Enrique Braga y del asesor presidencial Daniel Cambón) y un intenso relacionamiento con Estados Unidos. En lo regional, tuvieron lugar durante su gestión la firma del acta constitutiva del Mercosur y una gran preocupación por el desarrollo de la hidrovía, impulsada por sus numerosas conexiones con Paraguay, que venían del relacionamiento del dictador Alfredo Stroessner con su abuelo Luis Alberto de Herrera, el que continuó con su amistad con dirigentes tan diversos y unidos por los negocios como el “barón de Itaipú”, Juan Carlos Wasmosy, y el golpista Lino Oviedo.

También debe recordarse, la implementación de una “paridad deslizante” para la divisa estadounidense, que en definitiva era una reedición atenuada de “la tablita cambiaria” de los militares que estalló en 1982; la renegociación de nuestra deuda externa en el marco del Plan Brady, para lo cual se usaron 633 millones de dólares de las Reservas; y el desmantelamiento arancelario y de protección a las actividades productivas nacionales que redundó en la caída de la actividad industrial que pasó de representar el 25 por ciento del PIB al 16 por ciento, en el cierre de empresas emblemáticas como Onda y Funsa, textiles, de calzado, y la pérdida de unos 90.000 empleos; la eliminación de los consejos de salarios y el intento de reglamentación de las actividades sindicales y del derecho de huelga.

Estas actividades, que pronto confundieron intereses públicos con privados, generaron episodios que fueron denunciados como de abierta corrupción por la prensa de la época, capitaneada por las publicaciones Jaque y Tres, y de gran tensión política, como la huelga policial, el caso Berríos y los sucesos del Hospital Filtro.

En el comienzo fue el ajuste fiscal

En aquella época no se sabía bien lo que era un “ajuste fiscal” y nombrarlo no estaba prohibido para los candidatos, como ahora.

El gobierno de Luis Alberto Lacalle aspiraba declaradamente a aplicar una política de shock, entonces una palabra de moda en los círculos neoliberales. Este shock iba a reducir drásticamente el déficit fiscal y para eso se elaboró, bajo la dirección del presidente designado del Banco Central, el pope neoliberal Ramón Díaz (quien junto con Peirano Facio había integrado treinta años antes el gabinete de Pacheco Areco), un llamado “paquete fiscal” integrado por un conjunto de acciones de gran porte, entre las que figuraban la aprobación de la ley de ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reducción del Estado y la eliminación de monopolios y servicios públicos, y la reglamentación sindical.

Comenzó, entonces, el gobierno de Lacalle con un brutal ajuste fiscal, es decir, con un shock económico que redujo el poder adquisitivo de la población, particularmente asalariados y jubilados. Ese shock tenía el propósito aparente de revertir la desastrosa situación fiscal que heredó de Julio María Sanguinetti, pero en realidad la verdadera finalidad era ordenar la economía de manera que la crisis la pagaran los más humildes. Y lo consiguió.

Sus principales puntos eran:

1. Aumentar el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y a las jubilaciones y pensiones, de acuerdo a la siguiente escala:

1.1. 3,5% a quienes percibieran hasta tres salarios mínimos nacionales por mes.

1.2. 5,5% a quienes percibieran más de tres y hasta seis salarios mínimos nacionales por mes.

1.3. 7,5% a quienes percibieran más de seis salarios mínimos por mes.

2. Aumentar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 21% a 22%.

3. Creación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.

4. Aumento de 3,5% en el aporte patronal al Banco de Previsión Social.

5. Aumentar al 40% la tasa del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio (IRIC); del Impuesto a las Actividades Agropecuarias (Imagro), y del Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA).

El 31 de marzo de 1990 el Parlamento aprobó la Ley de Ajuste Fiscal Nº 16.107.

El paquete fiscal, conocido popularmente como “el impuestazo”, causó una caída del salario real de más de diez por ciento. No sería el último, tuvimos otro ajuste fiscal en la segunda presidencia de Julio Sanguinetti (1995-2000), y otro más en la de Jorge Batlle (2000-2005). Como el lector puede ver, todos los gobiernos blancos y colorados desde el comienzo de la democracia comenzaron con “un ajuste fiscal”.

La dificultosa obtención de la mayoría parlamentaria

Nada hacía prever que aplicar el proyecto neoliberal lacallista sería tan difícil, porque nadie había previsto todavía el proyecto reeleccionista de Julio María Sanguinetti. El por varios motivos inolvidable gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990 1995), padre del actual candidato del Partido Nacional, se inició con los festejos del caso, empezando por el cerrado abrazo que en el Edificio Libertad el triunfador se dio con el entonces presidente Sanguinetti, que al retacear su apoyo a la candidatura de Jorge Batlle le aseguró la victoria al candidato blanco. Todo era alegría para el clan Lacalle, excepto por tres motivos: el primero era que si bien había tenido una votación excepcional, su bancada herrerista era sólo de seis senadores y treinta diputados, o sea que tenía que negociar (en realidad pagar con pesos y cargos) para obtener mayorías; la segunda era asegurar la “sustentabilidad” del proyecto político de “que el Partido Nacional gobierne treinta años”; y la tercera, la que cuenta Garrido en el libro Lacalle con alma y vida:

Las cuentas electorales se cerraban con otra realidad que preocupaba: 1.681.592 ciudadanos habían votado por el ‘Sí’ en el llamado ‘plebiscito de los jubilados’, cifra que superaba ampliamente el 50% de los votantes, por lo que la Corte Electoral proclamó por esta vía la aprobación de la enmienda constitucional impulsada por las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. […] Por lo tanto, el pueblo en las urnas había aprobado la modificación del Art. 67 de la Constitución, estableciendo que los ajustes de las asignaciones de jubilados y pensionistas no podrían ser inferiores a la variación del índice medio de salarios, y se efectuaría en las mismas oportunidades que hubiera ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la administración central que, por entonces eran cuatrimestrales. Desde el 1º de mayo de 1990 el Estado se veía enfrentado “a otro egreso mayúsculo, sin financiación”. Esta frase resume admirablemente la dimensión moral de su expositor. Lacalle sabía que para ganar las elecciones de 1989 debía contar con el apoyo de los jubilados (calculados en unos 600.000), que habían plebiscitado una fórmula no para que se les devolviera –de acuerdo a la Constitución y la ley– lo que éticamente les correspondía, sino simplemente para que los ajustes cuatrimestrales les devolvieran la variación del IPC, que mide la inflación. Jorge Batlle, fiel a su neoliberalismo, no lo apoyó y así le fue, pero Lacalle, que evidentemente no quería esta solución, cuya aprobación lo “preocupaba”, ahora se veía en la obligación de cumplirla. Lo peor del caso es la falsedad de la expresión “sin financiación”. Si algo estaba financiado de sobra era, no ya el pago de jubilaciones decentes, que no se plebiscitó, sino el simple resarcimiento del poder adquisitivo de ahora en adelante.

La dificultad para obtener las mayorías parlamentarias se zanjó en la forma tradicional, es decir, a cambio de ministerios y cargos en la administración, y en vez de “gobierno de coalición” se lo llamó pomposamente “gobierno de coincidencia nacional”. Unos hicieron la patria a caballo, otros a chuza y lanza y otros exprimiendo las “burras del Estado”.

La forestación: clave de bóveda

Fechado en Montevideo el 23 de agosto de 1996, cuando ya mucha agua turbia había corrido bajo los agrietados puentes lacallistas, y firmado por el actual periodista de Búsqueda experto en temas judiciales Raúl Ronzoni, apareció un jugoso artículo de IPS titulado “Uruguay: denuncias de corrupción cercana al ex presidente Lacalle”.

En el artículo se afirmaba: “El ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle, su esposa y varios de sus familiares directos estarán desde hoy bajo la lupa de la Justicia, que pretende averiguar delitos en los planes estatales de forestación.

La forestación se ha convertido en uno de los negocios de largo plazo más rentables en Uruguay, y Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995, tiene en su patrimonio familiar 1.762 hectáreas, muchas de ellas forestadas durante su gobierno. Recuérdese que en el segundo capítulo de esta serie contamos cómo Lacalle Herrera fue bajado por Juan Raúl Ferreira y Carlos Julio Pereyra del ómnibus de la caravana wilsonista y cómo Lacalle continuó su camino en un modesto Fiat 125 (Fiat 147 me corrigió Luisito esa misma tarde). Pero estamos hablando de otros tiempos en que el que sería presidente se paseaba por Carrasco sin un peso en el bolsillo.

El entonces juez Ruben Eguiluz, muchos años después sancionado por la Suprema Corte, y el fiscal José Luis Barbagelata, que iniciaron este viernes la investigación, dijeron a IPS que junto con la denuncia se presentaron múltiples documentos sobre las propiedades señaladas en la maniobra. Esta nueva denuncia, que involucra directamente al ex presidente, se suma a una serie que colocó bajo la lupa de la Justicia a varios de sus colaboradores directos durante su gobierno.

Esta es la primera vez en la historia uruguaya que un ex presidente electo democráticamente es colocado en el banquillo de los acusados por actos vinculados a decisiones tomadas durante el ejercicio del poder. La denuncia afirma que durante la gestión de Rosario Pou al frente de la Dirección Forestal, entre 1990 y 1994, se tomaron varias medidas que favorecieron económicamente a campos propiedad de Lacalle y de sus familiares.

La funcionaria, que es prima hermana de la esposa del ex mandatario, Julia Pou, fue contratada por el Poder Ejecutivo para coordinar un proyecto forestal financiado por el Banco Mundial. Entre los hechos se destaca que en 1991 se constituyó una sociedad con el objeto de realizar actividades agropecuarias y de forestación en la que participaron Rosario Pou y el senador Luis Alberto Heber (hoy candidato a senador en la lista de Lacalle Pou), uno de los principales colaboradores del ex presidente.

Los préstamos que concede el Estado uruguayo para planes de forestación sólo incluyen a predios que tienen un bajo índice de productividad, lo que les permite acceder a subsidios y beneficios crediticios. Varios de los campos cuestionados tenían índices superiores que no les permitían recibir esos beneficios, pero medidas administrativas tomadas en 1993 y 1994 entre la Dirección Forestal y el Poder Ejecutivo les permitió revertir la situación.

Lacalle pareció estar alertado de la denuncia, porque en una entrevista publicada este jueves por el diario El País de Montevideo desvirtuó versiones de supuestas irregularidades.

El semanario Brecha recordó este viernes que en diversas declaraciones previas Lacalle se refirió a sus propiedades y señaló el semanrio que según su investigación el ex presidente es propietario de casi el doble de las hectáreas que declaró poseer.

Desde la aprobación de la Ley Forestal, en 1987, en este país de 187.000 kilómetros cuadrados se plantaron 120.000 hectáreas, lo que representan 150 millones de árboles, con una inversión cercana a los 60 millones de dólares.

Uruguay tiene 3,6 millones de hectáreas aptas para la forestación, de las cuales 78 por ciento son eucaliptos, 20 por ciento pinos y el resto montes naturales.

Los subsidios y exoneraciones impositivas entre 1989 y 1994 fueron de 25 millones de dólares y la inversión privada en ese mismo período alcanzó a 37 millones de dólares.

En 1995 se aprobaron 147 proyectos forestales que alcanzaron a 44.061 hectáreas. Durante ese mismo año los préstamos del estatal Banco República para el sector tuvieron un incremento de 12 por ciento con relación a 1994.

Voceros del gobierno dijeron a IPS que en un plazo de cinco años la producción anual de madera llegará a 2,6 millones de toneladas, previsiones que convierten al sector en uno de los de mayor dinamismo.

Ese volumen de madera supondrá la salida de ocho barcos cargados por mes y tres camiones de 30 toneladas descargando diariamente en el puerto cada 15 minutos durante las 24 horas, dijeron los voceros.

Uruguay es uno de los pocos países del mundo que sustenta su producción forestal en bosques implantados, preservando los naturales para evitar impactos negativos.

Hasta este año la corrupción fue un tema tabú en la sociedad uruguaya, en particular para los dirigentes políticos, que acostumbraban a actuar corporativamente y a cerrar filas ante atisbos de irregularidades.

Ese dique se rompió y ahora se investiga la privatización de un banco comprado por una fiduciaria italiana, maniobras en el poderoso Banco de Seguros del Estado y en la comisión que administra una represa hidroeléctrica, y pagos irregulares en los suministros al Estado.

Todos las denuncias involucran a parlamentarios y funcionarios de relieve del gobierno de Lacalle, que incluyen a Enrique Braga, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía”.

*ENCE desembarcó en Uruguay en 1990, con una filial (Eufores SA). Una de sus primeras acciones empresariales fue comprar campos en Río Negro, Soriano y Paysandú, y lograr su recalificación como suelos de prioridad forestal para obtener subsidios gubernamentales. En todos los casos, los informes técnicos que acompañaron las solicitudes de recalificación de suelos fueron firmados por la ingeniera Rosario Pou, quien integraba la Dirección Forestal del MGAP, o socios suyos en la actividad privada.

*La Dirección Forestal aconsejó también al Poder Ejecutivo de la época (Lacalle) flexibilizar el criterio relativo a la ampliación de suelos accesorios a los de prioridad forestal (Dec. 330/90), permitiendo a los inversores completar una unidad forestal, con las consiguientes ventajas económicas.

*Eufores también se benefició con tres resoluciones especiales del Poder Ejecutivo (16/8/94, 7/11/94, 14/2/95), por las que se la exceptuó (igual que a Euskar SA, 28/10/93), para explotar inmuebles rurales pese a ser sociedades por acciones al portador, por ser de interés nacional la forestación (Art. 71 Ley 15.939). Rosario Pou, “prima política” del entonces presidente de la República, era integrante tanto del Directorio de Eufores como del de Euskar.

*Eufores SA compró “a futuro”, el 10 de mayo de 1996, unos 80.000 metros cúbicos de madera extraíble en varias partidas, de 668 hectáreas pertenecientes a: Fernando, Luis Alberto, Mario, Cecilia y Alejandra Heber Fontana, Carlos, Gustavo y Celita Heber Videla, Celia Videla, Óscar Caviglia, e Inés Lacalle, y las empresas (en todas las cuales figuraba Rosario Pou como directora, secretaria o mandataria) Soltinco, Biklar y Félix Leborgne, y Terlico.

*El BROU concedió durante la administración de Lacalle unos 18 millones de dólares de préstamos al sector forestal, de los que directa o indirectamente se benefició Eufores, es decir ENCE. Dato para Juan José Ramos, que está muy preocupado por el desempeño bancario.

*Aunque la legislación prohíbe la corta o cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena, la empresa Silvasur SA, filial de ENCE, obtuvo la autorización de la División Flora, Parques y Áreas Protegidas para la corta de 117,1 hectáreas de monte indígena en tres padrones de la 4ª sección judicial de Salto, con base en un informe técnico de las ingenieras Rosario Pou y Ángeles Zorrilla.

*Según la página web de Ence, “después de varios años de estudio y evaluación, en el año 1997 Eufores adquirió el predio de la Estancia M´Bopicuá, y en el año 1999 se creó Terminal Logística M´Bopicuá SA, cuyo único accionista actualmente es Eufores. Inaugurada y operativa desde noviembre de 2003, la terminal está 12 km arriba de Fray Bentos. En el primer trimestre de 2004, partió de TLM rumbo al puerto de Huelva (España) el primer buque de astillas (Taio Rainbow)”.

*El 27 de octubre del 2004, el Poder Ejecutivo de la época (Batlle) concedió una Zona Franca a ENCE, en un predio de 284 héctareas en Río Negro, donde la empresa se comprometió a invertir en infraestructura la suma de 14:194.480 dólares. Doce días antes, el Poder Ejecutivo había concedido una autorización idéntica a la empresa Botnia Fray Bentos SA.

*La zona franca obtenida por Ence puede desarrollar las siguientes actividades: a) fabricación de celulosa; b) fabricación de papel y otros derivados de la celulosa; c) otras industrias dedicadas a la transformación de la madera; d) industrias proveedoras de insumos relevantes de las plantas que se ubiquen en la zona franca; e) almacenamiento de las materias primas e insumos utilizados en las actividades anteriormente enumeradas; f) producción de energía eléctrica; g) operaciones portuarias.

*ENCE optó, según la agencia EFE, “por la creación de dos compañías: una para la planta de celulosa y otra para la instalación energética, para evitar que la generación eléctrica se vea afectada por la volatilidad del precio de la celulosa y desarrollar un excedente en electricidad y reducir su esfuerzo, señala la empresa. Asimismo, los activos energéticos pueden proporcionar beneficios en el mercado de derechos de emisión de CO2, como consecuencia de la aplicación del Protocolo de Kioto”. O sea, generará derechos de emisión de CO2 en nuestro país, para venderlos en el Norte.

No son todos los pétalos de la (otra) margarita, pero sí los suficientes para comprobar que desde 1990 ENCE gozó de una relación muy especial con el poder, tanta que obtuvo un sinfín de prerrogativas legales, bancarias y aduaneras. Tiempo después, pero no mucho (ya en 1993 estaba en tratativas con jerarcas uruguayos, según su presidente) vino Botnia a sondear el mundo forestal uruguayo. ¿Comando imprevisible? ¿Falta de previsión en el tema vial? ¿Nos toman por tontos?

Parece obvio que lo único que ENCE no previó fue la resistencia social y ambiental de Gualeguaychú y su efecto dominó. En realidad, todo hace sospechar que ENCE nunca pensó recurrir a su propio dinero, sino al nuestro, al de préstamos internacionales y tal vez a la preventa de derechos de emisión de CO2. ¡Menuda ingeniería!

En vez de deshojar la margarita sugerida por ENCE (¿se deslocaliza? ¿a dónde?), sería oportuno que alguien deshojase la verdadera margarita blanqui-colorada-extranjera que creció entre 1990 y 2004″.

¿Cómo terminó esta historia?

El 2 de mayo de 2005, el gobierno de Tabaré Vázquez derogó un decreto de 1990, gobierno de Lacalle, sobre subsidios forestales, el que favorecía la forestación en tierras de alta calidad. Los anuncios fueron realizados por el entonces ministro de Ganaderia, Agricultura y Pesca, José Mujica, al finalizar los acuerdos. El decreto derogado permitía agregar a los beneficios de la ley de promoción forestal 40% de tierras sin prioridad forestal que estuvieran en el mismo predio. Mujica señaló que “la forestación degrada los suelos ricos en humus, por lo que desestimulará la plantación de árboles en buenas tierras”.

Tuvo que venir el gobierno del Frente Amplio para terminar con una situación increíble: los subsidios que el gobierno más neoliberal posdictadura había aplicado a un sector, la forestación, para beneficio de un puñado de familias y empresas.

En la entrega que viene recordaremos la venta de los bancos gestionados y funcionarios presos; cómo crece el patrimonio personal de Lacalle Herrera y la frustrada ley de empresas públicas. Como dice Astori: “Lo mejor está por venir”.

“Socios poderosos y lejanos”

El fundador de la dinastía, Dr. Luis Alberto de Herrera, afirmaba que “los países pequeños deben tener socios poderosos y lejanos”, como forma de fundamentar su amor por el imperio de Gran Bretaña. Su nieto, Luis Alberto Lacalle Herrera, hizo saber este amor a la primera ministra Margaret Thatcher y al presidente Ronald Reagan, “socios poderosos y lejanos” que, como él, impulsaban en el mundo una “revolución conservadora” en los años noventa. Esa amistad se prolongó en el presidente republicano George H. W. Bush y en los conservadores ingleses que sucedieron a la Thatcher, quien se llevó a la tumba a gran parte de la industria y el bienestar de Gran Bretaña. En estos día resuena en los medios la vocinglería hipócrita de Larrañaga y Lacalle oponiéndose a que se traiga en calidad de refugiados de algunos prisioneros de Guantánamo. En verdad esta alaraca es pura hipocresía y servicios que se prestan a la gusanera cubana en Miami, principal financiamiento de la campaña de Lacalle a través de Jaime Trobo y sus conexiones con la CIA, y también a los sectores más conservadores del Partido Republicano, quienes se oponen al desmantelamiento de la prisión de Guantánamo y han sido principales responsables de las bárbaras violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos árabes allí confinados y también se oponen a su relocalización en países que por razones humanitarias y con la intervención del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas se han ofrecido para darles protección y asilo.

* Publicado en Caras y Caretas el viernes 03 de octubre de 2014
11
May
18

Arismendi …

Mejorar el FA; no alterar su esencia transformadora

Tramos del pensamiento del gran dialéctico, Rodney Arismendi

El Frente necesita afirmación. Primero, de su identidad, de su programa, de su razón histórica de existir, acompañado de la credibilidad de la gente y del enriqueci­miento con las nuevas inquietudes y las nuevas respuestas los problemas que la v1da crea. Pero necesitamos un Frente en la calle; un Frente que nació en el 71 como opción transformadora, revolu­cionaria, con un compromiso político, una declaración de principios y un programa, y que no apareció como fuerza integrable al sistema y dispuesta a entrar en la sala de la buena sociedad.

Claro que hay contradicciones en el Frente. Tiene que haberlas en cierto sentido, porque dentro de él existen tendencias legitimas, ideológicas, muchas de ellas con fundamentaciones filosóficas, con concepciones del mundo. Pero eso lo sabíamos en el 71. Y la vida ha probado que esas fuerzas pueden estar unidas.

La virtud del Frente es que ha demostrado a los uruguayos que, más allá de las diferen­ tes concepciones teóricas o filosóficas, de los distintos honzontes hasta cierto punto, era posible unirse para camb1ar el Uruguay, rom­ per el bipartidismo, marchar hacia una democracia avanzada -califi­ cación que no inventamos nosotros sino que aparece en los docu­ mentos fundacionales delFrente-. Y se ha demostrado que este Frente es opc1on de gob1erno en esta realidad, en este momento y para un cambio profundo en el Uruguay.

Las contradicciones tienen que ser subordinadas a la unidad y al interés del Frente. Nadie podrá decir que nos dejamos deslizar alguna vez a la polémica grosera, y hasta se nos ha acusado de ser demasiado mansos, de que mientas nos tiraban flechas tratábamos de conservar la unidad y de que las contradicciones no se encres­ paran. Es que costó mucho crear el Frente, y tanto vale en el futuro del país que únicamente las clases dominantes y el imperialismo, que miran el Uruguay con horror porque el FA remueve y es ejemplo en América Latina, pueden desear su división, su frustración, o que se melle el filo de su presencia revolucionaria.

Como no volver a leerlo, Rodney Arismendi gran compañero, La vida nos dio grandes conpañeros, algunos hoy mantienen esa llama, los que no fuimos contemporaneos lo lamentamos y no lo olvidamos , Que placer tener grandes compañeros que luchan y lucharon por cambiar el mundo, no los dejemos solos. Salu´.




Anuncios
mayo 2018
D L M X J V S
« Abr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031