Archivo para 5/05/18

05
May
18

ley de riego en uruguay

La Ley de Riego: Calmar la ira de Tlaloc

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Los aztecas invocaban a Tlaloc -dios de la lluvia- para agradecerles por las buenas cosechas o implorarles en momentos de sequía. Esa parece ser la práctica que algunos sectores políticos plantean como alternativa cuando juntan firmas para un eventual plebiscito sobre la Ley de Riego.

En los últimos 10 años Uruguay cuatriplicó su producción agrícola. Pasó de tener 400.000 hectáreas a 1.600.000 hectáreas de producción y el riego representa unas 220.000 hectáreas (más o menos el 20% del total del área) en donde la mayoría de ella se lo llevan los arroceros.

En Uruguay llueve unos 1.300 litros por metro cuadrado al año, de la que el 40% se escurre por ríos, arroyos, cañadas; con suerte los mejores suelos en el Uruguay pueden almacenar 15 a 20 días de agua en el verano. Para “capturar” una parte de ese 40% de agua que se “escurre” son necesarias las represas (mini-represa) que permitan “almacenar” el agua de lluvia para utilizarla de forma más eficiente.

Las lluvias lamentablemente son intermitentes y en esta materia o podemos invocar a nuestro nombrado Tlaloc dios de la lluvia o aplicamos la tecnología que otros ya aplican para tener riego en tiempo y forma para mejorar nuestros rendimientos y productividad.

La ley de riego debería poner sobre la mesa esa palabra tan bonita denominada “competitividad” -muchas veces sin contenido- parecido a un dulce que apenas lo ponemos en la boca se nos evapora.

La competitividad es ser más eficientes, esto es ser más productivo, “hacer más y mejor” con los mismos recursos que tenía antes o incluso menos. Ser más competitivo no es aumentar el tipo de cambio como tozudamente lo plantean los autoconvocados; si el tipo de cambio se “fuerza” al alza, es una forma artificial de alcanzar mayores niveles de competitividad, en consecuencia de patas cortas y de malas consecuencias en el corto plazo.

Las claves del desarrollo productivo de un país para generar empleo y mayor calidad de vida de su gente son la inversión (que ha sido el ancla del motor económico de los gobiernos frenteamplistas) y la competitividad, léase como la capacidad de producir bienes y servicios en cantidad y a costos eficientes con el resto del mundo. Esta ley apunta a fortalecer ambas cosas.

La ley aporta mucho a la competitividad incentivando el riego en las actividades agropecuarias, a través de la construcción de embalses y represas.

Da un marco adecuado de facilidades para que productores, vecinos e inversores realicen estas inversiones, juntándose de forma de realizar un aprovechamiento de los recursos hídricos. En este sentido a través de las Sociedades Agrarias de Suelo y un marco de incentivos se abre la posibilidad de nuevas inversiones que generan un círculo virtuoso de trabajo y crecimiento, que ha sido el sustento de todos estos años. No solo el gobierno se juega a UPM como algunos dicen, también se trabaja en otras áreas para generar más y mejores oportunidades laborales.

Quienes critican la ley lo hacen desde dos cuestionamientos básicos; la cuestión medioambiental y la inconstitucionalidad a la luz del plebiscito del agua aprobado en el año 2004.

Las preocupaciones medioambientales son siempre legítimas, como pasa cada vez que el humano mete mano en la naturaleza para generar desarrollo, es la historia de la humanidad. Que las represas interrumpen el curso de los ríos transformando ríos en lagos, perdiendo biodiversidad fluvial, peces, monte ribereño, plantas acuáticas sustituidos por otros ecosistemas. Que si además hay fertilización agrícola excesiva las represas pueden agravar ese problema. El incremento de las floraciones algales tóxicas que pueden comprometer la calidad del agua y afectan diversas actividades humanas.

Son preocupaciones legítimas, pero es bueno tener en cuenta que esta ley no es huérfana; antes de ella está la Ley de Cuidado y Conservación de Suelos Agrícolas; la Ley de Ordenamiento Territorial (tan resistida pero de fundamental importancia) y la Ley Nacional de Aguas, que nacieron para evitar un desarrollo productivo a cualquier costo y para preservar el medio ambiente. Es posible que tenga dificultades de aplicación e implementación, pero afinar en esta línea de trabajo parece más saludable que el simple listado de problemas ambientales.

Una cosa es la preocupación ambiental que implica asegurarnos que el desarrollo productivo se realiza con estándares ambientales internacionales y alta tecnología que aminore el impacto sobre la naturaleza. Otra cosa es el fundamentalismo ambiental que aplicado en su concepción extrema nada es posible, ya que cualquier actividad que el hombre realiza la modifica. El proyecto de la era progresista no es vivir de la caza y de la pesca, sino transformar la sociedad con justicia social para obtener mayor calidad de vida para todos los uruguayos.

La ley viola el artículo 47 de la Constitución de la República afirman algunos. Luego acotan que se está “privatizando el recurso agua”.

Nadie hace leyes inconstitucionales porque si, o al menos eso quiero creer. En este caso se consultó al Instituto de Derecho Agrario de la Udelar y opinó que la ley era constitucional, aunque en esta última materia en caso de presentarse un recurso de inconstitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia quien tendrá la última palabra.

La política de aguas sigue absolutamente en manos del Estado, controlada por él y de acuerdo a la normativa que el país se da. OSE, el Ministerio de Ordenamiento Territorial y la Dirección de Aguas siguen comandando el barco con más facultades que antes. Se permiten inversiones para que una pequeña parte de las lluvias sea mejor aprovechada. Decir que eso es dejar el “agua en manos privadas o “del capital financiero trasnacional” parece un exceso.

De todas formas encontrar soluciones alternativas y modificaciones a la ley que “calmen” las críticas recibidas parece el mejor camino, antes de ingresar en un proceso plebiscitario que si bien tiene escasas posibilidades de éxito, dejan en suspenso la aplicación de la ley. Eso es tiempo paralizado, tiempo que ni el Uruguay ni el mundo tienen, el contexto internacional cambia a ritmo vertiginoso y no ir al mismo ritmo es un riesgo importante que no conviene asumir. Se paga con retraso en la competitividad del país a lo que le sigue pérdidas de fuentes laborales.

Calmemos la ira de Tlaloc, él vería con buenos ojos la ley de riego. No tendría tanto trabajo y demandaría menores ofrendas y sacrificios.




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