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Lacalle pou, el peón de la restauración neoliberal

La contaminación de la epidemia neoliberal

Por: Hugo Acevedo, Analista

La draconiana reforma laboral aprobada por el Congreso de Brasil, sumada a la salvaje escalada neoliberal registrada en la Argentina de Macri, comporta una señal de alerta para los electores uruguayos, particularmente para los desencantados.

No en vano la propuesta de la derecha uruguaya -que aspira a desplazar del gobierno al Frente Amplio en 2019- coincide, en lo sustantivo, con el programa aplicado por el cuestionado presidente brasileño Michel Temer en su país.

Como es notorio, el mandatario usurpador está ocupando el despacho central del Palacio de Planalto, luego del golpe de Estado que provocó la destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff.

Obviamente, la plataforma de cambios aplicada por el Partido de los Trabajadores permitió sacar a 28 millones de brasileños de la pobreza y abatió en un 75% la indigencia y la marginación, construyendo un modelo de sociedad que conjuga el desarrollo con la equidad.

En ese contexto, la remoción de Rousseff -bajo la falaz acusación de haber maquillado las cuentas públicas- fue la primera etapa del plan desestabilizador de la derecha oligárquica para abolir literalmente los avances en materia de igualdad y reinstaurar el neoliberalismo en el país.

La reforma laboral -que es resistida por la inmensa mayoría de los brasileños- es una nueva etapa del desmantelamiento de una de las más importantes experiencias de transformación política, económica y social de la historia de nuestro continente.

Por supuesto, fue votada en el parlamento por los aliados estratégicos de Temer, los mismos que han cerrado filas para sostenerlo en el cargo, pese a las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.

Previamente, el gobierno, con el aval naturalmente del Poder Legislativo, ya había homologado la congelación del gasto público en términos reales durante diez años prorrogables a otros diez, lo cual afectará o reducirá al mínimo las inversiones, la generación de empleo, el presupuesto de educación y el de salud.

Esta medida –vaya casualidad- también coincide con las demandas de la derecha uruguaya y de sus socias, que son las cámaras empresariales vernáculas.

Ese sólido bloque conservador ha reclamado permanentemente un abatimiento del presupuesto del Estado uruguayo, que, en caso de concretarse, afectaría seriamente a las políticas sociales.

La reforma laboral brasileña -que es parte de una estrategia regional de los gobiernos neoliberales- supone un radical retroceso de más de sesenta años, que retrotrae a Brasil a antes de las transformaciones promovidas por el líder populista y ex presidente Getulio Vargas.

El nuevo esquema de relaciones laborales, que se caracterizará por el libertinaje de mercado, prevé la caída de la negociación salarial colectiva por rama de actividad, la cual fortalecía sustantivamente el poder negociador de los trabajadores.

En ese contexto, en el futuro los empresarios podrán acordar directamente con su personal, tanto los montos de los salarios como las condiciones de trabajo.

Una de las prerrogativas más polémicas es que se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, pero ya no mensual. En efecto, el empleador convocará al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le informará cuál será la jornada de trabajo.

Además, quedarán fuera del área de negociación temas tan sensibles como el salario mínimo, el aguinaldo, las horas extra, la licencia por maternidad y las normas de seguridad.

Incluso, los capitalistas podrán hacer valer cláusulas mucho más flexibles, pactar sueldos a la baja, así como horarios de trabajo, tiempos de descanso, asuetos y hasta la división de las licencias, acorde a las necesidades de las unidades productivas. En ese marco, se podrán establecer jornadas laborales de hasta doce horas.

Otro aspecto revulsivo de la reforma es la cancelación de la obligatoriedad de los aportes a los sindicatos, lo cual constituye un artero ataque a las organizaciones que representan a los trabajadores.

Una de las claves de este cambio radical es una norma que permite a los empresarios tercerizar sus actividades, barriendo literalmente con los derechos adquiridos por los obreros de planta.

Además, la nueva legislación prevé agilizar sustantivamente los trámites de contratación y despido de personal, lo cual horadará las garantías con las que cuenta la clase trabajadora.

Obviamente, mientras los sindicatos resisten este paquete de medidas de desregulación, el empresariado en su conjunto ha celebrado alborozadamente la sanción de la ley.

Lo realmente inquietante es que la reforma promovida por el gobierno ilegítimo de Temer y sancionada por el congreso, es casi idéntica al programa de gobierno de los lemas tradicionales, particularmente del Partido Nacional.

Al igual que en el vecino país, en Uruguay también las cámaras empresariales constituyen un importante grupo de presión, que reclama la restauración del esquema de desregulación laboral que rigió desde 1990 a 2004 inclusive, durante los gobiernos blanqui-colorados.

Esa tendencia a privilegiar al mercado se acentuó en la década del noventa -en el marco de la ofensiva neoliberal – con una profundización del modelo concentrador.

En ese marco, el gobierno nacionalista encabezado por Luis Alberto Lacalle suspendió en 1990 la convocatoria de los Consejos de Salarios, dejando el mercado de trabajo librado al mero juego de la oferta y de demanda.

En ese contexto de desregulación y en algunos casos de flexibilización y precarización laboral con absoluta prescindencia del Estado, cayó o se congeló el nivel de retribuciones de los asalariados y también el número de adherentes cotizantes a las organizaciones sindicales.

En efecto, esa situación de absoluta indefensión y falta de derechos generó reticencias en la masa trabajadora, que en muchos casos no se afiliaba gremialmente por temor al despido y otras eventuales represalias patronales.

También estaba acotado el poder de negociación de los trabajadores, en un escenario de flagrante asimetría de las relaciones laborales en el cual el sector empleador ostentaba una posición de privilegio.

Esa situación de grosera asimetría prosiguió durante los gobiernos de coalición de colorados y blancos encabezados por Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle.

Un eventual triunfo de la derecha en las próximas elecciones devendría, entre otras medidas anti-populares, en la drástica modificación de la Ley de Negociación Colectiva salarial implantada por los gobiernos del Frente Amplio -mediante la cual los sueldos crecieron más de un 50% en términos reales- acorde con las demandas del gran capital.

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