03
Jun
17

latinos en los eeuu

La comunidad inmigrante en EU “preparándose para lo peor”

escribe: Jaime Hernández

En un ambiente de terror, la comunidad inmigrante se prepara para lo peor. Foto/AP

Claudia Rueda, una inmigrante de origen mexicano que llegó con sólo 5 años a Estados Unidos, salió la semana pasada de su casa en la zona de Boyle Hights, en el Este de Los Angeles, cuando apenas despuntaba el sol.

Era jueves, el día en que pasa la barredora de la limpieza y por ello se apresuró a mover el coche de su madre de una zona prohibida.

Desde entonces, los familiares de Claudia no han sabido mucho de ella. Sus amigos y seres queridos se han enfrascado en una desesperada batalla para evitar su deportación desde un centro de detención en Otay Mesa, a sólo unos metros de Tijuana.

Los extraños detalles de su captura, con agentes de la patrulla fronteriza actuando muy lejos de su habitual teatro de operaciones, han causado la alarma y la preocupación de las autoridades municipales y de numerosas organizaciones defensoras de la comunidad inmigrante en medio de una indiscriminada oleada de redadas y deportaciones.

La jurisdicción y límites de actuación de la patrulla fronteriza es de poco más de160 kilómetros desde la frontera con México.

Aunado a ello, la negativa del alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, a colaborar con las órdenes ejecutivas de Donald Trump para arrestar a inmigrantes indocumentados dentro de los límites de la más importante ciudad santuario en EU, ha disparado las señales de alarma.

Hasta ahora, la comunidad inmigrante se sentía relativamente segura en la ciudad de Los Angeles. Pero la captura de Claudia Rueda ha llegado para terminar con esa tranquilidad.

POSIBLE VENGANZA

Pero si la detención de esta universitaria de 22 años ha sido extraña, más sorprendente es el tiempo de su captura a manos de un comando de la patrulla fronteriza que, al parecer, la tenía en la mira.

Hacía apenas unos días atrás, Claudia había celebrado entre lágrimas la libertad de su madre, Teresa Vidal-Jaime, detenida erróneamente durante un operativo anti narcóticos el pasado mes de abril.

Su liberación se produjo luego de una intensa campaña organizada por esta joven estudiante de la Universidad Estatal de California en la que recurrió a marchas, concentraciones, llamados a través de las redes sociales y peticiones de urgencia a líderes políticos y activistas defensores de la comunidad migrante.

Tras la victoria de Claudia, nadie imaginaba que las represalias de la patrulla fronteriza llegarían en forma de arresto y traslado inmediato a un centro de detención en la frontera con México.

A sus 22 años, Claudia era candidata al programa de Acción Diferida (DACA) que aprobó el presidente Barack Obama en junio de 2012. Sin embargo, la falta de recursos le impidió inscribirse en el primer pelotón de casi 800 mil Dreamers que han cifrado sus esperanzas en este programa y buscaba la oportunidad para adherirse a este programa de acción diferida en cuanto tuviera oportunidad.

Hoy, esa posibilidad se encuentra en entredicho.

“Esto tiene todo el aspecto de una represalia. Y eso es muy preocupante porque a partir de ahora muchos de nosotros, que participamos en la defensa de nuestros amigos o familiares, tenemos que andarnos con mucho cuidado”, aseguró Claudia Bautista, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la comunidad migrante ha tenido que ajustarse a una nueva realidad. A una nueva era de persecución lo más parecido a una guerra de baja intensidad.

A una oleada de arrestos indiscriminados que, por primera vez, afectan a inmigrantes sin antecedentes criminales, pero que han permanecido en las sombras durante varias décadas.

USO DE TACTICAS CONTRATERRORISTAS

Por si fuera poco, la comunidad migrante también es hoy objetivo de una intensa cacería con recursos que los cuerpos policiales y las agencias de inteligencia solían utilizar hasta hace poco contra células terroristas.

Según un reporte del diario The Detroit News, agentes federales de ICE han utilizado tecnología de nueva generación para localizar a sospechosos o para bloquear el uso de sus teléfonos celulares.

Estas herramientas, conocidas en el argot policial como “Hailstorm” o “Sting gray” simulan una torre repetidora para señales de teléfono celular que bloquea e intercepta la transmisión y la base de datos de esos aparatos.

Su uso sólo esta permitido mediante la autorización de un juez.

En marzo pasado, esta tecnología sólo requerida para localizar y detener a terroristas, fue utilizada para arrestar a Rudy Carcamo Carranza, un inmigrante de origen salvadoreño de 23 años que había reingresado por tercera ocasión a EU y se había instalado en la ciudad de Detroit.

El uso de este tipo de tecnología contra inmigrantes indocumentados ha sido duramente criticada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA) que ha cuestionado el uso de “tecnología de vigilancia muy invasiva.

“Es lamentable el uso de este tipo de tecnología para engrasar la maquinaria de arrestos y deportaciones de la administración Trump”, consideró Nathan Wessier, abogado de UCLA.

“El uso de este tipo de estrategias (y herramientas) para acorralar a inmigrantes, entre ellos muchos sin antecedentes criminales, es una locura”, consideró Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antinarcóticos de EU y uno de los más reconocidos expertos en materia de seguridad a nivel hemisférico.

“Este tipo de estrategia, que distrae recursos y personal para perseguir a inmigrantes indocumentados, mientras los criminales y los terroristas siguen siendo la principal amenaza para la seguridad nacional, es una locura”, añadió Vigil al lamentar que la administración Trump haya decidido elevar el listón de una campaña de redadas contra “gente que sólo ha venido a Estados Unidos para prosperar”.

PREPARÁNDOSE PARA LO PEOR

En medio de este ambiente de persecución que hoy aterroriza a la comunidad migrante en estados como Texas, Illinois o California, un nutrido grupo de líderes comunitarios y activistas de distintas organizaciones defensoras de la causa inmigrantes, se han dado cita el próximo mes de junio en la ciudad de Chicago para discutir una estrategia a nivel nacional ante esta nueva oleada de redadas, arrestos y remociones.

“Tenemos que prepararnos para lo peor. Y tenemos que discutir la estrategia de una pelea que tendrá que ir por varios caminos. Por ejemplo, en el frente presupuestal, donde la administración plantea la aprobación de 50 mil millones de dólares para el próximo año fiscal para contratar a más agentes policiales y para reforzar a los cuerpos de la patrulla fronteriza y seguridad interior”, aseguró Angélica Salas, de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes en California (CHIRLA).

“Tenemos cada uno de nosotros desafíos a nivel estatal. Por ejemplo en el Estado de Texas, donde la situación es muy alarmante. Ahí se esta produciendo un ataque a los derechos humanos de la comunidad latina. Es una cosa horrible con la SB4.

“Y así como tuvimos que sumar fuerzas en el pasado en estados como Arizona, con la iniciativa SB1070, hoy tenemos que cerrar filas a nivel nacional para enfrentar el ataque frontal que sufre nuestra comunidad en Texas”, añadió Salas en alusión a la ley que entrará en vigor el próximo mes de septiembre para convertir a la comunidad hispana en objetivo de una de las leyes anti inmigrante más infames en la historia de ese Estado.

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