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May
17

militares fascistas y nostálgicos en uruguay

El terrorismo verbal de militares retirados

escribe: Hugo Acevedo

La sentencia de la jueza penal Blanca Rieiro, quien absolvió al ex comandante en Jefe del Ejército, general (r) Raúl Mermot, del cargo de “apología del delito”, comporta un hecho realmente controvertido que habilita más de una reflexión relacionada con las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura liberticida.

En efecto, durante la conmemoración del “Día de los caídos en defensa de las instituciones democráticas” -que ya no es una celebración oficial sino privada de los militares nostálgicos- el Presidente del Círculo Militar, Raúl Mermot, pronunció polémicas declaraciones que ameritaron una solicitud de procesamiento por parte de la fiscalía.

En la oportunidad, calificó de “venganza” el procesamiento del militar Rodolfo Álvarez y -en un intransferible tono de arenga- convocó a “no olvidar quién tiró el primer disparo: los tupamaros, muchos de los cuales dirigen el país”.

Al respecto, acusó al gobierno de “persecución”, en directa alusión a los efectivos castrenses procesados por delitos cometidos durante el régimen autoritario. “Recordamos al personal nuestro que está detenido injustamente, muchos ya fallecidos en prisión. Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del ex comandante en Jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas Álvarez, a quien los tupamaros mataron en el ‘72”.

Luego y en una actitud inequívocamente amenazante que no debería ser pasada por alto, el jerarca militar proclamó: “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así”.

No satisfecho con tanto terrorismo verbal, consideró que “hay algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional, gente que sin dudas pasó mal, que procuraba hacer cosas que no se debían hacer”.

No obstante, lo más grave fueron sus reflexiones en torno al trato inhumano al cual fueron sometidos los presos de conciencia en los establecimientos castrenses, aun antes de consumado el golpe de Estado. Al respecto, Mermot reconoció que “hubo excesos. Me consta, en lo personal, que nunca estuve en una sesión de tortura, pero no confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio, torturas no hay”.

Realmente, no sabemos, a ciencia cierta, la diferencia entre “apremios físicos” y torturas y tampoco lo sabe la magistrada actuante. ¿Cuál es realmente la frontera entre un método y otro, para lograr la supuesta confesión de un preso privado de las garantías que otorga el estado de derecho en un sistema democrático y en cambio no otorga una dictadura?

Además, Mermot se refirió al “apremio físico” como un procedimiento para que el preso “se canse y pueda hablar”. Ese eufemismo, en buen romance, alude subliminalmente a una práctica de tortura.

Realmente, la jueza Blanca Rieiro no procedió con la necesaria sensibilidad en un tema que aun remueve a la sociedad uruguaya, por la persistencia de la impunidad de decenas de casos de violación a los derechos humanos. No en vano, según el Observatorio Luz Ibarburu, sólo el 3% de las 307 denuncias penales tiene sentencia.

Aunque se trate de situaciones radicalmente diferentes, resulta insólito que en un país donde recientemente se procesó a tres jugadores de fútbol por una riña menor en una cancha, se absuelva a un militar que denostó públicamente a dos poderes del Estado.

Incluso y más allá que la fiscalía apeló la sentencia, de las expresiones de Mermot se infiere complicidad en “apremios físicos”, reconocida por él mismo. En ese contexto, la Justicia debiera abrirle un expediente de oficio por “coautoría”.

Como se recordará, el año pasado, el inquietante pronunciamiento público del coronel (r) Ruben Hartmann, ex edil suplente del Partido Nacional por el departamento de Florida luego de haber renunciado a dicha condición, puso nuevamente en tela de juicio la actitud de algunos miembros de la denominada “familia militar” con respecto al sistema democrático.

En efecto, durante un discurso pronunciado en el marco de un homenaje al general José Artigas tributado por retirados militares, el oficial –quien fue sancionado por el Ministerio de Defensa Nacional- se solidarizó con los represores presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

A su entender, el estamento castrense enfrenta una campaña de “revanchismos y rencores”, afirmando –en subliminal alusión al gobierno y particularmente al Poder Judicial- que “creen que las Fuerzas Armadas no tienen más derecho que el de soportar la humillación y el menosprecio de la sociedad”.

Al culminar su oratoria expresó: “Firmes y dignos, que esta consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y, por ahora, empezamos a volver”.

Ese “empezamos a volver” -que tiene un talante enigmático- es el que provocó tímidas reacciones de condena a nivel de la clase política y ulteriormente precipitó la renuncia del militar como curul suplente de la Junta Departamental floridense.

Asimismo, en 2105, el denominado Foro Libertad y Concordia, cuyos integrantes son militares retirados, lanzó una andanada de denuestos contra el Poder Judicial, continuando la ofensiva iniciada por el sancionado general ® Wile Purtscher y el presidente del Centro Militar, Coronel ® Guillermo Cedrés.

En esa oportunidad, denunciaron supuestas “arbitrariedades judiciales” y se permitieron cuestionar a la Justicia por las condenas del general Miguel Dalmao y del militar José Chialanza -fallecidos en la cárcel- quienes fueron imputados por el asesinato de la militante Nibia Sabalsagaray, en 1974.

También afirmaron que padecen una “condena social” sin precedentes y que han soportado “las peores trasgresiones al derecho en los amañados juicios” sustanciados en los gobiernos frenteamplistas.

Por supuesto, defendieron al general ® Wile Purtscher, quien amenazó públicamente a dos magistrados, responsabilizándolos por el fallecimiento de Dalmao, al cual insólitamente calificó de “asesinato”.

En función del antecedente histórico de avalar la impunidad con la sanción y ulterior defensa de la ominosa Ley de Caducidad, no sorprende que la derecha uruguaya no se pronuncie sobre estas manifestaciones anti-democráticas.

La clase política no debería permanecer indiferente ante esta nueva modalidad de terrorismo verbal practicada por los militares en situación de retiro, que tiene una indisimulada connotación golpista.

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