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Abr
17

uruguay avanza …

Reducción de inequidades democratiza al país

escribe: Hugo Acevedo, Analista

La radical reducción de la tasa de pobreza, que entre 2005 y 2016 cayó a menos de la cuarta parte, comporta tal vez el logro más significativo desde el comienzo del ciclo progresista y un avance de reales proporciones en la recuperación de la dignidad de miles de uruguayos.

No se trata obviamente de una mera referencia estadística, por cuanto en el período analizado abandonaron la condición de pobres unos 950.000 uruguayos, lo cual equivale a poco menos de un tercio de la población total del país y a quince veces la capacidad colmada del Estadio Centenario.

Es una auténtica multitud, que emergió de la pesadilla de la miseria merced a una amplia batería de medidas, que mixturan diversas herramientas asistenciales con políticas activas focalizadas, de promoción del empleo y de desarrollo humano integral.

Contemporáneamente, la tasa de pobreza a nivel nacional, según un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística de 2016, alcanza al 9,4% de la población, cuando en 2005 era casi del 40%.

En tanto, la indigencia, que hace 12 años era del 5%, afecta únicamente al 0,2% de los uruguayos.

Cabe resaltar que el método científico mediante el cual se construyen estos indicadores, considera pobre a una persona que vive en un hogar cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En tanto, indigente es aquel que no logra colmar ni siquiera sus necesidades alimenticias.

Actualmente, los umbrales de pobreza medidos por monto de ingresos han variado radicalmente con respecto a lo que sucedía hace doce años, lo cual no deja de ser auspicioso.

En efecto, en Montevideo es considerada pobre una familia con ingresos inferiores a los $ 30.161 y, en el Interior, un núcleo familiar que no alcanza a los $ 20.397. En 2005, el umbral de una familia pobre era de poco más de $ 5.000, seis y cinco veces menos respectivamente.

Este criterio, que es obviamente cualitativo, comporta también un radical cambio en la sensibilidad con la que se observa la pobreza como fenómeno social que aun afecta a miles de compatriotas.

Empero, otro dato sugestivo de la realidad es la reducción de la inequidad medida estadísticamente, comparando el ingreso medio per cápita del 10% de los hogares más ricos con el del 10% más pobre. En efecto, mientras en 2006 el 10% más rico ganaba 17,9 veces más que el 10% más pobre, hoy ese ratio es de 11,3 veces.

Por supuesto, la información del INE, donde trabajan calificados técnicos cuya idoneidad y probidad jamás fue puesta en tela de juicio, no ha sido desmentida ni cuestionada.

Además, está también avalada por organismos internacionales, que destacan recurrentemente a nuestro Uruguay como una de las sociedades más justas de la región.

Si bien este cambio se operó en un contexto de sostenido crecimiento de la economía en el período 2005-2014, lo realmente crucial fueron las políticas estatales de talante inclusivo tendientes al abatimiento de buena parte de las asimetrías sociales heredadas de los gobiernos de derecha.

En este caso, la clave fue la voluntad política de comenzar a corregir esas disfuncionalidades, más allá de eventuales contextos económicos favorables y del mentado viento de cola que tanto menciona el bloque conservador.

No en vano, el año pasado, otros 9.200 uruguayos dejaron de tener sus necesidades básicas insatisfechas con relación a 2015, en un marco de desaceleración económica global y regional y de crecimiento moderado del Producto Interno Bruto.

Tal vez el hito fundamental de este proceso a largo plazo sea la creación del Ministerio de Desarrollo Social, destinado inicialmente a atender la emergencia social originada en la recesión iniciada en 1999 y en la devastadora crisis de 2002.

En efecto, esta Secretaría de Estado, que fue fundada a instancia del primer gobierno del Frente Amplio, constituyó una pieza fundamental en el ciclo de reversión del dramático empobrecimiento de la población.

Inicialmente, a su cargo estuvo la implementación del denominado Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social, que permitió, entre otros logros, construir un minucioso mapa del tejido social, con el propósito de atender las necesidades más perentorias de la población en situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, el Mides coordina acciones, planes y programas sectoriales, a los efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación.

Por supuesto, el nuevo paradigma es la promoción de la inclusión y la integración, acorde con el precepto que establece el artículo 8 de la Constitución de la República, que reza: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

Este mandato -que es tan irrenunciable como insoslayable para el Estado- fue burdamente ignorado durante los gobiernos excluyentes integrados por colorados y blancos.

Parece insólito que quienes arrasaron el país y lo pusieron de rodillas hace apenas quince años, consideren que las administraciones del Frente Amplio han constituido una década perdida.

Para sostener su discurso, que además de ser falaz está absolutamente escindido de la realidad, la derecha cuenta naturalmente con la complicidad de los medios masivos de difusión, que siempre han sido funcionales a sus intereses.

Si bien es innegable que todavía subsisten bolsones de pobreza y marginación que deberían ser corregidos, ignorar olímpicamente estas mejoras es una actitud de intolerante exacerbación.

Evidentemente, aun existe margen para seguir avanzando en el abatimiento y la erradicación de la pobreza, que sigue siendo el principal problema de la sociedad uruguaya, por más que esté casi ausente del debate político y de las encuestas de opinión pública.

No será fácil lograrlo en un país con economía de mercado, donde la lógica del modelo capitalista concentrador es la mayor fuente reconocida de desigualdades.

En un país dividido en bloques ideológicos consolidados con escaso margen de entendimiento, no parece demasiado factible arribar a consensos ni a políticas de Estado para continuar reduciendo la brecha entre las clases sociales, que sigue siendo escandalosa.

Por supuesto, si hay un indicador que mide el nivel de desarrollo de una sociedad es la equidad y la igualdad de oportunidades, para todos los integrantes del colectivo.

Ese es el gran desafío que a todos nos compromete, para que la palabra democracia no sea un mero sustantivo abstracto y la dotemos de real contenido.

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