Archivos para 1/04/17

01
Abr
17

uruguay y el trabajo

La inmoral estafa de la evasión impositiva

escribe: Hugo Acevedo, analista

La detección de más de 200.000 trabajos no declarados en diversos sectores del aparato productivo nacional, revela hasta qué punto el capital sigue estafando desembozadamente al Estado y a sus propios trabajadores.

S bien la tasa de evasión en nuestro país cayó del 37,39% registrado en 2004 (más de 450.000 trabajadores) al 17,95% en el presente, lo que equivale a menos de la mitad, aun sigue siendo significativa.

Por supuesto, este período que abarca algo más de 10 años, tuvo un crucial punto de inflexión con la primera década del gobierno progresista, que supuso la reactivación del mercado de trabajo, el incesante aumento de la cantidad de cotizantes a la seguridad social y la consiguiente mejora de los mecanismos de control por parte del Banco de Previsión Social.

En ese contexto, uno de los logros más significativos fue la drástica reducción de los altísimos niveles de informalidad, que habían sido moneda corriente en el modelo neoliberal de abierta desregulación y precarización que caracterizó a los gobiernos de derecha gestionados por colorados y blancos.

Ese cambio de tendencia -que no fue casual sino causal- tuvo su correspondiente correlato en la mejora de la recaudación, que creció a más del doble entre 2005 y 2014.

Obviamente, las principales fuentes de este fuerte incremento fueron los aportes obreros y patronales devengados de los aumentos salariales pactados en el marco de la revivida negociación colectiva y el crecimiento exponencial del número de trabajadores cotizantes.

En efecto, sólo en el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2009) fueron creados más de 200.000 empleos, lo cual permitió abatir radicalmente la alta tasa de desocupación heredada de los gobiernos conservadores a menos de la mitad y, por consiguiente, mejorar sustantivamente los ingresos del BPS.

Empero, según un reciente informe del Banco de Previsión Social cerrado al 2015, la cantidad de trabajadores “en negro” sigue siendo un auténtico problema y un desafío para los organismos fiscalizadores estatales.

Este fenómeno -que es naturalmente multicausal- tiene su génesis en factores por supuesto de índole económica pero también cultural, en tanto la evasión es una práctica fuertemente arraigada en buena parte del empresariado uruguayo.

En efecto, el mercado laboral es, sin dudas, uno de los más duros y enconados territorios de disputa entre el capital y el trabajo, en una antagónica dualidad que se remonta al origen mismo de las relaciones de dependencia entre patronales y empleados rentados.

Allí subyacen algunas de las peores rémoras del modelo capitalista concentrador, que confrontan a un empleador obsesionado por equilibrar sus economías y por acumular con un trabajador que lucha por sobrevivir en condiciones muchas veces adversas.

Esa sempiterna disputa se radicaliza aun más en períodos de crisis o de enlentecimiento económico, cuando la demanda de trabajo supera a la oferta, lo cual baja estrepitosamente el costo de la mano de obra asalariada.

Habitualmente, la primera variable de ajuste es el salario y luego el propio puesto de empleo, recurrentemente jaqueado por los humores de los mercados locales y también los globales.

Resulta obvio que, para el empresariado, los asalariados son mera fuerza de trabajo y piezas del engranaje del aparato productivo, susceptibles, si es menester, de ser eliminadas.

Sin embargo, en ese azaroso territorio de inestabilidad signado por las inmutables reglas de un sistema sin dudas perverso, prevalece la mezquindad del capital sobre la necesaria sensibilidad.

Más allá de eventuales coyunturas problemáticas, que por cierto las hay, los aportes no vertidos a las arcas del Estado son también parte del abultado déficit acumulado por el BPS, que, según se estima, este año treparía a los 500 millones de dólares.

Por supuesto, esta diferencia entre ingresos y egresos debe ser solventada por dineros públicos de Rentas Generales y, por ende, por la sociedad en su conjunto.

Según lo informado a medios de prensa por el propio presidente de la institución, Heber Galli, las 10.000 fiscalizaciones concretadas en 2016 permitieron detectar un 60% de situaciones irregulares, que, luego de las inspecciones, comenzaron a ser regularizadas.

La elocuencia de esas cifras puntuales y de la aun significativa tasa de evasión global, suele tener una escasa visibilidad mediática aunque sea un problema social de proporciones que a todos nos interpela y desafía.

Ellas revelan un estado de situación que ciertamente dista de ser el ideal, en un país que, por lo menos en lo teórico, proclama su aspiración de avanzar hacia la excelencia.

Tampoco se escuchan las voces de la oposición denunciando estas ilegalidades, lo cual no deja de ser una actitud de complaciente obsecuencia con un sector privado que, en algunos casos, opera con absoluta impunidad y hasta al margen de la ley.

En tal sentido, resulta hasta irrisorio que blancos y colorados se rasguen las vestiduras y reclamen que nuestra educación pública emule a la de Finlandia.

En ese país nórdico, que es radicalmente diferente al nuestro en más de un sentido, el sistema educativo está en directa sintonía con la idiosincrasia de los ciudadanos.

Por ejemplo, la evasión impositiva es una suerte de pecado capital unánimemente condenado, porque existe una muy arraigada cultura de pagar impuestos para que estos luego sean invertidos en desarrollo económico, social y humano.

Se trata de una sociedad con un sistema laboral paradigmático, en el cual los trabajadores son protegidos como señoritas. No en vano disfrutan de largas licencias, descansos durante la propia jornada de labor y hasta de años sabáticos para mejorar su capacitación, incluso en el sector privado.

Otro tanto sucede con la seguridad social, que es financiada en un 50% por el Estado, en tan sólo un 11% por los trabajadores y en un 38% por los empresarios.

En una nación como Uruguay, donde el alto empresariado exige permanentes rebajas de sus aportes a la seguridad social y hasta su virtual eliminación, este criterio jamás funcionaría.

Contrariamente a lo que sucede en nuestro país, en Finlandia hay también una fuerte imposición a las ganancias y a las rentas de capital, lo cual también sería inadmisible e indigerible para nuestra voraz oligarquía nativa.

Antes de demonizar al Estado y demandar medidas de austeridad y la reducción del gasto público -una bandera histórica del neoliberalismo- los propietarios de los medios de producción deberían revisar sus propias conductas para poder parecerse en algo a sus colegas finlandeses.




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