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Mar
17

cambio Nelson y el partido colorado

De aquellos polvos vinieron estos lodos

escribe: Hugo Acevedo, Analista

 

El descomunal latrocinio perpetrado por el dirigente colorado fernandino Francisco Sanabria -propietario de las once sucursales del hoy clausurado Cambio Nelson y de otras poderosas empresas- conmueve profundamente al sistema político nacional, particularmente por el destacado rol que éste desempeñaba en la centenaria colectividad fundada por Fructuoso Rivera.

Lo cierto es que el sorpresivo cierre de las instituciones financieras de las cuales es propietario Sanabria y su ulterior fuga con destino desconocido para no enfrentar sus responsabilidades penales, ya que sobre él pesa un pedido de captura internacional por múltiples acusaciones, pusieron punto final al poder de la dinastía encabezada por su padre, el extinto ex senador forista Wilson Sanabria, fallecido en 2015.

Como es notorio, el progenitor del ahora imputado era un dirigente de primera línea muy cercano al dos veces presidente de la República Julio María Sanguinetti y también uno de los hombres más ricos del país.

El inconmensurable poder económico de Sanabria padre fue la plataforma de lanzamiento de la carrera política de su hijo Francisco, quien, pese a su juventud, logró escalar rápidamente posiciones en la interna colorada hasta erigirse en Secretario General y en referente partidario en el departamento de Maldonado.

Lo concreto es que, con su partida, Sanabria ha dejado un tendal de damnificados entre acreedores y ahorristas, en lo que, según se especula en ámbitos judiciales, sería una maniobra fraudulenta cuyo monto oscilaría entre los 12 y los 15 millones de dólares.

Por supuesto, otros afectados con el cierre de las empresas son los trabajadores de las once agencias de Cambio Nelson y los de una empresa de transporte de la cual era accionista Sanabria, que sumarían dos centenares.

Como si no fuera suficiente, la Justicia indaga ahora un probable delito de lavado de activos al cual también podría estar vinculado el fugado ex dirigente colorado.

En efecto, no se trata de un militante de segundo orden en la interna partidaria sino de un referente, quien no es vano era -hasta su compulsiva renuncia- Secretario General del partido en el departamento de Maldonado.

También era suplente del diputado y secretario general del PC Germán Cardoso, quien es miembro de Vamos Uruguay y mano derecha del líder sectorial, senador y ex candidato presidencial Pedro Bordaberry.

Su visibilidad está plenamente corroborada por varias fotos difundidas en las redes sociales, en las cuales Sanabria aparece abrazado con Cardoso, Bordaberry y otros dirigentes.

Por más que los delitos que se le imputan fueron cometidos en el ámbito privado, se sabe que con su fortuna personal ha participado en la financiación de las campañas electorales en el ámbito departamental y tal vez en otras actividades proselitistas de su fuerza política.

Se trata, a todas luces, de un golpe terminal para el ya devaluado Partido Colorado, que, aunque sus dirigentes se hagan los distraídos y anuncien la expulsión de Sanabria de filas partidarias, tiene una innegable responsabilidad.

Tal cual lo expresó el propio diputado Fernando Amado, líder del crítico sector Batllistas Orejanos, “en el partido eran vox populi -lo decía el propio Pedro, las sufría Germán Cardoso- las prácticas mafiosas de Francisco Sanabria”.

Según el legislador, que ha mostrado posturas antagónicas a la conducción oficial del PC y suele formular fuertes cuestionamientos a la conducción del propio Bordaberry, “la elección del 2009 fue una guerra salvaje en Maldonado. Cuando faltaba plata para algo siempre se recurría a Sanabria o a Magurno, eso no es nuevo. Lo que a mí me indigna es la sorpresa. Está todo documentado, porque Bordaberry lideró por mail. Oportunista sería el silencio cómplice”.

Las acusaciones públicas de Amado, que no han sido desmentidas con argumentos sólidos ni sustentables, corroboran que el Partido Colorado tendría pleno conocimiento de las actividades de Sanabria.

Ahora, de nada vale rasgarse las vestiduras e intentar salpicar el escándalo a otras fuerzas políticas, parangonándolo a las denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de Ancap que están siendo procesadas en el ámbito judicial y cuyo desenlace será determinado por las investigaciones en curso.

Aunque el caso Sanabria no ha provocado ningún daño patrimonial al Estado, igualmente pone en tela de juicio la credibilidad del Partido Colorado, que, desde que es liderado por Pedro Bordaberry, ha intentando posicionarse como un cuestionable ejemplo de ética y probidad.

En ese contexto, no ha dudado en erigirse en censor del oficialismo frenteamplista, lanzando acusaciones de corrupción a diestra y siniestra que carecen del indispensable sustento de la prueba.

Con esa actitud, la centenaria colectividad ha intentado vanamente recuperar terreno luego de tres estrepitosos fracasos electorales, en un escenario político que lo tiene como una fuerza política cuasi marginal de la añeja derecha vernácula.

Tampoco es fácil borrar de un plumazo una oscura historia de corrupción en el ejercicio de la función pública, que suma más de una decena de procesamientos: los ex presidentes del Banco Hipotecario del Uruguay, Salomón Noachas y Julio Kneit, los ex directores del BHU, Norberto Sanguinetti y Jorge Conde Montes de Oca, el ex vicepresidente de OSE Juan Justo Amaro, los también ex vicepresidentes de dicho organismo Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, el ex intendente de Artigas Carlos Signorelli, el ex jefe comunal de Maldonado Benito Stern, el ex director de Aduanas Víctor Lissidini y el ex secretario privado de Julio María Sanguinetti, Ernesto Laguardia.

Por supuesto, aunque a menudo la memoria colectiva es frágil, nadie olvida tampoco la responsabilidad directa del PC en la devastadora crisis económica y social de 2002, que generó un agujero negro que multiplica por diez el déficit de Ancap.

Obviamente, el descalabro fue generado por la quiebra del sistema financiero, el colapso del aparato productivo, el vaciamiento de los bancos Montevideo y Comercial, una desocupación de dos dígitos, la pérdida de un tercio en el poder de compra de los salarios y las pasividades y una dantesca tasa de pobreza del entorno del 40%.

Todos estos desastres -que le provocaron un daño irreparable al país y de los cuales también es responsable el Partido Nacional, que integró sendos gobiernos de coalición- jamás fueron investigados ni dirimidos en los estrados judiciales, por falta de voluntad política o por mera molicie.

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