08
Nov
16

uruguay y la seguridad

¡Proyecto equivocado, innecesario y peligroso!

escribe: Dr. Charles Carrera Leal / Director general de Secretaría del Ministerio del Interior

 

Hace unos días culminamos nuestra séptima interpelación. En la exposición, el ministro afirmó que resulta necesario que se hable en serio en materia de seguridad, sin recurrir a facilismos ni a discursos demagógicos. A su vez, hizo hincapé en la construcción de un relato del miedo por parte de algunos miembros de la oposición.

De manera llamativa y demostrando con creces las afirmaciones antedichas, el senador Lacalle Pou junto a otros senadores del Partido Nacional, presentaron un proyecto de ley que busca establecer una presunción legal de legítima defensa en la actuación policial, “respecto del funcionario policial que, en el ejercicio de sus tareas, empleando la fuerza cause un resultado letal o provoque lesiones personales, graves o gravísimas”. Admitiendo en última instancia prueba en contrario. Entiendo que este proyecto de ley es equivocado, innecesario y peligroso, por los motivos que expondré a continuación.

En primer lugar, corresponde señalar que este proyecto de ley es un verdadero exponente de la doctrina de política criminal denominada: Populismo punitivo. Esta corriente, según los estudiosos, promueve desde el Parlamento, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales, para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y de contera, desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso.

Un proyecto de ley innecesario y equivocado

Es innecesario, ya que existen un conjunto de causas de justificación en nuestro Código Penal que eximen de responsabilidad de haber cometido un delito, a quien actuó al amparo de ellas. Las causas de justificación en nuestro Código Penal son:

a) Legítima defensa (Artículo 26 del Código Penal):

Se hallan exentos de responsabilidad:

1. El que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

A) Agresión ilegítima.
B) Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.
C) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.

2. El tercer requisito no es necesario tratándose de la defensa de los parientes consanguíneos en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, del cónyuge, de los padres o hijos naturales reconocidos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación.

3. El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el numeral 1 y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

b) El estado de necesidad (Artículo 27 del Código Penal):

Está exento de responsabilidad el que, para defender su vida, su integridad física, su libertad, su honra o su patrimonio, ataca alguno de estos derechos en los demás, con tal que el mal causado sea igual o menor que el que tratare de evitar, que éste no haya sido provocado por su conducta y que revista el doble carácter de inminente e inevitable.

Cuando el daño causado fuere patrimonial y tuviere por objeto prevenir un daño de la misma naturaleza, el mal causado debe necesariamente ser menor.

El artículo no se aplica al que tuviere, jurídicamente, el deber de afrontar el mal ni al que intentare prevenir el mal que amenazara a terceros, salvo que estos fueran sus parientes dentro del grado establecido por el inciso 2º del artículo 26.

c) Cumplimiento de la ley (Artículo 28 del Código Penal):

Está exento de responsabilidad el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que le preste a la Justicia.

Además, realizó una apreciación equivocada, de cual instituto aplicar ante la actuación policial, ya que cada una de las causas de justificación reseñadas se aplican a situaciones diferentes y sus fundamentos son diversos. El fundamento del artículo 26 (norma que el senador Lacalle Pou pretende modificar), radica en un aspecto individual, que es la protección de bienes jurídicos personales, por el titular de esos derechos, y un aspecto supra individual, que radica en la defensa de los demás integrantes de la sociedad; en si es obrar en defensa propia o de otro.

En cambio, el artículo 28 establece que una conducta no puede estar prohibida y mandada o permitida al mismo tiempo por la ley. Es decir, el Estado en su estructura, organiza fuerzas y dota a funcionarios de poderes a los efectos que puedan mantener el orden interno, que hagan cumplir la ley, prevengan y repriman actos delictivos y para ello organiza los servicios policiales. Los policías cuando ejercen estos poderes, lo hacen en cumplimiento de la Ley, de manera ajustada a derecho y en definitiva, no cometen un delito.

La ley de procedimiento policial, autoriza el uso del arma de fuego, frente a casos de resistencia armada a su autoridad, o cuando se ponga en peligro la integridad física o la vida del personal policial actuante o de terceros. En definitiva, esta Norma ya ampara las buenas actuaciones policiales. Por estos motivos, es un proyecto innecesario y equivocado, ya que existen causas de justificación que amparan al buen accionar policial.

Un proyecto de ley peligroso

Es un proyecto peligroso, porque su aplicacuión puede derivar en un uso abusivo del accionar policial, lo cual no debe permitirse en un Estado de Derecho.

Lamentablemente, debo reconocer y señalar, que los últimos casos de procesamientos de policías en Maldonado, estuvieron bien, ya que como señaló en el auto de procesamiento, hubieron desbordes que no fueron conformes a un buen accionar policial. Las autoridades del Ministerio del Interior, cuando no compartimos un dictamen judicial, por considerar la buena actuación policial, somos los primeros en defender a nuestros policías. De hecho, así lo hicimos en reiteradas oportunidades. Hemos profesionalizado nuestra policía desde diferentes ángulos, y uno de ellos fue fortaleciendo a la Defensoría Policial.

Pero es un proyecto peligroso también, por la señal que se da desde parte del sistema político. Esta es una señal peligrosa que busca presunciones legales ante situaciones que no son claras, máxime teniendo en cuenta, que ya existe una causa de justificación, que es actuar en cumplimiento de la Ley, lo cual ampara al buen accionar policial.

Desde todo el sistema político, debemos ser claros con nuestra Policía, en cuáles son sus cometidos y que herramientas tienen para trabajar, y creo oportuno reiterar algunos conceptos que se encuentran en la concepción doctrinaria de la nueva ley orgánica policial:

La concepción doctrinaria de la Ley 19.315, es la concepción de la Seguridad de los habitantes, donde se dice claramente, que la policía es una fuerza civil que está para proteger a la persona y permitir su vida y desarrollo en sociedad. Como varias veces lo dijimos, la policía está al servicio del Estado de Derecho y su misión es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades.

La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil y profesional, dependiente del Poder Ejecutivo, que conforme a nuestra Constitución es el encargado de la “conservación del orden y tranquilidad en lo interior”.

Su naturaleza civil se refleja en las funciones que el ordenamiento jurídico le asigna, en la selección, formación y capacitación del personal policial, el sistema de ascenso y las normas disciplinarias que rigen a la Policía. Se remarcó con claridad la naturaleza jerarquizada y disciplinada de este Instituto.

La misión específica de la policía es la de garantizar y proteger la seguridad de los habitantes, entendida ésta como la función del Estado dirigida a hacer efectivo el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas que habitan en el territorio de la República, así como la protección de las mismas y de sus bienes frente a cualquier tipo de acción violenta o agresión, en el marco de la vigencia del Estado de Derecho y del sistema democrático de gobierno.

Por último, no tengo dudas, que este proyecto, fue presentado para dar respuesta a la afirmación del ministro, cuando en la interpelación señaló que existe un relato del miedo, que dice que la población uruguaya no confía en la Policía, y por ello a la apurada, el senador Lacalle Pou, junto a otros, presentaron un proyecto de ley equivocado, innecesario y peligroso.

Anuncios

0 Responses to “uruguay y la seguridad”



  1. Dejar un comentario

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


noviembre 2016
D L M X J V S
« Oct   Dic »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

A %d blogueros les gusta esto: