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precios en uruguay

Regular los precios para abatir la inflación

 

escribe: Hugo Acevedo, Analista

La incesante escalada de precios que devino en el pasado mes de febrero en una inflación anualizada superior al 10% -la mayor en los últimos doce años- ha generado inquietud y preocupación, tanto en círculos políticos como en la población.

Si bien la inflación de dos dígitos es una mera barrera psicológica sin impacto inmediato en el bolsillo de los sectores de ingresos fijos, este registro puede aparejar futuros conflictos y tensiones en el ámbito de la negociación colectiva.

Esta cifra -que resulta por demás elocuente- se suma al anuncio del Poder Ejecutivo de que no está en la agenda modificar las pautas salariales que rigen para el sector privado.

Obviamente, la consecuencia a mediano plazo es que la inflación comience a licuar las mejoras y hasta pueda registrarse un retroceso del salario real.

No bien se conoció el IPC (Índice de Precios al Consumo) anunciado por el Instituto Nacional de Estadística, las reacciones gubernamentales fueron inmediatas.

En ese marco, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al tiempo de manifestarse sorprendido, la emprendió contra el sector privado.

También reaccionaron las cámaras empresariales y los miembros de la oposición, que ligan los desajustes de la economía doméstica al alto déficit de las cuentas públicas.

Se trata de un problema estructural que tiene directa relación con el comportamiento del mercado interno, fuertemente influido por las permanentes variaciones del tipo de cambio, y por la incertidumbre generada por factores exógenos.

Sin embargo, en este caso pesan decisiones políticas y empresariales, como el desmedido incremento de las tarifas públicas y la conducta errática de los formadores de precios.

Es inadmisible que la población siempre deba financiar las aventuras del gran capital, que suele trasladar automáticamente a precios el aumento de sus costos operativos. Un caso concreto es el ajuste del valor del boleto del transporte colectivo de pasajeros dispuesto por la Intendencia de Montevideo.

Menos admisible aun es que un gobierno de izquierda no intervenga en el mercado para amortiguar los efectos de esas conductas abusivas.

La experiencia corrobora -en forma inequívoca- que los acuerdos voluntarios de precios entre el Estado y las cámaras empresariales están lejos de colmar las expectativas, al punto que muchos de los productos pactados registraron importantes aumentos.

En efecto, en tiempos de dificultades y de enlentecimiento económico, los propietarios de los medios de producción siguen exhibiendo una conducta mezquina y escindida de la realidad.

Aunque las pautas salariales son restrictivas y no se percibe un incremento de la presión tributaria, el gran capital ha respondido con inflación, eliminación de puestos de trabajo y masivos envíos al seguro de paro.

Parece inverosímil que las reglas de juego las siga imponiendo un empresariado encerrado en su paraíso artificial que -durante una década- se enriqueció con la bonanza económica.

Esta no es la hora de los reproches -que a nada conducen- sino de actuar con energía a favor de los asalariados y los pasivos, quienes, por ser la mayoría de la ciudadanía, constituyen la base de sustentación del proyecto progresista.

Parece obvio que el Poder Ejecutivo debería analizar soluciones heterodoxas, como el control de precios y la tarifación de los artículos de primera necesidad, a los efectos de evitar males mayores.

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