28
Feb
16

ancap, la verdad

Ancap: entre verdades y mentiras

 

escribe: Enrique Ortega Salinas, Analista

 

Difícil opinar sobre el tema. Desde la izquierda se espera que aplauda todo y desde la derecha (Partidos Colorado, Nacional e Independiente) se espera que afirme que todo está corrupto y perdido. Unos barren bajo la alfombra y otros siembran dudas para cosechar votos, logrando que el tema cope la banca y los grandes medios obvien que la auditoría realizada en Paysandú reveló una “devastación administrativa” tras la gestión nacionalista. Que haya cuatro informes refleja que la oposición no se puso de acuerdo porque cada partido quiso marcar la cancha con más propósitos proselitistas que ánimos por descubrir la verdad.

Entre tanta obscuridad, pretendo sacar algunas cosas en claro.

– La oposición culpa al Frente Amplio de crear subsidiarias; pero de las veinte que tiene Ancap, solo dos fueron creadas luego de 2005 y las dieciocho restantes fueron creadas por partidos devenidos en jueces. Como afirma Constanza Moreira: “La muy controvertida Alur en Bella Unión no la creó Tabaré Vázquez como tributo a “los cañeros”, no. Fue creada en 1999. Ducsa fue creada en 2001. Caba -creada también en 1999-, no es una empresa que vende perfumes, sino básicamente alcoholes, de los bebibles y de los otros. Se ha hablado hasta el cansancio sobre el perfume; nada se habla sobre la cachaza, el fernet, el Espinillar, el whisky o la grappa que produce la misma Caba. ¿Es mejor producto la grappa que el perfume? ¿La cachaza que el alcohol en gel?”

– Negar que algunas cosas se hicieron mal es tan necio como negar que la mayoría de las medidas fueron positivas. Si todo estuviera bien, el presidente no habría descabezado al directorio de Ancap ni hubiera comprometido su supervisación personal del ente. Hubo problemas de gestión, ausencia de control, imprevisión y mala planificación. Se aumentó la plantilla de manera poco recomendable en una empresa comprometida económicamente y se habrían realizado horas extras más allá de lo legalmente permitido.

– Hasta ahora no se demostraron delitos, no hay enriquecimiento ilícito ni dinero desaparecido; hay comprobantes de cada gasto; pero los hay cuestionables, superfluos e indefendibles, como la fiesta para la inauguración de la planta desulfurizadora, que costó 372.000 dólares. Marcos Otheguy habló de 360.000 y Bordaberry de 600.000. No sé cuál es la cifra correcta; pero ninguna se corresponde con la prédica y ejemplo personal de austeridad del ex presidente José Mujica. La austeridad en el manejo de los dineros públicos debería ser un sello característico de todo izquierdista. Lo más indefendible fue el pago de 5.000 dólares al dueño de una radio de Guichón (suplente a alcalde por la lista 711) para que comprara equipos y luego retribuyera con publicidad. Esto es tan malo como cuando el nacionalista Abdala hizo lo mismo con el semanario Patria, pagando una publicidad innecesaria.

– Deberíamos debatir sobre una verdadera reforma del Estado (esa en la cual han fallado todos los presidentes desde el retorno a la democracia) y crear un sistema efectivo de control sobre las Sociedades Anónimas, redefinir las potestades del Tribunal de Cuentas, aumentar la facilidad de acceso a la información por parte de la ciudadanía y revisar el sueldo y beneficios de los gerentes.

– La oposición miente cuando dice que Ancap está fundida. Más allá del déficit acumulado y la deuda, su facturación es de 3.200 millones de dólares anuales. Citando nuevamente a Constanza: “Toda la inversión realizada en el período no llega a la tercera parte de la facturación de un año; 421 en la desulfurizadora, 251 en las plantas de cemento portland, 141 en los biocombustibles y 147 en la planta de cal”.

– Las inversiones, derivadas de un plan aprobado por los cuatro partidos en 2010, eran ineludibles, urgentes e impostergables. El Frente Amplio tuvo que hacer lo que otros gobiernos eludieron.

– No podemos pedir a Ancap la chancha y los cuatro reales. Si queremos usarla como nutriente para Rentas Generales para desde allí destinar recursos para diversas obras y servicios públicos, no podemos pretender combustibles de alta calidad y encima a precio de regalo. Un litro de nafta, tras la importación del crudo, refinado y cobertura de todo el gasto operativo, puesto en la puerta de Ancap para su distribución, es de $ 16. Los impuestos y gastos de distribución lo llevan a $ 42.50. Si bajamos la carga impositiva, tendremos combustible más barato; pero menos dinero para obras y servicios públicos. ¿Qué queremos?

– Los partidos tradicionales evaden su responsabilidad; pero sus representantes en el Directorio apoyaron las medidas tomadas, más allá de alguna tibia acotación esporádica. Tampoco quisieron investigar lo sucedido desde 2000 hasta 2005. “Por ahí no, que hay espinas”.

– Ni la triangulación de negocios entre Ancap, Petroecuador y la empresa holandesa Trafigura ni las negociaciones con La Diez configuran ilícitos; pero son reprobables desde el punto de vista ético, político y de corrección administrativa.

– La inasistencia de varios funcionarios públicos, tras ser convocados por la comisión, es inaceptable y no es excusa que Bordaberry y Mieres divulgaran datos secretos que manejaba la comisión. Tanto los funcionarios como los legisladores deberían ser sancionados por irrespetar nuestra institucionalidad. Habrá que legislar para que las comisiones investigadoras tengan un rol más serio, con respaldo legal e institucional a la hora de citar personas o pedir informes; una ley que impida el circo irresponsable, las acusaciones públicas infundadas y la violación de secretos de Estado. Habría que estudiar (aunque confieso mis dudas al respecto) la posibilidad de que las investigaciones las realicen organismos independientes, desprovistos de intereses político-partidarios que empañen su imparcialidad.

– Bordaberry denunció en el Senado que la excusa para contratar a una empresa brasileña era que Ancap no tenía camiones Tolbar, cuando sí los tenía. Lo que no dijo fue que eran solo dos y ninguna empresa uruguaya contaba con ellos para cubrir dicho emprendimiento. Sin embargo, si por mí hubiera sido, en vez de adelantar dos millones de dólares a una empresa extranjera para completar la flota, hubiera impulsado la reconversión de empresas uruguayas para que aprovecharan el negocio.

– Espero una respuesta de por qué se desoyeron informes técnicos que recomendaban en algún caso construir una planta en lugar de dos.

– INOPERANCIA COMUNICACIONAL. Aunque entre verdades y mentiras le están apedreando el rancho, el gobierno y el Frente Amplio no logran reaccionar de manera eficaz. Hay cifras indiscutibles que respaldan la gestión de la izquierda: entre 2004 y 2014 la pobreza bajó de un 40% a 11%; la indigencia, de 4,7% a 0.5% y la desocupación cayó de 17% a 5,7%; pero parecemos creer que todos los ciudadanos deben tener presentes los avances sin necesidad de una campaña que se los recuerde. Ni Rafael Correa ni Hugo Chávez en su momento dejarían pasar la menor mentira, inexactitud o calumnia sin desmontarla por todos los medios hasta que el último ciudadano supiera la verdad. ¿Por qué tanto pudor de usar la cadena nacional de radio y televisión? ¿Nos olvidamos de cuando Sanguinetti la usaba todos los meses? ¿Creemos suficiente una conferencia de prensa y un extenso informe que leerán unos pocos?

En medio de tantos datos contradictorios, lo fácil es equivocarse y lo difícil convencer de algo a alguien, porque en definitiva cada uno terminará creyendo lo quiera creer; pero hay algo indiscutible: ningún otro gobierno hizo tanto por la soberanía energética ni universalizó tantos servicios como los del Frente. Algunos errores de gestión no deben llevarnos a minimizar lo que las empresas públicas nos aportan. Solo entre 2011 y 2014, OSE, UTE, Antel y Ancap invirtieron 3.500 millones de dólares y transfirieron otros 575 a Rentas Generales, siendo fundamentales para el desarrollo tecnológico, capacitación profesional, disminución del desempleo e impulso para emprendimientos privados. Por si fuera poco, lo recaudado queda aquí.

Sería un suicidio neoliberal entregar nuestras empresas públicas a manos privadas. No habría electrificación rural sin UTE, ni saneamiento en muchas partes del interior sin OSE, ni fibra óptica en todos los hogares sin Antel. La universalización de los servicios es posible gracias a una política de Estado no frenada por la ausencia de lucro. Ancap es nuestra y hay que defenderla; pero veamos si algunas cosas se pueden hacer de mejor manera, buscando la excelencia, si los gastos de funcionamiento e inversión pueden abaratarse y algunos funcionarios deben continuar o no manejándola. Bien por Tabaré, que comienza a priorizar la capacidad por encima de la cuota política. Al Frente no se le defiende ocultando cosas que están mal hechas, sino corrigiéndolas.

Mientras tanto, la oposición tiene terror de que hallemos petróleo; porque si en tres o cuatro años salta la primera gota y el barril retoma su promedio normal, entre 70 y 75 dólares, Sendic pasará del infierno al paraíso, de ser el villano de la película a ser el héroe.

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