23
Nov
15

uruguay … distribución

PRESUPUESTO: tres problemas de justicia distributiva

 escribe: Constanza Moreira, Senadora del FA

Las discusiones sobre el Presupuesto Nacional encuentran hoy un nuevo “round” en el Senado, cuya bancada frenteamplista discutirá e introducirá las modificaciones que considere pertinentes.

El presupuesto es la gran ley organizadora del gobierno. Allí se toman las decisiones sobre todas las políticas, planes y programas para los próximos cinco años. Pareciera que el Parlamento decide, pero básicamente sólo toma la decisión “en última instancia”, y con varias limitaciones (entre ellas la del compromiso de no aumentar el gasto previsto y sólo reasignar recursos). Antes de ello, se toman decisiones en cada Ministerio, en Presidencia y en el Ministerio de Economía y Finanzas. En este inciso, las decisiones trascienden a las de la propia cartera, ya que marcan límites presupuestales en función de la tasa de crecimiento proyectada y del déficit fiscal tolerable para el conjunto del sistema. Y a veces, algunas veces, se toman decisiones en otros ámbitos, que permanecen opacas, incluso para los propios parlamentarios.

En cada presupuesto es poco lo que se puede modificar: más del 70% de los recursos presupuestales ya están comprometidos cuando un gobierno asume. Esto que alabarían los defensores de las “políticas de Estado”, genera sin embargo enormes restricciones de cambio a futuros gobiernos en relación a lo que hicieron gobiernos anteriores. Las políticas de Estado pueden ser también una trampa mortal para los intentos de cambiar el status quo. Y el presupuesto es la ley que refleja la quintaesencia de las políticas de Estado.

Distribución en tiempos de escasez

A pesar de lo dicho, siempre hay márgenes para decidir políticas en el Presupuesto Nacional: son muestras de ello la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y la asignación de 4,5% primero y 6% después a la educación pública. Ahora bien, los márgenes de acción se acortan cuando la perspectiva del crecimiento se angosta. Entonces toda distribución se transforma en una “redistribución”, y ello nos lleva a los temas de justicia distributiva.

El actual presupuesto es un campo privilegiado para observar cómo nosotros, como Frente Amplio, enfrentamos problemas de justicia distributiva. A quién beneficiamos y a quién no, qué políticas priorizamos y cuáles consideramos secundarias Hechos, y no palabras: el Presupuesto Nacional nos enfrenta con nuestros propios discursos.

Tres problemas distributivos para el FA

Un primer problema distributivo es cuánta plata del Presupuesto Nacional asignamos a los pobres y a los ricos, a los hombres y a las mujeres, al interior del país y a la capital. Es decir, ¿cuál es la justicia distributiva que impera? Alguien me podría decir, y con cierta razón que el presupuesto se destina a los más pobres, porque el gasto público social (la salud, la educación, los planes sociales, etc.) privilegia a los más pobres.

Sin embargo, nadie duda que hay Ministerios ricos y Ministerios pobres: alcanza con ver la distribución presupuestal de cada cartera. Y hay Ministerios -y Ministros- con mucho poder político y otros con poco. Todos los Ministerios sociales tienden a ser pobres en relación con los Ministerios “de las armas”. Esto es una verdad en el mundo, y lo es también en Uruguay. Todos los Ministerios de Economía tienen más poder que cualquier otra cartera (con la excepción de Presidencia) puesto que deciden cuestiones presupuestales que afectan a todos.

La primera decisión redistributiva que el Parlamento tomó fue la reducción del presupuesto asignado al SNIC para destinar más recursos a la educación. Fue una redistribución entre pobres y, peor aún, entre mujeres. Son mujeres las que trabajan en cuidados y en educación. Es la mano de obra no remunerada del Uruguay. Al “redistribuir” presupuesto entre educación y SNIC hicimos una redistribución “horizontal”, entre pobres. Vestimos a un pobre para desvestir otro. Esta no fue una buena decisión distributiva desde el punto de vista de la justicia, pero se hizo así porque fue lo más “viable políticamente: los Ministerios “sociales” del país son los menos poderosos y además, los pobres protestan menos que los ricos y los derechos son menos poderosos que los intereses organizados.

La segunda decisión distributiva que se tomó fue en el terreno de la justicia y la seguridad públicas. La seguridad pública depende de, al menos, dos conjuntos de políticas: las políticas sociales en sentido amplio (en Suecia, uno de los países más igualitarios del mundo, se están cerrando cárceles), y las políticas de seguridad. Estas últimas descansan, institucionalmente, en el Ministerio del Interior por un lado, y en las instituciones de la Justicia, por otro (Ministerio Público y Poder Judicial). La reforma de la Justicia, votada ya en el período pasado, no fue incorporada en el actual presupuesto. Debía ser una prioridad; hubo otras. Esperaremos y la aprobaremos. Pero a ciencia cierta, nadie sabe con qué rubros contaremos en el futuro, y por aquello de “más vale pájaro en mano…”, habría que calcularlo desde ahora. Son cuarenta millones de dólares. Para el Presupuesto Nacional es muy poquito, poco más de la mitad de lo que recibe por año el Uruguay por la participación en las Misiones de Paz. Pero en la ecuación entre política de seguridad y política social, gana la política de seguridad: se piensa en la inmediatez de la reacción policial, y se arma a la Policía en equipamiento, salarios y personal. A modo de ejemplo, aumenta en 1000 el número de funcionarios con dedicación total del organismo, y esto sólo para el área metropolitana. También a modo de ejemplo, la Universidad de la República alcanzó a tener poco más de 1000 funcionarios en régimen de dedicación total después de 15 años de política sostenida. La decisión distributiva que se toma entre policía y justicia, entre política de seguridad policial versus política de seguridad “judicial” (el Poder Judicial no ha recibido casi ningún incremento presupuestal, al tiempo que ha sido reducido también el presupuesto de la Fiscalía de Corte, y la reforma de la justicia aún no entró en la “caja” del Estado), es una decisión distributiva que entraña una compleja visión sobre los temas de seguridad en Uruguay, no explícita en el discurso, pero explícita en los hechos.

La tercera decisión distributiva que se tomó es la que refiere a los salarios públicos. Se ha hablado hasta el cansancio de los poco más de 11 mil pesos que gana un soldado. Y en el período legislativo anterior, de los salarios de los policías. Las corporaciones armadas de este país han incrementado sus salarios en mayor proporción que el resto de los funcionarios públicos. Lo advertimos en la administración pasada: si los policías van a ganar más que los maestros, los recursos humanos calificados van a ir a buscar trabajo en la seguridad (como lo están haciendo) y se nos van a vaciar las escuelas, los liceos, las universidades. Hemos tenido que soportar propaganda corporativa del Ejército Nacional (autorizada o no) comparando los salarios de los soldados, esos buenos padres de familia que sirven a la nación, en relación a los “ni-ni”, esos uruguayos que, reacios al trabajo y al estudio, son mantenidos por el Estado. Quienes plantearon esta simplista oposición, se olvidan que los “ni-ni” son en su mayoría mujeres, no “pichis”. Y que pelear contra las políticas sociales contraponiendo la dignidad de las armas, es propio de filosofías autoritarias y conservadoras.

Los funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, con contratos temporales ganan menos que los soldados, al igual que muchos funcionarios no docentes de la enseñanza pública, y que tantos profesores. Si se quiere mejorar los salarios de los soldados, debieran ganar menos los coroneles. Esta es la tercera decisión de justicia distributiva que tomamos al grito de las corporaciones armadas, y sin siquiera oír la de funcionarios públicos que a lo largo y a lo ancho del país, ganan menos que la policía pero hacen más por la dignidad del país, que la que han hecho sus armas en toda su historia.

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