10
Abr
15

uruguay

La equidad como insoslayable imperativo ético

escribe: Hugo Acevedo

En un escenario complejo por la desaceleración de la economía uruguaya en el marco de un contexto regional de recesión particularmente impactado por la crisis de Brasil, los grandes grupos económicos y sus socios políticos siguen aferrándose a su statu quo de privilegios.

Luego de la controversia que detonó por la decisión del gobierno frenteamplista de abandonar las negociaciones del TISA, ahora la pulseada se centra nuevamente en el debate tributario.

Como hace unos meses, cuando el oficialismo restituyó por ley el cobro del Impuesto de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales cumpliendo con sus promesas electorales, ahora le corresponde el turno a la contribución inmobiliaria que deben pagar quienes detentan la propiedad de la tierra.

La propuesta contenida en el proyecto de presupuesto de eliminar la exoneración del 18% a este impuesto que rige desde el 2002, generó el previsible malestar del bloque opositor derechista.

Por supuesto, esta reacción es consecuente con el compromiso de blancos y colorados con los intereses corporativos del latifundio, representados por la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay.

Aunque durante la última década el agro fue el sector que acumuló la mayor renta por el alto precio de las materias primas, no accede, en modo alguno, a redistribuir su cuantiosa plusvalía.

Pese a que la eliminación del indebido beneficio fue solicitada por el Congreso de Intendentes integrado en su gran mayoría por jefes comunales blancos y los recursos resultan indispensables para financiar obras de caminería, fue el Partido Nacional el que se puso al frente de esta suerte de embestida baguala contra los más elementales criterios de justicia tributaria.

Resulta obvio que los productores rurales no deberían gozar de privilegios sobre los demás propietarios por una mera lógica de equidad.

Si este argumento que se ajusta a derecho no fuera suficiente, cabría reflexionar que estos empresarios- quienes usufructúan esta dádiva que paga toda la sociedad hace ya trece años- tienen una capacidad contributiva sustantivamente mayor a la de los meros trabajadores o pasivos que ostentan una propiedad.

Por supuesto, el vocero del bloque conservador es el senador blanco Luis Lacalle Pou, quien acusó al gobierno de “meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, que no aguantan más”.

Evidentemente, para el dirigente nacionalista los únicos “ciudadanos” son, por una mera afinidad de clase social, los propietarios del gran capital.

En efecto, su concepto sobre ciudadanía es el mismo que se conjugaba en la antigua Grecia, donde los más privilegiados eran los llamados eupátridas (“bien nacidos” o “nacidos de buenos padres”), quienes integraban la rancia aristocracia que por entonces acumulaba el poder político, económico y social.

En una democracia que se precie de tal, la sensibilidad debería ser la clave del modelo de convivencia y no la burda mezquindad de minoritarios grupos de presión que-durante más de un siglo y bajo el paraguas de gobiernos obsecuentes- medraron con el trabajo ajeno.

Sólo con justicia social podremos honrar el legado ideológico artiguista contenido en Reglamento de Tierras de 1815, que a 200 años de su promulgación, sigue proclamando que “los más infelices sean los más privilegiados”. Es, sin dudas, un mandato histórico insoslayable y también una suerte de imperativo ético.

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