30
Abr
14

uruguay

Reformar el Estado no es achicarlo

El neoliberalismo propugnó la reducción del Estado a su mínima expresión. El Estado no solo no debía tener a su cargo empresas comerciales o industriales sino que debía desvincularse de toda actividad económica y abandonar la prestación de servicios.

La propuesta era casi una vuelta al Estado juez y gendarme, mantenido al margen de la economía, sin injerencia alguna en ese campo que debía regularse ‘naturalmente’ por el mercado.

Para estos popes posmodernos del aperturismo, la reforma del Estado se limitaba a la privatización de todas sus empresas, a la reducción drástica de la plantilla de funcionarios y a eliminar la inamovilidad de estos.

De esa concepción de lo que debe ser el Estado fueron muestra elocuente los intentos privatizadores de Lacalle y Batlle, dos conspicuos seguidores del modelo neoliberal. Recordemos que siendo presidente, el doctor Lacalle había expresado su profundo desprecio por el funcionariado al resumir la realidad sosteniendo: “ellos hacen como que trabajan y yo hago como que les pago”; una sentencia con la que pretendía justificar su negativa a aumentar los sueldos públicos.

Para las clases conservadoras, imbuidas de ideología neoliberal, reformar el Estado significa lisa y llanamente reducirlo. Limitar sus atribuciones y su injerencia en materia económica, reducir el número de funcionarios y, fundamentalmente, eliminar lo que ellos consideran un privilegio: la inamovilidad.

La inamovilidad de los funcionarios públicos no es una conquista sindical: fue una bandera del nacionalismo, que se propuso crear un mecanismo apto para impedir las masacres coloradas, el revanchismo vindicativo que llevaba a un gobierno a despedir sin más trámite a todos aquellos empleados sospechosos de integrar las filas del partido adversario. Por otra parte, la inamovilidad en rigor no existe desde el momento que un funcionario puede ser destituido por ineptitud, omisión o dolo con la venia del Senado. Los empleados públicos no son intocables; simplemente no pueden ser despedidos sin expresión de causa como sí puede ocurrirle a un empleado de la actividad privada.

La reforma del Estado sigue siendo una asignatura pendiente a pesar de que se han dado algunos tímidos pasos en ese sentido. Pero hay que ser cuidadoso. No es buena cosa dejarse llevar por eslóganes que apuntan hacia el lado equivocado. Reducir la carga del Estado es una cosa, racionalizar su funcionamiento es correcto, eliminar trabas burocráticas está bien, corregir iniquidades salariales es justo, jerarquizar la función pública y establecer estímulos para aquellos funcionarios aptos y responsables es de toda lógica. Pero otra cosa muy distinta es suscribir la idea de que todo se resuelve achicando el Estado.

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