06
Nov
13

el caso PLUNA

Otra vez PLUNA…

 

escribe: Esteban Valenti / BITACORA

Es un debate que va más allá de este caso, que tiene muchas otras implicancias políticas y de diseño estratégico sobre el desarrollo del país, incluso sobre la actitud de la izquierda. Es un tema muy complejo, lo que hace más necesario abordarlo.

Con el diario del día después es más fácil opinar. No, hay que opinar de todas maneras y tener una conducta clara, incluso asumiendo las consecuencias posteriores. Había que cerrar PLUNA por razones legales, por la situación en que se encontraba la sociedad y ante la incapacidad total del socio privado de aportar su cuota parte de capital. El Estado no tenía forma legal de hacer ese aporte y el directorio de la empresa, en particular la parte pública debía presentar la empresa a concurso. Y lo más importante el Estado no debía hacer ese nuevo aporte para perpetuar las pérdidas.

Hoy con el diario del día después, si la sindicatura de PLUNA tiene recursos es también porque se preservaron esos dineros al llamar a concurso y eso permite afrontar de alguna manera los serios problemas de mantenimiento que tendrán las siete aeronaves.

Escuché un reportaje en el día de hoy a uno de los responsables de la sindicatura e informó que tienen a disposición 4 millones de dólares, lo que le permitirá pagar el mantenimiento de los aviones durante unos diez meses. También afirmó que la verificación de pasivos puede llevar dos años…Y además el fideicomiso, con recursos del estado hizo el mantenimiento de las aeronaves durante 16 meses. De lo contrario serían chatarra.

Esa es una pequeña diferencia con la quiebra real y concreta de lo que Varig nos dejó, no había nada, aviones al límite de su vida útil y nada más y una empresa endeudada hasta el cuello. Lo que el Estado no aceptó es hacerse cargo de las pérdidas de una gestión que tenía un plan de negocios, de expansión de los servicios que no se cumplió y que en definitiva fracasó. Si hubo dolo, o cualquier otro tipo de manejos ilegales durante la gestión de Leadgate, eso está en la órbita de la justicia, que es donde debe estar.

No sea cosa que en el entrevero de idas, venidas y otras circunstancias, olvidemos como comenzó todo esto. Hace muchas décadas que todos los uruguayos a través del estado pagamos el déficit crónico de una compañía aérea. Y el intento de transferir la gestión, la parte fundamental de la inversión y la responsabilidad al sector privado, fracasó. Los principales responsables de esa etapa, a diferencia de los anteriores gobiernos que se lavaron olímpicamente las manos, hicieron autocrítica pública. Porque son de izquierda.

Se hizo lo inevitable y lo que correspondía de acuerdo a las normas de correcta administración de las empresas, se declaró la liquidación de PLUNA. Ante esto existía  la posibilidad de que todo se realizara en el marco del proceso establecido por la correspondiente legislación de concursos, era lo más fácil o, tratarlo como un caso excepcional, donde el Estado y por lo tanto el gobierno debía buscar alternativas y otros objetivos, para no comprometer el patrimonio de la empresa y de todos, los aviones.

Lo primero que había que hacer era restablecer de la mejor manera y de forma rápida las conexiones aéreas del país con la región y con el mundo, por todo lo que ello implica en un país abierto al turismo, a los negocios, las inversiones y su proyección internacional. Los dos ministros a cargo de esta tarea y con el aporte de los recursos financieros necesarios lograron ese objetivo antes de lo que todos preveían. Sobre todos los buitres, los que revoloteaban sobre la situación para ver que tajadita podían almorzarse políticamente.

Luego habían un conjunto de objetivos simultáneos y complicados: rescatar la mayor parte posible del capital humano, laboral y profesional posible y disminuir en lo posible los costos sociales de la quiebra, para ello crear una nueva empresa con otro perfil totalmente diferente y autogestionada; perder la menor cantidad de plata posible en el cierre de la empresa y para ello preservar los principales bienes materiales, los siete aviones.

Seguramente el objetivo de un remate donde los aviones que se vendieran a un precio entre 100 millones y 137 millones de dólares, más bien por esta última cifra era un exceso de optimismo, frente a un mercado internacional muy comprometido a nivel de las compañías aéreas. Pero todos los vaticinios agoreros de que luego del remate no se cumplirían las obligaciones asumidas por los particulares, fueron otra demostración fallida de grandes intereses patrióticos. Los 13.700.000 de dólares se están cobrando por el BROU. Recordemos el escándalo sobre este tema.

Por eso se optó por aprobar una ley elaborada en consulta y con la directa participación de un grupo de profesionales reconocidos en la material legal concursal en el país. La ley que se envió al parlamento y se aprobó fue declarada inconstitucional por 3 votos a 2 por la Suprema Corte de Justicia. Y hay que acatar el fallo inapelable. Esa es una obligación política, institucional y legal. No queda otra instancia, así funciona la democracia.

Pero la democracia no nos obliga a callarnos. El principal argumento del fallo de la Corte, que digamos de paso que últimamente siempre se inclina hacia el mismo lado, también puede ser que porque nosotros nos equivocamos, pero…dejen que tenga un atisbo de duda. Una pizca, nada más, el principal argumento es la defensa de la separación de poderes.

Leyendo las 52 páginas de la sentencia, y declarándome lego en materia, quiero decir que el argumento más sólido que encontré es precisamente el de la separación de poderes. Me parece de recibo, incluso leyendo la ley aprobada. Creo que hay una responsabilidad política por la ley, que hay que asumirla, porque esa ha sido siempre nuestra conducta, pero también hay una responsabilidad técnica, de los autores de esa ley. Es muy clara y muy fuerte. Espero que para futuras situaciones esos abogados encabezados por el Dr. Ricardo Olivera García (1) carguen también con su responsabilidad técnica y profesional. Aunque sea para el registro, nada más.

Ahora, leyendo la sentencia de la Corte hay una tal cantidad de adjetivos que me llama profundamente la atención. Hay valoraciones totalmente subjetivas. No se si es el estilo, pero espanta. Los quiero compartir con ustedes. A menos que las sentencias de la SCJ además de inapelables sean indiscutibles…

Curiosamente… Página 6

…una burda maniobra.. Página 10

  Con una técnica legislativa ligera y vergonzosa Página 13

Menuda forma de garantizar incluso el propio Principio de Separación de Poderes Página 17

…he aquí patente y flagrante inconstitucionalidad, donde el legislador desnuda su intención.. Página 18

Estas son algunas perlitas de los sustantivos empleados por la SCJ. Debe ser de estilo…

La otra parte que me llama la atención, es la reiterada negación de la falta de interés general en la ley aprobada para el cierre de PLUNA. No seré abogado, menos alto integrante de la más alta instancia del Poder Judicial del país, pero alguna lógica tengo. Y si no se puede invocar el interés general en 9 ocasiones como lo hace la sentencia de la SCJ, quiere decir que hay algún interés particular. No hay un limbo intermedio, no es posible hacer esas terminantes afirmaciones y no iluminarnos sobre cual es el otro interés, que no es general. Y sobre eso no dicen nada, ni una palabra.

Hace años que la mayoría de la izquierda hemos superado la visión de que el Estado es la expresión de toda la sociedad, hemos asumido en toda su plenitud que por ejemplo la sociedad civil no está integrada ni representada por el Estado, pero de allí a negar que defender el interés del Estado en una controversia, contra por ejemplo un ex socio de PLUNA no es defender el interés general, hay una pequeña gran diferencia.

Podrán haberse equivocado desde el punto de vista legal, incluso de algo tan importante como el absoluto respeto de la separación de poderes, pero el único interés de cada uno de los capítulos de la ley cuestionada refiere a objetivos generales del Estado en sus aspectos patrimoniales, sociales, de las conexiones aéreas, para los trabajadores de PLUNA, es decir son expresiones de un interés general.

Otro aspecto, la parte acreedora que accionó contra la ley es Raúl Rodríguez ex socio y ex jefe de marketing en España de PLUNA S.A. forma parte de esa zona gris de toda la empresa eso debo admitirlo y gris oscuro que se refiere a la parte privada de la empresa PLUNA S.A., su abogado el doctor Pablo Correa hizo en su presentación in voce ante la SCJ un alegato político, casi exclusivamente político y difamatorio. Lo último lo definirá la justicia penal, es un tema referido al abogado que representaba al fideicomiso de PLUNA, lo del alegato político es algo que nos concierne a todos.

El Dr. Pablo Correa, fue un altísimo funcionario de confianza de Jaime Trobo cuando era ministro de Turismo, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle. En su discurso político hasta los tuétanos, no se le ocurrió recordar que el acuerdo con VARIG, el ruinoso acuerdo con VARIG se hizo durante ese gobierno, incluso pasándole por encima al resultado de una licitación que había dado otro ganador. Tiene mala memoria o memoria selectiva, guiada por aquella máxima latina de siempre y cuando me convenga .

Una curiosidad que demuestra que en materia jurídica no hay verdades sacrosantas es que como era obvio, todos los abogados de los acreedores reclamantes se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley, mientras que el fiscal de Corte Jorge Díaz ratificó su dictamen de que la ley es constitucional. Dos de los cinco integrantes de la SCJ cuestionaron el derecho del ex socio de PLUNA Raúl Rodríguez a reclamar en el concurso porque su falta de legitimación activa de su pasivo. Nada menos.

Uno de los laboratorios auténticos en el difícil arte de gobernar, es cuando se presentan problemas verdaderos, de fondo, encrucijadas. Cuando todo va liso, no se prueba nada, ni buenos ni malos gobiernos.

Hubo nuevamente, y como sucedió durante varias décadas una encrucijada para el país: cómo afrontar las pérdidas acumuladas de PLUNA y si de ellas debía hacerse cargo de forma eterna y permanente el conjunto de la sociedad. Y el gobierno luego de hacer el último intento por salvarla en el año 2007, hizo lo que tenía que hacer, sin cálculos políticos menores, sin especulaciones, afrontó el problema.

El tema es tan complicado que incluso cuando se convocó el plebiscito contra las privatizaciones impulsadas por el gobierno del doctor Lacalle, se excluyó explícitamente a PLUNA. Es que no es ni una tarea obligatoria ni estratégica para el Estado, ni hay motivos para que la gran mayoría de los uruguayos subsidie con sus impuestos al sector que utiliza este servicio, incluso al turismo. Hay otras formas y mecanismos para apoyarlo. Y mucho menos sería aceptable subvencionar a una empresa privada que da pérdidas, como PLUNA S.A. Imaginen los gritos desaforados de los gentiles opositores si eso hubiera sucedido.

Esta última definición con todas sus consecuencias es lo principal que debemos analizar, y yo reitero que además de la obligación legal de llevarla a concurso, por su situación patrimonial, hay otra muy importante que es elegir las prioridades para los gastos y las inversiones del Estado. Y comparto plenamente la decisión del gobierno.

Así como comparto la actitud de hacernos plena y absolutamente responsables de las firmezas, del rumbo, pero también de los errores técnico-legales cometidos. Eso es de izquierda. No le vamos a echar la culpa a nadie, ni nos vamos a hacer los chanchos rengos como hizo la oposición blanca y colorada durante seis décadas de perdidas de cientos y cientos de millones de dólares con PLUNA y PLUNA VARIG.

Una última recordación, en el 2002, cuando el desastre total e invocando el interés general, se votaron leyes que fueron mucho más alegres y más tristes que la de PLUNA en material legal y cuyos costos todavía estamos pagando. Eso si, como somos de izquierda, aquellos lodos no justifican nuestros errores o urgencias. Los afrontamos y tratamos de aprender.

No tengan ninguna duda que hubiera sido mucho más cómodo hacer como se hizo tantas veces con PLUNA, con el BROU, con el Banco Hipotecario, con los bancos privados y las carteras pesadas, pagar, seguir pagando hasta que venga una nueva crisis a darnos una cachetada. Ya sabemos como lo hicieron y pueden volver a hacerlo…

Yo lanzo un desafío, ahora que se escuchan discursos de proclamación de candidatos blancos y colorados, que con visión patriótica y desinteresada miran siempre hacia delante, ¿no les vendrá un leve impulso de autocrítica y reconocerán algo referido a sus gobiernos anteriores que lograron paralizar y hundir el país hasta el cuello? ¿O todo eso fue el resultado del viento de frente o lateral? Es que la meteorología sirve para casi todo.

 

(1) Este es el currículo básico del doctor Ricardo Olivera García, al que contrató y consultó el Ministerio de Economía y Finanzas en el caso de la ley de PLUNA. No se puede decir que no tiene credenciales:

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República (1976)
Profesor Titular (Grado 5) de Derecho Comercial, Universidad de la República.
Ex Profesor Titular de las cátedras de Derecho Comercial en las Facultades de Derecho de Universidad Católica del Uruguay y Universidad de Montevideo.
Fundador y ex Profesor Titular de las cátedras de Derecho Bancario en las Facultades de Derecho de la Universidad de la República, Universidad Católica del Uruguay y Universidad de Montevideo.
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (1998-2004).
Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo.
Director del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Profesor visitante de las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela, San Pablo CEU (Madrid), La Sapienza (Roma), Queen College (Londres), de Buenos Aires, Notarial Argentina y Austral (Buenos Aires).
Presidente del Centro de Estudios Financieros del Uruguay.
Integrante del Consejo Directivo de la Corte Internacional de Arbitraje para el MERCOSUR de la del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio.
Fundador y Director del Capítulo Rioplatense del Club Español de Arbitraje.
Integrante del Comité Latinoamericano de Árbitros de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) de París.
Ex Miembro designado por Uruguay del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR.
Participó en la elaboración de la Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables, Sociedades Comerciales, Fondos de Inversión, y Certificados de Depósito y Warrants.
Contratado por el gobierno uruguayo para la redacción de la Ley de Fideicomisos y de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial.
Fundador y Director del Anuario de Derecho Comercial.

Publicaciones

Es autor de 27 libros y más de 200 artículos especializados, publicados en el Uruguay y en el exterior. Entre sus libros pueden citarse: Manual de Derecho Bancario ; Casas Bancarias y Apertura Financiera ; Contralor de la Banca Privada (c.al.); Instalación de Bancos en el Uruguay ; Sistema de Intermediación Financiera en el Uruguay ; El Leasing. Análisis de su régimen jurídico ; Banca off-shore en el Uruguay ; Ley de Mercado de Valores y Obligaciones Negociables (c.al.); La Refinanciación del Endeudamiento Interno (c.al.); Curso de Sociedades Anónimas ; El nuevo régimen del Derecho de la Competencia (c.al.); Las Sociedades Anónimas Deportivas en el Derecho Uruguayo ; Estudios de Derecho Societario .

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