16
Oct
13

Uruguay … política de tributación

justicia distributiva

La propiedad y la tributación

ecribe: Alberto Couriel senador del Frente Amplio Uruguay

En la nota anterior “El Uruguay y el Frente Amplio del futuro” se intentaba avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad, centrada en paradigmas de la izquierda donde la igualdad ocupa un lugar central.

Se trata de superar las desigualdades básicas que genera el régimen capitalista. Los programas del FA nunca se expresaron por el régimen socialista, aunque sí lo manifiestan diversos sectores políticos que lo componen. Pero no tenemos modelos vigentes y válidos que nos sirvan de base. Ni el fracaso de la URSS, ni la actualidad de China o de Cuba nos sirven como ejemplo. Este es el gran desafío de la izquierda internacional, donde uno de los temas centrales a resolver es el de la propiedad de los medios de producción.

Las transformaciones en Uruguay deben realizarse en función de la realidad específica y concreta del país. Debe tenerse en cuenta la realidad de la estructura económica y social, la necesidad de garantizar los principios de la democracia y las igualdades existentes. El país tiene una historia de buena distribución del ingreso en el contexto latinoamericano, pero muy lejos de la prevaleciente en el mundo desarrollado. Hay grandes diferencias en la heterogeneidad estructural de la región con las menores diferencias, en el mundo desarrollado, de los niveles de productividad de las distintas empresas. El Estado de Bienestar de Europa Occidental permite descensos muy significativos del índice de Gini cuando se analiza después del pago de impuestos, porque hay una presión tributaria más elevada y un mayor peso de los impuestos directos como el impuesto a la renta.

Como mostramos en notas anteriores es imprescindible avanzar en niveles de igualdad étnica, de género, generacional y económico-social. En esta última ha habido mejoras derivadas de la política salarial, de los aumentos del gasto social y de avances en el empleo productivo, facilitados por el crecimiento económico ayudado por los altos precios internacionales de los productos de exportación. Ha habido también avances significativos en los derechos ciudadanos con la aprobación legislativa de leyes como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, los apoyos a los trabajadores rurales y domésticos y la próxima aprobación de la ley que regula la producción, venta y consumo de marihuana. Sin perjuicio de la continuidad de estas políticas es necesario avanzar en dos temas directamente ligados: el de la propiedad y su concentración y las vías impositivas para la mejora de la distribución del ingreso.

La propiedad y las clases sociales son temas centrales del régimen capitalista. Las clases sociales y sus intereses son inherentes al régimen. Los enfrentamientos, los conflictos y las confrontaciones se dan permanentemente. El tema central es atenderlas, regularlas y resolverlas por la vía de los principios democráticos, o sea por la vía del diálogo, las negociaciones y los acuerdos. La función arbitral del Estado es central. En los gobiernos del FA se logró una mayor equidad en las relaciones capital/trabajo. Ello significó un mayor poder de negociación de los trabajadores sindicalizados, lo que contribuyó a la mejora de la distribución del ingreso. Con el avance del conocimiento, de las innovaciones y los permanentes cambios tecnológicos, las sociedades se hacen más complejas y las definiciones de clases se dificultan. El tema se mezcla con las relaciones de poder que son determinantes para la propia viabilidad de las distintas transformaciones. Es indispensable un análisis más profundo de la estructura social y de las propias relaciones de poder para poder avanzar en esta temática.

El tema de la propiedad y su concentración se vincula también al papel de la inversión extranjera en el nuevo modelo de desarrollo. En los últimos años el Uruguay ha recibido un enorme caudal de inversiones provenientes de empresas extranjeras que casi alcanzan al 6% del PBI. En realidad vivimos en un mundo donde los distintos países pugnan por buscar mecanismos de atracción de estas inversiones. El país no puede ser ajeno a estos deseos de los distintos países del planeta por incorporar inversión extranjera directa. El tema es que no todas estas inversiones son constructivas y positivas para los intereses nacionales. Por eso es indispensable que haya una decisión de autorización de cada una de estas grandes inversiones para analizar si se adecuan al modelo de desarrollo, a la estrategia de desarrollo y a la estructura productiva deseada.

Esto quiere decir que el país tiene que estar en condiciones de decir sí o no a cada una de estas inversiones. Lo importante es fijar las contrapartidas indispensables para que sean funcionales a los intereses nacionales. Estas contrapartidas pueden ser que las exportaciones tengan el mayor valor agregado posible y el mayor contenido tecnológico, que en la cadena de valor puedan participar proveedores nacionales que paguen impuestos, que atiendan adecuadamente los temas ambientales y que tengan las mejores relaciones laborales posibles.

La concentración de la propiedad hay que limitarla para mejorar la distribución del ingreso y atender las relaciones de poder. Los avances de la propiedad estatal, social, de autogestión, cooperativas y otras ayudan a este objetivo, pero en los hechos en el Uruguay actual no son significativas. Las empresas públicas cumplen un papel muy relevante y son determinantes para los sectores estratégicos definidos. Las estatizaciones generalizadas ya no están encima de la mesa como parte del menú programático, máxime después de los fracasos del modelo soviético. Por lo tanto, la vía impositiva pasa a ser uno de los instrumentos centrales para combatir la concentración de la propiedad e influir sobre la distribución del ingreso.

El futuro va a requerir aumentos de la presión tributaria, que en la actualidad no es baja en la comparación regional aunque por debajo de Argentina y Brasil, que alcanzan al 35% del PBI. Pero es muy baja con respecto al mundo desarrollado, donde la distribución del ingreso mejora significativamente después del pago de impuestos. Hay una discusión interna en el FA: si hay que cobrar más impuestos a las rentas de las empresas o a las rentas de las personas físicas. En la actualidad entiendo que hay una exageración en las exenciones fiscales a la inversión, máxime cuando hay estudios que muestran la llegada de dichas inversiones aunque no existieran esos estímulos fiscales.

Queremos que lleguen esas inversiones pero no a costa de incluirlas en zonas francas, donde deberían aceptarse las que de ninguna manera vendrían sin esos estímulos fiscales o aquellas que permitan avances tecnológicos significativos. La negociación con las papeleras no son buenos ejemplos. Probablemente el contrato que se intenta con las minas de hierro contemple los intereses de las empresas junto al interés nacional, tanto por los montos de impuestos que pagarían como por las necesarias condiciones ambientales adecuadas.

En esencia, compartimos la necesidad de mayor presión tributaria, con más impuestos directos, tanto a las empresas como a las personas. Significaría revisar las exenciones impositivas para promover inversiones, aumentar el impuesto a la renta de las empresas, aumentar el impuesto a la renta de las personas con mayores tasas a las rentas de capital y a las rentas de trabajo de los ingresos más altos. El nuevo Uruguay recibiría el aporte de la inversión extranjera directa funcional a la estrategia de desarrollo, pagando más impuestos, no afectando el medio ambiente. Se enfrentaría la concentración de la propiedad por la vía impositiva y con más estímulos a nuevas formas de propiedad. Se avanzaría en la igualdad económica y social con nuevas redistribuciones atendiendo a los problemas del empleo que origina la heterogeneidad estructural y por la vía de la política fiscal.

Estas ideas son intentos de contribuir al nuevo Uruguay que la izquierda desea.

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