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Oct
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Uruguay … DDHH y la Corte

Chile

A 40 años, el perdón de los magistrados

Walter Caimí periodista jurídico

“El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto”.

Esta frase le pertenece al directorio de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile al cumplirse 40 años del quiebre institucional del país trasandino.

En una carilla, los jueces efectivizaron una declaración pública que llama a la reflexión, PEDIR PERDÓN (*). Sin lugar a dudas, este fue un gran paso de los jueces; fueron incluso, más allá, sí. Los magistrados “invitaron” a la Corte Suprema de Chile a realizar también una necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente fue reclamada.

48 horas transcurrieron y la Corte Suprema de Chile emitió una declaración pública de cuatro puntos. A partir del quiebre institucional en setiembre de 1973, se “violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, lo que derivó incuestionablemente en la muerte de ellos, su desaparición forzada, detenciones irregulares y torturas, entre otros atropellos, que hoy día casi nadie en nuestra sociedad niega y de que dan fe los testimonios de comisiones creadas al efecto una vez restaurada la democracia”.

Ambas declaraciones, tienen un común denominador: asumir responsabilidades; a la vez, tomar distancia de un oscuro pasado que en forma involuntaria recibieron como herencia (los jueces). La Corte Suprema dice “comprometer sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República”.

En casa

En Uruguay la situación fue distinta. Recordemos que en abril de 1972, se le quitó a la justicia toda competencia, asumiendo la justicia militar su rol. Recuerdo a tres jueces que fueron destituidos por la dictadura y luego integraron los cuadros de la Suprema Corte de Justicia ante el advenimiento de la democracia: Gervasio Guillot, Nelson Nicoliello, y Nelson García Otero. Las situaciones políticas desde el punto de vista de las responsabilidades de los magistrados de ambos países, fueron bien diferentes. En Chile, la única institución que no fue intervenida fue el Poder Judicial.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay, creó una Asesoría de DDHH para compilar normativa y orientar a los jueces que rige desde agosto pasado. Esta Asesoría está bajo la órbita administrativa de la secretaria letrada de la SCJ, y fue impulsada por el ministro Julio César Chalar. Al frente de la misma se encuentra el profesor Dr. Fernando Parducci, docente universitario.

Bienvenidas las declaraciones públicas del Poder Judicial de Chile, nunca es tarde. Ellos y nosotros, padecimos las mismas consecuencias, un Plan Cóndor que avasalló todo derecho constitucional. Las heridas en Uruguay en referencia al tema están abiertas y han sido las organizaciones sociales y de DDHH más algunos sectores políticos, las que impulsan no olvidar y actuar en consecuencia. La responsabilidad jurídica del Estado no debe claudicar en aras de la verdad, pese a quien le pese.

(*): En letra mayúscula está escrito en el comunicado.

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