20
Ago
13

Uruguay … gobierno progresista

Análisis

El giro a la izquierda

escribe:  Couriel senador del Frente Amplio

Los gobiernos del Frente Amplio han conseguido importantes logros económicos y sociales donde Uruguay pasó de la desesperanza al optimismo.

Se superó la larga etapa de estancamiento económico con cambios cualitativos de fuerte crecimiento económico, con ayuda de los altos precios internacionales, altos niveles de inversión y, especialmente, con aumentos muy importantes de la productividad. Hay mejoras significativas en el plano social, con influencia de la política económica, especialmente la fiscal y la salarial, que generaron fuertes descensos del desempleo abierto, de la pobreza e indigencia e, incluso, mejoras en la distribución del ingreso.

Las encuestas de opinión pública y la candidatura de Tabaré Vázquez abren fuertes posibilidades de un tercer gobierno frentista. ¿Qué sería un giro a la izquierda de un nuevo gobierno del Frente Amplio? Tomando como base el pensamiento de Norberto Bobbio, el giro a la izquierda significaría avanzar hacia mayores niveles de igualdad y de equidad, con continuidad del proceso democrático. Esto significa garantizar la diversidad, las libertades básicas, el Estado de derecho, el pluripartidismo, el voto universal y secreto donde Uruguay se destaca nítidamente en el plano internacional. Significa también avanzar hacia valores progresistas como la solidaridad, la no discriminación, la participación social, la fraternidad, la no violencia y la resolución de los conflictos por medios pacíficos.

Avanzar hacia la igualdad significa enfrentar las desigualdades étnicas o raciales, la inequidad de género, las desigualdades intergeneracionales y las económico-sociales. Las desigualdades étnicas surgen muy claramente en las mediciones de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Mientras en 2012 la pobreza alcanza al 12,4% de la población, en el caso de los afrodescendientes es más del doble, alcanzando al 27,1%, como lo muestra el Reporte Social 2013.

En lo que se refiere a las necesidades básicas insatisfechas, el 33,7% tiene por lo menos una necesidad insatisfecha, mientras que para los afrodescendientes alcanza al 51,3%. Acaba de aprobarse la ley de Acciones Afirmativas, que establece normas de participación de afrodescendientes en las áreas laboral y educativa, donde se establece una cuota de por lo menos el 8% para los nuevos funcionarios públicos que pertenezcan a esa población; pero el tema central es de cultura, de valores, de no discriminación por color de la piel, donde el proceso educativo debería ser fundamental.

Las inequidades de género son histórico-culturales, provienen de las propias religiones, de valores tradicionales impregnados en las familias que requieren procesos culturales para avanzar en la equidad deseada. Se avanza en las cuotas políticas, aunque por una sola vez, pero no hay candidatas a la Presidencia de la República como en Argentina, Chile y Brasil, ni aparecen en el primer plano en la confección de las listas partidarias. Ha habido avances significativos en la aprobación de múltiples leyes, con el buque insignia de la ley de despenalización del aborto. En este capítulo se pueden inscribir leyes que atienden los derechos de los ciudadanos como el matrimonio igualitario y la ley con media sanción de la despenalización de la producción y distribución de la marihuana.

Hay más mujeres que hombres desempleados, las mujeres de menos de 25 años superan el 22% de desempleo abierto y hay discriminación salarial. Pero también hay favorables expectativas de futuro si tenemos en cuenta que egresan más mujeres que hombres de la educación media superior y de la terciaria. Un tema que sale a luz en los últimos tiempos, surge de las denuncias de violencia doméstica que deberá ser atendido con la prioridad correspondiente, en la medida que se trata del derecho a la vida de las mujeres.

El tema de las desigualdades intergeneracionales debe ser analizado con preocupación en el giro a la izquierda. Algunos datos estadísticos marcan la gravedad de la situación. En 2012 el desempleo abierto alcanzaba al 6,4% de la población pero, mientras los mayores de 25 años tenían una desocupación de 3,9%, los menores de 25 años alcanzaban a 17,7%; los pobres, en el total del país, eran el 12,4% de personas, mientras que para los jóvenes de 13 a 17 años alcanzaba al 20,4%. Muchos jóvenes de izquierda sienten dificultades para integrarse a los partidos políticos de izquierda, incluso denuncian que se sienten expulsados.

Los partidos políticos son vitales para la profundización y garantía de la democracia, de manera que la incorporación de los jóvenes es esencial. Ellos necesitan encontrar los mecanismos de participación, siendo muy claro que no se integran a los comités de base donde, en la última Asamblea Nacional, los menores de 30 años eran solamente el 7%. Las redes sociales les ofrece nuevas posibilidades, pero lo central es cómo combinar la militancia social con la partidaria. Por otro lado, el país envejece y surgen mecanismos de seguridad social que atienden relativamente bien a la tercera edad, pero se requieren acciones y propuestas que atiendan adecuadamente las necesidades de los jóvenes. En esta desigualdad está el futuro del país, de la democracia, de la izquierda y del giro a la izquierda.

Las desigualdades económico-sociales siempre han estado en el centro de las preocupaciones de la izquierda. Durante los gobiernos del Frente Amplio, el crecimiento económico ha facilitado políticas sociales que han generado mejoras en la distribución del ingreso. Han caído significativamente los índices de pobreza y de indigencia y ha descendido el índice de Gini, que marca mejoras en la distribución del ingreso. Pero queda mucho camino a recorrer que requiere de tiempos, como la atención de la fragmentación social y las propias desigualdades intergeneracionales. Es necesario abordar el tema de la heterogeneidad estructural, que significa grandes diferencias salariales entre empleos calificados en empresas de alto nivel de productividad y bajos salarios en empresas de bajo nivel de productividad, que pueden coexistir en los mismos rubros de actividad económica.

Este es un problema de estructura productiva que el mercado no puede resolver y que requiere la acción del Estado, sobre la base de una estrategia de desarrollo que atienda simultáneamente la inserción económica internacional y los problemas del empleo. Recordemos que la inserción está directamente ligada a los procesos de integración regional que aseguren exportaciones con más valor agregado y mayor contenido tecnológico. La política fiscal es esencial también para mejorar la distribución del ingreso. En Europa, sin la heterogeneidad estructural prevaleciente en América Latina, la distribución del ingreso mejora significativamente después de impuestos, lo que no ocurre con tanta claridad en el caso de Uruguay. En el caso europeo el gasto público con respecto al PBI es mucho más elevado.

Hay esfuerzos en Uruguay donde el gasto público social pasó en 2004 de 19,5% a 24,3% en 2011. Además los impuestos a la renta de las personas físicas son más duros en el viejo continente y ello marca la diferencia. Mientras en Europa el coeficiente de Gini después de impuestos baja en alrededor de 10 puntos, en Uruguay lo hace sólo en alrededor de 1 punto. Un tema central para la mejora de la distribución del ingreso es el tema de la propiedad y su concentración, lo que nos lleva a la necesidad de que las inversiones directas extranjeras sean funcionales a la estrategia de desarrollo, a las nuevas formas de propiedad social y autogestionarias y, lógicamente, a la estructura y a las relaciones de poder en el plano económico. El papel del Estado, la base social de sustentación del modelo a impulsar, las distintas formas de participación social y transformaciones en las relaciones de poder son temas vitales para analizar las posibilidades del giro a la izquierda.

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