Archivo para 3/07/11

03
Jul
11

Editorial de El Popular-Uruguay.

Golpe a la impunidad

El lunes se cumplieron 38 años del Golpe
de Estado que inició 11 años de
dictadura en nuestro país; ese día,
la impunidad, su continuidad jurídica, política y ética, recibió un golpe
democrático. El colectivo HIJOS
presentó un escrito ante el Presidente de la República, José Mujica, solicitándole
que revocara todos los actos administrativos
que ampararon casos de violaciones a
los DDHH en la Ley de
Caducidad. Ese mismo día, el Poder
Ejecutivo anunció su decisión de
emitir un decreto que revoca en un solo acto todas las resoluciones de Julio María
Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge
Batlle que impedían la investigación
de unos 80 casos de violaciones a los
derechos humanos. Es un hecho
trascendente en la lucha contra la impunidad. Es además un primer paso en el
cumplimiento de la sentencia de la
Corte Interamericana de DDHH en el
caso Gelman. Cabe recordar que entre
muchas otras cosas, la Sentencia de
la Corte Interamericana de DDHH establece que la Ley de Caducidad es violatoria de
todos los convenios internacionales y carece
de todo valor jurídico. Y por lo
tanto, ordena al Estado uruguayo que
la mencionada ley no constituya obstáculo para las investigaciones. Sostiene que no
pueden ser obstáculo para las
investigaciones ni la Ley de
Caducidad ni ningún instituto jurídico análogo como la prescripción. Lo señala a texto
expreso. El Poder Ejecutivo anunció
además que solicitó al Ministerio de
Defensa y a la Suprema Corte de Justicia que se abran los archivos para que los
investigadores que trabajan en el
marco de la Comisión de Seguimiento
tengan acceso a ellos. También que se
avanzará en la conformación de un Banco Genético de familiares de desaparecidos. Por
otra parte se resolvió fortalecer la
Comisión de Seguimiento y continuar
con las excavaciones en el Batallón 14º en busca de enterramientos
clandestinos. Finalmente se conformó
una comisión integrada por el
Secretario de la Presidencia, el Director de DDHH del Ministerio de Educación y Cultura, la
Cancillería y el Ministerio de
Defensa, para estudiar y realizar todos los pasos necesarios para cumplir con
la Ssntencia de la Corte
Interamericana de DDHH. Esta decisión
es un paso importante en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana
por parte del Poder Ejecutivo y del
presidente José Mujica. Hizo bien, el
secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en decir además, que era un «deber
ético» del gobierno del Frente Amplio. Sin
duda lo es. En la toma de estas
decisiones contribuyeron, a no dudar,
la movilización y el reclamo popular, que tuvo en la multitudinaria marcha del 20 de
mayo pasado su punto más alto, el
planteo de HIJOS y también la acción
política de la Comisión Especial del
FA y de su presidente Jorge Brovetto, que en estos últimos días mantuvieron
varios contactos, al más alto nivel,
con el Gobierno y fueron abriendo
paso para esta resolución.
Lo que sigue
¿Qué sigue ahora? La Sentencia de la Corte
Interamericana, como ya hemos dicho, obliga
a los tres poderes del Estado. El
Poder Ejecutivo empezó a dar pasos de
cumplimiento. Quedan otros, como
hacer un reconocimiento público, poner en la sede del CALEN una placa con
los nombres de todos los secuestrados
políticos que pasaron por allí y
comprometerse a fondo con la investigación. Le compete además publicar
un resumen de la sentencia en el
diario oficial y notificarla a los
otros poderes del Estado. En lo
concreto de estos 80 casos, el Poder Ejecutivo revocó los decretos de Julio
María Sanguinetti, Luis Alberto
Lacalle y Jorge Batlle; esto será
comunicado a la Suprema Corte de Justicia la cual debe enviarlo a los jueces
que archivaron las causas para que
actúen. Pero el cumplimento de la
sentencia de la Corte Interamericana
y la decisión de terminar con la
impunidad implica otros compromisos para el Poder Judicial. La investigación,
determinación de los responsables y
su castigo, no se limita a estos 80
casos. Hay muchas causas más y habrá
otras, como las denuncias que se preparan por torturas en la Operación Morgan
y en otros centros de tormento. La
sentencia de la Corte Interamericana
dice que se deben aplicar «los
instrumentos adecuados» para juzgar esos delitos. Se refiere claramente a que
se deben tipificar como delitos de
lesa humanidad y por lo tanto
imprescriptibles. Es cierto que el Poder Judicial es independiente pero no
puede hacer lo que quiera. Hay que
evitar y polemizar para que
concepciones conservadoras y ajenas a
la jurisprudencia internacional, obstaculicen la verdad y la justicia. Hay que dotar a jueces
y fiscales de los recursos humanos,
logísticos y legales para que
actúen. El Poder Legislativo también
debe actuar. Está en debate el
alcance y la pertinencia de lo que debe aprobarse, pero el Poder Legislativo
debe darse por enterado de la
sentencia y actuar en consecuencia,
más allá de los debates y posicionamientos partidarios. Exigir y velar por el cabal cumplimiento de la
sentencia de la Corte Interamericana
de DDHH, en todos los estamentos del
Estado y la sociedad, es hoy el eje
central que debería articular los esfuerzos para terminar con la impunidad.
No sólo porque es una obligación del
Estado uruguayo. Porque es un
imperativo político y ético para un
gobierno del Frente Amplio pues la
impunidad es incompatible con un proyecto de cambios.
La dimensión política, la postura
de la derecha
Desde la derecha
política y mediática, desde los
centros de militares retirados, desde los abogados defensores de los violadores de
DDHH, se anuncian, como siempre,
catástrofes de todo tipo, peligros,
amenazas y recursos contra el
decreto.Es lógico. La derecha es la
creadora y la sostenedora de la impunidad. Es parte de su concepción de sociedad y de su estrategia de poder. Reivindican derechos adquiridos, defienden
«la seguridad jurídica» e instalan la
novedosa tesis de que tampoco se
pueden revocar decretos anteriores.
En el terreno jurídico la jurisprudencia nacional e internacional afirma sin sombra de duda que no existe la «cosa
juzgada» en el plano administrativo. Por
supuesto que tampoco es sustentable
esa tesis en el terreno penal cuando
los delitos son de lesa humanidad. No
puede hacerse jugar el tiempo a favor
de los violadores de DDHH; eso es
jurídica y éticamente inaceptable. Hay que decirlo sin eufemismos. Pero también hay que dar la discusión en el
plano político e ideológico. Los 80
decretos que se acaban de revocar no
son anónimos, los firmaron los tres
presidentes de derecha que tuvo el
Uruguay, tras la recuperación democrática: Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Además la derecha que quiere aparecer light, twitera y renovada, se rasga las vestiduras
y los defiende a capa y espada. Se
caen los velos, las operaciones de
marketing muestran que siguen siendo
lo mismo, derecha pura y dura,
defensores de los impunes. La
izquierda, el Frente Amplio, su gobierno, las organizaciones sociales, las organizaciones
defensoras de los DDHH, los familiares de
las víctimas, siguen buscando verdad
y justicia. No hay que tener miedo a
mostrar la diferencia; es esencial,
básica, trascendente. La lucha contra
la impunidad, es una batalla central,
no sólo por la plena vigencia de los derechos humanos, sino por la consolidación
y profundización de la democracia en tanto
tal. Es un asunto de libertad, ni más
ni menos. Esta lucha de larga data,
tiene varias dimensiones; la jurídica
es una de ellas, sólo una; tiene
también alcance político, ético y cultural. Es un elemento central para definir la
calidad, la clase de sociedad y
democracia en que los uruguayos
queremos vivir. Es incompatible el
renunciamiento a la justicia con una
sociedad sana. La impunidad es un
veneno que envileció toda la estructura social y que corroe aún cosas básicas como
la igualdad ante la ley. Terminar con la impunidad es en su esencia
un imperativo democrático y
ciudadano.Es una lucha larga y no
tiene momentos mágicos donde se
termine.
03
Jul
11

europa y la explotacion capitalista

 
 
 
Esclavos en Europa
Le Monde Diplomatique
 

Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONG y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONG estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.

En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales. Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.

Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación…

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, con establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.

Notas:

(1) Bajo el título: “Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice”, la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.

(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.

(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.

(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011.

Fuente: http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=e12ea20f-b219-4659-a8e5-daff3436763a

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