plan cardales: ¿qué es y para que nos sirve?

 

El Plan Cardales tiene como objetivo y fundamento central avanzar hacia la Sociedad de la Información Inclusiva en Uruguay, estimulando de manera equilibrada el acceso a educación y a información, el crecimiento económico y la promoción del esparcimiento.

El nombre de la iniciativa proviene de “Plan de Convergencia para el Acceso a la Recreación y el Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables”.

EL PLAN CARDALES Y EL DECRETO 537/009

Gonzalo Perera |*|

Esta nota trata de un tema complejo sobre el que he recibido muchas consultas. Seré muy breve, no entraré en tecnicismos, trataré de expresar lo esencial.

Doy por descontado que algún medio descalificará esta nota usando la ya habitual munición contra su autor. Un poco más de paciencia será la única respuesta.

 

A. Escueto resumen tecnológico.

1. En la tecnología actual, se tiende hacia la convergencia: poner en un mismo dispositivo varios servicios. En las telecomunicaciones, un producto convergente, muy vigoroso en la última década, es el triple play: ofrecer conjuntamente acceso a Internet (banda ancha, de aquí en más), televisión interactiva y telefonía.

2. Hay muchas vías para ofrecer banda ancha. Varias son inalámbricas (ofrecidas por Antel y por sus competidoras) y otras varias con llegada por la red de fibra óptica y par de cobre de Antel. La más popular de ellas es el ADSL, que provee hoy unos 300 mil servicios y que es técnicamente viable en el 95% de los hogares.

3. Existen también alternativas para incluir la televisión interactiva en la oferta de Antel. Una de ellas es IPTV (TV a través del protocolo de Internet). En un país donde unos 800 mil hogares tienen línea telefónica de Antel, donde en el 95% de los hogares es posible instalar ADSL, incluir servicios del estilo IPTV, permite que Antel brinde el servicio de triple play en muy amplios sectores de la población, cumpliendo con su cometido esencial: universalizar con calidad y liderazgo tecnológico.

4. Los cables operadores tienen redes llamadas coaxiles que, donde son bidireccionales (posibilitando recibir y emitir), podrían agregar al servicio de TV cable la banda ancha, mediante un dispositivo llamado «cablemódem». Para hacerlo, precisan recibir una licencia por parte del gobierno. Si a ello sumaran un servicio de telefonía, estarían ofreciendo triple play.

5. El triple play es un negocio interesante porque promueve el teletrabajo, teleformación, telemedicina, gobierno electrónico, comercio electrónico, juegos de azar, etc. En el mundo desarrollado lo poseen los sectores más pudientes, como divertimento. Sin embargo, detrás del triple play está el acceso a la banda ancha, que es hoy un commodity absolutamente imprescindible y con un potencial de agregación de valor inmenso. O sea, a mi juicio, el triple play adorna al producto de mayor potencial a futuro: la banda ancha.

 

B. Objetivo y autoría del Plan Cardales.

1. El Plan Cardales, inspirado en Ceibal, tiene como objetivo lograr que en 6 años Uruguay sea el primer país del mundo en tener en el 100% de sus hogares triple play. No es un plan «privadofóbico», interesa promover el desarrollo nacional, de las industrias culturales, de la industria del software, etc. Pero asume el principio de conducción del Estado en un área vital en la producción, seguridad, educación y soberanía, como las telecomunicaciones, a contrapelo del credo neoliberal.

2. Este punto es casi irrelevante para la sociedad, pero me siento obligado a aclararlo. La conocida generosidad de mi compañero Daniel Martínez, quien me señalara como promotor del plan, ha llevado a muchos a considerarme autor de Cardales. Tuve la iniciativa de invitar a compañeros a pensar en un tal plan. Desde un borradorcito inicial en adelante fue todo trabajo en equipo, de un proyecto que inicialmente se llamó «Uruguay, Primer País de la Información», luego «Proyecto Varela» y por último, «Cardales». Pero por ejemplo, aún estando en Antel, no fui yo quien participó por la empresa en algunos hitos fundamentales de Cardales, sino mi compañero, el entonces presidente de Antel, Dr. Edgardo Carvalho. Por lo tanto, es inmerecido que se me atribuya la concepción de un plan de esta envergadura.

 

C. Legalidad y legitimidad política.

Junto al entonces MIEM Daniel Martínez, un grupo de compañeros pensamos durante algunos meses insumos para una Ley Nacional de Telecomunicaciones que debería discutir el próximo parlamento. La situación actual se estaba volviendo insostenible. Cada medida en el terreno de las telecomunicaciones era objeto de polémicas. La realidad y la legalidad vigente no parecían en fase para ningún actor del sector. Comentamos en dicho ámbito la necesidad de que una vez aprobado un texto de ley en el 2010, todos los sectores políticos asumieran el compromiso de facilitar su sometimiento a referendum. Nadie duda de la legitimidad de las resoluciones de un Parlamento electo democráticamente. Pero el tema de las telecomunicaciones es completamente estratégico y fue central en un plebiscito, en 1992, donde el 72% de la ciudadanía votó a favor del monopolio estatal.

Cada quien puede extrapolar a su gusto aquel voto en la realidad actual, pues en aquel momento, por ejemplo, la banda ancha no estaba en el menú. Mi posición es que la banda ancha debe ser monopolio del Estado y que los privados pueden participar como revendedores y distribuidores del Estado. Pero sólo el ciudadano puede decir de manera irrefutable qué es lo que piensa al respecto.

Algunos dirán que es perder tiempo. Yo pienso que es ganar solidez y rumbo estratégico. Va de suyo que mientras no haya ley (e insisto, en mi opinión ley refrendada en consulta popular), debe evitarse innovar y generar situaciones de hecho que hagan más compleja la situación.

 

D: El decreto 537/009

1. Este decreto, aprobado el 30 de noviembre, habilita la concesión a empresas privadas de licencias para vender banda ancha. En un país donde ha sido tradicional que algunos reciban licencias para operar radiofrecuencias e incidir fuertemente en la opinión pública a cambio de casi nada, en el Plan Cardales se pautó el exigir contrapartidas a eventuales empresas que en él participaran. Una posibilidad era un porcentaje de su recaudación para solventar el acceso al plan de los sectores más humildes. Sin embargo, las contrapartidas planteadas en este decreto (básicamente que cada empresa contribuya a cubrir parte de los sectores menos favorecidos) son de difícil contralor y fácil elusión. Se deposita además en el LATU la mayor responsabilidad sobre el despliegue. El legislador que en marzo reflexione sobre la futura ley de telecomunicaciones lidiará con organismos tales como LATU, Ursec, Antel, Dirección Nacional de Telecomunicaciones del MIEM, con cometidos y funciones que a veces están solapados y otras enfrentados.

2. A pocas horas de elegir un nuevo gobierno, un decreto tan sensible como este debe acordarse al menos con la conducción del mismo, lo que no parece haber ocurrido.

 

Conclusión

En definitiva, este decreto, firmado por el mejor Presidente que ha conocido en muchas décadas Uruguay, firmado por ministros que son mis compañeros, quienes seguramente han perseguido lo mejor para nuestro país en el menor plazo posible, me parece equivocado en su contenido e inoportuno por la circunstancia de su aprobación. Pero este gobierno ha mostrado sobradamente que corrige sus propios errores responsablemente. De hecho, en el propio transcurso de Cardales se han pulido decretos previos. Nadie está libre de equivocarse, pero sólo los grandes lo reconocen y corrigen. Confío plenamente en la grandeza del mi Presidente para dejar sin efecto o en suspenso este decreto hasta que el próximo Parlamento pueda tratar la política de telecomunicaciones, con énfasis en la provisión de banda ancha, gran motor del desarrollo económico y social.

|*| Analista y matemático

e. sader: el estado

EL ESTADO

 Emir Sader |*|

Todo el extenso debate político e ideológico de las últimas décadas tiene al Estado como centro.

Incluso cuando se intenta excluirlo, él vuelve como convidado de piedra, como sujeto oculto, que buscó tornarse invisible.

El período actual se abrió con el triunfo del diagnóstico neoliberal de que la economía se había estancado por las excesivas regulaciones impuestas por el Estado.

Según este diagnóstico, el Estado, de inductor del crecimiento económico se había tornado en obstáculo; de solución, se había transformado en el centro de la crisis. De ahí la propuesta de cuanto menos Estado, más crecimiento económico; del paso de un Estado regulador a un Estado mínimo, que en la práctica abría el camino para tener más mercado.

De ahí que el Estado haya sido satanizado, transformado en la víctima privilegiada de los ataques del consenso neoliberal, del que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso fue una expresión clara.

Ajuste fiscal, privatizaciones, menos recursos para políticas sociales, ajuste salarial de los funcionarios, despidos de empleados públicos; todo en la dirección de rebajar fuertemente el peso del Estado en la economía y en las políticas públicas, intensificar las desregulaciones, así como la apertura acelerada de la economía al mercado internacional.

Lo que centralmente fue atacado en el Estado es su poder regulador que, según los neoliberales, ahuyentaría las inversiones privadas.

Menos regulaciones, mayor libertad de circulación para el capital y, según ellos, mayor crecimiento económico, con consecuencias positivas para todos, incluso para los trabajadores, con mayor creación de empleos.

Sin embargo ese diagnóstico se reveló equivocado, no fue eso lo que ocurrió en la práctica, las economías no crecieron.

Lo que se dio fue una brutal transferencia de recursos de los sectores productivos para el sector especulativo, donde el capital ­que no fue hecho para producir, sino para acumular, aunque sea en la especulación financiera­ gana más, pagando menos impuestos y con liquidez total.

Las tasas de intereses continúan recompensando el capital especulativo con remuneraciones que ninguna otra inversión posibilita.

Así, menos Estado y menos regulación significó más especulación y más concentración de la renta.

Asimismo, los sectores neoliberales no repudian todas las actividades estatales.

Quieren menos impuestos, menos gastos con políticas sociales y funcionarios públicos, pero siguen demandando créditos, subsidios, exenciones y todo tipo de facilidades al Estado.

Esa parte del Estado les interesa. «Financierizaron» al Estado, que pasó a transferir renta del sector productivo y de la ciudadanía al capital financiero, mediante los llamados superávits fiscales, que reservan lo fundamental de la tributación para pagar las deudas del Estado.

Un gobierno anti-neoliberal ­que va en dirección al posneoliberalismo­ al contrario, retoma las funciones clásicas del Estado, de inductor del crecimiento económico, de financiador de la expansión económica, de agente de las políticas sociales, de regulador de las relaciones económicas, de celador de la soberanía nacional, entre otras funciones.

Crea y alimenta mecanismos que inducen a la inversión productiva, controlando que una parte sustancial de su producción vaya al mercado interno de consumo popular, con generación obligatoria de empleos.

El tema del Estado había sido suprimido del debate político y de las políticas neoliberales, todas ellas de carácter privatizador.

En la hora de la crisis se apeló de forma unánime al Estado.

Para la derecha, solamente para recomponer las condiciones de funcionamiento del mercado, apenas como una acción de emergencia.

Para una política anti neoliberal, que defiende el interés público, el Estado tiene un papel central, estratégico, en los planos económico, político, social y cultural.

Aunque, para efectivamente desempeñar ese papel, como instrumento de un nuevo bloque social que dirija los destinos del Brasil y no sólo reproduzca el predominio de los intereses dominantes, el Estado tiene que ser radicalmente reformado, refundado en torno de la esfera pública, desmercantilizándose, «desfinancierizándose», y tornándose en un Estado para todos los brasileños.

|*| Es profesor de la Universidade de São Paulo (USP) y de la Universidade do Estado do Río de Janeiro (Uerj)