05
mar
11

la seguridad social en el uruguay

La participación de los usuarios en la dirección del BPS

Sixto Amaro  Presidente de Onajpu (jubilados y pensionistas)

Al finalizar el siglo XIX surgía la primera experiencia sobre la integración social en los organismos de seguridad social y la Ley Ciganda, bautizada así por haber sido propuesta por el legislador citado, tuvo en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Escolares la primera representación de los trabajadores. Luego, la creación de las cajas Civil, en 1904, y de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de Servicios Públicos, llamada Ley Carnelli, en 1919, también fueron administradas con participación de los actores sociales. La dictadura terrista terminó con la intervención de los trabajadores en los organismos que ellos sostenían con sus aportes y que eran los que con mayor derecho que nadie debían fiscalizar, dado que de la buena administración de los mismos dependía su eficiencia.

En las décadas del 40 y 50 se crearon otros organismos de seguridad social, con diversos cometidos: Cajas de Asignaciones, Cajas por Desocupación, Seguros por Enfermedad y Bolsas de Trabajo. Allí resurgen las representaciones obreras, lo que también llegaría a su fin con otra dictadura en 1973.

Pero no todo es achacable a las dictaduras, que en estos casos también pueden catalogarse como un manto de niebla para que el sistema político recuperase para sí algunos lugares de la administración que eran muy molestos en manos de actores sociales despojados de todo efecto clientelístico.

 

Algunas cosas dignas a tener en cuenta

En este ínterin, entre dictaduras, sucedieron algunas cosas dignas de tener en cuenta. Antes de efectivizarse la Constitución de 1967, la actividad del Parlamento fue bastante proficua en temas de seguridad social. Por ejemplo, en 1960 se creó la prima por edad, se fijaron topes pensionarios y jubilatorios, subsidios por fallecimiento, topes por acumulación, aguinaldo para los activos, etc. En 1961, la ley de escala móvil jubilatoria y el aguinaldo para los jubilados tuvo la iniciativa del Parlamento y varios legisladores interpretaron el sentir de mucha gente postergada y sufrida a la que, además, ya doblaba el peso de los años.

Estas nuevas normas, a las que se agregaron el seguro de Paro y el aguinaldo para los trabajadores privados, crearon una situación de incomodidad entre Parlamento y Poder Ejecutivo primero, y Colegiado después.

Es así que la oportunidad de conformar una nueva Constitución, cuyos mayores fundamentos establecían la necesidad de terminar con un régimen colegiado ineficaz y volver a un régimen presidencialista, dio paso también al cambio de roles en las responsabilidades que Parlamento y Poder Ejecutivo se disputaban o compartían en muchos aspectos de la vida del país.

 

Participación de los actores sociales en la administración del BPS

Uno de esos temas fue definir la participación de los actores sociales en la administración del Banco de Previsión Social, decisión lógica y aceptada por la mayoría de los uruguayos y nunca bien vista por un sector menor del sistema político que veía en ello la pérdida de espacios de decisión y poder. Siempre hubo incomodidades frente a la participación social y vamos a recordar algunas, para que quede en evidencia que esta embestida actual de un sector del poder político, queriendo apoderarse de lo que no le corresponde, no es nueva. El Art. 195 dispuso la creación del Banco de Previsión Social como ente autónomo encargado de coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social, y en la letra “M” de las Disposiciones Transitorias y Especiales, previó la integración de su Directorio disponiendo que uno de sus integrantes será electo por los afiliados pasivos, con lo cual nuestro constituyente ha sido consciente de que, por lo menos en este aspecto de la organización estatal, los pasivos deben tener necesariamente participación en las decisiones que tome el organismo estatal que regula las pasividades en Uruguay; y que además, ese representante debe ser elegido en elecciones libres, controladas por la Corte Electoral, en las cuales participen todos los pasivos en forma obligatoria.

El artículo 86 de la Constitución dice que “La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV.

Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.”

 

26 años de espera para cumplir  con la Constitución

Con estos dos artículos la Constitución hizo dos cosas muy importantes: por un lado devolvió la participación a sus dueños de la administración de lo que les corresponde, aunque haya tardado veintiséis años en permitir que ello sucediera y por otro, se asignó para sí la potestad de la iniciativa en varios temas relativos a la seguridad social, el más importante el de las jubilaciones, con la fijación de sus dotaciones, montos e impuestos. Se le terminó al Parlamento la posibilidad de interpretar la necesidad de la gente en este sentido. Hoy, si el Poder Ejecutivo no tiene voluntad, no hay modificaciones previsionales.

 

Para desconfiados, cuatro intentos para modificar el sistema de seguridad social

La frustración del gobierno de Lacalle fue muy grande cuando pretendió modificar el sistema de seguridad social. Lo intentó cuatro veces. Ni bien llegó a la presidencia, presentó un proyecto que rechazó el Parlamento. En el mismo año 1990 envía otro proyecto en la Ley de Presupuesto, lo que estaba invalidado por el Art. 216 de la Constitución.

En 1992 reitera su voluntad Lacalle de modificar el sistema y envía un proyecto de Ley de Urgencia. Las fuerzas sociales y las opiniones de varios especialistas dieron por tierra de inmediato con esas intenciones. Luego, sin respetar los plazos que impiden la presentación de un nuevo proyecto al denegarse una primera intención, envió otra modificación en un proyecto de Rendición de Cuentas, que luego sería aprobado como la Ley Nº 16.320.

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